Cinturón de Kuiper

En los primeros años ochenta Philippe Caza publicaba en la mítica revista Metal Hurlant una hermosa e inquietante parábola sobre un mundo devorado por sus propios residuos. ¿Será el mundo de los Oms nuestro mundo? ¿Relato anticipatorio? Tal vez. De momento parece que algunos gestores políticos de nuestro siglo (el pasado) alarmados por esa posibilidad decidieron que la mejor forma de reducir las basuras no era producirlas en menor cantidad, sino quemarlas. Apoyados por los avances tecnológicos comenzaron a favorecer la creación de plantas incineradoras que, ahora sabemos, convierten la enfermedad en mal menor comparada con el remedio.

En este país había en 2007 once incineradoras de basuras y ninguna de ellas en Andalucía. Probablemente los gobernantes autonómicos se sintieron agraviados por esta ausencia y decidieron recurrir a la “coincineración” que consiste en utilizar para quemar la basura instalaciones que se dedican principalmente a otra cosa como producir energía o fabricar productos materiales como el cemento. Y así empezaron por dar autorización a las cementeras de Jerez de la Frontera, Almería y Málaga para que quemaran basuras. Ahora deciden otorgar una subvención de 1’2 millones de euros a la fábrica de cementos que la empresa Financiera y Minera (Italcementi Group) tiene en la playa malagueña de La Araña para que queme 62.000 toneladas de residuos al año. Tal vez también en esto estén compitiendo las administraciones local y autonómica en Málaga: ayer el Ayuntamiento autoriza la construcción de una central térmica de ciclo combinado y hoy la Junta apoya la quema de basuras en una cementera que ya sólo con su actividad habitual emite un 600% más del CO₂ que la UE marca como umbral máximo.

Pero no se trata sólo de CO₂ y calentamiento global, sino de gases y partículas que afectan directamente a las aguas, al suelo y a la salud humana. El principal problema de quemar basuras es la producción y envío al aire de dioxinas y furanos que son complejos compuestos organoclorados perjudiciales para la salud. Se trata según Naciones Unidas de contaminantes orgánicos persistentes por lo que la exposición a ellos, por pequeña que sea su concentración, es nociva para la salud.
La legislación española (RD 653/2003) establece mecanismos de control y procedimientos sancionadores para evitar o limitar el efecto de la contaminación provocada por la incineración de residuos sobre el medio ambiente y la salud humana. Bien. Eso está bien. Pero ¿Cómo se miden y controlan estos efectos? Por ejemplo. La norma legal establece un límite de 0’1 nanogramos de dioxina y de furanos. ¿Cómo se mide y, sobre todo, se impide la emisión de esa minúscula cantidad?

El único beneficio que puede producir la incineración de residuos consiste en la producción de energía, pero eso, una cementera no lo hace. Vayamos mejor a las alternativas que son más limpias y más baratas: mejorar los procesos de recogida, selección y reciclaje y campañas de sensibilización para la reducción de la producción de residuos no reciclables. ¿Es esta la dirección del gobierno andaluz o su política, al menos en este caso, ha consistido en premiar con dinero público a quien contamina y daña la salud de la naturaleza y los ciudadanos? Nos lo expliquen.

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