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Aunque Colombia tiene muchas virtudes admirables, es reconocida por algunas pocas cosas negativas que desafortunadamente también tiene, no por idiosincrasia sino por la equivocada actitud de algunos pocos desadaptados que la ponen en la picota de la desconfianza general.

En consecuencia se ha convertido en el frente de acción de muchas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos que quizás a falta de otras ocupaciones, seguramente mal informadas o con informaciones sesgadas provistas por intereses sórdidos y faltas de una mínima verificación, toman a Colombia como destinatario principal de su gestión a lo mejor para justificar su existencia y así mantener la vigencia que les demanda el flujo de recursos y apoyos económicos para mantener su infraestructura y funcionamiento, y en ese efecto sus informes ocupan el más alto porcentaje en criticas y desméritos contra el país dejando de lado otros países con similares, e incluso, superiores estadísticas.

Desconocen o subestiman que Colombia es de los países que más ha invertido, no solo en recursos económicos, políticos y humanitarios, sino con el altísimo costo de muchas vidas humanas para contener y evitar la criminalidad que la agobia; que además se acoge a todo acuerdo o tratado internacional que vaya en el sentido de “respetar, asegurar que se respeten y aplicar” las normas sobre derechos humanos de todos los colombianos; que es de los países con mayor presencia de delegaciones y organizaciones humanitarias en su territorio y que los contenidos del Derecho Internacional Humanitario y los estatutos de la Corte Penal Internacional, CPI, hacen parte de su legislación.

Sin embargo es injustamente señalada, cuestionada y estigmatizada, al punto de que hoy haya muchas personas y organizaciones no gubernamentales, inclusive Instituciones del propio Estado, solazadas a causa de la visita que hará al país el Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo y de una carta que envió al gobierno colombiano indagando sobre los procesos del paramilitarismo y la extradición de paramilitares (desconoce que también hay guerrilleros igualmente procesados por crímenes de lesa humanidad y de guerra además de narcotráfico), quizás pensando que la intervención del organismo internacional traerá el fin de la violencia o que servirá para que los grupos armados ilegales se abstengan de cometer sus crímenes.

Parecería que ante el fracaso armado y político de las Farc con la muerte de tres de sus siete máximos dirigentes y el descubrimiento de sus patrocinadores nacionales e internacionales quienes por ello quedaron en evidencia y deben por lo menos tener mayores reservas en sus relaciones, los interesados estarían valiéndose de la CPI como otra forma de lucha para continuar el propósito de subvertir la democracia existente para de este modo quebrantar el estado colombiano, debilitarlo y luego asestar el golpe final que seria la instalación de la dictadura comunista, en el único Estado de la región donde no han logrado tal propósito.

Ante eso el estado colombiano debe tomar las medidas pertinentes y bastantes que garanticen un mínimo de justicia, verdad y reparación, que por suficientes impidan la intromisión de la CPI; debe aplicar con severidad las leyes existentes y castigar con el debido rigor a quienes sean hallados culpables de esos crímenes, pues la Corte no tiene jurisdicción retroactiva y por ello aplicará solo a partir del momento en que termine el veto del articulo 124 en cuanto a los crímenes de guerra y desde el 2002 para los de lesa humanidad y genocidio; ni es sustitutiva y por lo tanto mientras la legislación colombiana sea aplicada con el rigor debido, el organismo poco tendrá para hacer. Además queda tiempo suficiente para que el gobierno colombiano cree leyes más fuertes que además de servir para hacer justicia suficiente den tranquilidad a la voracidad de la CPI y anule las múltiples presiones contra el país.

No puede haber margen a señalamientos justificados de impunidad que son la puerta de entrada de la CPI, pero esa justicia debe ir no solo contra los miembros paramilitares por sus múltiples y horrendos actos como parece interesarle a la CPI, sino también contra los miembros guerrilleros que comenten idénticos actos que claramente tipifican lesa humanidad como el secuestro y genocidio como los miles de campesinos masacrados por considerarlos colaboradores del grupo enemigo, y desde luego contra los funcionarios públicos a quienes se les compruebe su participación en cualquiera de ellos.

Por ejemplo, ateniéndose al propio Estatuto de Roma, particularmente a su artículo 77, y al hecho de que ese articulado ya es parte de la legislación colombiana mediante la lay 742 de 2002, sería viable que el gobierno propusiera al legislativo la inclusión explicita en la legislación colombiana de la pena de cadena perpetua para los criminales de guerra, de lesa humanidad y genocidas que hayan cometido o cometan actos como secuestro, asesinatos individuales y múltiples, usen minas antipersonas y recluten niños entre otros crímenes de altar gravedad.