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Pero, ¿de dónde vienen estos beneficios? ¿Cómo se explica que en países donde los índices de desarrollo humano son tan bajos las empresas transnacionales, y en este caso el BBVA, puedan sustraer semejantes montos de beneficios? El BBVA, a través de sus agentes y lobbistas acreditados que operan en Bruselas, impone sus agendas y sus políticas con fines lucrativos a los Gobiernos, órganos legislativos, instituciones y organizaciones internacionales. De esta manera, se beneficia de condiciones que son contrarias a los derechos laborales, humanos, sociales y ambientales. Controla los flujos de los recursos financieros y favorece el mantenimiento de la deuda externa. Se desentiende de responsabilidades, utilizando subcontratas para restringir derechos laborales, y es responsable de numerosos casos de explotación laboral, con contratos basura, recolocación de oficinas y grupos humanos, despidos masivos, mobbing, etc.

Además, según denuncia el Banco de México, el BBVA, junto a otros bancos extranjeros que operan en Latinoamérica, cobra comisiones por servicios hasta 10 veces superiores a las transacciones similares efectuadas en el Estado español. El servicio de remesas del banco es un negocio usado para captar nuevos clientes, y es especialmente importante si se tiene en cuenta que mueve sumas que superan toda la ayuda al desarrollo. En los casos de Bolivia y Ecuador, las remesas suponen hasta el 5,7% y el 3,6% de su PIB, respectivamente. Por su parte, los fondos de pensiones y las microfinanzas funcionan como servicios generadores de mayores pobrezas. Los primeros, al retener entre el 20 y 30% de los aportes de los trabajadores en calidad de gastos y beneficios para las administradoras (AFPs), que se convierten en las verdaderas beneficiarias; las segundas, favoreciendo el endeudamiento de los sectores de la población más pobres.

Los efectos sobre las poblaciones y el entorno

Las prácticas antihumanitarias del BBVA inciden también sobre los pueblos de América Latina, perjudicando proyectos de desarrollo de las comunidades. Por ejemplo, en México se sufrió uno de los ataques financieros y administrativos más sangrantes contra las comunidades de Chiapas, con la clausura de las cuentas de las organizaciones Osimech y Enlace Civil (2005). La misma situación se vivió en la colombiana comunidad de Paz de San José de Apartadó.

Por otra parte, las fructíferas actividades comerciales realizadas por el BBVA en la región latinoamericana pasan por la generación de impactos negativos sobre las poblaciones y los ecosistemas donde operan. Entre la financiación que otorga a proyectos altamente contaminantes, destaca el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), que afecta a 11 áreas protegidas, y la explotación del Bloque 31 del parque Yasuní, ambos proyectos en Ecuador, con los que, además, se violan leyes nacionales e internacionales. También financia el proyecto de gas licuado y el gasoducto de Camisea, que impacta fuertemente sobre la amazonía peruana. En Bolivia, financia los proyectos para la realización del gasoducto de Gasyrg, que atraviesa territorios indígenas guaraníes y weenhayek, reconocidos legalmente. El 50% de la megafactoría de celulosa de la empresa española ENCE, en Uruguay, está financiada también por el BBVA. Además, está involucrado en proyectos de minería a cielo abierto en Chile y Perú, que provocan contaminación y desecación de cuerpos de agua, afectando al consumo de los pobladores de esas regiones. Es también financiador de compañías de gran impacto ecológico y humano, como las petroleras Repsol YPF (hasta 2006), Iberdrola y Petrobras (hasta el muy reciente 21 de marzo 2008), finalmente expulsada de Ecuador por sus impactos.

El BBVA contradice, por todo lo mencionado, las tres claves que la propia entidad destaca en su línea de RSC: las relaciones laborales, la atención a los segmentos menos favorecidos de la población y el medio ambiente. Por estas y otras actividades desarrolladas por la entidad bancaria BBVA, se ha generado un creciente movimiento de reacción a nivel estatal, que acompaña el de los países afectados directamente en América Latina. En este sentido, el próximo mes de mayo, el BBVA será una de las empresas llevadas a juicio en el Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en Lima, Perú, enmarcado dentro de los actos que se realizarán en paralelo a la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea, América Latina y el Caribe y con el fin de unir esfuerzos entre los pueblos de ambas regiones, para luchar contra la tiranía de las empresas y en beneficio de las personas.

Fuente:

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=64592

Ver también:

http://cml.vientos.info/node/11019

http://lacomunidad.elpais.com/casajuntoalrio/2007/9/20/el-bbva-y-negocio-las-armas