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Varios actos, todos ellos deplorables por cínicos, hicieron las Farc para escarmentar al pueblo colombiano, el haber marchado contra ellas el 4 de Febrero de 2008. Además de buscar opacar la noticia, que de otra forma hubiera sido la de mayor relevancia, al cumplirse el primer año de la protesta multitudinaria el grupo terrorista liberó dos días antes y uno después a seis secuestrados asegurando antes un espectacular show mediático-político; mientras tanto secuestraba a un grupo de 27 inocentes indígenas de la etnia Awá, en el departamento de Nariño, para luego asesinarlos sin que importara el hecho de que algunas de esas personas eran mujeres en avanzado estado de embarazo y causando además el desplazamiento de más de 400 de ellas.
En clara muestra de autonomía y valor, el 23 de marzo del 2009, cerca de 700 indígenas rebelados contra los secuestradores y asesinos de su pueblo y ante la inhumana negativa de devolver los cadáveres exterminados a punta de cuchillo por las Farc, decidieron, junto a representantes del Estado, miembros de algunas organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo Delegada para las minorías étnicas, iniciar una peregrinación, llamada “Minga Humanitaria por la Vida y la Dignidad del Pueblo indígena Awá”, hacia el interior de la selva con el fin de recuperar los cuerpos de los indígenas asesinados por el grupo terrorista.

No sin grandes sacrificios físicos y debiendo sortear, además de las dificultades atmosféricas y topográficas, el enorme riesgo que revisten los campos sembrados con minas antipersonas, que los asesinos plantaron para dificultar la acción de recuperación de los cuerpos y buscando la muerte de quien se atreviera a llegar al sitio; hallaron los cadáveres de ocho indígenas, dos de los cuales pertenecerían a las indígenas Omaira García y Patricia Guanga, cada una con siete meses de embarazo.
Sin embargo poco ha sido el cubrimiento mediático, quizás porque no vende tanto como la última carta de Alfonso Cano al llamado ‘Comité de colombianos por la paz’ en la que cínicamente propone una especie de intercambio de cadáveres como condicionante para devolver el cuerpo de una de sus victimas asesinada varios años de después de haberla secuestrado, descontando méritos a la acción altruista de la comunidad Awá que retando peligros presentes y futuros se internó hasta el área del crimen en abierto desprecio por los asesinos y sus amenazas.

Tampoco es notable la presencia de muchas de las ONG de Derechos Humanos, acérrimas críticas cuando se trata de fiscalizar los actos del Estado, pero que en esta oportunidad han brillado por su ausencia. No se sienten, en este caso, las condenas contra los autores ni las expresiones de solidaridad con las victimas de los movimientos llamados bolivarianos, ni del mencionado Comité de Colombianos por la Paz. No se han visto ni oído sus condenas por este indiscutible acto genocida, reconocido con cinismo por el propio grupo armado y por el contrario pretenden trasladar la responsabilidad al Estado como si las Farc hubieran asesinado a los 27 Awás en cumplimiento de políticas estatales.

Quizás pasa que si el reclamo se hace contra los asesinos no tiene los efectos políticos y económicos que si tiene hacerlo contra el Estado dadas las numerosas organizaciones que se lucran abundantemente con cada condena monetaria impuesta a la nación; además se esconde que se trata de la aplicación de parte del llamado “plan renacer” impuesto por Alfonso Cano según el cual “es prioridad infiltrar y controlar los corredores que atraviesan Nariño, Cauca y Valle, …todas las zonas que tienen la fortaleza de las represas (Anchicayá y Salvajina) y las comunidades indígenas, que tiene que trabajarlas para que estén de nuestra parte, …el refuerzo en las filas tiene que salir de las comunidades indígenas asentadas en los campamentos farianos”. Claro mensaje, se unen a las Farc o mueren.

Ojalá quienes se prestan al macabro juego de las Farc, superando diferencias políticas o ideológicas sumen esfuerzos contra los verdaderos secuestradores y asesinos y se pongan del lado de las victimas, apoyen la comunidad Awá, y en unidad, aunque ello no represente desprestigio del Estado, condenen sin temor y con afluencia, todos esos actos; que marquen sus posiciones contra los indiscutibles causantes, no solo de estas muertes inocentes sino de muchas más que tanto quiere erradicar el pueblo colombiano y que entiendan que no es culpando de ellas al Estado como los victimarios reciben castigo porque eso lo que hace es fortalecer y generalizar el crimen.

No es posible que alguien con tan alto grado de estupidez pretenda algún día acceder a dirigir los destinos de una nación. Quienes dirigen a las Farc, están ciegos o son infinitamente estúpidos como para esperar, con actos de clara crueldad y terrorismo, que el pueblo y-o el mundo les brinde el apoyo que requieren para algún día librarse de los calificativos de terroristas y de narcotraficantes que tanto les afectan y que mucho esperan que les sean retirados y que además les den reconocimiento legitimo.

Y son estúpidos porque en su búsqueda de esos reconocimientos cometen actos que a más de crueles e inhumanos solo logran mayor rechazo y repudio, lo que indudablemente las aísla más de sus objetivos. A no ser que ese objetivo este, como piensan muchos analistas, en mantener indefinidamente en el tiempo la prolongación del conflicto como distractor para mantenerse en su actividad puramente narcotraficante y así mantener su enorme capacidad económica pretextando la búsqueda de recursos económicos para la guerra cuando en realidad se trata de un simple cartel que utiliza la guerra y el terrorismo como camuflaje del narcotráfico.

También son cínicos porque ante cada acto criminal, actúan inicialmente con indiferencia y hasta con negativas explicitas hasta que la fuerza de los propios hechos las obliga a reconocerlo, algo que hacen intentando justificarse echando las culpas y responsabilizando a otros, especialmente al Estado y a las mismas victimas. Y eso es algo a lo que han apostado desde sus inicios hace cerca de 50 años, y lo hacen porque muchas veces tienen quien caiga en esos engaños; se sirven de la ingenuidad nacional e internacional, de la buena fe y de los anhelos de paz general.

Pasó con la masacre de los 11 diputados del valle, la cual negaron insistentemente, inclusive acusando de ello al Estado colombiano y solo hasta que no pudieron ocultarlo más decidieron reconocerlo pero buscando pretextos y excusas para de todas formas evadir su total responsabilidad. Pasó con el secuestro y posterior masacre de tres indigenistas norteamericanos en la comunidad indígena panameña de Pucuró, el 31 de enero de 1994; pasó con los indigenistas estadounidenses, Terence Freitas, Ingrid Washinawatok y Laheenae Gay; en caserío El Chuscal, en jurisdicción de Cubará, departamento de Boyacá, límites con Arauca en 1.999, hasta que un video presentado por los medios de comunicación descubrió al “mono jojoy” fraguando la excusa mediante un “juicio ficticio” pero reconociendo que los habían “matado” por “enemigos de la revolución”; igual con 12 religiosos gnósticos que masacraron en mayo de 1999 en el municipio de Puerto Rico, departamento del Caquetá; etc., y con los profesores indígenas Arselio Peñas Guatico y John Jairo Osorio Pisario, pertenecientes a la reserva de Unión Waunana, situada entre Istmina y el Bajo Baudó, Chocó, a quienes secuestraron y posteriormente masacraron en abril de 2006, o la muerte de los indígeas Awá Juan Dionicio Ortiz, Ademelio Pai, Arcenio Canticús y los dos hijos menores de éste último, Germán y Andrés Canticús, el 15 de julio del 2007, en un campo sembrado de minas antipersonas, en la zona rural de Ricaurte, Nariño.

Ahora repiten con la feroz matanza de indígenas Awá en el departamento de Nariño, donde primero secuestraron, luego torturaron y finalmente masacraron a cuchillo al menos a 27 indígenas (según la propia versión awá), cosa que negaron hasta que la fuerza de los acontecimientos las obligó a reconocerlo (ocho según versión Farc), pero desde luego trasladando la responsabilidad no solo hacia el Estado colombiano sino a las propias victimas porque según los criminales eran colaboradores del Ejército Nacional.

Desconociendo en su ceguera cínica que por las condiciones geográficas y topográficas el acceso y la presencia de Tropas estatales se hacía supremamente difícil, a tal punto que para el arribo al sitio de los hechos fueron necesarios cerca de ocho días; además por los extensos campos sembrados de minas antipersonas que instalaron los guerrilleros en los alrededores de los cuerpos sin vida de los indígenas masacrados. Acto cínico reforzado con el eco que hacen algunas organizaciones no gubernamentales que secundan la versión guerrillera responsabilizando de los hechos al gobierno nacional, o en el mejor de los casos haciendo tímidos señalamientos contra el grupo armado. En total, según algunos estudios independientes, son cerca de 200 indígenas Awá asesinados en 4 masacres y 50 las victimas de las minas antipersonas, sin mencionar los casos de desplazamiento forzado, el confinamiento y otras agresiones y violaciones de las que son victimas esas comunidades por parte de las Farc y otros grupos armados.

“Estos crueles asesinatos violan los principios más básicos de la integridad y dignidad humana”. José Miguel Vivanco, Human Rights Watch.

Toda manifestación popular, además de ser un derecho fundamental es asimismo una expresión cultural y en consecuencia no puede ser coartada; por el contrario, debe ser apoyada, respaldada y acatada. Tampoco debe ser utilizada como herramienta político-ideológica para beneficiar o arrinconar, según convenga, a un determinado sector.

Las comunidades indígenas colombianas argumentan para sus constantes movilizaciones causas en apariencia justas pero que vistas a fondo no son tanto. Y no son justas por cuanto son la colectividad que recibe del Estado los mayores beneficios en becas estudiantiles, servicios de salud gratuita y recursos económicos para sus proyectos sociales, mucho mejores que los recibidos por cualquier otro colombiano; además son quienes mayores y mejores tierras poseen. Siendo una agrupación aproximada de un millón y medio de individuos que equivaldrían al 3.3% de la población total de Colombia, son dueños del 27% de las tierras agrícolas que tiene el país.

Particularmente en el Cauca donde desarrollan una marcha desde hace dos semanas, la comunidad indígena suma aproximadamente 300 mil individuos y sin embargo cuenta con 700 mil hectáreas, más de dos hectáreas por individuo, incluyendo niños y ancianos, de tal suerte que cada familia indígena promedio de 5 personas tendría más de 10 hectáreas mientras muchos otros colombianos no tienen tan siquiera un solo metro. Quizás sea eso a lo que los propios indígenas, las ONG de derechos humanos y coincidencialmente las farc llaman desigual distribución de la tierra, caso en el cual tendrían razón absoluta.

Actos coincidentes también con las estrategias impuestas por Alfonso Cano a su llegada a la máxima dirigencia en las farc en las que orienta a su hombres a mover aliados políticos y personajes afines a su ideología para hacer más candente, por ejemplo, el enfrentamiento de algunos magistrados de algunas Cortes con el presidente Uribe y a promover los recientes paros de jueces, de cortadores de caña, de indígenas y otros sectores controlados por una extrema izquierda muy próxima al grupo armado.

En caso tal, y dado que la normatividad existente es explicita y clara respecto a la igualdad de las personas frente a los derechos humanos, que deben ser respetados más allá de diferencias de tipo racial, cultural, económico, ideológico, sexual, etc., sería apenas justo y aún necesario que fueran puestos en una balanza las posesiones de tierras y los beneficios que reciben del gobierno las comunidades indígenas frente a las posesiones de tierras y beneficios que reciben los demás colombianos y en justicia hacer una redistribución equitativa con lo que seguramente muchas de las necesidades de los colombianos no indígenas quedarían solventadas.

Pero como en Colombia cada acontecimiento oculta un segundo propósito, casi siempre en perjuicio gubernamental, o en beneficio de fuerzas adversas, este caso no podría ser la excepción. Y no es que la población indígena haga parte de ese propósito sino que es hábilmente manipulada y sus reales y nobles derechos utilizados para acorralar al gobierno e imposibilitarle su ejercicio democrático.

Por eso es que la marcha indígena actual más que reclamos por mayores tierras, que es solo el pretexto, exigen cosas que muy poco son de su incumbencia, (siendo absolutamente imparciales como se declaran constantemente), como el intercambio humanitario, la solución negociada del conflicto, la negación del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, la eliminación de la política de seguridad democrática, el rechazo a la reelección del presidente Uribe, entre otras cosas, que como ya esta dicho coinciden con las exigencias del grupo guerrillero farc. Inclusive, es tanto el grado de manipulación de la marcha por parte de esas fuerzas oscuras, que se han visto actos propios del grupo armado como el empleo de bombas artesanales, con las cuales causaron la mutilación de las manos de un agente de policía, la herida grave de cerca de cien más y la muerte de varios indígenas marchantes.

Y no solo eso, sus consignas contra el “imperialismo yanqui”, a favor de “socializar o nacionalizar” la producción, contra el TLC, etc., muestran gran afinidad con posiciones de la llamada oposición o izquierda colombiana y con los movimientos socialistas que pululan en la región, que sin ser actos ilegales, son clara prueba de que se trata mas que de una manifestación por la reivindicación justa de unos derechos en nada vulnerados, de un acto político-ideológico con fines claros de desestabilizar el gobierno existente.

El tema de los sindicatos, o mas exactamente del sindicalismo, es un asunto delicado del que poco se ha estudiado en su real contexto, solo se presentan como organizaciones que reclaman lo que sus dirigentes consideran derechos laborales pero pocos han querido ver lo que puede haber detrás de ellos o de su manejo.

Por ejemplo, que en Colombia los sindicatos no existen tanto para organizar a los trabajadores en búsqueda de mejoras salariales, propendiendo ellos, con su trabajo y eficiencia la mejoría de la empresa y en consecuencia la suya, sino que siempre va, hábilmente escondida, la intención de quebrarla.

En una sociedad no perturbada por ideologías antidemocráticas, (aunque la democracia sea el pretexto), especialmente de países desarrollados, -por ejemplo Japón-, cuando los trabajadores consideran justo y viable la petición de mejoras laborales o salariales acuden a la protesta, no mediante un ‘pliego de peticiones’ sino con un ‘pliego de ofertas’. Los trabajadores sindicalizados ofrecen al patrono mejoras empresariales de las cuales piden unas mejoras laborales que son porcentuales con aquellas, nunca esta implícita la quiebra de la empresa con peticiones exageradas sino que lo pedido es producto de lo ofrecido. Todos ganan. La empresa se fortalece, los beneficios laborales mejoran y hasta el desempleo decrece.

En Colombia, las necesidades laborales de los obreros, justas y auténticas, son utilizadas por intereses subterráneos que buscan cosas distintas. Por eso el ‘pliego de peticiones’ es exagerado hasta imposibilitar su aceptación por parte del patrono; o, cuando se ha visto que una empresa en Colombia florezca gracias a su sindicato; aquí todas las manifestaciones sindicales representan pérdidas que implican despidos y detrimentos laborales, que desde luego justifican la protesta pero que terminan enfrentando al Estado y a los trabajadores para beneficio de los promotores subrepticios, pocas veces o nunca obtienen las peticiones y es porque ese no es el objetivo real.

Y no es algo nuevo, la mayor tragedia sindical en la historia colombiana ocurrió en 1928 con la llamada “masacre de las bananeras” cuando por enfrentamientos violentos entre los trabajadores, dirigidos por integrantes del “Partido Socialista Revolucionario” y el Estado murió un número aún no claro de obreros. Lo ocurrido entonces no fue otra cosa que el uso de las necesidades obreras para enfrentar a los manifestantes contra el Estado. Presentaron un ‘pliego de peticiones’, además de exagerado, firmado por personas que al ser verificados sus nombres no eran trabajadores de la empresa, causa por la cual esta última no aceptó. Ese hecho originó el enojo de los trabajadores, hábilmente estimulados desde la clandestinidad, que iniciaron un ataque contra los policías que controlaban la protesta, secuestrándolos y quitándoles sus armas oficiales, para acto seguido con ellas atacar la base militar cercana, causando la reacción violenta de los soldados con resultados trágicos.

Guardando las debidas proporciones es algo parecido a las actuales marchas indígenas en el sur del país donde las cosas se han tornado violentas, al punto de que ya hay varios manifestantes muertos, un soldado secuestrado y golpeado por los manifestantes, un policía con sus manos amputadas por un explosivo lanzado por los indígenas y cerca de cien agentes más gravemente heridos.

Parece ser la aplicación de una artimaña antigua, que en este caso sería una estratagema, que no es otra cosa que un engaño, bien porque se hace o bien porque se induce, el caso es que da resultado, no el resultado que se espera, el de mejorar las condiciones laborales de los obreros o acceder a sus pretensiones los indígenas, sino el de perjudicar al gobierno, deslegitimarlo y ponerlo en la picota pública internacional. Poner al Estado contra la pared y forzar a la comunidad internacional a retirar cualquier apoyo o respaldo económico al país. En este caso a reforzar la negación del Tratado de Libre Comercio, TLC, con los Estados Unidos.

Porque no parece otra la intención de lo que pasa por estos días en el país, o si no, porque el incremento exagerado de las manifestaciones ocurre exactamente cuando el tiempo en el congreso norteamericano apremia para la aprobación del TLC, cuando se sabe que el virtual ganador de la presidencia se opone, precisamente por la “situación de violencia contra los sindicalistas” y por lo tanto nada más útil que llenarlo de motivos para reafirmar su decisión.

Con seguridad, las manifestaciones, los paros, las huelgas, y las marchas terminarán con el resultado de las elecciones de Estados Unidos, de ganar como todo lo indica el candidato opositor al TLC, pero seguirán si el ganador el es senador John McCain, intentando que el congreso de mayoría opositora al tratado se vea presionado a rechazarlo.