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Ante las circunstancias, tanto nacionales como internacionales, nada mejor que adaptarse y diseñar y ejecutar estrategias que permitan sacar provecho. Sabiéndose sitiadas en lo armado, limitadas a defender sus campamentos con el empleo masivo de campos sembrados de minas antipersonas, a explotar bombas en centros urbanos poco protegidos, a asesinar indígenas y civiles indefensos y a reclutar “jóvenes” para mantener su masa, las Farc despliegan todo su arsenal político buscando avances a pesar de esas circunstancias.

La estrategia es clara, valiéndose del anhelo de paz general y de la creencia de que estando reducidas en lo armado no tienen otra opción que aceptar diálogos bajo las condiciones del gobierno, ocultan tres verdades incuestionables: 1) las Farc nunca han pensado en desmovilizarse ni entregar las armas, esa es una consigna clara, reiterada en los últimos comunicados de Alfonso Cano; 2) Los procesos de diálogo, nunca han sido más que una maniobra para recobrar fuerzas, abastecerse, evadir cercos militares y buscar santuarios que les brinden condiciones políticas mejores; y, 3) cualquier acercamiento o proceso esta condicionado la libertad de Sonia, Simón Trinidad e Iván Vargas, que estando extraditados por narcotráfico y terrorismo difícilmente puede el Estado colombiano ceder a tal imposición.

Y como siempre, en su retórica atractiva los jefes guerrilleros tienen objetivos hábilmente camuflados: 1) desarrollar una estrategia político-electoral para sustituir la mano dura del presidente Álvaro Uribe por la de un sucesor que caiga en la trampa de los procesos de paz (estrategia del péndulo), 2) debilitar el discurso de los candidatos afines a la Política de Seguridad Democrática, PDSD, 3) fortalecer la estrategia de solución negociada, 4) mediante liberaciones unilaterales simultáneas con actos terroristas y asesinatos indiscriminados desacreditar la PDSD y demostrar que en consecuencia se requieren opciones y candidatos distintos; 5) posicionar el Intercambio humanitario como eje de la campaña electoral, 6) crear un espacio político que margine al gobierno nacional de las liberaciones favoreciendo la participación de colombianos y colombianas por la paz con miras a las elecciones del 2010; y, 7) presionar al gobierno nacional para que acepte las condiciones de las Farc en eventuales próximas liberaciones: despeje, participación internacional, liberación de extraditados.

Además: 1) vincular gobiernos y personalidades extranjeras para recuperar escenarios externos perdidos, 2) manipular las liberaciones unilaterales para liberarse de las presiones internacionales, y, 3) vincular en el proceso a organismos multinacionales como UNASUR que quedaría bien posicionada frente a otros como OEA y ONU que no han logrado mayores avances en dichas liberaciones o procesos.

Faltaría mencionar a cargo de quienes estaría la ejecución de esas acciones y como es apenas lógico también los tienen: 1) periodistas que engañados en su buena fe o por simpatía ideológica les hacen el trabajo publicitario, 2) liberados debidamente aleccionados que desacrediten los rescates humanitarios (operación jaque), 3) intelectuales amigos “aliados estratégicos”, 4) ONG’s simpatizantes o engañadas, 5) seguidores de ideologías afines como el socialismo del siglo 21, foro de sao paulo, y, 6) medios de comunicación sectarios como ANNCOL, Agencia Bolivariana de Prensa y Telesur, y organismos socialistas regionales como la Coordinadora Continental Bolivariana, etc.

Todo eso reforzado con otras acciones que con seguridad reforzaran la estrategia general, como las marchas indígenas y campesinas; los paros sindicales y judiciales y las protestas estudiantiles, por cuanto crean un clima de agitación y desorden que debilitaría al Estado.

Finalmente, no puede descartarse la actividad armada o terrorista, solo que ella estaría reservada para períodos de tiempo específicos como por ejemplo los primeros meses de próximo año dado que se trata de un ciclo de mucha intensidad política por las campañas presidenciales y fechas conmemorativas como el 45º aniversario del grupo armado el 27 de mayo, o las muertes de sus comandantes, Raúl Reyes el primero de marzo, Iván Ríos el 7 del mismo mes y por supuesto la de su máximo líder ‘Tiro Fijo’ el 26 de mayo, etc., en el que bien serviría un intenso clima de violencia y de incertidumbre.

Toda manifestación popular, además de ser un derecho fundamental es asimismo una expresión cultural y en consecuencia no puede ser coartada; por el contrario, debe ser apoyada, respaldada y acatada. Tampoco debe ser utilizada como herramienta político-ideológica para beneficiar o arrinconar, según convenga, a un determinado sector.

Las comunidades indígenas colombianas argumentan para sus constantes movilizaciones causas en apariencia justas pero que vistas a fondo no son tanto. Y no son justas por cuanto son la colectividad que recibe del Estado los mayores beneficios en becas estudiantiles, servicios de salud gratuita y recursos económicos para sus proyectos sociales, mucho mejores que los recibidos por cualquier otro colombiano; además son quienes mayores y mejores tierras poseen. Siendo una agrupación aproximada de un millón y medio de individuos que equivaldrían al 3.3% de la población total de Colombia, son dueños del 27% de las tierras agrícolas que tiene el país.

Particularmente en el Cauca donde desarrollan una marcha desde hace dos semanas, la comunidad indígena suma aproximadamente 300 mil individuos y sin embargo cuenta con 700 mil hectáreas, más de dos hectáreas por individuo, incluyendo niños y ancianos, de tal suerte que cada familia indígena promedio de 5 personas tendría más de 10 hectáreas mientras muchos otros colombianos no tienen tan siquiera un solo metro. Quizás sea eso a lo que los propios indígenas, las ONG de derechos humanos y coincidencialmente las farc llaman desigual distribución de la tierra, caso en el cual tendrían razón absoluta.

Actos coincidentes también con las estrategias impuestas por Alfonso Cano a su llegada a la máxima dirigencia en las farc en las que orienta a su hombres a mover aliados políticos y personajes afines a su ideología para hacer más candente, por ejemplo, el enfrentamiento de algunos magistrados de algunas Cortes con el presidente Uribe y a promover los recientes paros de jueces, de cortadores de caña, de indígenas y otros sectores controlados por una extrema izquierda muy próxima al grupo armado.

En caso tal, y dado que la normatividad existente es explicita y clara respecto a la igualdad de las personas frente a los derechos humanos, que deben ser respetados más allá de diferencias de tipo racial, cultural, económico, ideológico, sexual, etc., sería apenas justo y aún necesario que fueran puestos en una balanza las posesiones de tierras y los beneficios que reciben del gobierno las comunidades indígenas frente a las posesiones de tierras y beneficios que reciben los demás colombianos y en justicia hacer una redistribución equitativa con lo que seguramente muchas de las necesidades de los colombianos no indígenas quedarían solventadas.

Pero como en Colombia cada acontecimiento oculta un segundo propósito, casi siempre en perjuicio gubernamental, o en beneficio de fuerzas adversas, este caso no podría ser la excepción. Y no es que la población indígena haga parte de ese propósito sino que es hábilmente manipulada y sus reales y nobles derechos utilizados para acorralar al gobierno e imposibilitarle su ejercicio democrático.

Por eso es que la marcha indígena actual más que reclamos por mayores tierras, que es solo el pretexto, exigen cosas que muy poco son de su incumbencia, (siendo absolutamente imparciales como se declaran constantemente), como el intercambio humanitario, la solución negociada del conflicto, la negación del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, la eliminación de la política de seguridad democrática, el rechazo a la reelección del presidente Uribe, entre otras cosas, que como ya esta dicho coinciden con las exigencias del grupo guerrillero farc. Inclusive, es tanto el grado de manipulación de la marcha por parte de esas fuerzas oscuras, que se han visto actos propios del grupo armado como el empleo de bombas artesanales, con las cuales causaron la mutilación de las manos de un agente de policía, la herida grave de cerca de cien más y la muerte de varios indígenas marchantes.

Y no solo eso, sus consignas contra el “imperialismo yanqui”, a favor de “socializar o nacionalizar” la producción, contra el TLC, etc., muestran gran afinidad con posiciones de la llamada oposición o izquierda colombiana y con los movimientos socialistas que pululan en la región, que sin ser actos ilegales, son clara prueba de que se trata mas que de una manifestación por la reivindicación justa de unos derechos en nada vulnerados, de un acto político-ideológico con fines claros de desestabilizar el gobierno existente.

Las FARC están acabadas, no tanto por la acción del estado que es determinante, sino a causa de sus propias ejecutorias.

En sus inicios fue un grupo minoritario de liberales inconformes organizados en autodefensas campesinas, que fueron permeados por el comunismo que los convenció de la posibilidad de tomarse el poder a partir del uso de las armas para luego repartirlo entre todos los pobres de Colombia. Esa filosofía inicial permitió al grupo crecer legitimado por la clase campesina hasta alcanzar miles de elementos y llegar a ocupar espacios importantes en todo el territorio nacional, especialmente donde la economía nacional era fuerte, por aquello de financiar su existencia con base en la extorsión y el secuestro.

Ante esos positivos resultados, y exagerando el triunfalismo, sus dirigentes creyeron estar a las puertas del triunfo y tener al Estado postrado ante sus fuerzas; para ellas la vía armada había dado los frutos esperados y por ello era necesario dar el golpe final, pero para eso hacían falta los recursos, un estado nuevo requiere dinero para consolidarse, y siendo las armas esa fortaleza, y siendo el dinero la condición para adquirirlas, lo buscaron donde lo había por montones, en el narcotráfico. Inicialmente como una actividad adyacente, indirecta; se trataba de cobrar una especie de gravamen a los narcotraficantes en todas las escalas: pistas clandestinas, laboratorios, comercialización y exportación.

El flujo de dinero fue enorme y con él la abundancia de armas y hombres, ¿pero por qué conformarse con una simple rebanada si podía tener la torta completa? Así entraron las FARC en el negocio del narcotráfico, desplazaron a los carteles, obligaron a los campesinos a incluir en sus terrenos un plantío de coca, construyeron sus ‘cocinas’ (laboratorios), crearon sus redes para comercializarlo y nombraron como responsable, banquero y administrador del negocio a Tomás Medina Caracas, alias “Negro Acacio” y al decimo sexto frente guerrillero como cuidador. Se calcula en 2 mil millones anuales el movimiento financiero de las FARC, específicamente por tráfico de drogas 60%, extorsión 28% y lavado de activos, entre otros.

Pero esa fortaleza había que manifestarla y la única manera era atacando con mayor fuerza al Estado, lograron asestar golpes contundentes contra la Fuerza Pública, secuestraron centenares de Agentes, y atacaron decenas de poblados, se enceguecieron con el éxito y no midieron los desmanes, no supieron calcular sus fuerzas y permitieron su desborde, pasando a un terreno que fue luego de su incursión al narcotráfico, el mayor de sus fracasos, el terrorismo, y no solo contra las fuerzas del Estado sino un terrorismo incontrolado, indiscriminado y rampante donde terminaron victimizando al propio pueblo que hasta entonces era su soporte produciendo su estampida y poniéndolo en su contra.

Eso, como forma para atacar al Estado en lo armado, porque buscando atacarlo en lo político cayó en otro yerro que les sería igualmente perjudicial, el secuestro indiscriminado, ya no con propósitos extorsivos como antes sino políticos. Sabiéndose triunfantes en lo armado había que actuar en otros campos y uno de ellos fue la toma de rehenes queriendo con ellos acorralar al gobierno y forzarlo a negociar bajo las condiciones guerrilleras, treta que tampoco ha dado frutos positivos pues sus fichas mayores las perdieron en una operación de rescate impecable que es hoy motivo de orgullo para el Estado y tema inspirador de trabajos periodísticos y culturales mundiales.

Entonces que se espera del futuro para las FARC?, no mucho, en lo armado están incapacitadas y acorraladas en las selvas, protegidas por múltiples campos minados que solo muestran su temor a la acción de las fuerzas del Estado. En lo político, aunque tienen en su poder a casi 3000 secuestrados, ninguno tiene, ni de lejos, la importancia que tenían los rescatados y por lo tanto su fortaleza política depende de apoyos foráneos y cambios de gobierno favorables, hechos poco probables.

El narcotráfico, el terrorismo y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, no son garantía de éxito. Por lo tanto a futuro las FARC no serán para nada algo que pueda ser visto como un grupo “de liberación” como lo fue en algún momento, ni siquiera estará unificada sino que mutará a una serie de grupúsculos vandálicos dedicados al narcotráfico y al secuestro extorsivo. Sus actuales dirigentes, dueños y administradores de los colosales recursos económicos, se refugiarán en algún país “amigo” donde gozarán de la fortuna acumulada, escondidos no solo de las autoridades judiciales sino de sus propios hombres que los buscaran para reclamarles su parte del botín. O sea, que el nombrado post conflicto en Colombia estará caracterizado por la lucha contra el narcotráfico y este representado por el grueso de las FARC que no alcancen el círculo dirigente que hoy tiene el acceso a los dineros.

El tema de los sindicatos, o mas exactamente del sindicalismo, es un asunto delicado del que poco se ha estudiado en su real contexto, solo se presentan como organizaciones que reclaman lo que sus dirigentes consideran derechos laborales pero pocos han querido ver lo que puede haber detrás de ellos o de su manejo.

Por ejemplo, que en Colombia los sindicatos no existen tanto para organizar a los trabajadores en búsqueda de mejoras salariales, propendiendo ellos, con su trabajo y eficiencia la mejoría de la empresa y en consecuencia la suya, sino que siempre va, hábilmente escondida, la intención de quebrarla.

En una sociedad no perturbada por ideologías antidemocráticas, (aunque la democracia sea el pretexto), especialmente de países desarrollados, -por ejemplo Japón-, cuando los trabajadores consideran justo y viable la petición de mejoras laborales o salariales acuden a la protesta, no mediante un ‘pliego de peticiones’ sino con un ‘pliego de ofertas’. Los trabajadores sindicalizados ofrecen al patrono mejoras empresariales de las cuales piden unas mejoras laborales que son porcentuales con aquellas, nunca esta implícita la quiebra de la empresa con peticiones exageradas sino que lo pedido es producto de lo ofrecido. Todos ganan. La empresa se fortalece, los beneficios laborales mejoran y hasta el desempleo decrece.

En Colombia, las necesidades laborales de los obreros, justas y auténticas, son utilizadas por intereses subterráneos que buscan cosas distintas. Por eso el ‘pliego de peticiones’ es exagerado hasta imposibilitar su aceptación por parte del patrono; o, cuando se ha visto que una empresa en Colombia florezca gracias a su sindicato; aquí todas las manifestaciones sindicales representan pérdidas que implican despidos y detrimentos laborales, que desde luego justifican la protesta pero que terminan enfrentando al Estado y a los trabajadores para beneficio de los promotores subrepticios, pocas veces o nunca obtienen las peticiones y es porque ese no es el objetivo real.

Y no es algo nuevo, la mayor tragedia sindical en la historia colombiana ocurrió en 1928 con la llamada “masacre de las bananeras” cuando por enfrentamientos violentos entre los trabajadores, dirigidos por integrantes del “Partido Socialista Revolucionario” y el Estado murió un número aún no claro de obreros. Lo ocurrido entonces no fue otra cosa que el uso de las necesidades obreras para enfrentar a los manifestantes contra el Estado. Presentaron un ‘pliego de peticiones’, además de exagerado, firmado por personas que al ser verificados sus nombres no eran trabajadores de la empresa, causa por la cual esta última no aceptó. Ese hecho originó el enojo de los trabajadores, hábilmente estimulados desde la clandestinidad, que iniciaron un ataque contra los policías que controlaban la protesta, secuestrándolos y quitándoles sus armas oficiales, para acto seguido con ellas atacar la base militar cercana, causando la reacción violenta de los soldados con resultados trágicos.

Guardando las debidas proporciones es algo parecido a las actuales marchas indígenas en el sur del país donde las cosas se han tornado violentas, al punto de que ya hay varios manifestantes muertos, un soldado secuestrado y golpeado por los manifestantes, un policía con sus manos amputadas por un explosivo lanzado por los indígenas y cerca de cien agentes más gravemente heridos.

Parece ser la aplicación de una artimaña antigua, que en este caso sería una estratagema, que no es otra cosa que un engaño, bien porque se hace o bien porque se induce, el caso es que da resultado, no el resultado que se espera, el de mejorar las condiciones laborales de los obreros o acceder a sus pretensiones los indígenas, sino el de perjudicar al gobierno, deslegitimarlo y ponerlo en la picota pública internacional. Poner al Estado contra la pared y forzar a la comunidad internacional a retirar cualquier apoyo o respaldo económico al país. En este caso a reforzar la negación del Tratado de Libre Comercio, TLC, con los Estados Unidos.

Porque no parece otra la intención de lo que pasa por estos días en el país, o si no, porque el incremento exagerado de las manifestaciones ocurre exactamente cuando el tiempo en el congreso norteamericano apremia para la aprobación del TLC, cuando se sabe que el virtual ganador de la presidencia se opone, precisamente por la “situación de violencia contra los sindicalistas” y por lo tanto nada más útil que llenarlo de motivos para reafirmar su decisión.

Con seguridad, las manifestaciones, los paros, las huelgas, y las marchas terminarán con el resultado de las elecciones de Estados Unidos, de ganar como todo lo indica el candidato opositor al TLC, pero seguirán si el ganador el es senador John McCain, intentando que el congreso de mayoría opositora al tratado se vea presionado a rechazarlo.

En un comunicado publicado en la red de comunicación afín al grupo terrorista, las FARC manifestaron su “voluntad” de continuar la idea de intercambio humanitario. A diferencia de episodios pasados, en esta ocasión fue poco el revuelo, no por el hecho que los colombianos que aún siguen secuestrados sean menos importantes que los rescatados por el Ejercito Nacional, sino porque la opinión pública sabe que el intercambio es una estrategia de chantaje y, sobre todo, es posible garantizar la libertad de los colombianos secuestrados sin arriesgar la seguridad de la población en general.

Pero, ahora, hay un elemento adicional. Cómo era de esperarse, las FARC aprovecharon el incidente de la utilización del emblema de la Cruz Roja con el fin de configurar un nuevo escenario de chantaje contra los colombianos. A inicios de este mes, el Comando Conjunto de Occidente de las FARC aseguró que toda misión humanitaria (llámese Cruz Roja Internacional, cualquier ONG de atención a víctimas y, aún, encuestadores) serían objetivos militares. Con ello, y al igual que con el problema del secuestro, las FARC buscan generar un sentimiento de culpa dentro de las víctimas de su violencia armada, como el violador intenta que la mujer ultrajada se sienta culpable del hecho punible del que ha sido víctima.

Y lo peor, dentro de su nuevo comunicado, las FARC tienen el descaro de imponer como nueva condición la participación de gobiernos extranjeros y la generación de alternativas para garantizar la protección de la población civil de los efectos de la confrontación. Pero, la pregunta, es ¿cómo las FARC pueden esperar confianza en sus proposiciones cuando, por el otro lado, declaran abiertamente cómo objetivo militar cualquier misión humanitaria en los territorios del sur? ¿Cómo esperan credibilidad sobre su intensión de proteger a los civiles de la confrontación cuando, en este momento, las bombas puestas en diversos lugares del territorio nacional indican un intento desperado, pero atroz, para solventar su debilidad en el campo de batalla?

En todo caso, y aún cuando el fracaso de las FARC se hace más evidente conforme pasa el tiempo, es necesario tener en cuenta que esta organización terrorista no da puntada sin dedal. La publicación de una nueva lista de canjeables y la declaración de objetivo militar a las misiones humanitarias tiene por objeto configurar, de nuevo, un sector de opinión que, sin tener la más mínmina intensión de apoyar al terrorismo, se convierten en fichas útiles para la presión política sobre el gobierno.

Tal como sucedió con la Señora Yolanda Pulecio quien, por su condición de madre de Ingrid Betancur, fortaleció la posición de Hugo Chávez como actor relevante dentro del intercambio sin tener, a priori, una simpatía más allá de la esperanza que Chávez podía representar al ser un interlocutor natural de las FARC, la lista de canjeables es un mensaje a las familias de los secuestrados para que retomen la presión contra el gobierno en términos de intercambio humanitario y a las organizaciones internacionales para presionar al gobierno sobre el imperativo de proteger a las víctimas sobre cualquier consideración militar estratégica. Se enfatiza y se insiste, estos sectores de la población no se les pueden considerar como apoyo político y social de la guerrilla pues, en últimas, simplemente buscan proteger sus prioridades personales y organizacionales, dentro del contexto adverso que impone la acción terrorista de las FARC.

Frente a este panorama, bien vale la pena mostrar a la opinión pública una posición de Estado que insista en el golpe estratégico a las FARC pero, que así mismo, ponga de presente el hecho que se tiene conciencia sobre el trabajo por delante en términos de asegurar la libertad de todos los secuestrados y garantizar la reparación de la todas las víctimas de las organizaciones terroristas. En ese sentido, se ha de insistir en el programa de Reparación Administrativa reglamentada en el Decreto 1290 de 2008 y los diversos programas para la Protección de los Derechos Humanos con los que cuenta el gobierno en particular y el Estado en general. Dentro de este escenario, las Fuerzas Militares actúan como el garante último de los derechos de los colombianos, en tanto que son los investidos de apelar al ejercicio legítimo de la fuerza para hacer valer el Estado de Derecho.

Por: Luisa Pérez - luisaperezbar@yahoo.es