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IGNASI PELLICER/VALENCIA

Multa millonaria
De no cumplirse el requerimiento de la Unión Europea, el comisario McCreevy advierte al Ayuntamiento y la Generalitat Valenciana que el caso puede llegar al Tribunal de Justicia Europeo. Allí podría ser juzgado y condenado al pago de una multa millonaria, teniendo en cuenta las graves infracciones detectadas.

Mitad pública, mitad privada
La mercantil “Cabanyal 2010”, marcada ahora con el sello de “irregular” en la Unión Europea, se creó a través del ente público autonómico, Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), siendo conseller de Territorio, Rafael Blasco, y por la empresa municipal AUMSA. La nueva promotora inmobiliaria, “mitad-pública, mitad privada”, se constituyó con un capital social de 35 millones de euros. A ella acudieron 11 constructoras, sin que se respetaran los principios de publicidad y libre concurrencia comunitarios, según denuncia la instancia europea. Todas estas mercantiles pertenecen al patrimonio de empresarios que apoyan sin esconderse al PP valenciano.

Empresarios afines
Más de la mitad del capital de “Cabanyal 2010” es público de la Generalitat (27,5%) y el Ayuntamiento (27,5. El resto está equitativamente repartido entre los socios privados. Forma parte el grupo “Acciona”, antes “Necso-Entrecanales”, que explota adjudicaciones millonarias de servicios municipales en Valencia; el grupo Lubasa, del empresario castellonense Luis Batalla, con fuertes vínculos de amistad con el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. También figuran conocidos promotores alicantinos, antes en la órbita del poder económico en torno a Eduardo Zaplana y ahora reconvertidos deprisa y corriendo al campismo, como el grupo ECISA y Hermanos Martínez.

Entre las beneficiadas, la empresa de Cotino
Pero llama especialmente la atención en este entramado societario amonestado por la Unión Europea, la presencia de la empresa Edifesa, propiedad del presidente de la patronal regional valenciana, Rafael Ferrando. Y SEDESA, mercantil perteneciente a la familia de Juan Cotino, miembro del Opus Dei, y actual conseller de Biensatar Social y vicepresidente tercero del gobierno de Francisco Camps.

Deliberaciones del Supremo
En el ámbito estrictamente español, el caso del Cabanyal ha llegado a lo más alto de la justicia, después de haber sido objeto de numerosas sentencias, recursos, contrarrecursos y apelaciones. Desde el miércoles 13 de febrero, la sala Tercera de lo Contencioso del Supremo delibera sobre un recurso de casación, presentado por el movimiento vecinal contra una sentencia, pronunciada en 2005 por el Tribunal Superior de Justicia de la Generalitat Valenciana (TSJCV), dándole “luz verde” al proyecto de intervención urbanística, PEPRI.

Trámite acelerado
Por la naturaleza e importancia del caso, la sección del Supremo encargada del caso le ha dado un “trámite acelerado”. Ha anunciado que adelantará su pronunciamiento por sentencia firme e inapelable este mismo año, en vez del año que viene que le hubiera correspondido si hubiera seguido el trámite ordinario.

El PP pide que se aplace
Como el ayuntamiento de Valencia se teme que la sentencia del Supremo le puede ser adversa, el servicio jurídico municipal pidió hace un mes el aplazamiento de las deliberaciones de los magistrados, alegando que puede “influir” en negativo para el PP la sentencia en plena campaña electoral. La petición ha sido rechazada. Según han indicado fuentes del Tribunal Supremo a El Plural, la resolución final “puede conocerse en un plazo de un mes o mes y medio”.

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