Este fue uno de los acuerdos adoptados ayer por el grupo de trabajo sobre violencia de género del Consejo Autonómico de Seguridad Ciudadana, integrado por la Administración, sindicatos y plataformas sociales. Peralta destacó que la ausencia de datos de las víctimas ha sido una de las "deficiencias" detectadas por la comisión. La medida pretende evitar, no sólo que agresor y afectada contacten telefónicamente, sino que incluso se encuentren personalmente.

El representante gubernamental explicó que las resoluciones judiciales no precisan en ocasiones los datos de las afectadas, por lo que el centro penitenciario "difícilmente" puede saber sobre quién se deben adoptar medidas previstas por la ley como el alejamiento.

La Dirección General de Instituciones Penitenciarias ya ha desarrollado un sistema informático que permite restringir las llamadas desde los centros a determinados números. Según el delegado del Gobierno, la tecnología se está implantando progresivamente en las diferentes prisiones para "garantizar que no se produzcan contactos indeseados".

Peralta subrayó su deseo de que los jueces "sean conscientes de que, en muchos casos, se necesita que consten perfectamente identificados tanto el agresor como la víctima". Sólo así se pueden aplicar plenamente todas las medidas acordadas, según el representante del Ejecutivo central.

Proteger los datos
No obstante, resaltó la necesidad de "concretar con los magistrados" el uso que de dichos datos para que su acceso quedara limitado a las instituciones que están legitimadas para proteger a las víctimas.

El delegado del Gobierno opina que se debe ser "riguroso con la protección" de los datos de las afectadas, pero también hay que serlo con la aplicación de la ley. "Los centros penitenciarios deben tener una relación muy precisa de quiénes son las afectadas y quiénes los agresores para aplicar las medidas", insistió Ricardo Peralta.

La delegada de Violencia de Género en la Comunitat Valenciana fue muy expresiva al destacar el objetivo del proyecto. "Es necesario que los agresores no sigan asediando a sus víctimas desde de la cárcel", enfatizó Marina Calatayud.

Peralta recordó que la ley integral recibió el "apoyo unánime" del Congreso de los Diputados y ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, un texto legal que busca "que la mujer tenga la igualdad en todos los terrenos".

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