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MADRID.- Las organizaciones británicas que han lanzado un boicot contra TotalFinaElf, lideradas por Burma Campaign UK (BCUK), aseguran que los mecanismos de protección de los Derechos Humanos que la petrolera francesa ha implantado en Birmania (Myanmar) son "vergonzosamente inadecuados" y que, a pesar de lo que afirma, el trabajo forzoso no ha sido erradicado. En las últimas semanas, miles de personas han participado en una 'ciberacción' para reclamar la salida de la compañía de Birmania. Como respuesta a la carta enviada por Total a los activistas, BCUK acusa a la compañía de creer que la industria petrolífera está "por encima de la ética y la moralidad" al afirmar que los recursos naturales "no se encuentran necesariamente en democracias". En especial, apunta que ya conocía la situación de los Derechos Humanos cuando decidió entrar en el país, y que contrató al Ejército birmano para la vigilancia de esta infraestructura. "Son esas mismas fuerzas de seguridad las que han perpetrado horrorosos abusos de la región del oleoducto", señala BCUK. "Estas tropas no respetan las leyes internacionales ni los Derechos Humanos ni las normas establecidas en el código de conducta de Total, y Total es responsable de ello". En opinión de las ONG, "si Total ha realizado realmente una 'vigilancia extrema' tal y como asegura, entonces esta vigilancia ha sido vergonzosamente inadecuada". Lo mismo puede aplicarse en materia de derechos laborales: "cualquier declaración acerca de la erradicación de todas las formas de trabajo forzado simplemente es falsa". La opinión de los birmanos Asimismo, las ONG rechazan el argumento de que la presencia de la compañía es beneficiosa para las comunidades locales, en las que ha implantado proyectos de asistencia sanitaria y microcréditos. "Si Total está genuinamente preocupada por los birmanos, puede seguir pagando estos programas cuando se marche del país, al fin y al cabo es la cuarta petrolera del mundo". También consideran que, en vista de la reducida población de las zonas por las que pasa el oleoducto, "está claro que muy pocos se verían afectados si se retirara". El mayor impacto, aseguran, lo sentiría la Junta Militar en el poder, ya que son los ingresos por negocios con empresas como Total los que "aseguran su supervivencia". "El régimen es el principal obstáculo a la prosperidad de los birmanos, las meras expresiones de preocupación no tienen efecto alguno. El Gobierno birmano nunca se ha movido por las expresiones de preocupación, ni de Gobiernos, ni de la ONU ni de empresas", señalan. Finalmente, acusan a la compañía de dar muestras de una "arrogancia extrema" al asegurar que la población birmana desea que Total continúe sus actividades, teniendo en cuenta "que la libertad de expresión en el país está reprimida y controlada por el socio empresarial de Total, la Junta Militar".