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Una gran oportunidad se le presenta al Ejército Nacional para demostrar la transparencia de sus actos, cuando la procuraduría y la fiscalía terminen la investigación sobre las muertes en combate rápidamente rotuladas como falsos positivos; solo se espera un mínimo de imparcialidad y justicia de manera que cualquiera que sea el resultado esté en estricta verdad y no sea el producto de presiones o influencias tendenciosas.

Se espera claridad, pero no la claridad que convenga a intereses sombríos sino al pueblo colombiano, que si comprueban responsabilidades sean el producto de pruebas serias, reales y bien establecidas, ante lo cual y en consecuencia, quien sea hallado responsable debe recibir todo el peso de la justicia, los correctivos establecidos en derecho para los actos de su autoría aplicados en su máxima cuantía, pero igualmente si el resultado de la investigación libra al Ejército de responsabilidades debe ser objeto de un acto de desagravio propio para quien debiendo enfrentarse a los peores criminales y asesinos, lo hace dentro del respeto absoluto de las leyes y los derechos. Y actuar con total independencia, más allá de exigencias foráneas malintencionadas que demandan más que justicia, acciones revanchistas de corte ideológico.

Como las exigencias sobre conocer la verdad que no son tanto de las victimas o de sus familiares, sino más que todo de las Organizaciones No Gubernamentales a la que les interesa que haya sanciones internacionales contra el Estado porque deslegitimarlo y desprestigiarlo, justifica su pantallera lucha por los Derechos Humanos y así garantiza los aportes económicos que requieren para su sustento, pero para las verdaderas victimas sobrevivientes basta saber que el tema que le atañe recibió justicia cuando su victimario fue juzgado y condenado y que ellas como dolientes recibieron una indemnización económica que les ayudará a sobrellevar su sufrimiento.

Poco les interesa saber la verdad, para ellos es mucho saber que uno de los suyos fue asesinado o herido. Poco o nada puede servirle a un padre o a una madre saber los pormenores de la tragedia de su hijo. Eso es cosa de las ONG’s, por eso aparecen enarbolando la bandera de los Derechos humanos cuando mayores son los esfuerzos del Gobierno para derrotar a los violentos, y mejores los resultados; pero antes, cuando las grupos violentos estaban fuertes y a la ofensiva no se daban tantas marchas, huelgas, paros ni denuncias.

O, donde estaba Human Right Watch, HRW, antes del 2002, cuando los principales cabecillas de los grupos paramilitares no estaban presos ni extraditados y los otros 30 mil integrantes no estaban desmovilizados sino masacrando y narcotraficando, o donde cuando las farc destruían pueblos, asesinaban indiscriminadamente soldados y civiles, cuando no era posible transitar por ninguna carretera, cuando nadie quería venir al país a invertir, trabajar o descansar porque era secuestrado; cuando los alcaldes, gobernadores y demás dirigentes públicos debían ejercer sus cargos desde largas distancias porque los asesinaban o secuestraban si ponían un pie en sus provincias.

Pero más allá de la odiosa intromisión de las ONG, las Fuerzas Militares deben en su intimidad hacer los estudios necesarios, establecer los diagnósticos pertinentes y tomar las medidas necesarias y suficientes de manera que corten por lo sano el problema que tanto los afecta; determinar hasta la mínima responsabilidad individual o colectiva y en rigor tomar los correctivos que sean pertinentes, dando a la opinión pública las explicaciones suficientes y demostrando no solo la contundencia de las medidas tomadas sino además su gran disposición y compromiso a no recaer en esa clase de eventos.

A su turno, el Estado debe también hacer un balance juicioso y determinar quienes son victimas autenticas y hacer por propia iniciativa todo el esfuerzo que sea necesario para indemnizarlas aunque el esfuerzo económico parezca ingente, que a la larga no lo será tanto como sería en caso de tener que hacerlo producto de una sentencia de una Corte Internacional de Justicia como la Interamericana, porque eso sería mucho mas costoso, no solo en lo económico sino también en lo político y social y de esto último difícilmente podría recuperarse.

Si tanto el gobierno por su parte y las fuerzas militares por la suya dan absolutas y verdaderas muestras de resarcimiento y reconocimiento por todas las victimas de los grupos violentos, inclusive en los que hayan comprobadas responsabilidades de algún agente del estado, será un gesto bien recibido por toda la comunidad y de paso quitará argumentos de ataque mediático, político y social y en consecuencia su legitimidad, su aceptación y su reconocimiento traerán un enorme grado de confianza que servirá al país.

Todo eso, además de hacer justicia, serviría para calmar pasiones perversas como las del ex secretario del partido comunista de Chile y Director de la Organización No Gubernamental ‘Human Rihgt Watch, HRW’, José miguel Vivanco, quien con poco claros intereses cada año emite su famoso informe atacando directamente al presidente Uribe, a su gobierno y a sus instituciones señalándolo como responsable, sin juicio previo, de cuanto malo ocurre en Colombia, y no es que existan casos nuevos sino que recicla hechos antiguos. Además tiene el descaro y el cinismo de culpar al Presidente Uribe de que los jueces no hagan las preguntas que el quisiera a los ex paramilitares presos y extraditados. Para ese señor el gobierno era cómplice de los paramilitares por negarse a extraditarlos y ahora lo es por haberlos extraditado. Que pasaría y que diría el señor Vivanco si como en Venezuela, también de aquí fuera expulsado.