lacarretera

El pasado domingo escribí en estas páginas un post (bastante duro, por cierto) en el que expresaba mi indignación ante el acoso permanente que viven esta chica y su entorno, y lamentaba que los medios supuestamente dignos y hasta las personas serias e intelectuales se hubieran puesto del lado de los vulneradores.

Si alguien piensa que he cambiado de opinión, se equivoca. Radicalmente.

Porque no era una cuestión jurídica, sino moral, la que denunciaba el pasado domingo. Me parecía, y me sigue pareciendo, cochambroso que la sociedad acepte como válido que un personaje “público” no tenga derecho a intimidad, máxime si, como en este caso, esa circunstancia (la de ser un personaje público), no sólo no ha sido buscada, sino que resulta totalmente ajena a su voluntad.

También decía que me parecía, y me sigue pareciendo, que sólo a un cretino desocupado puede interesarle lo que haga una persona, por muy pública que sea, en sus ratos libres. Y que confundir eso con el derecho a la información es mezclar churras con merinas.

Pues bien, si las leyes permiten que la sociedad tenga derecho a acceder a la vida privada, aunque esa vida o trozos de vida se desarrollen en la calle y a plena luz del día, de los personajes públicos (los de verdad, no los famosos) esas leyes, en la medida en que sirven o subvienen a intereses espurios (el chisme y el cotilleo) no merecen sino mi condena y oposición.

Por lo que respecta a la dimensión jurídica del asunto, el auto, y eso es lo grave, se ajusta a derecho por la única razón de que la juez se ha limitado a plasmar la, en mi opinión obsoleta, doctrina del TC en materia de intimidad y derecho a la información.

Es sabido que cuando nuestros Tribunales detectan un conflicto o colisión entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información se suelen decantar por el segundo. Esto se explica por el hecho de que España viene de un Régimen en el que durante cuarenta años se estuvieron vulnerando de manera sistemática todos los derechos relacionados con la libertad de opinión y expresión. Por ello, la democracia siempre ha visto en estos valores su más genuina esencia o razón de ser. Y los Tribunales, y más en concreto el TC, pieza angular del sistema, han entendido que en la protección de esos derechos nos jugábamos, de alguna manera, la protección del sistema democrático en su conjunto.

El problema es que las circunstancias se han invertido y los Tribunales parecen no haberse dado cuenta. En esta sociedad mediática y del espectáculo, en este gallinero social y televisivo en el que todo el mundo se cree con derecho a decir y a hacer lo que le dé la gana, son precisamente las personas discretas, las que deciden mantener un claustro privado de intimidad personal y familiar, las que necesitan amparo y protección.

Y esto es lo que creo que aún no ha entendido la justicia. Porque, por mucho que digan la juez y el fiscal del caso, en el asunto de Telma Ortiz no debería apreciarse jamás, so pena de desnaturalizar y retorcer los derechos hasta hacerlos perder su sentido, que existe una colisión entre el derecho a la intimidad y el derecho a la información. Si confundimos el interés general (que está en la base del derecho a la información) con la rutina diaria de las personas (derecho a la intimidad), sean públicas o privadas, es que esta sociedad tiene una empanada ética que debería hacerse mirar de inmediato. ¿O acaso no hay que estar muy empanado para creer que informar es meter un micrófono en la cara del primer personaje ”público” que pisa el portal de su casa para comprar el pan?

Si llegamos al paroxismo de considerar personaje público, con la única intención de ganar una coartada que después nos permita invadir su esfera íntima, a todo aquel que empariente con un cargo de esa naturaleza, es que esta sociedad tiene unas lentes tan amplias como cortos sus escrúpulos morales.

Si nos creemos, en fin, con derecho a mirar y fisgonear en la vida del prójimo con la excusa del interés público o general, es que nos hemos degradado hasta un extremo que a lo mejor no estamos en disposición de aceptar.

Quizá es por eso que hacemos leyes y sentencias que legitimen nuestra obscenidad.