Cuestión de Conciencia

La vida es una permanente lucha por asegurarse la suficiente disposición de aquellos bienes que no están ilimitadamente disponibles. Nacemos desnudos y nuestra supervivencia depende del éxito que tengamos en producir y obtener esos bienes escasos. Es nuestra primera y básica lucha -en el sentido literal de la palabra- diaria.


Especialmente en las sociedades occidentales, la actual abundancia -que no es gratuita- nos puede hacer olvidar estas cuestiones básicas. Si echamos un vistazo a la historia de la humanidad podremos comprobar que el hambre y la miseria ha sido un continuo, raramente superado. Para la mayor parte de la población siempre ha sido así. De hecho, hoy en día, sigue habiendo en el mundo grandes bolsas de pobreza.


En nuestro afán por asegurarnos nuestra subsistencia -y acomodo- hemos recurrido a cualquier medio. El que más éxito ha tenido en todos los tiempos ha sido el saqueo y las guerras: “si tu tienes y a mi me falta, te lo quito y, si hace falta, por la fuerza”. Por suerte, a medida que nos hemos ido civilizando también hemos ido dulcificando este postulado, de tal manera que sin dejar de tener toda su validez, ese “por la fuerza” ha ido dejando de ser un sinónimo generalizado de violencia física pura y dura.


En ese proceso civilizador han jugado un papel fundamental los “Estados”, entendidos en un sentido amplio como estructuras formales de poder que nacen de los ciudadanos y que, a su vez, se someten a él. Ciertamente, los Estados nacen para regular la vida común de los miembros de una sociedad, un fin muy loable. Sin embargo, la lucha de poder los termina convirtiendo en campo de batalla y elemento de codicia para todo aquel que tiene talento, pocos escrúpulos y un afán de lucro y notoriedad desmedidos. Más aún cuando el tamaño de la sociedad difumina hasta niveles insospechados la relación que existe -o debería existir- entre el individuo y dicha estructura (hoy por hoy reducida al simplista y confuso ejercicio del voto cada cierto tiempo)


Una vez que la ciudadanía ha asimilado como algo natural el control que ejerce esta entidad social sobre sus vidas personales y que, por otra parte, la propia complejidad de las sociedades ha alejado del ciudadano de a pie estas instituciones, la lucha de poder se ha convertido en una lucha de determinados grupos de influencia por el control de estos instrumentos de gobierno, con la propia ciudadanía como invitado necesario pero incómodo y, por tanto, como elemento que hay que relegar a la mínima pero necesaria expresión.


Solo en este contexto se entienden muchas de las características que observamos en la vida política e institucional en los países occidentales: Los partidos políticos dejaron de ser focos de ideas y debate para convertirse en el trampolín necesario para acceder a las instituciones del Estado. Los partidos, además, se han convertido en el elemento más codiciado de los grupos de poder para imponer su hegemonía y asegurar sus privilegios. Los políticos se han convertido fundamentalmente en mercaderes de influencias y de bienes públicos, por lo que el debate ideológico ha desaparecido prácticamente y se ha tendido a una homogeneización de discursos que ofende la inteligencia. Podríamos continuar detallando numerosos elementos de este puzzle pero ya tenemos aquellos que son fundamentales.


Al final, el Estado es una entidad dentro de la sociedad que ha adquirido vida propia: responde a una dinámica alejada de la mayor parte de la ciudadanía y cercana a los grupos de poder. Lo realmente grave de este problema (ya anticipado desde hace decenios -por no decir siglos-) es la cantidad de recursos que mueve eso que llamamos Estado. ¡Apabullante el control que tiene sobre la economía y el bienestar…! Y si bien la supervivencia de toda esta organización pasa por la estabilidad social y, por tanto, por asegurar un adecuado nivel de bienestar a la ciudadanía -lo que es incuestionable que se está haciendo-, la sangría de recursos que se pierde por el camino y por la ineficiencia (o ineficacia) con que son utilizados los fondos públicos debería sonrojar a unos e indignar a otros. Tal vez no sea un gran porcentaje de la riqueza de nuestros países pero, si tenemos que ceder parte de la que nosotros mismos creamos, que sea para su buen uso y si no es así, que nos dejen gestionarla directamente.


Cualquier análisis riguroso que se haga demostrará que el peor gestor de recursos es el Estado (administraciones o empresas públicas). La razón es muy sencilla: gestiona lo que no es suyo y, por lo tanto, lo que nunca puede ser una pérdida (aunque muchas más veces de lo que sería lógico esperar, lo hace en beneficio propio –hablamos de la corrupción-). Todos podemos comprobar la poca importancia que muchas veces da un político o un cargo público a ser sancionado cuando la sanción es pagada con fondos públicos. Estos cargos no responden de su irresponsabilidad o ineficacia con sus recursos sino con el de sus conciudadanos.


Cabe resumir que, con esta configuración de la realidad social, es una irresponsabilidad dejar en manos de la clase política y del Estado una gran parte del patrimonio de los ciudadanos, ya sea mediante la captación de la renta de empresas y particulares, mediante la intromisión en la gestión de la actividad productiva o mediante la regulación hasta límites asfixiantes de las reglas de juego que atañen a nuestras libertades. Se hace imprescindible frenar el avance en esa senda que agrava el control y la dependencia de los ciudadanos respecto a los poderes públicos, de forma directa o indirecta, y que favorece una asignación de los recursos ineficiente y despilfarradora.


Defender la libertad en nuestras sociedades supone defender el libre concurso de los ciudadanos -como tales-, defender una reglamentación que favorezca la igualdad en las oportunidades, el desarrollo del talento, la agilidad en la reasignación de los recursos hacia las actividades más provechosas en cada momento (en función de la elección individual), supone no favorecer mediante subvenciones u otros métodos la existencia de organismos cerrados receptores de privilegios injustificados e injustos, etc.… Y eso solo se puede hacer en un contexto en el que el Estado tenga una dimensión limitada y la ciudadanía se haya dotado de una reglamentación eficaz, precisa y sencilla. No queremos que se desbarate nada, queremos que las instituciones estén realmente al servicio de la mayoría de los ciudadanos y no al revés.


¿Cabe la solidaridad en todo esto? Por supuesto, la solidaridad es el mayor factor de cohesión social, por encima de cualquier otro. Nos hacemos ciudadanos de “buena voluntad” siendo solidarios. Y, por supuesto, dentro del esquema anteriormente desarrollado, la sociedad debe asegurarse que la solidaridad se un bien abundante. Pero no invirtamos los términos como hacen muchos políticos al uso: la solidaridad es, fundamentalmente, un rasgo cultural, una expresión de los más altos valores del hombre, y no se puede imponer a nadie. A nuestros efectos y, como en todos los ámbitos de la vida, no se puede vencer sino convencer… con educación.