El "MANIFIESTO POR LA LENGUA COMÚN" no daña, ni ofende, sólo reclama que la lengua general de todos los españoles, su koiné o lengua común, no sea relegada en pro de la implantación y hegemonía de otra lengua particular, propia a una cualquiera de las comunidades que conforman la diversidad de España. Esta lengua propia de una comunidad, cualquiera que ella sea, tiene todos los derechos de ser conocida, enseñada, difundida y utilizada, pero nunca impuesta a costa de la común.

El valor democrático del "MANIFIESTO POR LA LENGUA COMÚN", que reproduje y suscribí ayer, introduciéndolo con unas reflexiones personales mías del año pasado, radica esencialmente en lo que significa de advertencia, de preocupación y de exigencia de respeto a las libertades individuales, garantizadas por los derechos humanos y por nuestra constitución democrática. La AEU y yo mismo compartimos estos sentimientos con nuestros Colegas y Amigos Autores del texto, hecho público anteayer en Madrid.

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El valor económico del idioma
por Fernando González Urbaneja

El “manifiesto por la lengua común” dice lo que dice, nada más, ni menos, aunque luego cada cual entenderá lo que le convenga. Desde luego no es una campaña en defensa del español, que no tiene ninguna necesidad de defensa, ya que goza de UNA envidiable salud, que para sí quisieran la mayor parte de las lenguas. El español o castellano va bien, más que bien. Y los recientes estudios académicos sobre el valor económico del idioma manifiestan que se trata de un cañón, uno de los mayores activos de la economía y la sociedad española, cada vez más abierta, internacionalizada y ambiciosa.

El valor e interés del Manifiesto radica en lo que significa de advertencia y de preocupación y también de exigencia de respeto a libertades individuales. El manifiesto no daña, ni ofende, sólo reclama que el idioma común no sea relegado para la implantación y hegemonía de otra lengua propia, con todos los derechos de ser conocida, enseñada, difundida, utilizada…, pero nunca impuesta a costa de la común.

Arrinconar el español-castellano en territorios o nacionalidades con otro idioma propio, sería además de un error (que pasaría factura en el futuro) una violación de derechos individuales y de la letra de la Constitución.

El Manifiesto tiene carga política, va contra el nacionalismo obligatorio, sería idiota ocultarlo, pero acusarle de “imperial, de dominio cultural, de simbolismo esencial, de uniformidad” significa instalarse en el mundo de lo imaginario e irreal.

El actual sistema constitucional ha hecho por los idiomas que se hablan en España, además del común, más que en ningún otro sistema o régimen en la historia. Si el catalán, gallego, vasco… tenían riesgo de desaparecer en algún momento o iban en retroceso, ya no es el caso, ese riesgo ya no existe. Desde 1979 la extensión e implantación de los idiomas propios no tiene precedentes, el gasto público realizado y el despliegue legislativo puesto en vigor es impresionante.

De lo que el Manifiesto previene es de la imposición exclusiva de un idioma donde se hablan dos. Lo que estuvo muy mal antes, cuando al idioma se atribuyeron capacidades para imponer valores políticos, sigue estando mal ahora aunque circule en otro sentido.

Los populares han abrazado el manifiesto, están en su derecho y en sus principios y criterios. Si los socialistas se quedan fuera, si siguen evitando pronunciarse sobre la materia corren el riesgo de enredarse en una confusión que les pasará factura.

Este es un asunto que no debería ser problema, que debería evitarse, que no lo será algún día (quizá falta una generación), pero que va a ser recurrente y va a amargar el desayuno a más de uno. Defender un idioma a costa de otro empequeñece a ambos y no beneficia a terceros, simplemente supone pérdida de oportunidad y de capacidad.

26.06.08 @ 23:58:02. Archivado en Europa, Universidades, Semántica, Pragmática, Hispanobelgas, España, Sociogenética, Antropología, Convivencias europeas, Ética, Educación, Migraciones, Pro justitia et libertate, Turismo convivencial