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Por lo menos tres de los once principios de la propaganda nazi de Joseph Goebbels pueden notarse en las actitudes del presidente de Venezuela en su afán de implantar en el único país del subcontinente que le falta, la llamada revolución bolivariana o socialismo del siglo XXI.

Principio de la transposición: “Cargar sobre el adversario los propios errores o defectos”, “Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan”. Principio de la exageración y desfiguración: “Convertir cualquier anécdota, por pequeña que sea, en amenaza grave”. Y Principio de orquestación: “La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentadas una y otra vez desde diferentes perspectivas pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto”. Ahí podrían explicarse las constantes agresiones verbales contra Colombia, el declararse siempre bajo amenaza de muerte o de invasión y a que cada vez que su nivel de popularidad baje “aparezca” un nuevo complot desde Colombia en arreglo con Estados Unidos.

Pero más allá de las intenciones aparentes, existe el grave riesgo de que lo que buscara no fueran simples camorras ideológicas sino justificar un acción de fuerza contra Colombia, de la cual no sería responsable, pues habría actuado en legítima defensa respondiendo a una previa (supuesta) agresión a su soberanía; solo que sus planes no parecen caminarle favorablemente dado que además de la poca credibilidad que le da la opinión pública debido a sus contantes y exagerados ataques verbales, que ya parecen el cuento del pastorcito mentiroso, ahora entró en vigor el acuerdo de cooperación entre Colombia y los Estados Unidos que aplicaría en casos de “amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia”.

Seguramente ahora, ante sus frustrados intentos para obstruir y sabotear la firma del acuerdo, a pesar de la intensa campaña adelantada, adaptara su estrategia orientada al desquite y a lograr sus objetivos sobre Colombia a pesar de todo. Sabe que ya no es viable una acción armada porque podría tocar intereses norteamericanos que justificaran una reacción de fuerza y por lo tanto su esfuerzo irá por otro lado, siempre tras la cortina de complots en contra suya.

En primer término, es seguro que fortalecerá sus relaciones con países ampliamente conocidos por sus discrepancias, ideológicas o políticas con los Estados Unidos, a lo mejor invitará a Rusia, a Irán o a Corea del Norte a establecer ‘bases de paz’ en territorio venezolano o cubano o a desarrollar ejercicios bélicos en aguas venezolanas, implementará y fortalecerá sus programas nucleares y hasta justificará mayores adquisiciones de armas, incrementará sus denuncias sobre intentos de asesinato por parte de paramilitares colombianos y de espionaje, ya no solo del DAS sino ahora también de la CIA, etc.

Asimismo puede esperarse que las campañas de los candidatos y partidos chavistas como el “Movimiento Socialista Bolivariano” o el Polo Democrático Alternativo fusionado al Partido Socialista Unido de Venezuela, de lo cual circulas pruebas, se incrementen y se fortalezcan como fuertes opciones en el proceso electoral del próximo año.

También es seguro que recibirá ayuda, aunque soterrada e indirecta, de los grupos armados colombianos, que siendo los mayores narcotraficantes de Colombia serán los más perjudicados de la aplicación de acuerdo colombo-estadounidense; quizás sea esa la razón de que hayan amenazado al Juez de Sucumbíos que adelanta las investigaciones por el bombardeo del Ejercito colombiano al campamento de Raúl Reyes en Ecuador, y nada raro que el asesinato de los dos Guardias Venezolanos en la frontera con Colombia sea parte de ese apoyo, hoy por hoy el tema de mayor discrepancia en las relaciones binacionales.

Si no fuera por la existencia de intereses políticos personalistas, o por pretensiones ideológicas adversas nada habría que temer de la presencia de militares estadounidenses en algunas bases del territorio colombiano, en reemplazo a la clausurada base de Manta en Ecuador, que en palabras de Mario Pazmiño, quien fuera director de Inteligencia del Ejército ecuatoriano la salida de las bases americanas del continente sudamericano “es una propuesta que viene instaurada desde el Foro de Sao Paulo (fundado por partidos y organizaciones de izquierda en la década del '90) y que posteriormente está siendo replicada tanto por las FARC como por la Coordinadora Continental Bolivariana dentro del proyecto internacional de las FARC”.

La mayor critica se hace con base en tres argumentos principales, primero, porque sería violatorio de la soberanía colombiana, segundo porque se prestaría a impunidades en caso de delitos cometidos por los agentes norteamericanos y tercero por la creencia externa de que afectaría de alguna forma a los países del subcontinente.

Pero no es así; la soberanía no se afecta cuando se trata de acuerdos y tratados internacionales debidamente aprobados por la autoridad competente, como por ejemplo el Congreso Nacional que es quien dará el visto bueno final. Tampoco habría impunidad para los militares estadounidenses pues si bien no sería la jurisprudencia colombiana la encargada de hacer justicia, el acuerdo contempla garantías para que se haga en Estados Unidos con la constante supervisión del estado colombiano. Y mucho menos implica riesgos a las soberanías o a los intereses legítimos de otros estados pues está claro que se trata de bases exclusivamente colombianas, con manejo puramente colombiano y que los gringos solo tendrán presencia en ellas como apoyo a las acciones contra el narcotráfico y el terrorismo que desarrollan las Autoridades colombianas.

Pero como es normal en cuestiones de política, los verdaderos intereses van ocultos y seguramente este caso no es la excepción, porque no de otra manera puede entenderse tan acérrima oposición a un acuerdo que a lo mejor, más que beneficiar al Estado, lo que hace es perjudicar los intereses del narcotráfico y del terrorismo.

Y si vemos quienes son los que mayormente se oponen, encontramos sectores que aunque pocos, son muy influyentes, y son los que históricamente han actuado como trabas a todos los procesos democráticos de la nación, impulsados por sus diferencias ideológicas y-o por sus discrepancias políticas y que ante la falta de mejores cosas se aprovechan del tema de las bases para publicitar exagerados perjuicios en pretensión de aminorar el respaldo general al Gobierno nacional como único impedimento real para avanzar en sus propósitos .

Solo que algunos de ellos no tienen derecho ni siquiera de juzgar las decisiones colombianas pues se trata de cuestiones puramente soberanas y por lo tanto solo a los colombianos nos asiste el privilegio de apoyar o criticar la decisiones internas sin influencias extranjeras que solo quieren subvertir el sistema existente para implantar tesis contrarias al querer de la mayoría del pueblo colombiano y que ven en la presencia norteamericana en Colombia el impedimento mayor no solo a la acción política sino a eventuales acciones de agresión física contra Colombia, pues en el intento podrían afectar intereses norteamericanos que justificarían su reacción defensiva contra el agresor, lo cual desde luego no seria para nada recomendable.

El próximo primero de noviembre se termina el veto que impedía a la Corte Penal Internacional, CPI, intervenir en Colombia. Un tema de muchísima importancia que al parecer el Gobierno Nacional no le da la suficiente importancia.
Se supone que el Presidente Andrés Pastrana, días antes de entregar su mandato pidió una prórroga de siete años, como lo permite el artículo 124 del Estatuto de Roma, para la entrada en vigencia de la acción de la CPI, en lo referente a los Crímenes de guerra (artículo 8°), con la supuesta intención de no afectar posibles y futuros diálogos de paz con los grupos armados.
Sin embargo no hubo tales diálogos y a pesar de la innegable mejoría en la reducción de los índices de violencia los casos de infracciones al Derecho Internacional Humanitario siguen; los grupos armados aún secuestran, asesinan personas y destruyen o se apropian de bienes protegidos, reclutan forzadamente a menores de edad, utilizan las tenebrosas minas antipersonas y fuerzan abortos al interior del grupo armado, etc.,
Pero algo por decir lo menos es curioso; cuando se supone que la Corte entraría a juzgar personas también por crímenes de lesa humanidad como está considerado el abominable secuestro, sin que a ello hubiera veto alguno no ha tomado ninguna acción y si espera con firmeza que finalice sobre los crímenes de guerra como si ya hubiera predisposición y objetivos específicos seguramente, como lo afirmara el propi Fiscal Luis Moreno Ocampo, Colombia está “incluida en el paquete de naciones en su mira” como si no lo estuviera ya desde la misma creación del órgano de justicia internacional.
Parece paradójico que no haya tomado acción alguna sobre como los crímenes de genocidio (artículo 6°) que son las masacres de indígenas, de diputados, de civiles indefensos, etc., o de lesa humanidad (Artículo 7°) como el secuestro (privación grave de la libertad física), el asesinato, el desplazamiento forzado, la tortura, la violencia sexual, etc., que son “prácticas generalizadas y sistemáticas” de los grupos guerrilleros y sí está muy atenta a iniciarlos sobre los de guerra como si desconociera su ocurrencia o no tuviera jurisdicción sobre aquellos.
Además según se entiende de sus propias declaraciones, su mayor interés está en los crímenes cometidos por los grupos paramilitares como si una masacres de estos fuera más grave que las de las Farc, o como si el veto hecho por Colombia cubriera hasta hoy no solo los crímenes de guerra sino también los de lesa humanidad y los de genocidio muy comunes en todos los grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes.
Sin embargo la culminación del veto es muy positivo para Colombia porque obliga a los criminales a pensarlo dos veces antes de cometer cualquiera de los crímenes que sean de la competencia de La Corte y de cometerlos a respetar la justicia nacional y además estimula al Gobierno a aplicar con rigor las leyes nacionales como única garantía para mantener lejana la actuación de la CPI y de paso tranquiliza a las organizaciones no gubernamentales que ven impunidad en todo lo que haga el Gobierno pues la lejanía de la CPI es garantía de la aplicación, ejercicio y eficiencia de nuestro sistema judicial.

Aunque nadie puede negar que en la lucha contra la violencia, el terrorismo y el secuestro de los grupos armados ilegales, el gobierno nacional ha logrado avances nunca antes calculados, en porcentajes de hasta el 100% como los llamados retenes “pesca milagrosa” y superiores al 90% en cuanto a secuestros y masacres, y que ha obligado a las Farc a refugiarse en las profundidades inhóspitas de la selva, al Eln a aliarse no solo con propias las Farc sino inclusive con sus peores enemigos los paramilitares y que a estos últimos los desmovilizó y extraditó a cerca de 20 de sus más importantes cabecillas, se equivoca quien crea que las Farc entraron en un proceso de deterioro fatal irreversible con la muerte de tiro fijo y la subsiguiente llegada de Alfonso Cano.

Resulta que desde su origen, las Farc, en concepción de su mayor precursor ideológico, Jacobo Arenas, nacieron como un “movimiento político revolucionario” que “vio” la necesidad de armarse para combatir con las armas al Estado, derrotarlo y tomarse el poder para implantar en Colombia un gobierno de corte comunista con el cual terminarían la pobreza, el hambre y la ignorancia en el país; es decir desde sus orígenes concibieron la importancia de la política como paralelo del uso de las armas, esa fue siempre la teoría de Jacobo arenas, heredada y reestructurada por cano, que al asumir la máxima dirección del grupo armado, ante la muerte de Tiro Fijo, esta implementando con toda energía.

Cano reconoce que el mayor rechazo hacia las Farc, visto como el superior impedimento para tomarse el poder, sumado desde luego a la eficiencia de las políticas de los diferentes gobiernos y principalmente de la llamada de Seguridad Democrática que marco amplia diferencia con la demás, esta en que el grupo armado desbordó sus exiguos principios ideológicos iniciales incurriendo de lleno en narcotráfico, terrorismo, secuestro, reclutamiento de niños, explotación sexual de la mujer, etc., comportamientos que fueron causantes del rechazo y desprecio de quien fuera su mayor fortaleza, la población civil.

A pesar de los avances alcanzados en los procesos de paz de los años 80s, 90s y del Caguán, el grupo armado, incluido en las listas de terroristas y narcotraficantes internacionales por Europa y América, siempre ha tenido el lógico rechazo general que causan los métodos criminales con que han intentado por 45 años tomarse el poder, pero que bajo la orientación de ‘Tiro Fijo’, secundado por ‘Mono Jojoy’ y ‘Tomochenko’ era prioritario, es decir, desde esa concepción la toma del poder era exclusivamente por las armas y la actividad política se aceptaba como herramienta futura para liberarse de procesos penales una vez tomado el poder.

Llegado Alfonso Cano a la cúpula, y siendo éste, como buen retoño de Jacobo Arenas más “político que militarista”, (Cano ha sido mal visto por muchos miembros de las Farc, incluyendo del secretariado por su “cobardía” pues nunca ha participado en acciones de combate ni tiene experiencia en el mando, nunca fue comandante de alguna unidad o grupo), creador además del “movimiento Bolivariano” y posteriormente del “Partido Comunista Colombiano Clandestino, PC3”, ve la ocasión propicia para implantar sus tesis de mayor esfuerzo político, secundado por los restantes miembros del Secretariado, Ivan Marquez, Joaquin Gómez, Pablo Catatumbo, y ‘el Médico’ e inicia con todo brío la campaña por la toma del poder priorizando lo político.

En consecuencia, en agosto de 2008, poco tiempo después de haber sido “nombrado” máximo comandante, diseñó e implanto el que llamó “plan renacer revolucionario de las masas”, que sin descartar las acciones armadas como el uso de minas antipersonas, los francotiradores, el terrorismo urbano y la adquisición de armas pesadas (misiles tierra-aire), da preponderancia a lo político aplicando el articulado del PC3, que incluye la consolidación, impulso y vigilancia del Movimiento Bolivariano, replantear el trabajo internacional afectado por la muerte de Raúl Reyes, fortalecer las relaciones internacionales, obtener inteligencia estratégica, infiltrar y penetrar el sector estatal, controlar los movimientos y organizaciones sociales, estructurar planes políticos avalados por el estado mayor y someter las órdenes militares al escrutinio de las comisiones políticas, entre otros.

Esas instrucciones dieron como resultado inicial el llamado “intercambio epistolar” con el cual Alfonso Cano mantiene contacto permanente con el llamado “Comité de Colombianos y Colombianas por la Paz” que es un abultado número de intelectuales colombianos y extranjeros que encandilados con el tema del secuestro y de eventuales procesos de paz, de buena fe hacen parte importante del trabajo político que necesitan las Farc.

En Colombia son tantos los intereses mezquinos y las corruptelas que bien cabe recordar frases inspiradoras dichas por personajes famosos de la historia que son tomadas según convenga en la actualidad: “Mentid, mentid, siempre algo queda” de Voltaire, famoso por sus escritos polémicos y subversivos contra el cristianismo; “cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá”, de Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler; y “Calumnia que algo queda”, ó “quien engañe, encontrara siempre quien se deje engañar”, de Maquiavelo.

Y es que las condiciones del país se prestan para ello, especialmente cuando es más importante el efecto mediático de una noticia que los perjuicios que pueda causar, porque ello representa beneficios económicos o políticos, tiene utilidad para excusar o justificar conductas claramente deplorables, o cuando se persiguen fines turbulentos.

Lo sindicatos en Colombia, han estado siempre, a veces injustamente, en la mira de las autoridades y de la opinión pública por existir sospechas de su vinculación, a veces indirecta y otras no tanto con los grupos armados ilegales. Y es que acudiendo a los hechos se encuentran casos a veces muy convincentes, imposibles de ocultar o de negar de simpatías entre unos y otros. El caso más reciente es del Presidente de la “Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO” Juan Efraín Mendoza Gamba, quien fue sorprendido y capturado en un campamento de las Farc, hecho que de inmediato, ante la imposibilidad (habiéndolo intentado), de darse a la fuga con los guerrilleros pretendió y aún se mantiene en ese esfuerzo, justificar su estadía en dicho sitio como un secuestro, teniendo además el cinismo de agradecer por su rescate.

Nada más difícil de creer cuando es perfectamente claro y lógico que un secuestrado en el momento mismo del secuestro sea despojado de sus pertenecías y este señor cargaba su morral; además portaba su celular, elemento primero en despropiarse a una persona cuando la secuestran para impedir que pida ayuda y-o indique su ubicación. Es tan poca la credibilidad a ese pretexto que los propios dirigentes de las agrupaciones sindicales como la CUT, en cabeza del señor Tarsicio Mora Godoy, se han manifestado en el sentido de que esos actos no son política del movimiento gremial y que por lo tanto quien incurra en ellos debe afrontar individualmente sus conductas. Es decir, si fue descubierto en sus actividades ilegales, que responda por ellas.

Además esos comportamientos no son nuevos, históricamente han existido y siempre han servido para reclamos, demandas y exigencias, no todas injustificadas, ante la sola mención de sus vínculos con los grupos armados. Todos los sindicalistas y los sindicatos se sienten aludidos y agredidos, y aunque no puede generalizarse, es inocultable que miembros de algunos sindicatos en Colombia y en el extranjero simpatizan ideológicamente con los grupos guerrilleros y gestionan apoyos políticos y-o económicos para el grupo armado ilegal

Las informaciones del computador de Raúl Reyes, son prueba indiscutible, (avalada por la Interpol), sobre la vinculación de algunos sindicalistas de Fensuagro con la agrupación terrorista, también están los estatutos de las Farc, ratificados en la novena conferencia de enero de 2007 y en el propio plan “Renacer revolucionario de las masas”: (“fuerte trabajo de infiltración y control de los movimientos y las organizaciones sociales”) de agosto de 2008 en los que Alfonso Cano ordena fortalecer el trabajo de masas, que no es otra cosa que el manejo de los grupos sociales, en cuya cabeza están los sindicatos. El propio Raúl Reyes era sindicalista al momento de ingresar al grupo armado en los años 70.

También es claro el apoyo que sindicatos y sindicalistas extranjeros dan al grupo terrorista; se conoce por información periodística de sindicatos daneses como “La Unión de Trabajadores de la Madera y la Construcción”, “El sindicato andaluz de trabajadores” de España; “El sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social” o “El sindicato mexicano de electricistas”, de México; la “Federación de profesores de secundaria de Ontario, OSSTF, de Canadá, entre otros que con seguridad deben existir.

Por ahora queda esperar que la verdad prime para que quienes siendo sindicalistas puros, alejados de todo vínculo con los grupos guerrilleros no sean juzgados generalizadamente, pero también que quienes estén vinculados sean enjuiciados con rigurosidad, tanto en lo penal como el lo moral, no solo por hacer parte o apoyar un grupo señalado por la comunidad internacional de terrorista sino por causar desprestigio al movimiento sindical honorable.

Ante una amenaza, real o potencial, es obligación de los organismos de seguridad ejecutar las actividades que sean necesarias para proteger al Estado, sin que importe de quien se trate; inclusive si el sospechoso hace parte de los altos niveles de la dirección estatal, si ejerce una profesión o un cargo que en algún momento pueda incidir en los destinos nacionales como los periodistas, los miembros de las Altas Cortes, los organismos de control o de seguridad del Estado; o si se trata de organizaciones influyentes en la opinión nacional como los Medios de comunicación y las organizaciones de Derechos Humanos.

Lo que no esta para nada dentro de lo legal y menos de lo ético, es que se hagan esas actividades, con medios, recursos y Agentes del Estado para favorecer hechos, personas y grupos criminales como guerrilleros y paramilitares; o para ejercer vigilancia a las actividades privadas de altas personalidades por intereses personales corrompidos.

Y no es solo porque esos hechos, delictuales en si mismos, afecten la honra y la dignidad de las personas afectadas sino porque además perjudica gravemente la legitimidad del organismo implicado y de paso la del mismo Estado, provee argumentos a sus enemigos para reforzar sus campañas de desprestigio y de paso brinda espacios útiles para los grupos armados que salen favorecidos del rio revuelto en que se torna el acontecer nacional cuando se enfrentan entre si varias de sus instituciones o sus más encumbrados dignatarios.

Y para solucionar definitivamente el delicado impase hace falta, y con urgencia, el concurso integrado del Estado, los organismos independientes de control y de justicia y los de seguridad, sin permitirse al juego de todos contra todos; cada uno en sus funciones dar los aportes del caso que permitan no solo corregir la actual crisis sino asegurar que no habrá reincidencias ulteriores. Cada organismo implicado debe aportar según le concierna; el Estado con la mayor responsabilidad debe aplicar los correctivos necesarios y suficientes para que su organismo de seguridad, involucrado como causante de la actual crisis por las interceptaciones ilegales, corte de plano toda actuación indebida que lo deslegitime y evolucione como la entidad guardiana del Estado que se requiere; y los demás organismos involucrados mediante aportes juiciosos y los controles del caso que conduzcan a una verdadera, eficiente y definitiva reestructuración de la entidad estatal, asegurando que la función del DAS se limite a “proveer inteligencia para la defensa de la democracia colombiana”, como le corresponde constitucionalmente.

A otros organismos como Fiscalía, procuraduría, etc., concierne aplicar con rigurosidad las normas que sean pertinentes encaminadas, lejos de cobrar ofensas particulares, a procurar justicia y a depurar el organismo que como tal no debe ser estigmatizado por el accionar de algunos de sus elementos, sino que superados los escollos presentes evolucione en la entidad que todos esperan para el beneficio nacional.

Lo que no debe hacerse es “cazar brujas” buscando malintencionadamente vincular agentes del Gobierno con los autores de las interceptaciones indebidas porque seguramente las hallaran, no porque en esencia todas sean ilegales, o porque no existan, sino por el hecho de que siendo el DAS el organismo de seguridad del Estado es apenas lógico que existan circunstancias en las que ambos tengan conversaciones y cruce de solicitudes e informes respecto al comportamiento de determinadas personalidades que en un momento dado representen alguna clase de riesgo para el estado, o estén en si mismos en algún peligro, sin que eso sea ilegal.

Por ejemplo, casos como los de algunos periodistas críticos del gobierno o de miembros de la llamada oposición (y otros muchos personajes de la vida nacional), que por su vocación social o por su desempeño profesional mantienen vínculos ideológicos y-o políticos con el presidente Chávez y de correspondencia con las Farc, justifican que el estado tenga conocimiento de algunas de sus actuaciones, pues sin que esa persona actúe ilícitamente, el hecho de tener contactos cercanos con grupos terroristas como las Farc, puede serles de gran riesgo y en tal caso el Estado tener la obligación de dar la protección pertinente, lo que solo es posible si se tienen los conocimientos mínimos respecto a donde y en que actuaciones andan.

No es posible que alguien con tan alto grado de estupidez pretenda algún día acceder a dirigir los destinos de una nación. Quienes dirigen a las Farc, están ciegos o son infinitamente estúpidos como para esperar, con actos de clara crueldad y terrorismo, que el pueblo y-o el mundo les brinde el apoyo que requieren para algún día librarse de los calificativos de terroristas y de narcotraficantes que tanto les afectan y que mucho esperan que les sean retirados y que además les den reconocimiento legitimo.

Y son estúpidos porque en su búsqueda de esos reconocimientos cometen actos que a más de crueles e inhumanos solo logran mayor rechazo y repudio, lo que indudablemente las aísla más de sus objetivos. A no ser que ese objetivo este, como piensan muchos analistas, en mantener indefinidamente en el tiempo la prolongación del conflicto como distractor para mantenerse en su actividad puramente narcotraficante y así mantener su enorme capacidad económica pretextando la búsqueda de recursos económicos para la guerra cuando en realidad se trata de un simple cartel que utiliza la guerra y el terrorismo como camuflaje del narcotráfico.

También son cínicos porque ante cada acto criminal, actúan inicialmente con indiferencia y hasta con negativas explicitas hasta que la fuerza de los propios hechos las obliga a reconocerlo, algo que hacen intentando justificarse echando las culpas y responsabilizando a otros, especialmente al Estado y a las mismas victimas. Y eso es algo a lo que han apostado desde sus inicios hace cerca de 50 años, y lo hacen porque muchas veces tienen quien caiga en esos engaños; se sirven de la ingenuidad nacional e internacional, de la buena fe y de los anhelos de paz general.

Pasó con la masacre de los 11 diputados del valle, la cual negaron insistentemente, inclusive acusando de ello al Estado colombiano y solo hasta que no pudieron ocultarlo más decidieron reconocerlo pero buscando pretextos y excusas para de todas formas evadir su total responsabilidad. Pasó con el secuestro y posterior masacre de tres indigenistas norteamericanos en la comunidad indígena panameña de Pucuró, el 31 de enero de 1994; pasó con los indigenistas estadounidenses, Terence Freitas, Ingrid Washinawatok y Laheenae Gay; en caserío El Chuscal, en jurisdicción de Cubará, departamento de Boyacá, límites con Arauca en 1.999, hasta que un video presentado por los medios de comunicación descubrió al “mono jojoy” fraguando la excusa mediante un “juicio ficticio” pero reconociendo que los habían “matado” por “enemigos de la revolución”; igual con 12 religiosos gnósticos que masacraron en mayo de 1999 en el municipio de Puerto Rico, departamento del Caquetá; etc., y con los profesores indígenas Arselio Peñas Guatico y John Jairo Osorio Pisario, pertenecientes a la reserva de Unión Waunana, situada entre Istmina y el Bajo Baudó, Chocó, a quienes secuestraron y posteriormente masacraron en abril de 2006, o la muerte de los indígeas Awá Juan Dionicio Ortiz, Ademelio Pai, Arcenio Canticús y los dos hijos menores de éste último, Germán y Andrés Canticús, el 15 de julio del 2007, en un campo sembrado de minas antipersonas, en la zona rural de Ricaurte, Nariño.

Ahora repiten con la feroz matanza de indígenas Awá en el departamento de Nariño, donde primero secuestraron, luego torturaron y finalmente masacraron a cuchillo al menos a 27 indígenas (según la propia versión awá), cosa que negaron hasta que la fuerza de los acontecimientos las obligó a reconocerlo (ocho según versión Farc), pero desde luego trasladando la responsabilidad no solo hacia el Estado colombiano sino a las propias victimas porque según los criminales eran colaboradores del Ejército Nacional.

Desconociendo en su ceguera cínica que por las condiciones geográficas y topográficas el acceso y la presencia de Tropas estatales se hacía supremamente difícil, a tal punto que para el arribo al sitio de los hechos fueron necesarios cerca de ocho días; además por los extensos campos sembrados de minas antipersonas que instalaron los guerrilleros en los alrededores de los cuerpos sin vida de los indígenas masacrados. Acto cínico reforzado con el eco que hacen algunas organizaciones no gubernamentales que secundan la versión guerrillera responsabilizando de los hechos al gobierno nacional, o en el mejor de los casos haciendo tímidos señalamientos contra el grupo armado. En total, según algunos estudios independientes, son cerca de 200 indígenas Awá asesinados en 4 masacres y 50 las victimas de las minas antipersonas, sin mencionar los casos de desplazamiento forzado, el confinamiento y otras agresiones y violaciones de las que son victimas esas comunidades por parte de las Farc y otros grupos armados.

“Estos crueles asesinatos violan los principios más básicos de la integridad y dignidad humana”. José Miguel Vivanco, Human Rights Watch.

Ante las circunstancias, tanto nacionales como internacionales, nada mejor que adaptarse y diseñar y ejecutar estrategias que permitan sacar provecho. Sabiéndose sitiadas en lo armado, limitadas a defender sus campamentos con el empleo masivo de campos sembrados de minas antipersonas, a explotar bombas en centros urbanos poco protegidos, a asesinar indígenas y civiles indefensos y a reclutar “jóvenes” para mantener su masa, las Farc despliegan todo su arsenal político buscando avances a pesar de esas circunstancias.

La estrategia es clara, valiéndose del anhelo de paz general y de la creencia de que estando reducidas en lo armado no tienen otra opción que aceptar diálogos bajo las condiciones del gobierno, ocultan tres verdades incuestionables: 1) las Farc nunca han pensado en desmovilizarse ni entregar las armas, esa es una consigna clara, reiterada en los últimos comunicados de Alfonso Cano; 2) Los procesos de diálogo, nunca han sido más que una maniobra para recobrar fuerzas, abastecerse, evadir cercos militares y buscar santuarios que les brinden condiciones políticas mejores; y, 3) cualquier acercamiento o proceso esta condicionado la libertad de Sonia, Simón Trinidad e Iván Vargas, que estando extraditados por narcotráfico y terrorismo difícilmente puede el Estado colombiano ceder a tal imposición.

Y como siempre, en su retórica atractiva los jefes guerrilleros tienen objetivos hábilmente camuflados: 1) desarrollar una estrategia político-electoral para sustituir la mano dura del presidente Álvaro Uribe por la de un sucesor que caiga en la trampa de los procesos de paz (estrategia del péndulo), 2) debilitar el discurso de los candidatos afines a la Política de Seguridad Democrática, PDSD, 3) fortalecer la estrategia de solución negociada, 4) mediante liberaciones unilaterales simultáneas con actos terroristas y asesinatos indiscriminados desacreditar la PDSD y demostrar que en consecuencia se requieren opciones y candidatos distintos; 5) posicionar el Intercambio humanitario como eje de la campaña electoral, 6) crear un espacio político que margine al gobierno nacional de las liberaciones favoreciendo la participación de colombianos y colombianas por la paz con miras a las elecciones del 2010; y, 7) presionar al gobierno nacional para que acepte las condiciones de las Farc en eventuales próximas liberaciones: despeje, participación internacional, liberación de extraditados.

Además: 1) vincular gobiernos y personalidades extranjeras para recuperar escenarios externos perdidos, 2) manipular las liberaciones unilaterales para liberarse de las presiones internacionales, y, 3) vincular en el proceso a organismos multinacionales como UNASUR que quedaría bien posicionada frente a otros como OEA y ONU que no han logrado mayores avances en dichas liberaciones o procesos.

Faltaría mencionar a cargo de quienes estaría la ejecución de esas acciones y como es apenas lógico también los tienen: 1) periodistas que engañados en su buena fe o por simpatía ideológica les hacen el trabajo publicitario, 2) liberados debidamente aleccionados que desacrediten los rescates humanitarios (operación jaque), 3) intelectuales amigos “aliados estratégicos”, 4) ONG’s simpatizantes o engañadas, 5) seguidores de ideologías afines como el socialismo del siglo 21, foro de sao paulo, y, 6) medios de comunicación sectarios como ANNCOL, Agencia Bolivariana de Prensa y Telesur, y organismos socialistas regionales como la Coordinadora Continental Bolivariana, etc.

Todo eso reforzado con otras acciones que con seguridad reforzaran la estrategia general, como las marchas indígenas y campesinas; los paros sindicales y judiciales y las protestas estudiantiles, por cuanto crean un clima de agitación y desorden que debilitaría al Estado.

Finalmente, no puede descartarse la actividad armada o terrorista, solo que ella estaría reservada para períodos de tiempo específicos como por ejemplo los primeros meses de próximo año dado que se trata de un ciclo de mucha intensidad política por las campañas presidenciales y fechas conmemorativas como el 45º aniversario del grupo armado el 27 de mayo, o las muertes de sus comandantes, Raúl Reyes el primero de marzo, Iván Ríos el 7 del mismo mes y por supuesto la de su máximo líder ‘Tiro Fijo’ el 26 de mayo, etc., en el que bien serviría un intenso clima de violencia y de incertidumbre.

"Perdió donde le duele" fue uno de los titulares con que los medios de comunicación registraron los resultados del proceso electoral en Venezuela. En este sentido, para varios analistas la victoria de la oposición en 5 de los 22 es una señal inequívoca de cómo el proyecto bolivariano ha perdido vigencia en las áreas de mayor concentración demográfica y desarrollo económico del país.

Desde esta perspectiva, el avance político de la oposición demostraría un saludable equilibrio que, en el mediano plazo, tendría que redundar en la moderación de la revolución bolivariana. No obstante, y a partir del mismo panorama, el oficialismo venezolano se atribuyó de igual manera la victoria de los comicios, de manera que el Presidente Hugo Chávez Frías no dudo en interpretar el mensaje enviado por el electorado como una señal inequívoca del deseo de la mayoría de venezolanos para dar continuidad a las medidas de la "revolución bolivariana".

Podría decirse que cuando en una democracia liberal todas las corrientes políticas se sienten a gusto con los resultados, la estabilidad del sistema está garantizada. No obstante, tal como lo han señalado varias organizaciones a nivel mundial, es difícil caracterizar a la República Bolivariana de Venezuela como un sistema democrático liberal. De hecho, el escenario proselitista previo estuvo caracterizado por una campaña sistemática de persecución política tanto a los disidentes del chavismo como a los opositores históricos. En tal campaña, el mismo presidente Chávez llegó a insinuar la utilización de Fuerza Militar contra aquellos Estados dirigidos por la "oligarquía" que "pudiesen conspirar" contra el desarrollo de la revolución

Bajo las circunstancias señaladas, difícilmente el gobierno nacional venezolano va poder avanzar en su revolución sin llegar a confrontarse directamente con los gobiernos regionales. Bajo esta premisa fundamental, el trámite de los conflictos nación-región pueden desembocar en varios escenarios, dentro de los cuales está la polarización entre una "nación pobre revolucionaria" contra unas "regiones privilegiadas contrarrevolucionarias" (en los términos del Presidente Chávez). En el peor de los casos, la tensión puede emular la delicada situación de orden público registrado en Bolivia que, en el caso de Venezuela, podría tener repercusiones mucho más graves por cuanto Chávez ha estado construyendo poco a poco toda una infraestructura de guerra irregular para "sostener la revolución".

Sin embargo, la hipótesis de una guerra civil, aún cuando teóricamente posible, no alcanza a ser en la práctica del todo clara, por lo menos en el corto plazo. Esto, en primera instancia, por cuanto el escenario de confrontación va ser canalizado a través de la disputa de las próximas elecciones de la Asamblea Nacional, escenario donde Chávez tendría una nueva oportunidad para captar la simpatía del electorado y legitimar la posibilidad de perpetuarse en el poder de manera plebiscitaria. Pero, más allá de los incentivos que puede generar las elecciones en el mandatario de turno, lo cierto es que la oposición ha encontrado que el proselitismo electoral puede ser el mecanismo más efectivo para deslegitimar la revolución bolivariana y desmontar el esquema autoritario chavista. En este sentido, es estratégico para la oposición evitar niveles de polarización que den algún pretexto al gobierno para sostener una hipótesis de conspiración.

Una primera consecuencia de este escenario para la región se traduce en términos de reorientación de prioridades de la "revolución bolivariana" hacia adentro y de cara a las próximas elecciones de la Asamblea Nacional. Así como sucedió con Cuba, cuando Fidel Castro se vio obligado a claudicar en el intento de exportar la revolución debido a las dificultades políticas al interior de la isla, en el caso de Venezuela se presentaría una situación parecida. Además, no hay que pasar por descontado el hecho que el principal aliado de Venezuela en la región, Ecuador, ha venido señalando la posibilidad de moratoria en sus compromisos de deuda. Así, en el eje Caracas-Quito poco interés se tendrá de discutir la proyección internacional de un modelo político de alianza que, en la práctica, pone a los presidentes a competir por recursos escasos. Lo anterior, sin contar la caída del precio del petróleo.

Habría que decir que el escenario que ahora sufre el chavismo no es muy lejano al acontecido tras la derrota del referendo de reelección indefinida. Si se ve con detenimiento, desde ese momento el gobierno venezolano adoptó una posición mucho más prudente frente a temas fronterizos con Colombia en particular y una actitud menos interesada en hacer valer su peso en la región. Por supuesto, en el repertorio de acciones estratégicas de un proyecto político como el chavista siempre está la opción de fabricar un supuesto escenario de persecución por parte de "fuerzas oscuras internas e internacionales", con el fin de lograr mediante el miedo en la población lo que no puede lograr mediante las políticas públicas en el país con mayor inflación de América Latina.

luisaperzbar@yahoo.es

Una antigua frase popular dice que “solo al árbol que da mejores frutos le tiran piedras” y eso parece confirmarse en todo caso frente al estado colombiano y al gobierno, no solo al actual sino históricamente a todos; solo que contra el actual, precisamente el que mayor aceptación popular y el que mejores resultados muestra frente a la violencia y la economía, es el objetivo de una gran andanada de piedras, y desde muchos sectores. Y al parecer la motivación se justifica en otro texto clásico infantil según el cual cuando la zorra no pudo alcanzar la uvas las despreció porque estaban verdes.

No es posible dar satisfacción a todos; ni siquiera en las mejores y más solidas familias puede el jefe del hogar complacer los diversos antojos de todos sus hijos. En el país, pasa igual, solo que aquí es premeditado y no para satisfacer antojos sino para desprestigiar a quien lo represente, y no por ilegitimo sino porque su permanencia en el poder impide la legada de quienes lo atacan.

Cuando cotidianamente los grupos paramilitares masacraban a los colombianos todos lamentaban lo hechos y exigían del estado acciones contundentes que protegieran a los colombianos; luego, cuando esos crímenes bajaron a cero porque sus perpetradores fueron apresados, exigieron la extradición por creer que la justicia en Colombia era frágil para tan graves crímenes, y cuando fueron extraditados reclamaron porque esto impedía los procesos en el país.

Cuando las farc, el eln y los demás grupos guerrilleros secuestraban, extorsionaban y asesinaban a todo aquel que osara no simpatizar con sus causas o transitar por las carreteras y los campos colombianos, o cuando volaban oleoductos, puentes, edificios, vías, etc., en pleno derecho reclamaban acciones del gobierno que los protegiera de esos actos, pero cuando esas ellas llegaron gracias a las políticas gubernamentales, las exigencias no pararon sino que mutaron a otros campos, ya no directos por no existir argumentos validos, y en el propósito inicial y perpetuo de “poner en aprietos” al presidente, optaron por los ataques mediáticos y jurídicos, también utilizando las acciones que buscando la satisfacción popular había tomado el gobierno.

El arma de lucha, ahora, es la llamada ley de victimas. No vale que para redactarla se hayan acatado recomendaciones de organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales, y de las propias victimas consultadas en audiencias públicas en diez regiones distintas del país y que ella contemple la reparación desde varios mecanismos como indemnización, restitución, rehabilitación, reparación simbólica, medidas de satisfacción y de no-repetición. Además, para nada niega la reparación de las victimas cuando los responsables sean agentes del estado, solo que para estos casos debe ser por la vía judicial. Mientras para las victimas de los grupos armados no.

Dicha ley, fue exigida como único mecanismo de protección, justicia y resarcimiento de todos los colombiano frente a las agresiones violentas de que estaban siendo victimas, sin que hubiera distinciones en cuanto al agredido ni al agresor, pero como la intención, otra vez, no es proteger derechos humanos, que son solo el pretexto, sino el desprestigio institucional, pretenden que esa ley sea aplicada no tanto contra los delincuentes como contra quienes los enfrentan.

Por eso exigen que baste el solo señalamiento contra un miembro del estado para que siendo considerado culpable de antemano, sin juicio previo, sin debido proceso, reciba el castigo y el estado indemnice solo por el hecho de haber sido acusado; entonces, donde esta el verdadero sentido de lo justo? Esta bien que cuando la persona sea victima, acreditada judicialmente, de un determinado grupo armado sea indemnizada solidariamente por el estado porque el agresor no este presente para que en juicio sea demostrada su responsabilidad y porque de haberlo sido, no tenga recursos para reparar los daños causados, pero en cuanto a los miembros de las fuerzas armadas, por estar presentes es indispensable que su responsabilidad este determinada como resultado de un proceso judicial, no por la mera acusación que corre el enorme riesgo de ser mal intencionada o injusta.

luisaperzbar@yahoo.es