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Si no fuera por la existencia de intereses políticos personalistas, o por pretensiones ideológicas adversas nada habría que temer de la presencia de militares estadounidenses en algunas bases del territorio colombiano, en reemplazo a la clausurada base de Manta en Ecuador, que en palabras de Mario Pazmiño, quien fuera director de Inteligencia del Ejército ecuatoriano la salida de las bases americanas del continente sudamericano “es una propuesta que viene instaurada desde el Foro de Sao Paulo (fundado por partidos y organizaciones de izquierda en la década del '90) y que posteriormente está siendo replicada tanto por las FARC como por la Coordinadora Continental Bolivariana dentro del proyecto internacional de las FARC”.

La mayor critica se hace con base en tres argumentos principales, primero, porque sería violatorio de la soberanía colombiana, segundo porque se prestaría a impunidades en caso de delitos cometidos por los agentes norteamericanos y tercero por la creencia externa de que afectaría de alguna forma a los países del subcontinente.

Pero no es así; la soberanía no se afecta cuando se trata de acuerdos y tratados internacionales debidamente aprobados por la autoridad competente, como por ejemplo el Congreso Nacional que es quien dará el visto bueno final. Tampoco habría impunidad para los militares estadounidenses pues si bien no sería la jurisprudencia colombiana la encargada de hacer justicia, el acuerdo contempla garantías para que se haga en Estados Unidos con la constante supervisión del estado colombiano. Y mucho menos implica riesgos a las soberanías o a los intereses legítimos de otros estados pues está claro que se trata de bases exclusivamente colombianas, con manejo puramente colombiano y que los gringos solo tendrán presencia en ellas como apoyo a las acciones contra el narcotráfico y el terrorismo que desarrollan las Autoridades colombianas.

Pero como es normal en cuestiones de política, los verdaderos intereses van ocultos y seguramente este caso no es la excepción, porque no de otra manera puede entenderse tan acérrima oposición a un acuerdo que a lo mejor, más que beneficiar al Estado, lo que hace es perjudicar los intereses del narcotráfico y del terrorismo.

Y si vemos quienes son los que mayormente se oponen, encontramos sectores que aunque pocos, son muy influyentes, y son los que históricamente han actuado como trabas a todos los procesos democráticos de la nación, impulsados por sus diferencias ideológicas y-o por sus discrepancias políticas y que ante la falta de mejores cosas se aprovechan del tema de las bases para publicitar exagerados perjuicios en pretensión de aminorar el respaldo general al Gobierno nacional como único impedimento real para avanzar en sus propósitos .

Solo que algunos de ellos no tienen derecho ni siquiera de juzgar las decisiones colombianas pues se trata de cuestiones puramente soberanas y por lo tanto solo a los colombianos nos asiste el privilegio de apoyar o criticar la decisiones internas sin influencias extranjeras que solo quieren subvertir el sistema existente para implantar tesis contrarias al querer de la mayoría del pueblo colombiano y que ven en la presencia norteamericana en Colombia el impedimento mayor no solo a la acción política sino a eventuales acciones de agresión física contra Colombia, pues en el intento podrían afectar intereses norteamericanos que justificarían su reacción defensiva contra el agresor, lo cual desde luego no seria para nada recomendable.