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Tampoco esta vez las Farc van a negociar la paz; no solo porque no quieran sino porque ya no pueden, son conscientes de que sus actos desbordados al genocidio, la lesa humanidad, el terrorismo y el narcotráfico le impiden a la legislación colombiana conferir beneficios que impliquen la menor impunidad, porque eso daría acceso a la jurisprudencia internacional en cabeza de la Corte Penal Internacional, CPI, ante la cual el Estado colombiano no esta en condiciones de mostrar incapacidad y por lo tanto tiene, más que la obligación, el deber de hacer justicia suficiente y eso implicaría juzgar los actos de las Farc más allá de cualquier resultado de un eventual proceso de paz.

Las Farc ven hoy un único camino aunque sea incierto; para ellas solo queda mantenerse en el tiempo más allá de lograr la toma del poder cada vez más imposible, y lo saben pero no ven mucho por hacer; Alfonso Cano no puede hacer diálogos de paz serios con el Gobierno porque sería visto por los demás integrantes del secretariado como un traidor de los principios estatutarios de la organización armada y especialmente del legado de Manuel Marulanda. Pero no puede tampoco negarse a las conversaciones y mantener en preferencia la acción terrorista causante del estado actual de “resquebrajamiento” en el que esta el grupo armado porque ello sería su capitulación definitiva.

Y menos puede permitir que la opinión pública lo juzgue como el que no quiere la paz; esa responsabilidad intenta trasladarla al Gobierno Nacional evadiendo la suya propia. En tal vía emite un comunicado ‘renunciando’ al despeje de Pradera y Florida como condición para acceder a conversaciones, dejando abierta la posibilidad de pedir otra zona y además condiciona esa posibilidad al intercambio del cadáver del Mayor de la policía Julián Ernesto Guevara asesinado en cautiverio por los de los jefes guerrilleros Raúl Reyes e Iván Ríos, los cuales aseguran las autoridades haber entregado ya a sus familiares. Es decir, acceder a esa exigencia ya no depende del Gobierno Nacional y eso será mostrado por Cano como “falta de voluntad del gobierno” dando en consecuencia la ruptura de los acercamientos en clara culpa del Estado.

Otro asunto a tener en cuenta. Para las Farc los diálogos de paz no son más que una útil herramienta, históricamente usada en varios sentidos, todos hasta hoy proveedores de beneficios para el grupo armado. Desde sus inicios los han empleado y siempre les han aportado beneficios exclusivos, mientras para el Estado colombiano han representado fracasos. Entre los muchos procesos iniciados pueden destacarse los que podrían llamarse tres grandes bloques de diálogos: el primero en la década de los ochenta durante el gobierno del presidente Belisario Betancurt, del cual se tuvo como único resultado que las Farc pasaron de siete (7) a cuarenta (40) frentes, de setecientos (700) a cuatro mil (4.000) hombres y de trescientas (300) a dos mil (2.000) armas largas en los tres años que duró ese proceso.

El segundo ‘bloque’ fue en la década de los noventa durante el gobierno de Cesar Gaviria; inició Cravo Norte, Arauca; paso a Caraca Venezuela y terminó en Tlaxcala México, y aunque no hubo ningún avance hacia la paz el resultado para el país fue trágico, pues las Farc fortalecidas vieron la ocasión propicia para saltar de la llamada “guerra de guerrillas” a la “guerra de movimientos” movilizando grandes cantidades de hombres y atacando grandes unidades militares y de policía dando como resultado ataques como Mitú, Puerres, Patascoy, Vista Hermosa, Miraflores, la Carpa, El billar, etc., en los que asesinaron y secuestraron a cientos de uniformados, además se tomaron la vías nacionales (pescas milagrosas) donde secuestraban indiscriminadamente, seleccionaban las personas por condición económica, política o profesional para secuestrarla o asesinarla y además destruían los vehículos causando un grave estado de zozobra nacional que daba la sensación de triunfo del grupo armado.

El tercer ‘bloque’ se dió finalizando los noventas y comenzando los dos mil durante la presidencia de Andrés Pastrana, se conoció como el “Caguán”, y cuyo único resultado fue lo que han llamado “la internacionalización” de las Farc. Todo el mundo pudo ver con aires de estadista a Tiro Fijo, al Mono Jojoy, y en fin a las cabezas mayores del grupo armado ante quienes se hacían filas, no solo de nacionales sino principalmente de extranjeros, para buscar una foto, tomar una entrevista o dar-recibir un regalo.

Las Farc se sintieron triunfadoras absolutas, establecieron relaciones con gobiernos ideológicamente afines, crearon movimientos políticos como el Partido comunista colombiano clandestino, PC3; y el Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia, MBNC, que sería la base para el nacimiento de la Coordinadora Continental Bolivariana, integrada por todos los movimientos de izquierda y revolucionarios de América encabezados en su presidencia por el propio Tiro Fijo y Alfonso Cano, etc.

Tales son los resultados de los procesos de paz para las Farc, que hoy en su peor momento vuelven a ellos sabiendo que sin otra opción para mantener cierta vigencia, solo queda aprovechar la escasa memoria del país que en su afán de paz vuelve a creer en ellas. Ojalá pudiera Alfonso Cano sentarse a dialogar con intensiones serias pero no es muy probable ni le conviene que los ‘duros’ del secretariado como mono Jojoy, Timochenko, Iván MarqueZ, etc., lo consideren traidor. O sea diálogos si, pero no hacia la paz sino hacia la preservación de movimiento guerrillero. Al final algo quedará y con seguridad no será en beneficio del Estado Colombiano.

Aunque los grupos armados ilegales han azotado con sus métodos violentos durante mas de 45 años al pueblo colombiano, son consientes de que eso no los llevará nunca al poder, y lo hacen como una simple estrategia de distracción para ocultar la guerra política que sí podría hacerlo; y no son acciones independientes sino complementarias porque los actos armados benefician lo político cuando dan la sensación de incapacidad del Gobierno para derrotarlos en lo armado y que por lo tanto es indispensable hacerlo en lo político mediante procesos de dialogo, históricamente rentables a los intereses guerrilleros.

Esta concepción no es nueva, históricamente los grupos armados hacían guerra política (denuncias masivas, manejo de las masas, manipulación de los medios, infiltración en los entes de control y justicia, etc.), mientras el Estado se limitaba a lo estrictamente militar pretendiendo con ese solo frente de acción derrotar la agresión de los grupos guerrilleros ignorando, o bien subestimando, la importancia de las acciones políticas de los violentos.

Es así que las Farc, el Eln y demás grupos armados logran no solo mantenerse por mas de cuatro décadas sino avanzar al punto de tener aceptación en muchos países de Latinoamérica y Europa, lograda gracias a un atractivo discurso según el cual esos “diplomáticos” buscaban ayuda para liberar al pueblo colombiano de una supuesta opresión estatal; su argumento fue siempre el tema de los Derechos Humanos en lo cual fueron de suma importancia las organizaciones no gubernamentales que creyendo el cuento, seguramente por no conocer otro, se alinearon con los guerrilleros para desacreditar la legitimidad del Estado como requisito determinante para tomarse el poder.

Aunque evidente y fundamental, ese aspecto fue desestimado por los distintos gobernantes permitiendo así los avances hoy conocidos, que por grandes, aun habiendo entrado ya a enfrentarlos en lo político no son nada fáciles de sortear aunque por fortuna hayan no solo frenado sino retrocedido el avance de los guerrilleros. Pero consientes de la gran astucia y habilidad política de esos grupos, particularmente de las Farc, cabe analizar sus reacciones y encontramos varias estrategias dignas de tener en cuenta para adoptar acciones que sirvan no solo para la derrota en lo armado sino también y principalmente en lo político.

Hasta el año 2002, las Farc lograron avances que los hicieron creer que ya habían logrado el poder; la zona despejada del Caguán fue para ellos una señal inequívoca de eso: diplomáticos y políticos europeos, periodistas e intelectuales internacionales, hacían fila para estrechar la mano de ‘Tiro Fijo’ y del ‘Mono Jojoy’, se peleaban por una foto con ellos y pagaban lo que fuera por una entrevista, etc. Los guerrilleros mientras tanto hacían proselitismo abiertamente, daban extensos discursos en la plaza pública y desterraban de la zona despejada a quienes no creyeran dignos de pisar el que creían su territorio, etc.

Pero terminado el despeje, de repente se vieron forzados a regresar a las profundidades de la selva, impedidos para secuestrar, asesinar y destruir en las carreteras; obligados a esconderse en cavernas o en sectores fronterizos y rodearse de campos minados como único mecanismo de protección. Sus acciones de fuerza con las que daban la impresión de estar ganando fueron reducidas porcentualmente en más de 90% y sus hombres a menos del 50%, incluyendo muchos de los llamados mandos medios que para los conocedores son la “columna vertebral” del grupo armado. Como si fuera poco, mueren Tiro Fijo, Raúl Reyes e Iván Rios del secretariado, y sus planes y contactos en todo el mundo descubiertos.

Entonces, diseñan planes nuevos con los que esperan frenar su retroceso calculado por estudiosos en 20 años y superar el estado de “resquebrajamiento” en el que están. En enero del 2007 hacen la novena conferencia y de ella surge el llamado “plan 2010”, reestructurado en agosto del 2008 mediante el titulo de “plan renacer”, orientado básicamente a implantar para el año 2010 un “gobierno de transición” favorable a sus intereses. Pero reconociendo la imposibilidad de postular a uno de sus integrantes deciden apoyar a uno que desde la legalidad, una vez en el poder pueda devolverles ‘el favor’. Imponen el tema de campaña: “Intercambio Humanitario” y la estrategia: desprestigio de la Política de Seguridad Democrática, PDSD; y los votantes: “seguidores del socialismo del siglo XXI, partidos de izquierda democrática, corrientes Bolivarianistas, Partido Comunistas Colombiano Clandestino, PC3, inconformes y disidentes de los partidos tradicionales, etc., y lo medios de difusión, Anncol, Indymedia Agencia Bolivariana de Prensa, telesur etc.”. Además dirigen su mayor esfuerzo a recuperar los espacios políticos y apoyos (nacionales e internacionales) perdidos, o bloqueados, por los descubrimientos hechos gracias al computador incautado a Raúl Reyes.

Por ello, las liberaciones unilaterales de seis secuestrados y el último comunicado en el que se presentan abiertas al intercambio humanitario sin muchas exigencias, las combinan con acciones terroristas como la masacre de los 27 Awás, la voladura del acueducto de Villavicencio y otras acciones terroristas buscando demostrar, por un lado que tienen voluntad política y por el otro que la PDSD luego de ocho años naufragó y por lo tanto en 2010 debe ser sustituida por una de diálogos, negociaciones, intercambios, etc. Es decir un “gobierno de transición” como esta escrito en sus estatutos desde 1964.

Varios actos, todos ellos deplorables por cínicos, hicieron las Farc para escarmentar al pueblo colombiano, el haber marchado contra ellas el 4 de Febrero de 2008. Además de buscar opacar la noticia, que de otra forma hubiera sido la de mayor relevancia, al cumplirse el primer año de la protesta multitudinaria el grupo terrorista liberó dos días antes y uno después a seis secuestrados asegurando antes un espectacular show mediático-político; mientras tanto secuestraba a un grupo de 27 inocentes indígenas de la etnia Awá, en el departamento de Nariño, para luego asesinarlos sin que importara el hecho de que algunas de esas personas eran mujeres en avanzado estado de embarazo y causando además el desplazamiento de más de 400 de ellas.
En clara muestra de autonomía y valor, el 23 de marzo del 2009, cerca de 700 indígenas rebelados contra los secuestradores y asesinos de su pueblo y ante la inhumana negativa de devolver los cadáveres exterminados a punta de cuchillo por las Farc, decidieron, junto a representantes del Estado, miembros de algunas organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo Delegada para las minorías étnicas, iniciar una peregrinación, llamada “Minga Humanitaria por la Vida y la Dignidad del Pueblo indígena Awá”, hacia el interior de la selva con el fin de recuperar los cuerpos de los indígenas asesinados por el grupo terrorista.

No sin grandes sacrificios físicos y debiendo sortear, además de las dificultades atmosféricas y topográficas, el enorme riesgo que revisten los campos sembrados con minas antipersonas, que los asesinos plantaron para dificultar la acción de recuperación de los cuerpos y buscando la muerte de quien se atreviera a llegar al sitio; hallaron los cadáveres de ocho indígenas, dos de los cuales pertenecerían a las indígenas Omaira García y Patricia Guanga, cada una con siete meses de embarazo.
Sin embargo poco ha sido el cubrimiento mediático, quizás porque no vende tanto como la última carta de Alfonso Cano al llamado ‘Comité de colombianos por la paz’ en la que cínicamente propone una especie de intercambio de cadáveres como condicionante para devolver el cuerpo de una de sus victimas asesinada varios años de después de haberla secuestrado, descontando méritos a la acción altruista de la comunidad Awá que retando peligros presentes y futuros se internó hasta el área del crimen en abierto desprecio por los asesinos y sus amenazas.

Tampoco es notable la presencia de muchas de las ONG de Derechos Humanos, acérrimas críticas cuando se trata de fiscalizar los actos del Estado, pero que en esta oportunidad han brillado por su ausencia. No se sienten, en este caso, las condenas contra los autores ni las expresiones de solidaridad con las victimas de los movimientos llamados bolivarianos, ni del mencionado Comité de Colombianos por la Paz. No se han visto ni oído sus condenas por este indiscutible acto genocida, reconocido con cinismo por el propio grupo armado y por el contrario pretenden trasladar la responsabilidad al Estado como si las Farc hubieran asesinado a los 27 Awás en cumplimiento de políticas estatales.

Quizás pasa que si el reclamo se hace contra los asesinos no tiene los efectos políticos y económicos que si tiene hacerlo contra el Estado dadas las numerosas organizaciones que se lucran abundantemente con cada condena monetaria impuesta a la nación; además se esconde que se trata de la aplicación de parte del llamado “plan renacer” impuesto por Alfonso Cano según el cual “es prioridad infiltrar y controlar los corredores que atraviesan Nariño, Cauca y Valle, …todas las zonas que tienen la fortaleza de las represas (Anchicayá y Salvajina) y las comunidades indígenas, que tiene que trabajarlas para que estén de nuestra parte, …el refuerzo en las filas tiene que salir de las comunidades indígenas asentadas en los campamentos farianos”. Claro mensaje, se unen a las Farc o mueren.

Ojalá quienes se prestan al macabro juego de las Farc, superando diferencias políticas o ideológicas sumen esfuerzos contra los verdaderos secuestradores y asesinos y se pongan del lado de las victimas, apoyen la comunidad Awá, y en unidad, aunque ello no represente desprestigio del Estado, condenen sin temor y con afluencia, todos esos actos; que marquen sus posiciones contra los indiscutibles causantes, no solo de estas muertes inocentes sino de muchas más que tanto quiere erradicar el pueblo colombiano y que entiendan que no es culpando de ellas al Estado como los victimarios reciben castigo porque eso lo que hace es fortalecer y generalizar el crimen.

En mayo de 1930, en Génova, Quindío, nacería quien poco tiempo después deslumbrado por la teoría marxista de igualdad para todos obtenida a punta de fusil se convertiría en el más brutal criminal que haya habido en país alguno. El acto inspirador fue el asesinato del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán, en abril de 1948 porque motivó mortales pugnas entre partidarios del liberalismo, seguidores del caudillo asesinado contra los conservadores considerados autores del crimen.

Como acérrimo militante liberal, organizó al campesinado en grupos de “autodefensa campesina” para enfrentar la agresión conservadora; lo cual fue hábilmente utilizado por el partido comunista, ya instalado en el país, para implantar sus tesis de lucha de clases, dictadura del proletariado y toma del poder por la vía armada.

Muchos liberales rechazaron esa teoría por considerarla violenta y abandonaron el movimiento campesino pero otros aceptándola se organizaron en “guerrillas móviles” y fue entonces cuando, y como, surge el actual estado de violencia que agobia a todo el pueblo colombiano. De entre los dirigentes de esas guerrillas, surge por su astucia, su sagacidad y sobre todo su finísima puntería, capaz de asesinar a un Agente de la Policía a una distancia superior a los 500 metros, un liberal venido a comunista que luego sería conocido como ‘Tiro Fijo’ o ‘Manuel Marulanda Vélez’, que en realidad se llamaba Pedro Antonio Marín.

Su triste liderazgo estuvo soportado en su frialdad a la hora de dirigir personalmente o de ordenar actos aterradores sin que le importara quien cayera, y de su cinismo al reconocerlo con morbosidad como si fuera una gran muestra de altruismo. Entre sus primeras ejecutorias conocidas están el secuestro del Juez Superior de Marquetalia en 1963 y la toma al municipio de Inzá, Cauca, en 1965 en la que fue autor material del asesinato de 16 personas civiles entre ellas las monjas Zulien Arroyave y Blanca Ruiz.

A la fecha de su muerte suman en contra suya cerca de 150 órdenes de captura por su autoría directa e indirecta en la comisión de crímenes como rebelión, homicidio, terrorismo, concierto para delinquir, secuestro simple, secuestro agravado, daños a propiedades públicas y privadas, hurto y lesiones personales, entre otros. Además corren en su contra 120 procesos penales por tomas de poblaciones donde las victimas siempre fueron civiles indefensos, emboscadas a unidades militares y policiales, secuestros masivos, retenes ilegales en las vías donde no solo destruían los vehículos sino que asesinaban y secuestraban a los transeúntes.

Entre sus crímenes, (por los cuales fue juzgado y condenado), siendo muchos, se destacan algunos por su gran impacto social como el atentado terrorista al club ‘el Nogal’, en Bogotá, donde fueron asesinadas 36 personas civiles y más de 100 heridas; el uso del cadáver de un niño de 14 años como “cadáver bomba” para explotarlo al paso de un grupo militar en Vista Hermosa, Meta; el secuestro y asesinato un año después del Gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria Correa, el exministro Gilberto Echeverry y 8 militares mientras realizaban una marcha por la paz y la no violencia, en el departamento de Antioquia; el asesinato de 88 militares y el secuestro de 83 más en ataques en los sitios el Billar y las Delicias, Caquetá.

También son de su autoría intelectual el secuestro y asesinato del Senador Diego Turbay Cote y la masacre de su madre y toda su familia cuando intentaban rescatar su cadáver en Caquetá y los aterradores campos de concentración en los que mantienen a los secuestrados atados con cadenas a los arboles; el ataque a la iglesia de Bojayá, Chocó, donde fueron asesinadas más de 100 personas 60 de ellas niños; la masacre de los diputados del Valle y un largo etcétera.

Nada más queda de su recuerdo; ni siquiera el paradero de su cadáver dado que su amante fusiló a quienes lo sepultaron para preservar el secreto; a no ser que cuente su legado a las Farc gracias al cual son hoy un grupo terrorista, narcotraficante, secuestrador de más de 8.000 personas inocentes y violador constante de los derechos de la población, sin posibilidad de triunfo, muchas victimas y mucha destrucción, repudiado por todos los colombianos y del cual en seis años se han entregado 12 mil de sus miembros (118 comandantes), quienes en la primera oportunidad testifican el “resquebrajamiento” del grupo armado. O su influencia negativa en los partidos políticos llamados de izquierda democrática que nunca han podido demostrar su independencia del grupo armado, lo que les ha impedido lograr objetivos políticos importantes.

Al final de su larga carrera criminal, quien empezara como líder campesino, paso a ser uno de los 10 terroristas más buscados del mundo junto a Osama Bin Laden autor de ataque terrorista contra las torres gemelas en Nueva York en 2001 y a Félicien Kabuga responsable del genocidio de 800 personas en Ruanda en 1994, Y aún así hay quienes, cándidos idiotas, se prestan para hacerle homenajes y montarle estatuas, quizás buscando sin querer que nadie olvide el tamaño de su barbarie y crueldad.

Seguramente por no caer en la cuenta de que solo pierden su tiempo, se esta volviendo cotidiano que Organizaciones No gubernamentales como Human Right Watch, HRW, y Amnistía Internacional, AI; organismos supranacionales como la Organización de Naciones Unidas, ONU, y la Organización de los Estados Americanos, OEA, en ejercicio de sus funciones primordiales de proteger y fomentar los Derechos Humanos, D.H, y el Derecho Internacional Humanitario, DIH; y los distintos medios de comunicación en su labor social, así como la propia opinión publica, exijan a las Farc que apliquen o que cumplan el DIH.

Las Farc, el Eln y las Autodefensas, son reconocidas por la comunidad mundial, particularmente por la estadounidense y la europea como organizaciones narcotraficantes y terroristas, lo cual significa que no son otra cosa que grupos de criminales; los propios ‘Tiro Fijo’ y ‘Mono Jojoy’, ante los medios de comunicación en la zona de despeje del Caguán manifestaron su negativa rotunda a cumplir las leyes por ser la suya una agrupación al margen de la ley.

Entonces a cuenta de que los organismos encargados de velar por la protección humana se prestan al juego de “pedirles” a las Farc algo que saben nunca van a hacer cayendo en la trampa de darles la difusión que necesitan en el contexto mundial para mantenerse vigentes, para ser noticia diaria sobre todo en temas de tanta trascendencia como el Derecho Internacional Humanitario. El cumplimiento, acatamiento y aplicación del Derecho Internacional Humanitario es exclusivo de los Estados legítimamente constituidos y por lo tanto no cabe “exigir” a los grupos terroristas su cumplimiento porque no solo es un esfuerzo inútil sino que se pone al delincuente en un nivel muy generoso que solo lo alienta a seguir con sus actos deplorables.

No se puede llamar Derecho Internacional Humanitario al terrorismo, las masacres, el secuestro, el uso de minas antipersonas, el narcotráfico, el reclutamiento forzado de niños y adultos y la masacre de secuestrados que cometen consuetudinariamente las Farc, ni siquiera en un intento por convencerlas de que no vuelvan a cometer esos actos, que además de ser crímenes de la peor laya condenados en los estatutos de la Corte penal Internacional, son la herramienta con que el grupo armado pretende tomarse el poder en Colombia ; y prestarse candorosamente a ese juego solo sirve a los propósitos de los delincuentes.

Lo que hacen estos grupos terroristas no tiene nada que ver con el DIH, todos sus actos son en el mejor de los casos violaciones al Código Penal colombiano, lo demás son crímenes contra los Derechos Humanos y crímenes de la competencia de la Corte penal Internacional como las masacres de indígenas que cumplen las condiciones del crimen de genocidio, o los asesinatos, el secuestro, la esclavitud, la esterilización y el abuso sexual, al que someten a sus mujeres y los ataques contra la población civil, que son típicos crímenes de lesa humanidad

Además, es en esa clase de apoyos tácitos, casi siempre ingenuos que las Farc fundamentan sus progresos y con esa habilidad y astucia permanecen cambiando los términos para que sus acciones sean vistas con enfoques distintos a los reales; por eso al secuestro lo llaman simplemente retención, al asesinato ajusticiamiento, a la extorsión aportes, al intercambio humanitario, canje de prisioneros, a los rescates y fugas de guerrilleros y de secuestrados traiciones, etc.,

Y lo hacen porque quien les siga el juego, especialmente si hace parte influyente en las determinaciones políticas mundiales como HRW, ONU, OEA, AI, etc., puede servir de posterior referencia ante el reconocimiento de beligerancia que es hacia donde apuntan todos sus actos. Por lo tanto esos organismos, ni nadie civilizado, deben permitirse a poner en el plano del Derecho internacional Humanitario los actos aborrecibles de los diferentes grupos armados que actúan en Colombia, pues ello seria poner en un alto nivel de legitimidad a sus autores.

Aunque nadie puede negar que en la lucha contra la violencia, el terrorismo y el secuestro de los grupos armados ilegales, el gobierno nacional ha logrado avances nunca antes calculados, en porcentajes de hasta el 100% como los llamados retenes “pesca milagrosa” y superiores al 90% en cuanto a secuestros y masacres, y que ha obligado a las Farc a refugiarse en las profundidades inhóspitas de la selva, al Eln a aliarse no solo con propias las Farc sino inclusive con sus peores enemigos los paramilitares y que a estos últimos los desmovilizó y extraditó a cerca de 20 de sus más importantes cabecillas, se equivoca quien crea que las Farc entraron en un proceso de deterioro fatal irreversible con la muerte de tiro fijo y la subsiguiente llegada de Alfonso Cano.

Resulta que desde su origen, las Farc, en concepción de su mayor precursor ideológico, Jacobo Arenas, nacieron como un “movimiento político revolucionario” que “vio” la necesidad de armarse para combatir con las armas al Estado, derrotarlo y tomarse el poder para implantar en Colombia un gobierno de corte comunista con el cual terminarían la pobreza, el hambre y la ignorancia en el país; es decir desde sus orígenes concibieron la importancia de la política como paralelo del uso de las armas, esa fue siempre la teoría de Jacobo arenas, heredada y reestructurada por cano, que al asumir la máxima dirección del grupo armado, ante la muerte de Tiro Fijo, esta implementando con toda energía.

Cano reconoce que el mayor rechazo hacia las Farc, visto como el superior impedimento para tomarse el poder, sumado desde luego a la eficiencia de las políticas de los diferentes gobiernos y principalmente de la llamada de Seguridad Democrática que marco amplia diferencia con la demás, esta en que el grupo armado desbordó sus exiguos principios ideológicos iniciales incurriendo de lleno en narcotráfico, terrorismo, secuestro, reclutamiento de niños, explotación sexual de la mujer, etc., comportamientos que fueron causantes del rechazo y desprecio de quien fuera su mayor fortaleza, la población civil.

A pesar de los avances alcanzados en los procesos de paz de los años 80s, 90s y del Caguán, el grupo armado, incluido en las listas de terroristas y narcotraficantes internacionales por Europa y América, siempre ha tenido el lógico rechazo general que causan los métodos criminales con que han intentado por 45 años tomarse el poder, pero que bajo la orientación de ‘Tiro Fijo’, secundado por ‘Mono Jojoy’ y ‘Tomochenko’ era prioritario, es decir, desde esa concepción la toma del poder era exclusivamente por las armas y la actividad política se aceptaba como herramienta futura para liberarse de procesos penales una vez tomado el poder.

Llegado Alfonso Cano a la cúpula, y siendo éste, como buen retoño de Jacobo Arenas más “político que militarista”, (Cano ha sido mal visto por muchos miembros de las Farc, incluyendo del secretariado por su “cobardía” pues nunca ha participado en acciones de combate ni tiene experiencia en el mando, nunca fue comandante de alguna unidad o grupo), creador además del “movimiento Bolivariano” y posteriormente del “Partido Comunista Colombiano Clandestino, PC3”, ve la ocasión propicia para implantar sus tesis de mayor esfuerzo político, secundado por los restantes miembros del Secretariado, Ivan Marquez, Joaquin Gómez, Pablo Catatumbo, y ‘el Médico’ e inicia con todo brío la campaña por la toma del poder priorizando lo político.

En consecuencia, en agosto de 2008, poco tiempo después de haber sido “nombrado” máximo comandante, diseñó e implanto el que llamó “plan renacer revolucionario de las masas”, que sin descartar las acciones armadas como el uso de minas antipersonas, los francotiradores, el terrorismo urbano y la adquisición de armas pesadas (misiles tierra-aire), da preponderancia a lo político aplicando el articulado del PC3, que incluye la consolidación, impulso y vigilancia del Movimiento Bolivariano, replantear el trabajo internacional afectado por la muerte de Raúl Reyes, fortalecer las relaciones internacionales, obtener inteligencia estratégica, infiltrar y penetrar el sector estatal, controlar los movimientos y organizaciones sociales, estructurar planes políticos avalados por el estado mayor y someter las órdenes militares al escrutinio de las comisiones políticas, entre otros.

Esas instrucciones dieron como resultado inicial el llamado “intercambio epistolar” con el cual Alfonso Cano mantiene contacto permanente con el llamado “Comité de Colombianos y Colombianas por la Paz” que es un abultado número de intelectuales colombianos y extranjeros que encandilados con el tema del secuestro y de eventuales procesos de paz, de buena fe hacen parte importante del trabajo político que necesitan las Farc.

En Colombia son tantos los intereses mezquinos y las corruptelas que bien cabe recordar frases inspiradoras dichas por personajes famosos de la historia que son tomadas según convenga en la actualidad: “Mentid, mentid, siempre algo queda” de Voltaire, famoso por sus escritos polémicos y subversivos contra el cristianismo; “cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá”, de Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler; y “Calumnia que algo queda”, ó “quien engañe, encontrara siempre quien se deje engañar”, de Maquiavelo.

Y es que las condiciones del país se prestan para ello, especialmente cuando es más importante el efecto mediático de una noticia que los perjuicios que pueda causar, porque ello representa beneficios económicos o políticos, tiene utilidad para excusar o justificar conductas claramente deplorables, o cuando se persiguen fines turbulentos.

Lo sindicatos en Colombia, han estado siempre, a veces injustamente, en la mira de las autoridades y de la opinión pública por existir sospechas de su vinculación, a veces indirecta y otras no tanto con los grupos armados ilegales. Y es que acudiendo a los hechos se encuentran casos a veces muy convincentes, imposibles de ocultar o de negar de simpatías entre unos y otros. El caso más reciente es del Presidente de la “Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO” Juan Efraín Mendoza Gamba, quien fue sorprendido y capturado en un campamento de las Farc, hecho que de inmediato, ante la imposibilidad (habiéndolo intentado), de darse a la fuga con los guerrilleros pretendió y aún se mantiene en ese esfuerzo, justificar su estadía en dicho sitio como un secuestro, teniendo además el cinismo de agradecer por su rescate.

Nada más difícil de creer cuando es perfectamente claro y lógico que un secuestrado en el momento mismo del secuestro sea despojado de sus pertenecías y este señor cargaba su morral; además portaba su celular, elemento primero en despropiarse a una persona cuando la secuestran para impedir que pida ayuda y-o indique su ubicación. Es tan poca la credibilidad a ese pretexto que los propios dirigentes de las agrupaciones sindicales como la CUT, en cabeza del señor Tarsicio Mora Godoy, se han manifestado en el sentido de que esos actos no son política del movimiento gremial y que por lo tanto quien incurra en ellos debe afrontar individualmente sus conductas. Es decir, si fue descubierto en sus actividades ilegales, que responda por ellas.

Además esos comportamientos no son nuevos, históricamente han existido y siempre han servido para reclamos, demandas y exigencias, no todas injustificadas, ante la sola mención de sus vínculos con los grupos armados. Todos los sindicalistas y los sindicatos se sienten aludidos y agredidos, y aunque no puede generalizarse, es inocultable que miembros de algunos sindicatos en Colombia y en el extranjero simpatizan ideológicamente con los grupos guerrilleros y gestionan apoyos políticos y-o económicos para el grupo armado ilegal

Las informaciones del computador de Raúl Reyes, son prueba indiscutible, (avalada por la Interpol), sobre la vinculación de algunos sindicalistas de Fensuagro con la agrupación terrorista, también están los estatutos de las Farc, ratificados en la novena conferencia de enero de 2007 y en el propio plan “Renacer revolucionario de las masas”: (“fuerte trabajo de infiltración y control de los movimientos y las organizaciones sociales”) de agosto de 2008 en los que Alfonso Cano ordena fortalecer el trabajo de masas, que no es otra cosa que el manejo de los grupos sociales, en cuya cabeza están los sindicatos. El propio Raúl Reyes era sindicalista al momento de ingresar al grupo armado en los años 70.

También es claro el apoyo que sindicatos y sindicalistas extranjeros dan al grupo terrorista; se conoce por información periodística de sindicatos daneses como “La Unión de Trabajadores de la Madera y la Construcción”, “El sindicato andaluz de trabajadores” de España; “El sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social” o “El sindicato mexicano de electricistas”, de México; la “Federación de profesores de secundaria de Ontario, OSSTF, de Canadá, entre otros que con seguridad deben existir.

Por ahora queda esperar que la verdad prime para que quienes siendo sindicalistas puros, alejados de todo vínculo con los grupos guerrilleros no sean juzgados generalizadamente, pero también que quienes estén vinculados sean enjuiciados con rigurosidad, tanto en lo penal como el lo moral, no solo por hacer parte o apoyar un grupo señalado por la comunidad internacional de terrorista sino por causar desprestigio al movimiento sindical honorable.

Ante una amenaza, real o potencial, es obligación de los organismos de seguridad ejecutar las actividades que sean necesarias para proteger al Estado, sin que importe de quien se trate; inclusive si el sospechoso hace parte de los altos niveles de la dirección estatal, si ejerce una profesión o un cargo que en algún momento pueda incidir en los destinos nacionales como los periodistas, los miembros de las Altas Cortes, los organismos de control o de seguridad del Estado; o si se trata de organizaciones influyentes en la opinión nacional como los Medios de comunicación y las organizaciones de Derechos Humanos.

Lo que no esta para nada dentro de lo legal y menos de lo ético, es que se hagan esas actividades, con medios, recursos y Agentes del Estado para favorecer hechos, personas y grupos criminales como guerrilleros y paramilitares; o para ejercer vigilancia a las actividades privadas de altas personalidades por intereses personales corrompidos.

Y no es solo porque esos hechos, delictuales en si mismos, afecten la honra y la dignidad de las personas afectadas sino porque además perjudica gravemente la legitimidad del organismo implicado y de paso la del mismo Estado, provee argumentos a sus enemigos para reforzar sus campañas de desprestigio y de paso brinda espacios útiles para los grupos armados que salen favorecidos del rio revuelto en que se torna el acontecer nacional cuando se enfrentan entre si varias de sus instituciones o sus más encumbrados dignatarios.

Y para solucionar definitivamente el delicado impase hace falta, y con urgencia, el concurso integrado del Estado, los organismos independientes de control y de justicia y los de seguridad, sin permitirse al juego de todos contra todos; cada uno en sus funciones dar los aportes del caso que permitan no solo corregir la actual crisis sino asegurar que no habrá reincidencias ulteriores. Cada organismo implicado debe aportar según le concierna; el Estado con la mayor responsabilidad debe aplicar los correctivos necesarios y suficientes para que su organismo de seguridad, involucrado como causante de la actual crisis por las interceptaciones ilegales, corte de plano toda actuación indebida que lo deslegitime y evolucione como la entidad guardiana del Estado que se requiere; y los demás organismos involucrados mediante aportes juiciosos y los controles del caso que conduzcan a una verdadera, eficiente y definitiva reestructuración de la entidad estatal, asegurando que la función del DAS se limite a “proveer inteligencia para la defensa de la democracia colombiana”, como le corresponde constitucionalmente.

A otros organismos como Fiscalía, procuraduría, etc., concierne aplicar con rigurosidad las normas que sean pertinentes encaminadas, lejos de cobrar ofensas particulares, a procurar justicia y a depurar el organismo que como tal no debe ser estigmatizado por el accionar de algunos de sus elementos, sino que superados los escollos presentes evolucione en la entidad que todos esperan para el beneficio nacional.

Lo que no debe hacerse es “cazar brujas” buscando malintencionadamente vincular agentes del Gobierno con los autores de las interceptaciones indebidas porque seguramente las hallaran, no porque en esencia todas sean ilegales, o porque no existan, sino por el hecho de que siendo el DAS el organismo de seguridad del Estado es apenas lógico que existan circunstancias en las que ambos tengan conversaciones y cruce de solicitudes e informes respecto al comportamiento de determinadas personalidades que en un momento dado representen alguna clase de riesgo para el estado, o estén en si mismos en algún peligro, sin que eso sea ilegal.

Por ejemplo, casos como los de algunos periodistas críticos del gobierno o de miembros de la llamada oposición (y otros muchos personajes de la vida nacional), que por su vocación social o por su desempeño profesional mantienen vínculos ideológicos y-o políticos con el presidente Chávez y de correspondencia con las Farc, justifican que el estado tenga conocimiento de algunas de sus actuaciones, pues sin que esa persona actúe ilícitamente, el hecho de tener contactos cercanos con grupos terroristas como las Farc, puede serles de gran riesgo y en tal caso el Estado tener la obligación de dar la protección pertinente, lo que solo es posible si se tienen los conocimientos mínimos respecto a donde y en que actuaciones andan.

No es posible que alguien con tan alto grado de estupidez pretenda algún día acceder a dirigir los destinos de una nación. Quienes dirigen a las Farc, están ciegos o son infinitamente estúpidos como para esperar, con actos de clara crueldad y terrorismo, que el pueblo y-o el mundo les brinde el apoyo que requieren para algún día librarse de los calificativos de terroristas y de narcotraficantes que tanto les afectan y que mucho esperan que les sean retirados y que además les den reconocimiento legitimo.

Y son estúpidos porque en su búsqueda de esos reconocimientos cometen actos que a más de crueles e inhumanos solo logran mayor rechazo y repudio, lo que indudablemente las aísla más de sus objetivos. A no ser que ese objetivo este, como piensan muchos analistas, en mantener indefinidamente en el tiempo la prolongación del conflicto como distractor para mantenerse en su actividad puramente narcotraficante y así mantener su enorme capacidad económica pretextando la búsqueda de recursos económicos para la guerra cuando en realidad se trata de un simple cartel que utiliza la guerra y el terrorismo como camuflaje del narcotráfico.

También son cínicos porque ante cada acto criminal, actúan inicialmente con indiferencia y hasta con negativas explicitas hasta que la fuerza de los propios hechos las obliga a reconocerlo, algo que hacen intentando justificarse echando las culpas y responsabilizando a otros, especialmente al Estado y a las mismas victimas. Y eso es algo a lo que han apostado desde sus inicios hace cerca de 50 años, y lo hacen porque muchas veces tienen quien caiga en esos engaños; se sirven de la ingenuidad nacional e internacional, de la buena fe y de los anhelos de paz general.

Pasó con la masacre de los 11 diputados del valle, la cual negaron insistentemente, inclusive acusando de ello al Estado colombiano y solo hasta que no pudieron ocultarlo más decidieron reconocerlo pero buscando pretextos y excusas para de todas formas evadir su total responsabilidad. Pasó con el secuestro y posterior masacre de tres indigenistas norteamericanos en la comunidad indígena panameña de Pucuró, el 31 de enero de 1994; pasó con los indigenistas estadounidenses, Terence Freitas, Ingrid Washinawatok y Laheenae Gay; en caserío El Chuscal, en jurisdicción de Cubará, departamento de Boyacá, límites con Arauca en 1.999, hasta que un video presentado por los medios de comunicación descubrió al “mono jojoy” fraguando la excusa mediante un “juicio ficticio” pero reconociendo que los habían “matado” por “enemigos de la revolución”; igual con 12 religiosos gnósticos que masacraron en mayo de 1999 en el municipio de Puerto Rico, departamento del Caquetá; etc., y con los profesores indígenas Arselio Peñas Guatico y John Jairo Osorio Pisario, pertenecientes a la reserva de Unión Waunana, situada entre Istmina y el Bajo Baudó, Chocó, a quienes secuestraron y posteriormente masacraron en abril de 2006, o la muerte de los indígeas Awá Juan Dionicio Ortiz, Ademelio Pai, Arcenio Canticús y los dos hijos menores de éste último, Germán y Andrés Canticús, el 15 de julio del 2007, en un campo sembrado de minas antipersonas, en la zona rural de Ricaurte, Nariño.

Ahora repiten con la feroz matanza de indígenas Awá en el departamento de Nariño, donde primero secuestraron, luego torturaron y finalmente masacraron a cuchillo al menos a 27 indígenas (según la propia versión awá), cosa que negaron hasta que la fuerza de los acontecimientos las obligó a reconocerlo (ocho según versión Farc), pero desde luego trasladando la responsabilidad no solo hacia el Estado colombiano sino a las propias victimas porque según los criminales eran colaboradores del Ejército Nacional.

Desconociendo en su ceguera cínica que por las condiciones geográficas y topográficas el acceso y la presencia de Tropas estatales se hacía supremamente difícil, a tal punto que para el arribo al sitio de los hechos fueron necesarios cerca de ocho días; además por los extensos campos sembrados de minas antipersonas que instalaron los guerrilleros en los alrededores de los cuerpos sin vida de los indígenas masacrados. Acto cínico reforzado con el eco que hacen algunas organizaciones no gubernamentales que secundan la versión guerrillera responsabilizando de los hechos al gobierno nacional, o en el mejor de los casos haciendo tímidos señalamientos contra el grupo armado. En total, según algunos estudios independientes, son cerca de 200 indígenas Awá asesinados en 4 masacres y 50 las victimas de las minas antipersonas, sin mencionar los casos de desplazamiento forzado, el confinamiento y otras agresiones y violaciones de las que son victimas esas comunidades por parte de las Farc y otros grupos armados.

“Estos crueles asesinatos violan los principios más básicos de la integridad y dignidad humana”. José Miguel Vivanco, Human Rights Watch.

Ante las circunstancias, tanto nacionales como internacionales, nada mejor que adaptarse y diseñar y ejecutar estrategias que permitan sacar provecho. Sabiéndose sitiadas en lo armado, limitadas a defender sus campamentos con el empleo masivo de campos sembrados de minas antipersonas, a explotar bombas en centros urbanos poco protegidos, a asesinar indígenas y civiles indefensos y a reclutar “jóvenes” para mantener su masa, las Farc despliegan todo su arsenal político buscando avances a pesar de esas circunstancias.

La estrategia es clara, valiéndose del anhelo de paz general y de la creencia de que estando reducidas en lo armado no tienen otra opción que aceptar diálogos bajo las condiciones del gobierno, ocultan tres verdades incuestionables: 1) las Farc nunca han pensado en desmovilizarse ni entregar las armas, esa es una consigna clara, reiterada en los últimos comunicados de Alfonso Cano; 2) Los procesos de diálogo, nunca han sido más que una maniobra para recobrar fuerzas, abastecerse, evadir cercos militares y buscar santuarios que les brinden condiciones políticas mejores; y, 3) cualquier acercamiento o proceso esta condicionado la libertad de Sonia, Simón Trinidad e Iván Vargas, que estando extraditados por narcotráfico y terrorismo difícilmente puede el Estado colombiano ceder a tal imposición.

Y como siempre, en su retórica atractiva los jefes guerrilleros tienen objetivos hábilmente camuflados: 1) desarrollar una estrategia político-electoral para sustituir la mano dura del presidente Álvaro Uribe por la de un sucesor que caiga en la trampa de los procesos de paz (estrategia del péndulo), 2) debilitar el discurso de los candidatos afines a la Política de Seguridad Democrática, PDSD, 3) fortalecer la estrategia de solución negociada, 4) mediante liberaciones unilaterales simultáneas con actos terroristas y asesinatos indiscriminados desacreditar la PDSD y demostrar que en consecuencia se requieren opciones y candidatos distintos; 5) posicionar el Intercambio humanitario como eje de la campaña electoral, 6) crear un espacio político que margine al gobierno nacional de las liberaciones favoreciendo la participación de colombianos y colombianas por la paz con miras a las elecciones del 2010; y, 7) presionar al gobierno nacional para que acepte las condiciones de las Farc en eventuales próximas liberaciones: despeje, participación internacional, liberación de extraditados.

Además: 1) vincular gobiernos y personalidades extranjeras para recuperar escenarios externos perdidos, 2) manipular las liberaciones unilaterales para liberarse de las presiones internacionales, y, 3) vincular en el proceso a organismos multinacionales como UNASUR que quedaría bien posicionada frente a otros como OEA y ONU que no han logrado mayores avances en dichas liberaciones o procesos.

Faltaría mencionar a cargo de quienes estaría la ejecución de esas acciones y como es apenas lógico también los tienen: 1) periodistas que engañados en su buena fe o por simpatía ideológica les hacen el trabajo publicitario, 2) liberados debidamente aleccionados que desacrediten los rescates humanitarios (operación jaque), 3) intelectuales amigos “aliados estratégicos”, 4) ONG’s simpatizantes o engañadas, 5) seguidores de ideologías afines como el socialismo del siglo 21, foro de sao paulo, y, 6) medios de comunicación sectarios como ANNCOL, Agencia Bolivariana de Prensa y Telesur, y organismos socialistas regionales como la Coordinadora Continental Bolivariana, etc.

Todo eso reforzado con otras acciones que con seguridad reforzaran la estrategia general, como las marchas indígenas y campesinas; los paros sindicales y judiciales y las protestas estudiantiles, por cuanto crean un clima de agitación y desorden que debilitaría al Estado.

Finalmente, no puede descartarse la actividad armada o terrorista, solo que ella estaría reservada para períodos de tiempo específicos como por ejemplo los primeros meses de próximo año dado que se trata de un ciclo de mucha intensidad política por las campañas presidenciales y fechas conmemorativas como el 45º aniversario del grupo armado el 27 de mayo, o las muertes de sus comandantes, Raúl Reyes el primero de marzo, Iván Ríos el 7 del mismo mes y por supuesto la de su máximo líder ‘Tiro Fijo’ el 26 de mayo, etc., en el que bien serviría un intenso clima de violencia y de incertidumbre.