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La posibilidad de una guerra de Venezuela contra Colombia es más seria de los que muchos creen; no es cuestión de quien descalifique más o de quien crea en la historia pacifista de las dos naciones hermanas, ni que atribuyan esa posibilidad a simples declaraciones motivadas por desordenes mentales de Chávez, o como simple cortina de humo ante los graves e innegables problemas sociales y económicos del pueblo venezolano.

Hugo Chávez fue formado como Soldado y como tal su única idiosincrasia es la guerra, ya lo dijo: “nuestra principal misión: prepararnos para la guerra” y para tal se está preparando desde hace rato, no en vano y menos con la intención de ‘perder esa platica’ ha comprado más de 18 mil millones de dólares en armamento. No por nada ha invertido enormes cantidades de dinero apoyando proyectos socialistas en casi todos los países de América Latina, para comprar conciencias creen muchos; Chávez cuenta con ellos y también lo dijo: “Aquí comenzaría la guerra de los 100 años y esa guerra se extendería por todo este continente”.

Además, se ha procurado amistades con países abierta y ampliamente contradictores de la hegemonía estadounidense como Irán, Libia, China, Rusia, Cuba, entre otros. Por algo creó también las milicias bolivarianas con un millón de civiles con autonomía superior a las propias fuerzas armadas constitucionales y ha apoyado a grupos guerrilleros colombianos como las Farc y el Eln, que le podrían servir de aliado estratégico desde el propio territorio colombiano.

Solo que tratará de hacerla cuando las circunstancias le sean más favorables, no “por ahora” y quizás por eso dio el llamado “reversazo”, porque a pesar de su insensatez actual sabe que hoy la perdería, porque tiene claro, aunque no parezca importarle, que para ganar una guerra no solo hacen falta los aviones, los tanques, los buques y los misiles, sino que necesita del apoyo decidido e incondicional del pueblo y en este caso no lo tiene, el 80% de los venezolanos no lo respaldan en una guerra y más del 50% de los mismos hacen parte de la oposición, “los escuálidos, la quinta columna”, incluyendo dos de los estados fronterizos, con Colombia (Zulia y Táchira), que serían determinantes a la hora de las acciones.

Por lo tanto no es momento para sentir tranquilidad ni creer que porque se haya retractado de la declaración de guerra, deja de ser una real amenaza, el peligro sigue latente; las agresiones verbales permanecerán así como el sabotaje a los acuerdos económicos, las intromisiones en los asuntos internos y soberanos de Colombia y las acusaciones de complots y tentativas de asesinarlo, hasta encontrar justificación aceptable a las que el propio Chávez llamó “causas de guerra”. Todo, mientras las diferencias actuales sean las mismas, puesto que el problema de fondo, que es, por un lado implantar el socialismo del siglo XXI en el único país de la región que hace falta y por el otro evitarlo simultáneamente a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, acudiendo por ello a alianzas con los Estados Unidos, se mantiene latente.

Tampoco es recomendable sentir tranquilidad ante el hecho de que Colombia haya enviado el caso a la ONU o a la OEA, que además de haberlo hecho de manera “informativa”, tales organismos no se caracterizan por adoptar determinaciones concretas contra un Estado sino que tradicionalmente emiten conceptos que poco definen, pues su intención es quedar bien con los bandos enfrentados sin descalificar abiertamente a ninguno ni permitirse a interpretaciones de favorabilidad hacia uno u otro. Además, Colombia podría salir perjudicada puesto que en esos estrados, para muchos de sus integrantes, gracias a la prolongada e intensa campaña de guerra política que han hecho las Farc y algunos de sus simpatizantes, o de sus idiotas útiles como la senadora Piedad Córdova, detestan a Álvaro Uribe porque lo consideran demás de dictador, de tener vínculos con los paramilitares.

El próximo primero de noviembre se termina el veto que impedía a la Corte Penal Internacional, CPI, intervenir en Colombia. Un tema de muchísima importancia que al parecer el Gobierno Nacional no le da la suficiente importancia.
Se supone que el Presidente Andrés Pastrana, días antes de entregar su mandato pidió una prórroga de siete años, como lo permite el artículo 124 del Estatuto de Roma, para la entrada en vigencia de la acción de la CPI, en lo referente a los Crímenes de guerra (artículo 8°), con la supuesta intención de no afectar posibles y futuros diálogos de paz con los grupos armados.
Sin embargo no hubo tales diálogos y a pesar de la innegable mejoría en la reducción de los índices de violencia los casos de infracciones al Derecho Internacional Humanitario siguen; los grupos armados aún secuestran, asesinan personas y destruyen o se apropian de bienes protegidos, reclutan forzadamente a menores de edad, utilizan las tenebrosas minas antipersonas y fuerzan abortos al interior del grupo armado, etc.,
Pero algo por decir lo menos es curioso; cuando se supone que la Corte entraría a juzgar personas también por crímenes de lesa humanidad como está considerado el abominable secuestro, sin que a ello hubiera veto alguno no ha tomado ninguna acción y si espera con firmeza que finalice sobre los crímenes de guerra como si ya hubiera predisposición y objetivos específicos seguramente, como lo afirmara el propi Fiscal Luis Moreno Ocampo, Colombia está “incluida en el paquete de naciones en su mira” como si no lo estuviera ya desde la misma creación del órgano de justicia internacional.
Parece paradójico que no haya tomado acción alguna sobre como los crímenes de genocidio (artículo 6°) que son las masacres de indígenas, de diputados, de civiles indefensos, etc., o de lesa humanidad (Artículo 7°) como el secuestro (privación grave de la libertad física), el asesinato, el desplazamiento forzado, la tortura, la violencia sexual, etc., que son “prácticas generalizadas y sistemáticas” de los grupos guerrilleros y sí está muy atenta a iniciarlos sobre los de guerra como si desconociera su ocurrencia o no tuviera jurisdicción sobre aquellos.
Además según se entiende de sus propias declaraciones, su mayor interés está en los crímenes cometidos por los grupos paramilitares como si una masacres de estos fuera más grave que las de las Farc, o como si el veto hecho por Colombia cubriera hasta hoy no solo los crímenes de guerra sino también los de lesa humanidad y los de genocidio muy comunes en todos los grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes.
Sin embargo la culminación del veto es muy positivo para Colombia porque obliga a los criminales a pensarlo dos veces antes de cometer cualquiera de los crímenes que sean de la competencia de La Corte y de cometerlos a respetar la justicia nacional y además estimula al Gobierno a aplicar con rigor las leyes nacionales como única garantía para mantener lejana la actuación de la CPI y de paso tranquiliza a las organizaciones no gubernamentales que ven impunidad en todo lo que haga el Gobierno pues la lejanía de la CPI es garantía de la aplicación, ejercicio y eficiencia de nuestro sistema judicial.

Una gran oportunidad se le presenta al Ejército Nacional para demostrar la transparencia de sus actos, cuando la procuraduría y la fiscalía terminen la investigación sobre las muertes en combate rápidamente rotuladas como falsos positivos; solo se espera un mínimo de imparcialidad y justicia de manera que cualquiera que sea el resultado esté en estricta verdad y no sea el producto de presiones o influencias tendenciosas.

Se espera claridad, pero no la claridad que convenga a intereses sombríos sino al pueblo colombiano, que si comprueban responsabilidades sean el producto de pruebas serias, reales y bien establecidas, ante lo cual y en consecuencia, quien sea hallado responsable debe recibir todo el peso de la justicia, los correctivos establecidos en derecho para los actos de su autoría aplicados en su máxima cuantía, pero igualmente si el resultado de la investigación libra al Ejército de responsabilidades debe ser objeto de un acto de desagravio propio para quien debiendo enfrentarse a los peores criminales y asesinos, lo hace dentro del respeto absoluto de las leyes y los derechos. Y actuar con total independencia, más allá de exigencias foráneas malintencionadas que demandan más que justicia, acciones revanchistas de corte ideológico.

Como las exigencias sobre conocer la verdad que no son tanto de las victimas o de sus familiares, sino más que todo de las Organizaciones No Gubernamentales a la que les interesa que haya sanciones internacionales contra el Estado porque deslegitimarlo y desprestigiarlo, justifica su pantallera lucha por los Derechos Humanos y así garantiza los aportes económicos que requieren para su sustento, pero para las verdaderas victimas sobrevivientes basta saber que el tema que le atañe recibió justicia cuando su victimario fue juzgado y condenado y que ellas como dolientes recibieron una indemnización económica que les ayudará a sobrellevar su sufrimiento.

Poco les interesa saber la verdad, para ellos es mucho saber que uno de los suyos fue asesinado o herido. Poco o nada puede servirle a un padre o a una madre saber los pormenores de la tragedia de su hijo. Eso es cosa de las ONG’s, por eso aparecen enarbolando la bandera de los Derechos humanos cuando mayores son los esfuerzos del Gobierno para derrotar a los violentos, y mejores los resultados; pero antes, cuando las grupos violentos estaban fuertes y a la ofensiva no se daban tantas marchas, huelgas, paros ni denuncias.

O, donde estaba Human Right Watch, HRW, antes del 2002, cuando los principales cabecillas de los grupos paramilitares no estaban presos ni extraditados y los otros 30 mil integrantes no estaban desmovilizados sino masacrando y narcotraficando, o donde cuando las farc destruían pueblos, asesinaban indiscriminadamente soldados y civiles, cuando no era posible transitar por ninguna carretera, cuando nadie quería venir al país a invertir, trabajar o descansar porque era secuestrado; cuando los alcaldes, gobernadores y demás dirigentes públicos debían ejercer sus cargos desde largas distancias porque los asesinaban o secuestraban si ponían un pie en sus provincias.

Pero más allá de la odiosa intromisión de las ONG, las Fuerzas Militares deben en su intimidad hacer los estudios necesarios, establecer los diagnósticos pertinentes y tomar las medidas necesarias y suficientes de manera que corten por lo sano el problema que tanto los afecta; determinar hasta la mínima responsabilidad individual o colectiva y en rigor tomar los correctivos que sean pertinentes, dando a la opinión pública las explicaciones suficientes y demostrando no solo la contundencia de las medidas tomadas sino además su gran disposición y compromiso a no recaer en esa clase de eventos.

A su turno, el Estado debe también hacer un balance juicioso y determinar quienes son victimas autenticas y hacer por propia iniciativa todo el esfuerzo que sea necesario para indemnizarlas aunque el esfuerzo económico parezca ingente, que a la larga no lo será tanto como sería en caso de tener que hacerlo producto de una sentencia de una Corte Internacional de Justicia como la Interamericana, porque eso sería mucho mas costoso, no solo en lo económico sino también en lo político y social y de esto último difícilmente podría recuperarse.

Si tanto el gobierno por su parte y las fuerzas militares por la suya dan absolutas y verdaderas muestras de resarcimiento y reconocimiento por todas las victimas de los grupos violentos, inclusive en los que hayan comprobadas responsabilidades de algún agente del estado, será un gesto bien recibido por toda la comunidad y de paso quitará argumentos de ataque mediático, político y social y en consecuencia su legitimidad, su aceptación y su reconocimiento traerán un enorme grado de confianza que servirá al país.

Todo eso, además de hacer justicia, serviría para calmar pasiones perversas como las del ex secretario del partido comunista de Chile y Director de la Organización No Gubernamental ‘Human Rihgt Watch, HRW’, José miguel Vivanco, quien con poco claros intereses cada año emite su famoso informe atacando directamente al presidente Uribe, a su gobierno y a sus instituciones señalándolo como responsable, sin juicio previo, de cuanto malo ocurre en Colombia, y no es que existan casos nuevos sino que recicla hechos antiguos. Además tiene el descaro y el cinismo de culpar al Presidente Uribe de que los jueces no hagan las preguntas que el quisiera a los ex paramilitares presos y extraditados. Para ese señor el gobierno era cómplice de los paramilitares por negarse a extraditarlos y ahora lo es por haberlos extraditado. Que pasaría y que diría el señor Vivanco si como en Venezuela, también de aquí fuera expulsado.

Aunque con algunos desacuerdos normales el Presidente Álvaro Uribe decretó el estado de conmoción interior para garantizar a todos los colombianos el derecho fundamental a la justicia.

Quienes están en el paro, trabajadores de la rama judicial colombiana agrupados en la organización No gubernamental llamada ‘Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial, Asonal Judicial’, traspasaron claramente la frontera de la sensatez, elevando exigencias que por exageradas no es posible que sean aceptadas, y aún, a pesar de los generosos ofrecimientos del gobierno nacional mantuvieron su intransigencia motivando que fuera establecido el ‘Estado de Conmoción Interior’ que busca superar la crisis judicial generada por el paro. Debe quedar totalmente claro, para evitar mayores confusiones y malos entendidos, que no se trata de una acción para reprimir un paro, el cual por ser un derecho fundamental no puede ser vulnerado, sino para restituir otro derecho fundamental que es el del acceso a la justicia que tienen y deben tener todos los colombianos, no es contra el paro sino contra la crisis judicial generada.

El Decreto con el cual el gobierno toma las medidas que llevarán la justicia a los colombianos corresponde al número 3926 del 09 de Octubre del presente año y se justifica plenamente en el articulo 213 de la Constitución Nacional, que establece esa posibilidad para casos especiales en los que la institucionalidad y la seguridad nacional están en grave riesgo como ahora.

Viendo con objetividad, la situación, aunque no llegó a casos extremos, estaba a punto de hacerlo; o si no, como entender que más de 2.720 personas capturadas por delitos graves como homicidio, lesiones personales, hurto y narcotráfico fueran dejadas en libertad ante la ausencia de justicia en Colombia. O peor aún, que muchos delincuentes enjuiciados y presos por delitos como la toma del palacio de justicia y casos de secuestro entre otros delitos graves, estuvieran a punto de salir de las cárceles por vencimiento de términos, o que la Fiscalía General de la Nación no pudiera formular acusaciones por falta de jueces que las recibieran, y estuviera además a punto de suspender las investigaciones por otros delitos también graves como los autores del secuestro y asesinato del niño Santiago en Chia.

Y como si dichos casos no fueran ya muy graves, más de 120 mil procesos no habían podido ser fallados, 36 mil acciones de tutela sin poder aplicarse y 25 mil audiencias sin realizarse por la causa mencionada.

Con el propósito de salvar los inevitables procesos que seguramente entablaran los huelguistas debe quedar claro que la medida no fue un acto arbitrario del Presidente de la República sino, además de la imperiosa necesidad de restablecer el orden jurídico vulnerado, una respuesta al clamor de otros entes afines o complementarios de la Justicia como la Procuraduría y la Fiscalía que fueron los organismos que solicitaron al Gobierno Nacional la adopción de medidas de emergencia que conjuraran las perturbaciones causadas por el paro judicial.

Pero claro, como la intención de esta clase de actos no es exactamente la de pedir prerrogativas justas porque ellas ya habían sido otorgadas, (un magistrado recibe 17 millones de pesos, los Jueces entre 4 y 5 millones y un secretario un millón y medio de pesos mensuales), hacen peticiones exageradas a sabiendas que para el gobierno son imposibles de cumplir, especialmente en las actuales circunstancias de crisis económica mundial, por eso exigen la asignación de 600 mil millones de pesos y a pesar de que el gobierno, tratando de ser condescendiente, les ofrece 131 mil millones, los rechazan. Queda claro que no es eso lo que buscan, y por lo tanto que hay al más.

Por lo tanto, estando claro que no es dinero lo que buscan, queda pensar que es otra la intención del paro, y esa finalidad no es para nada transparente, quizás “armarle un problema interno y externo a Uribe”, o a lo mejor crean que “si el gobierno se niega pierde y si acepta también”.

De todas formas lo actuado por el gobierno nacional debe ser tomado con tranquilidad pero sin descuidar el caso ni olvidar que los causantes no van a quedarse indiferentes ante la derrota y con seguridad buscarán recursos que a pesar de las medidas de la conmoción interior, pongan en desventaja al gobierno hasta obligarlo, bien a ceder ante las pretensiones o bien a que algún organismo internacional interceda en beneficio de los huelguistas perjudicando de alguna manera al gobierno nacional.

luisaperezbar@yahoo.es

Hay quienes sin que sea claro el porque, toman los hechos a la ligera y atacan las instituciones ignorando otros que son ciertos aunque no sean tan conocidos; por ejemplo que atacar las instituciones hace parte de una estrategia bien concebida de la llamada plataforma política planteada en los estatutos originales y recalcada recientemente en las directrices de Alfonso Cano, que instruye en atacar al Estado desde ángulos distintos, siendo uno de ellos la guerra política, que para este caso es claramente de organizaciones, atacar la organización institucional valiéndose de organizaciones con vínculos directos o con simple identidad ideológica.

En la ‘guerra de organizaciones’, una organización ataca individualizadamente los pilares fundamentales de otra organización. Normalmente una organización para su existencia requiere tres pilares básicos: un propósito (para que), unos recursos, (con que) y un ejecutor (quien).

Esos pilares son atacados en conjunto o individualmente. El ‘propósito’ es atacado para imposibilitar su obtención generando dudas y decepciones sobre su viabilidad, su inutilidad o su total imposibilidad; si quien defiende una causa duda del ‘para que’, su dedicación a ella será mediocre y su esfuerzo por lograrla, mínimo. El segundo se ataca obstruyendo o impidiendo el recibo de los recursos necesarios. Y el tercero buscando el desprestigio y la deslegitimación de sus miembros, maniatándolos e imposibilitando cualquiera de sus actuaciones.

El caso reciente de las personas muertas en combates contra la fuerza pública en el norte del país, si bien quedan interrogantes que deben ser suficientemente clarificados, es utilizado para atacar los dos últimos pilares mencionados. Lo primero, además de obstruir por todos los medios la asignación de presupuesto suficiente, es impedir la llegada de contribuciones extranjeras para la lucha contra el terrorismo y así el objetivo institucional de derrotarlo caiga en el fracaso, por eso, aunque esas muertes son acumuladas desde el mes de enero y en eventos diversos, las presentan juntas cuando la discusión por el TLC en Estados Unidos es mayor y cuando en Europa se discuten, convenientemente promovidas y estimuladas, multas y sanciones económicas contra Colombia además de la suspensión de recursos que al fortalecer la capacidad del Estado perjudican el triunfo del terrorismo.

Y lo segundo buscando el desprestigio de las instituciones y los individuos que mayor daño causan al propósito terrorista. Las farc perdieron la guerra al perder el respaldo popular y eso pretenden ahora, atacando la legitimidad del Ejército para desprestigiar y deslegitimar sus resultados, y como al interior del país nadie cree ya sus falacias, lo hacen hacia el exterior donde aún hay ingenuos que les creen; para eso anticipan la acción jurídica a los hechos, y en tal sentido cuando se presentan bajas de guerrilleros en combate ya existe quien presentará una denuncia penal que desmerite el resultado; cada guerrillero muerto en combate es presentado por ong’s de Derechos Humanos como un campesino inocente.

Tienen preparado quien hará la denuncia por desaparición, secuestro, rapto, o lo que sea, (familiares consientes de la condición de guerrillero de la persona en cuestión, pero que son convencidos por los beneficios económicos que pueden recibir si entablan la denuncia, desde luego bien asesorados por hábiles juristas afines a la causa guerrillera), y los testigos que aseguran que la persona era ejemplo de humildad y honradez, un ciudadano ejemplar.

Y quienes reciben las denuncias previamente escogidos por simpatía ideológica o por simple candidez lo hacen descartando de plano la posibilidad de que puede tratarse de personas que siendo miembros de las llamadas milicias bolivarianas, entre otras cosas encargados de los secuestros y de los atentados terroristas en las ciudades, tradicionalmente son utilizados por las farc como reserva para tiempos, como los actuales, en que el grupo diezmado “ordena” a esos milicianos “encuadrillarse”

Para darle mayor énfasis a la denuncia, aseguran que las supuestas victimas eran además de humildes campesinos, retardados mentales o menores de edad como pretendiendo que el Ejército Nacional rea responsabilizado también por eso y ocultar así otro hecho innegable como es el reclutamiento forzado e indiscriminado que hacen las farc de niños, niñas y adolescentes menospreciando su condición mental mientras sirvan de carne de cañón y de arma contra el estado.

Todo el tiempo las farc ocuparon la atención de las Fuerzas Militares con actos terroristas mientras su mayor esfuerzo estaba en el campo político (infiltraciones en los entes estatales y organizaciones no gubernamentales), y con mayor énfasis hacia el exterior (organizaciones sociales de derechos humanos, gobiernos socialistas o simpatizantes del socialismo) como una reserva estratégica para usar en momentos difíciles y esos momentos difíciles llegaron con su derrota en lo armado.

Durante muchos años los estudiosos del conflicto colombiano coincidieron en lo poco optimistas de sus análisis; alcanzar la paz era un imposible, por lo menos en el corto plazo, y responsabilizaban al gobierno por ineptitud y falta de voluntad política y a la fuerza pública por ineficacia y falta de interés, mientras a las guerrillas las consideraban imbatibles; éstas lo creyeron y actuando en consecuencia adoptaron actitudes triunfalistas y arrogantes, se vieron a si mismas superiores a todo esfuerzo gubernamental y descartándolo cruzaron las fronteras en busca de aquello que creían solo podrían lograr afuera, estatus de beligerancia y reconocimiento internacional, en el convencimiento de que eso bastaría para sus propósitos.

Erraron en sus cálculos, porque hacia falta algo mucho más substancial que solo era posible lograrlo adentro, aunque no pudiera dárselo el gobierno, el respaldo del pueblo, pero este, cansado de los excesos guerrilleros se armo de valor y les grito a doce millones de voces, “no más FARC”, “Colombia soy yo”; a eso se sumaron otros factores determinantes como la profunda perdida de la moral de lucha de sus integrantes, que causó en los últimos años las deserciones de casi 12 mil guerrilleros, 120 de ellos mandos medios incluyendo la reciente de alias ‘Karina’.

Pero eso fue solo el comienzo en su pronunciado deterioro, faltaba algo determinante, algo que definiera su resquebrajamiento definitivo, faltaba que el primero de marzo de este año su intocable e inexpugnable centro neurálgico, su secretariado, fuera también tocado y lo fue gravemente, no solo porque cayo Raúl Reyes sino porque todas sus memorias y actuaciones seguramente guardadas como el mayor de los secretos terminó en manos de la opinión pública generando toda suerte de opiniones a cual más nefastas para la organización guerrillera. Muchos de sus contactos, seguramente no todos, fueron develados y los responsables puestos a dar explicaciones y aclaraciones que seguramente implicarán el retiro de cualquier apoyo al grupo armado.

Acto seguido, a los pocos días, uno de sus propios hombres, el de mayor confianza, su jefe de seguridad, alias ‘Rojas’, asesinó a Iván Ríos, otro miembro del secretariado. Y finalmente, la propia naturaleza cobraría la vida del más viejo, el más importante, el soporte fundamental, el creador, el gestor, el “símbolo” del grupo terrorista, alias ‘Tiro Fijo’.

Así las cosas, son escasas las opciones que tiene el grupo armado que garanticen su permanencia y mucho menos sus oportunidades de triunfo, no tiene ideología, no tiene respaldo popular, pierde el apoyo incondicional de gobiernos simpatizantes, sigue en las listas de bandas terroristas internacionales, hace parte de los carteles del narcotráfico mundial, sus principales cuadros han muerto o desertado, su secretariado esta reducido casi a la mitad y los pocos que quedaron están fragmentados.

Grave escenario para un grupo que depende de eso para subsistir; por eso no es descabellado pensar que ahora sí las FARC están a las puertas del fracaso rotundo; entrando en un estado de debilidad insuperable, tanto militar como político, que las lleve a su derrota definitiva. O por lo menos al mismo estado en que se encuentra el ‘Ejército de Liberación Nacional, ELN’, que aunque existe todavía, no tiene mayor significancia, y que su deterioro irreversible inicio con la muerte de su máximo dirigente, Manuel Pérez Martínez conocido con los alias de ‘‘Cura Pérez’ o ‘Poliarco’, luego de lo cual el grupo quedó en manos de los restantes integrantes del ‘Comando Central, COCE’, equivalencia del secretariado, quienes no pudieron mantener la integridad del grupo y por eso hoy el ELN no es más que una banda de delincuencia común que busca sobrevivir mediante atracos y extorsiones.

Otro ejemplo del fiasco de un grupo guerrillero ante la caída de su jefe esta en el grupo terrorista peruano, ‘Sendero Luminoso’ el cual entró en absoluto fracaso cuando su principal cabecilla Abimael Guzmán, alias ‘Camarada Gonzalo’ o ‘presidente Gonzalo’ fue capturado en 1.992, llevándose al encierro todas las opciones y capacidades del grupo armado.

Ahora no deben sorprender los casos, seguramente múltiples de deserciones, para las cuales deben estar preparados, no solo el gobierno y las autoridades sino la propia sociedad colombiana, e inclusive la comunidad internacional, porque si bien puede ser la derrota de las FARC, quienes las dejen deben ser recibidos con generosidad para que sus deserciones formen parte de la solución al conflicto colombiano y no se conviertan en un nuevo problema para el país.

Dicen que solo al árbol que da los mejores frutos le tiran piedras, y eso es lo que sin duda esta ocurriendo en Colombia; no de otra forma puede entenderse que quienes disienten, no solo del gobierno y del presidente sino del propio sistema democrático, se ensañen con tal odio e inquina que poco les importe si el afectado, más que el presidente, es el pueblo colombiano que lo puso, lo mantiene y si de el dependiera lo mantendría allí indefinidamente.

Podrían señalarse varios grupos, unos desde la ilegalidad y otros desde la legalidad. En los primeros están los grupos armados, las FARC, el ELN y los paramilitares, que faltos de ideas y métodos convincentes y legítimos optaron por el terror, el crimen y la muerte para acceder al poder. Y en los segundos quienes también carentes de ideas propias y propuestas convincentes pretenden alcanzar el poder mediante el cinismo, la argucia y la marrulla, buscando convencer a todo un pueblo, por lo menos al 80% de que su decisión autónoma y soberana estuvo errada y que en consecuencia deben enmendar esos errores votando en favor suyo.

En este grupo están aquellos llamados por si mismos opositores para disimular en un gesto democrático su vocación contraria. Por eso Antanas Mokus pide la renuncia del presidente, el Polo Democrático acusa de paramilitar a todo aquel que no este en la fila comunista del polo, las organizaciones no gubernamentales ven violaciones a los derechos humanos en todos los actos legítimos del Estado, las cortes, que en exagerada independencia inician todo juicio o proceso partiendo de la culpabilidad, hasta que el imputado sea quien demuestre su inocencia, y los medios de comunicación, particularmente algunos periodistas que para mostrarse independientes y neutrales desdibujan y atacan cada acto del Estado. También podría hablarse de otros frentes, quizás externos pero que aupados por sectores internos son igualmente adversos.

Se genera de hecho, una alianza tácita entre los grupos armados ilegales y los legales de oposición en el sentido de que siguiendo los mismos intereses, tomarse el poder; quieren desestabilizar el gobierno, desprestigiarlo y deslegitimarlo hasta evitar que triunfe en las elecciones venideras; tan convencidos están de su derrota frente Uribe que solo atacando con cinismo y mala fe creen poder evitarlo. Ambos se valen de similares mecanismos, la única diferencia esta en que los primeros además usan el terrorismo, el narcotráfico, el secuestro y los secuestrados, pero los segundos, quizás sin querer o sin darse cuenta estimulan y legitiman los actos de los primeros.

Y lo curioso es que todos aquellos que quieren derribar a Uribe, desacreditando su gobierno y desprestigiando su persona son precisamente quienes tienen aspiraciones presidenciales o las han tenido y fueron derrotados por el propio Uribe, que coincidencia, o que forma tan rastrera de desquitarse, creerán que si hubieran ganado la presidencia, su desempeño hubiera sido mejor y el pueblo los respaldaría aún después de seis años?, quien sabe, ojala así sea pero primero ganen el poder con propuestas, ideas, políticas, etc., que sea por el respaldo del pueblo y no poniendo zancadillas a quien sin ser perfecto, nadie lo es, ha sido uno de los mejores por lo menos para el 80% de colombianos.

Y es claro que no son muchos, solo que son poderosos, son minoría pero ubicada en puntos vitales del Estado desde donde pueden hacer todo el daño que quieran hacer o que no quieran evitar hacer con tal de lograr sus propósitos particulares. Ninguno de ellos hace nada útil por el país, al contrario todos sus actos son nocivos; ni por la paz, no les importa liberar los secuestrados ni erradicar el terrorismo, solo proyectarse al poder aunque en el intento deban profanar la democracia, quizás piensan que una vez allí podrán restablecerla.

Mientras tanto, los verdaderos enemigos de Colombia, los paramilitares, las FARC y el ELN, con la corrupción y el narcotráfico; contra quienes todos deberían estar unidos, están felices y serenos viendo desde la barrera cómo en el ruedo toros y toreros se destrozan, sabiendo que eso favorece sus propios intereses, porque la desestabilidad, la rivalidad, la incertidumbre y la polarización son abono para sus intereses, porque es claro que en el caos y la desesperanza se fundamenta la tesis marxista – leninista de subvertir las democracias para implantar la tal dictadura del proletariado, es decir el comunismo.

Para cualquier gobernante, es de vital importancia el correcto manejo que haga de la guerra, porque ella es cuestión de vida o de muerte, de conservación o pérdida de los valores más preciados y la supervivencia o fracaso del propio estado. Todo eso depende de la armonía que exista entre el pueblo y su gobernante, quien debe ser ejemplo de sabiduría, sinceridad, benevolencia, coraje y disciplina.

En el arte de la guerra legado por el maestro Sun Tzu, un general chino del siglo quinto antes de Jesucristo, se hallan enseñanzas que bien pueden estar siendo hábilmente ejecutadas por el gobierno colombiano y particularmente por sus Fuerzas Militares, puesto que coinciden las teorías milenarias con las practicas actuales que tienen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, en el propio borde de su derrota, si no es que ya están derrotadas, quien puede negarlo?

No es cuestión de entrar en la confrontación sin realizar cálculos mínimos que le indiquen fortalezas y debilidades, tanto suyas como de su enemigo y en cada caso, crear una situación que contribuya al cumplimiento de los objetivos y actuar solo cuando los cálculos indiquen que tendrá la victoria. (el ataque al campamento del guerrillero Raúl Reyes parece confirmar esta teoría).

Por ejemplo, enseña de estratagemas: “el verdadero arte de la guerra se basa en el engaño, vencer a enemigo sin luchar” y que otra cosa se evidencia, si no un virtuoso engaño, cuando el golpe mayor causado a las Farc en toda su historia, fue resultado de ello, sin disparar un solo tiro, sin derramar una sola gota de sangre, sin mayores despliegues de Tropas, les arrebataron de sus propias entrañas su tesoro más preciado, Ingrid Betancurt, tres estadounidenses y 11 Soldados Colombianos. Y no es el único caso, lo de Iván Ríos es otra enseñanza de Sun Tzu, “utilizar al enemigo para vencer al enemigo”, porque este jefe guerrillero murió en manos de sus propios hombres. Lo de alias Karina no es diferente: “ganar sin violencia, llevar a enemigo perder el ánimo en la lucha aunque sus unidades estén intactas”, eso sin mencionar que ya son cerca de 12 mil los guerrilleros de las farc que han perdido el ánimo de lucha y se han rendido ante el gobierno nacional.

Eso como muestra clara de la ejecución perfecta de parte de la doctrina mencionada, del “arte de la guerra”; pero también hay enseñanzas que deben ser igualmente desarrolladas con mucho juicio pero a futuro, hacia adelante, porque no es cosa de sentirse victorioso a pesar de los incuestionables éxitos obtenidos hasta ahora, de lo que se treta es de mirar como sellar la derrota de un enemigo que aunque “resquebrajado” puede si se lo permiten recuperarse, hay ejemplos, el ejercito de liberación nacional, ELN, el segundo grupo guerrillero colombiano, también reconocido como terrorista por la comunidad mundial, en 1972 fue aniquilado en más del 90% de sus hombres, armas y capacidades, sin embargo el exceso de triunfalismo permitió que se recuperara al punto que durante muchos años fue una guerrilla superior en fuerza, hombres y capacidades a las propias Farc; las que también demostraron capacidad de recuperación en 1964 luego de la operación ‘marquetalia’ que habiéndolas dejado “aniquiladas” lograron recuperarse y hayan llegado hasta la fecha, pasando por los nefastos años 90 donde demostraron una inmensa capacidad armada.

En tal sentido el maestro Sun Tzu enseña que el gobernante y sus generales deben primero “hacerse invencibles y luego buscar las vulnerabilidades del enemigo”, “conocer al enemigo como a sí mismo” y solo entonces, cuando todo indique victoria, dar inicio a las maniobras.

Pero hace también una advertencia que es justo valorar, no es recomendable persistir en el ataque contra un enemigo derrotado, “bajo estas circunstancias, un adversario luchará hasta la muerte. Hay que dejarle una salida a un ejército rodeado”, “Muéstrales una manera de salvar la vida para que no estén dispuestos a luchar hasta la muerte, y así podrás aprovecharte para atacarles”.

Esto ultimo debe entenderse como llegado el momento en que el gobierno debe evitar triunfalismos nocivos y fortalecido por los resultados, frente a la debilidad tanto en lo político como en lo armado de las Farc, presentar una estrategia que obligue a las Farc además de liberar a todos los secuestrados, entrar en proceso serio de paz con el estado sin que se sientan hostigadas y sin salidas diferentes al total aniquilamiento del grupo.

Mientras tanto no puede esperarse mucho de ellas, como están las cosas las Farc no van a liberar unilateralmente a nadie ni mucho menos a aceptar diálogos con el gobierno, eso sería el reconocimiento y aceptación de su derrota definitiva, lo cual no pueden permitirse. Además la enorme y creciente presión que están recibiendo solo sirve para endurecer sus posturas puesto que para ellas sigue siendo benéfico mantenerse en el contexto mediático.