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El próximo primero de noviembre se termina el veto que impedía a la Corte Penal Internacional, CPI, intervenir en Colombia. Un tema de muchísima importancia que al parecer el Gobierno Nacional no le da la suficiente importancia.
Se supone que el Presidente Andrés Pastrana, días antes de entregar su mandato pidió una prórroga de siete años, como lo permite el artículo 124 del Estatuto de Roma, para la entrada en vigencia de la acción de la CPI, en lo referente a los Crímenes de guerra (artículo 8°), con la supuesta intención de no afectar posibles y futuros diálogos de paz con los grupos armados.
Sin embargo no hubo tales diálogos y a pesar de la innegable mejoría en la reducción de los índices de violencia los casos de infracciones al Derecho Internacional Humanitario siguen; los grupos armados aún secuestran, asesinan personas y destruyen o se apropian de bienes protegidos, reclutan forzadamente a menores de edad, utilizan las tenebrosas minas antipersonas y fuerzan abortos al interior del grupo armado, etc.,
Pero algo por decir lo menos es curioso; cuando se supone que la Corte entraría a juzgar personas también por crímenes de lesa humanidad como está considerado el abominable secuestro, sin que a ello hubiera veto alguno no ha tomado ninguna acción y si espera con firmeza que finalice sobre los crímenes de guerra como si ya hubiera predisposición y objetivos específicos seguramente, como lo afirmara el propi Fiscal Luis Moreno Ocampo, Colombia está “incluida en el paquete de naciones en su mira” como si no lo estuviera ya desde la misma creación del órgano de justicia internacional.
Parece paradójico que no haya tomado acción alguna sobre como los crímenes de genocidio (artículo 6°) que son las masacres de indígenas, de diputados, de civiles indefensos, etc., o de lesa humanidad (Artículo 7°) como el secuestro (privación grave de la libertad física), el asesinato, el desplazamiento forzado, la tortura, la violencia sexual, etc., que son “prácticas generalizadas y sistemáticas” de los grupos guerrilleros y sí está muy atenta a iniciarlos sobre los de guerra como si desconociera su ocurrencia o no tuviera jurisdicción sobre aquellos.
Además según se entiende de sus propias declaraciones, su mayor interés está en los crímenes cometidos por los grupos paramilitares como si una masacres de estos fuera más grave que las de las Farc, o como si el veto hecho por Colombia cubriera hasta hoy no solo los crímenes de guerra sino también los de lesa humanidad y los de genocidio muy comunes en todos los grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes.
Sin embargo la culminación del veto es muy positivo para Colombia porque obliga a los criminales a pensarlo dos veces antes de cometer cualquiera de los crímenes que sean de la competencia de La Corte y de cometerlos a respetar la justicia nacional y además estimula al Gobierno a aplicar con rigor las leyes nacionales como única garantía para mantener lejana la actuación de la CPI y de paso tranquiliza a las organizaciones no gubernamentales que ven impunidad en todo lo que haga el Gobierno pues la lejanía de la CPI es garantía de la aplicación, ejercicio y eficiencia de nuestro sistema judicial.