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En un comunicado publicado en la red de comunicación afín al grupo terrorista, las FARC manifestaron su “voluntad” de continuar la idea de intercambio humanitario. A diferencia de episodios pasados, en esta ocasión fue poco el revuelo, no por el hecho que los colombianos que aún siguen secuestrados sean menos importantes que los rescatados por el Ejercito Nacional, sino porque la opinión pública sabe que el intercambio es una estrategia de chantaje y, sobre todo, es posible garantizar la libertad de los colombianos secuestrados sin arriesgar la seguridad de la población en general.

Pero, ahora, hay un elemento adicional. Cómo era de esperarse, las FARC aprovecharon el incidente de la utilización del emblema de la Cruz Roja con el fin de configurar un nuevo escenario de chantaje contra los colombianos. A inicios de este mes, el Comando Conjunto de Occidente de las FARC aseguró que toda misión humanitaria (llámese Cruz Roja Internacional, cualquier ONG de atención a víctimas y, aún, encuestadores) serían objetivos militares. Con ello, y al igual que con el problema del secuestro, las FARC buscan generar un sentimiento de culpa dentro de las víctimas de su violencia armada, como el violador intenta que la mujer ultrajada se sienta culpable del hecho punible del que ha sido víctima.

Y lo peor, dentro de su nuevo comunicado, las FARC tienen el descaro de imponer como nueva condición la participación de gobiernos extranjeros y la generación de alternativas para garantizar la protección de la población civil de los efectos de la confrontación. Pero, la pregunta, es ¿cómo las FARC pueden esperar confianza en sus proposiciones cuando, por el otro lado, declaran abiertamente cómo objetivo militar cualquier misión humanitaria en los territorios del sur? ¿Cómo esperan credibilidad sobre su intensión de proteger a los civiles de la confrontación cuando, en este momento, las bombas puestas en diversos lugares del territorio nacional indican un intento desperado, pero atroz, para solventar su debilidad en el campo de batalla?

En todo caso, y aún cuando el fracaso de las FARC se hace más evidente conforme pasa el tiempo, es necesario tener en cuenta que esta organización terrorista no da puntada sin dedal. La publicación de una nueva lista de canjeables y la declaración de objetivo militar a las misiones humanitarias tiene por objeto configurar, de nuevo, un sector de opinión que, sin tener la más mínmina intensión de apoyar al terrorismo, se convierten en fichas útiles para la presión política sobre el gobierno.

Tal como sucedió con la Señora Yolanda Pulecio quien, por su condición de madre de Ingrid Betancur, fortaleció la posición de Hugo Chávez como actor relevante dentro del intercambio sin tener, a priori, una simpatía más allá de la esperanza que Chávez podía representar al ser un interlocutor natural de las FARC, la lista de canjeables es un mensaje a las familias de los secuestrados para que retomen la presión contra el gobierno en términos de intercambio humanitario y a las organizaciones internacionales para presionar al gobierno sobre el imperativo de proteger a las víctimas sobre cualquier consideración militar estratégica. Se enfatiza y se insiste, estos sectores de la población no se les pueden considerar como apoyo político y social de la guerrilla pues, en últimas, simplemente buscan proteger sus prioridades personales y organizacionales, dentro del contexto adverso que impone la acción terrorista de las FARC.

Frente a este panorama, bien vale la pena mostrar a la opinión pública una posición de Estado que insista en el golpe estratégico a las FARC pero, que así mismo, ponga de presente el hecho que se tiene conciencia sobre el trabajo por delante en términos de asegurar la libertad de todos los secuestrados y garantizar la reparación de la todas las víctimas de las organizaciones terroristas. En ese sentido, se ha de insistir en el programa de Reparación Administrativa reglamentada en el Decreto 1290 de 2008 y los diversos programas para la Protección de los Derechos Humanos con los que cuenta el gobierno en particular y el Estado en general. Dentro de este escenario, las Fuerzas Militares actúan como el garante último de los derechos de los colombianos, en tanto que son los investidos de apelar al ejercicio legítimo de la fuerza para hacer valer el Estado de Derecho.

Por: Luisa Pérez - luisaperezbar@yahoo.es