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Toda manifestación popular, además de ser un derecho fundamental es asimismo una expresión cultural y en consecuencia no puede ser coartada; por el contrario, debe ser apoyada, respaldada y acatada. Tampoco debe ser utilizada como herramienta político-ideológica para beneficiar o arrinconar, según convenga, a un determinado sector.

Las comunidades indígenas colombianas argumentan para sus constantes movilizaciones causas en apariencia justas pero que vistas a fondo no son tanto. Y no son justas por cuanto son la colectividad que recibe del Estado los mayores beneficios en becas estudiantiles, servicios de salud gratuita y recursos económicos para sus proyectos sociales, mucho mejores que los recibidos por cualquier otro colombiano; además son quienes mayores y mejores tierras poseen. Siendo una agrupación aproximada de un millón y medio de individuos que equivaldrían al 3.3% de la población total de Colombia, son dueños del 27% de las tierras agrícolas que tiene el país.

Particularmente en el Cauca donde desarrollan una marcha desde hace dos semanas, la comunidad indígena suma aproximadamente 300 mil individuos y sin embargo cuenta con 700 mil hectáreas, más de dos hectáreas por individuo, incluyendo niños y ancianos, de tal suerte que cada familia indígena promedio de 5 personas tendría más de 10 hectáreas mientras muchos otros colombianos no tienen tan siquiera un solo metro. Quizás sea eso a lo que los propios indígenas, las ONG de derechos humanos y coincidencialmente las farc llaman desigual distribución de la tierra, caso en el cual tendrían razón absoluta.

Actos coincidentes también con las estrategias impuestas por Alfonso Cano a su llegada a la máxima dirigencia en las farc en las que orienta a su hombres a mover aliados políticos y personajes afines a su ideología para hacer más candente, por ejemplo, el enfrentamiento de algunos magistrados de algunas Cortes con el presidente Uribe y a promover los recientes paros de jueces, de cortadores de caña, de indígenas y otros sectores controlados por una extrema izquierda muy próxima al grupo armado.

En caso tal, y dado que la normatividad existente es explicita y clara respecto a la igualdad de las personas frente a los derechos humanos, que deben ser respetados más allá de diferencias de tipo racial, cultural, económico, ideológico, sexual, etc., sería apenas justo y aún necesario que fueran puestos en una balanza las posesiones de tierras y los beneficios que reciben del gobierno las comunidades indígenas frente a las posesiones de tierras y beneficios que reciben los demás colombianos y en justicia hacer una redistribución equitativa con lo que seguramente muchas de las necesidades de los colombianos no indígenas quedarían solventadas.

Pero como en Colombia cada acontecimiento oculta un segundo propósito, casi siempre en perjuicio gubernamental, o en beneficio de fuerzas adversas, este caso no podría ser la excepción. Y no es que la población indígena haga parte de ese propósito sino que es hábilmente manipulada y sus reales y nobles derechos utilizados para acorralar al gobierno e imposibilitarle su ejercicio democrático.

Por eso es que la marcha indígena actual más que reclamos por mayores tierras, que es solo el pretexto, exigen cosas que muy poco son de su incumbencia, (siendo absolutamente imparciales como se declaran constantemente), como el intercambio humanitario, la solución negociada del conflicto, la negación del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, la eliminación de la política de seguridad democrática, el rechazo a la reelección del presidente Uribe, entre otras cosas, que como ya esta dicho coinciden con las exigencias del grupo guerrillero farc. Inclusive, es tanto el grado de manipulación de la marcha por parte de esas fuerzas oscuras, que se han visto actos propios del grupo armado como el empleo de bombas artesanales, con las cuales causaron la mutilación de las manos de un agente de policía, la herida grave de cerca de cien más y la muerte de varios indígenas marchantes.

Y no solo eso, sus consignas contra el “imperialismo yanqui”, a favor de “socializar o nacionalizar” la producción, contra el TLC, etc., muestran gran afinidad con posiciones de la llamada oposición o izquierda colombiana y con los movimientos socialistas que pululan en la región, que sin ser actos ilegales, son clara prueba de que se trata mas que de una manifestación por la reivindicación justa de unos derechos en nada vulnerados, de un acto político-ideológico con fines claros de desestabilizar el gobierno existente.