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En lo que tiene que ver con el decreto 1059 expedido el 4 de abril de este año por el presidente Álvaro Uribe, con el cual pretende excarcelar a cerca de 750 guerrilleros que están en las cárceles pagando condenas ordenadas por los Jueces en purga por delitos políticos y por crímenes de guerra y de lesa humanidad para tratar con ello de liberar a los cerca de 750 secuestrados por las FARC, pueden haber razones para estar felices pero también las hay para preocuparse.

Quien gana o quien pierde depende de los intereses particulares de cada parte: el Gobierno Nacional, la comunidad internacional, especialmente los llamados países amigos y los países con intereses propios; los guerrilleros hacia quienes va dirigido el decreto; el grupo guerrillero y los propios secuestrados. Al gobierno le interesa mostrar ante la opinión general una actitud humanitaria y quitar argumentos a las FARC, pretendiendo que con la liberación de los guerrilleros presos ellas quedarían sin por quien intercambiar los secuestrados. A la comunidad internacional, particularmente Francia, lograr la libertad de su conciudadana Ingrid Betancur, única razón de su intervención en el tema y Venezuela por el beneficio mediático que aportaría ser reconocido como el gran gestor de paz y líder en la región.

A los guerrilleros presos el hecho de que la mayoría recobraría la libertad de forma inmediata y la minoría solo pagarían penas exiguas sin poner casi nada de su parte. Y para el grupo guerrillero propiamente dicho, aunque por su rechazo a la misión médica internacional pareciera no haber muchos intereses, también los hay y bajo algunas condiciones relativamente fáciles son muy probables, ya se sabe que su única aspiración con respecto a los secuestrados es ser reconocidos como beligerantes y borrados de la lista de terroristas y eso depende de quien y de cómo intervenga.

Si lo hace Francia, España, Suiza, o cualquier otro país exceptuando a Venezuela, estará condicionada a un “consenso”, diálogos previos con los secuestradores, los cuales a su vez estarán supeditados al beneficio político otorgado al grupo secuestrador que ya esta mencionado, en realidad la libertad de sus hombres nada les importa. Pero si lo hace el presidente venezolano ya ese beneficio estaría asegurado y es por eso que en cada comunicado las FARC condicionan cualquier acuerdo a la participación de Hugo Chávez.

Pero en medio de todo están los secuestrados, las victimas inocentes, ellos, quienes son los de mayor preponderancia no tienen mayores opciones de participación, están condenados a los intereses de los demás actores quienes por lo visto están muy lejos de lograr avance alguno dado que las posiciones individuales son diametralmente opuestas entre si, especialmente con respecto a las de las FARC, quienes tienen en su poder a los secuestrados y de quienes depende su vida y su integridad.

Por eso es indispensable para el estado en medio de su anhelo por liberar a los secuestrados impedir perjuicios que afectarían a toda la nación. Si bien las FARC exigen la libertad de sus hombres presos no es la única exigencia, ni siquiera la de mayor importancia, lo cual lleva a pensar que nada va a conseguir el gobierno liberando a esos 750 guerrilleros por mucho que cumplan los requisitos y renieguen de grupo armado, se comprometan a no regresar a el y colaboren con las autoridades; recordemos que son cerca de 1700 la totalidad de los guerrilleros encarcelados y seguramente las FARC tomaran la liberación de quienes se acojan al decreto 1059 como simples deserciones de individuos sin importancia dentro del grupo, pero aún quedaran hombres suyos en las cárceles leales a la agrupación terrorista con los cuales mantendrán sus pretensiones y por supuesto los secuestrados sin su libertad.

Por eso lo sensato y recomendable es no liberar apresuradamente a ningún guerrillero hasta que sea conocida la lista de las FARC y esa liberación se haga condicionada a la libertad de todos los secuestrados. Además, hasta ahora nadie ha dicho nada sobre la totalidad de los rehenes, solo mencionan algunos de acuerdo con sus intereses particulares, a Francia por ejemplo, solo le interesa Ingrid Betancur, a Estados Unidos los tres norteamericanos y a Venezuela y los llamados países amigos tan solo 39 de ellos por su prestancia política, pero de los restantes 700 nadie dice o pide nada.