La nueva Ley de Cine nació de la mano de la anterior ministra de Cultura, Carmen Calvo, su principal defensora, y ha recibido el empujón definitivo con César Antonio Molina como titular del departamento.

Del desencuentro inicial al acuerdo de hoy ha pasado un año de negociación, tres enmiendas a la totalidad y más de 150 enmiendas parciales incluidas de las 400 presentadas en ambas cámaras.

En el Congreso, los grupos se tomaron más de un mes para debatir sus propuestas, a pesar de que el texto se tramitaba por el procedimiento de urgencia. Hoy, en el último pleno de la legislatura, esta Cámara lo ha dado por zanjado, incluyendo cinco de las seis enmiendas aprobadas en el Senado, pues se ha quedado fuera una propuesta de CiU que había provocado rechazo entre los directores de cine. Así, finalmente, para que un filme tenga la nacionalidad española, el director debe ser ciudadano comunitario.

Las enmiendas incluidas en el trámite parlamentario permitirán la creación de un nuevo fondo para el cine en lenguas cooficiales; un programa de ayudas para el sector de la animación y otro para que los exhibidores afronten la reforma tecnológica de las salas, así como medidas que faciliten el acceso de los discapacitados al cine y la promoción de salas municipales que proyecten filmes de calidad.

Asimismo, y como medida de protección frente al cine estadounidense, se mantuvo la cuota de pantalla, que exige la exhibición de un porcentaje de películas europeas, pero se introdujo "cierta flexibilidad", al contabilizar por sesiones y no por días, y teniendo en cuenta el conjunto de las salas integradas en un mismo complejo.

Los exhibidores no aceptan esta medida, al igual que reclaman que la ley fije los plazos de explotación de las películas en las distintas ventanas y establezca sistemas de protección frente a las grandes distribuidoras internacionales.

Desde el principio, el proyecto de ley se empleó en definir la figura del productor independiente y en las desgravaciones fiscales para atraer capitales ajenos al mundo audiovisual a la producción cinematográfica, bajo la figura del coproductor financiero (con la que se podrá desgravar hasta un 18% de la inversión).

De igual manera, establece un sustancioso aumento de la dotación del Fondo de Ayuda a la cinematografía y la transformación del Instituto de Cinematografía y Artes Audiovisuales (ICAA) en Agencia Estatal.

El grupo popular calificó este acuerdo de "descarnado", aunque no rechazó el texto.