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Tarde. Han tenido que leer en los periódicos que, hace ya 18 meses, el Gobierno regional puso en manos privadas la asistencia hospitalaria urgente y programada, la atención especializada y los diagnósticos de laboratorio de la población de 14 zonas básicas de salud de la capital (unas 500.000 personas) y la noticia sobre la privatización de dos ambulatorios (Pontones y Quintana) para descubrir que el avanzado estado de descomposición en que se encuentra la sanidad en la región no concluía con la privatización de la gestión de los hospitales, sino en la Atención Primaria (AP). Primera consecuencia : el reciente cierre de los laboratorios del centro de especialidades de Pontones, cuya labor pasará a realizar una firma privada.

En una región donde el PP es el partido más votado desde 1991, no debería alarmar a nadie la celeridad con que los últimos consejeros de Sanidad, Manuel Lamela y Juan José Güemes, ceden a manos privadas lo que es del común. Es la clandestinidad de sus decisiones lo que chirría del Gobierno Aguirre, las cuales ni siquiera somete al dictamen amigo de la Asamblea regional.

Y si la oposición llora cuando se hace eco de la prensa, los 700 trabajadores del Instituto de Salud Pública se enteraron por el Boletín Oficial de la CM del pasado 9 de abril de la desaparición del organismo que durante 30 años se ha encargado, entre otras funciones, de medir los niveles de contaminación ambiental o la potabilidad del agua, que lidió con la crisis de las ‘vacas locas’, la legionela o los brotes de meningitis. En un contexto de saturación de los hospitales públicos, endeudamiento acusado, caos en la AP y déficit progresivo de facultativos por la huida de médicos a la sanidad privada y comunidades limítrofes, el reparto del pastel sanitario encuentra dos destinatarios : las multinacionales y las ONG religiosas.

Una de estas grandes beneficiarias es Capio, una transnacional de origen sueco (comprada en 2007 por Apax Partners, el mayor fondo de capital riesgo europeo, por 1.800 millones de euros) con intereses en nueve países de la UE y contrastada experiencia en el sistema de salud británico, gran inspirador de la política de Aguirre (ver recuadro). Las migajas de la tarta sanitaria caen en manos de organizaciones religiosas, bien a través de la derivación de enfermos a sus hospitales o con la introducción de sus asociaciones en los servicios de salud.

Es el caso de la ONG Desarrollo y Asistencia, vinculada al Opus Dei y presidida desde hace 13 años por el general jubilado José María Sáez de Tejada, recientemente condecorado. Esta entidad mantiene seis convenios con organismos públicos madrileños, principalmente con el Gobierno de Aguirre. Para ella gestiona el apoyo a los pacientes en dos hospitales públicos, el Clínico (desde 1999) y La Princesa (2001). A estas alturas, nadie conoce el coste económico real del proceso de privatización. Lo que sí puede medirse es lo que deja por hacer. En 2005, la CM prometió la creación de tres nuevas unidades de cuidados paliativos en los hospitales Clínico, La Paz y 12 de Octubre. El retraso de la aplicación de esta medida, que se materializará a partir de junio, ha hecho que los enfermos terminales hayan sido derivados a seis clínicas privadas, cinco de ellas pertenecientes a entidades religiosas.