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La Universidad de la República de Uruguay detalla en una investigación los impactos de las plantaciones forestales sobre biodiversidad, suelos y agua. Afirma que "el reemplazo del campo natural por cultivos monoespecíficos significa una importante pérdida de diversidad biológica. En cuanto a la vegetación, la sustitución de una cobertura vegetal muy rica en especies por una única especie, conlleva importantes modificaciones en la estructura de la trama trófica del ecosistema y a la desaparición de las especies originales." En materia de impactos sobre el agua, la Universidad señala que los niveles hidrológicos bajaron en más de un 25% tras el establecimiento de plantaciones de eucalipto.

Resulta inadmisible que el Gobierno español decida apoyar la construcción de la planta de ENCE a pesar de los problemas causados por la compañía. La plataforma “Uruguay Natural Multiproductivo”, el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales y REDES-Amigos de la Tierra Uruguay manifiestan, por ejemplo, que no aceptarán el emprendimiento de ENCE, por considerarlo altamente contaminante y perjudicial para una zona sumamente rica para la producción de alimentos.

En cuanto a los puestos de trabajo, según Uruguay Natural Multiproductivo cerca de 4.700 personas perderán su fuente de empleo, solo por el efecto de las plantaciones de monocultivos, pues en las 180.000 hectáreas que ENCE pretende sustituir con eucalipto, desaparecerán cultivos tradicionales como viñas y las praderas ganaderas que hoy alimentan la población local. El análisis de la ONG Guayubira concluye que "las plantaciones forestales en la fase primaria y en las condiciones realizadas en Uruguay, generan un volumen de empleo por unidad de superficie inferior a la ganadería extensiva”. Por otra parte, se considera que la papelera arruinaría el potencial turístico, al instalarse a menos de cinco kilómetros de tres patrimonios históricos y culturales de la región Conchillas.

Los impactos ambientales de la planta serán, en caso de llegar a funcionar, numerosos y graves. Entre ellos, contaminación atmosférica (más el fuerte olor por compuestos de azufre), la producción de dioxinas en el proceso de blanqueo de la celulosa muy perjudiciales para la salud humana, la generación y el derrame de productos de desechos, con el consiguiente riesgo de contaminación del agua utilizada para el consumo doméstico así como la destrucción de los recursos pesqueros y los ecosistemas acuáticas, los que dan sustento a muchas comunidades locales en la región.

Exigimos por lo tanto la cancelación inmediata del apoyo político y diplomático otorgado a ENCE. Advertimos al gobierno español que su apoyo a las operaciones de ENCE tendrá graves repercusiones y le hacemos responsable de las consecuencias ambientales, sociales y económicas que esta empresa puede causar.

Por otra parte cuestionamos a las autoridades españolas, como la secretaria española para Iberoamérica, Trinidad Jiménez, el Ministro de Exteriores y el propio presidente del Gobierno, puesto que persisten en brindar apoyo (con fondos públicos) a las empresas españolas sin por tanto asumir los impactos sociales, ambientales, económicos y culturales que éstas empresas han generado en América Latina en las últimas dos décadas, entre ellos la deuda externa, el expolio de los recursos naturales, las violaciones sistemáticas de Derechos Humanos, los desplazamientos forzados y crímenes ecológicos.

La producción de celulosa en Uruguay será destinada íntegramente a la exportación con destino el mercado europeo lo que generaría una Deuda Ecológica con Uruguay. Por ello solicitamos al Gobierno español la prohibición de inversiones públicas y privadas en proyectos que no cumplan los estándares ambientales, laborales y sociales, así como la no utilización de los mecanismos públicos para generar nueva Deuda Ecológica y de apoyo a la exportación para impulsar actividades de empresas transnacionales españolas en el exterior.