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El próximo primero de noviembre se termina el veto que impedía a la Corte Penal Internacional, CPI, intervenir en Colombia. Un tema de muchísima importancia que al parecer el Gobierno Nacional no le da la suficiente importancia.
Se supone que el Presidente Andrés Pastrana, días antes de entregar su mandato pidió una prórroga de siete años, como lo permite el artículo 124 del Estatuto de Roma, para la entrada en vigencia de la acción de la CPI, en lo referente a los Crímenes de guerra (artículo 8°), con la supuesta intención de no afectar posibles y futuros diálogos de paz con los grupos armados.
Sin embargo no hubo tales diálogos y a pesar de la innegable mejoría en la reducción de los índices de violencia los casos de infracciones al Derecho Internacional Humanitario siguen; los grupos armados aún secuestran, asesinan personas y destruyen o se apropian de bienes protegidos, reclutan forzadamente a menores de edad, utilizan las tenebrosas minas antipersonas y fuerzan abortos al interior del grupo armado, etc.,
Pero algo por decir lo menos es curioso; cuando se supone que la Corte entraría a juzgar personas también por crímenes de lesa humanidad como está considerado el abominable secuestro, sin que a ello hubiera veto alguno no ha tomado ninguna acción y si espera con firmeza que finalice sobre los crímenes de guerra como si ya hubiera predisposición y objetivos específicos seguramente, como lo afirmara el propi Fiscal Luis Moreno Ocampo, Colombia está “incluida en el paquete de naciones en su mira” como si no lo estuviera ya desde la misma creación del órgano de justicia internacional.
Parece paradójico que no haya tomado acción alguna sobre como los crímenes de genocidio (artículo 6°) que son las masacres de indígenas, de diputados, de civiles indefensos, etc., o de lesa humanidad (Artículo 7°) como el secuestro (privación grave de la libertad física), el asesinato, el desplazamiento forzado, la tortura, la violencia sexual, etc., que son “prácticas generalizadas y sistemáticas” de los grupos guerrilleros y sí está muy atenta a iniciarlos sobre los de guerra como si desconociera su ocurrencia o no tuviera jurisdicción sobre aquellos.
Además según se entiende de sus propias declaraciones, su mayor interés está en los crímenes cometidos por los grupos paramilitares como si una masacres de estos fuera más grave que las de las Farc, o como si el veto hecho por Colombia cubriera hasta hoy no solo los crímenes de guerra sino también los de lesa humanidad y los de genocidio muy comunes en todos los grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes.
Sin embargo la culminación del veto es muy positivo para Colombia porque obliga a los criminales a pensarlo dos veces antes de cometer cualquiera de los crímenes que sean de la competencia de La Corte y de cometerlos a respetar la justicia nacional y además estimula al Gobierno a aplicar con rigor las leyes nacionales como única garantía para mantener lejana la actuación de la CPI y de paso tranquiliza a las organizaciones no gubernamentales que ven impunidad en todo lo que haga el Gobierno pues la lejanía de la CPI es garantía de la aplicación, ejercicio y eficiencia de nuestro sistema judicial.

Desde cuando iniciaba la década de los sesentas y estimulados por el auge mundial del comunismo y particularmente por el reciente triunfo de la revolución cubana, las incipientes Farc concibieron tomarse el poder mediante el empleo exclusivo de las armas. Sin embargo poco tiempo habría de pasar para que ingresara al grupo armado el dirigente comunista Jacobo Arenas quien consideró útil sumar a la lucha armada el aspecto político.

Desde entonces desplegaron intensas campañas políticas, especialmente de infiltración y penetración en las diversas esferas del poder, no solo al interior del país sino también en el exterior. Las primeras acciones al exterior iniciaron en los años ochentas bajo la responsabilidad del guerrillero ‘Jaime Guaracas’ pero su inexperiencia y la caída del muro de Berlín en 1989 la hicieron fracasar al poco tiempo.

En reacción al fracaso inicial, el secretariado creó la ‘comisión internacional’, desplegó sus mejores hombres y lograron los primeros frutos, armaron las primeras redes conformadas por adeptos en organizaciones legales, clandestinas y semiclandestinas, movimientos revolucionarios, organizaciones de Derechos Humanos y partidos políticos desde Argentina hasta los Estados Unidos. El plan básico fue enviar guerrilleros sin antecedentes conocidos a varios países (personas altamente politizadas que llevan en apariencia una vida normal, casi todos con una especialidad o un oficio montado por la guerrilla desde el cual adelantarían labores de inteligencia), quienes se harían pasar por refugiados políticos, lo que los volvería intocables, y una vez instalados dar inicio a la ofensiva.

Así, y solo para mencionar los ‘representantes orgánicos’ de las Farc en algunos países, se conoce de un hermano de alias Alfonso Cano, actual jefe máximo de las Farc, Carlos Roberto Sáenz, infiltrado en la misión diplomática permanente del gobierno de Colombia en Viena (hasta 1995); en Ecuador estaba Nubia Calderón como enlace del grupo en ese país, quien en apariencia solo era una administradora de un almacén; en Canadá tiene oficina y nacionalidad, Juan Jacobo Albán, hijo de Luis Alberto Albán Urbano alias Marcos Calarcá quien a su vez tubo la ‘oficina’ de las Farc en Méjico que al ser cerrada trasladó a Venezuela; en Chile se sabe de alias ‘Roque’. En Europa estarían Ómar Zabala, alias Lucas Gualdrón; Orlando Higuita, alias Orlando; Ovidio Salina, alias Juan Antonio y Mónica Granda, hija de Rodrigo Granda, quien ejerce el periodismo en algún país europeo; En Venezuela Ivan Marquez y Rodrigo Granda.

En estados Unidos, permanece uno de los hijos de Raúl Reyes quien terminó estudios en harbar, y Jorge Suarez, hijo del Mono Jojoy, quien estudia Aviación; en Francia otro llamado Ariel Devia y en Cuba su hija llamada Lida Devia.

Fortalecidos por los avances y ante la imposibilidad de lograr progresos militares desde la llegada de Álvaro Uribe al gobierno, orientaron su mayor esfuerzo político hacia Europa y América Latina donde encontraron apoyo de grupos afines y medios de comunicación que empezaron a presionar al gobierno colombiano a aceptar diálogos de paz bajo sus condiciones y además para que les fuera retirado el calificativo de terroristas. Para tal efecto cambiaron la ‘comisión internacional’ por el ‘frente internacional’ y designaron a ‘Raúl Reyes’ e ‘Iván Márquez’, quienes gracias a sus capacidades intelectuales adquiridas en Rusia y con un presupuesto inicial de 8.6 millones de dólares ampliaron el espectro político a favor del grupo armado. Crearon una formidable red de ‘cómplices’ internacionales. Algunos analistas llegaron a afirmar que “Colombia estaba ganando las batallas internas contra las FARC pero estaba perdiendo, sin saberlo, la guerra internacional”.

En 2003 crearon la Coordinadora Continental Bolivariana, que es hoy por hoy su punta de lanza, su sede principal fue en Carcas y las alternas en el Caribe, Méjico, Centroamérica, Brasil y el cono sur con la misión principal de acercar al grupo armado a gobiernos del continente, expandir las ideas del grupo ilegal y adelantar una campaña de desprestigio contra el presidente Uribe. Entre los eventos de mayor trascendencia realizado por la CCB esta la reunión de movimientos de izquierda en Quito, en febrero del 2008 donde emitieron la "resolución de apoyo a la batalla internacional de las FARC para ser sacadas de la lista de organizaciones terroristas (de Estados Unidos y la Unión Europea) y reconocidas como un grupo beligerante” y la conmemoración del 43 aniversario del grupo armado en Chile a mediados del 2007.

Actualmente existen estudios según los cuales serían más o menos 500 las organizaciones, legales e ilegales que les dan apoyo en más de 20 países específicamente conformadas por movimientos políticos, células clandestinas, sindicatos y estudiantes de izquierda radical, la mayoría como parte de la CCB, entre los que están 11 periódicos latinoamericanos independientes reconocidos como medios líderes en sus respectivos países. Allí organizan eventos, crean oficinas, hacen reclutamiento en universidades y desarrollan campañas de desprestigio contra los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos.

Aunque Colombia tiene muchas virtudes admirables, es reconocida por algunas pocas cosas negativas que desafortunadamente también tiene, no por idiosincrasia sino por la equivocada actitud de algunos pocos desadaptados que la ponen en la picota de la desconfianza general.

En consecuencia se ha convertido en el frente de acción de muchas organizaciones defensoras de los Derechos Humanos que quizás a falta de otras ocupaciones, seguramente mal informadas o con informaciones sesgadas provistas por intereses sórdidos y faltas de una mínima verificación, toman a Colombia como destinatario principal de su gestión a lo mejor para justificar su existencia y así mantener la vigencia que les demanda el flujo de recursos y apoyos económicos para mantener su infraestructura y funcionamiento, y en ese efecto sus informes ocupan el más alto porcentaje en criticas y desméritos contra el país dejando de lado otros países con similares, e incluso, superiores estadísticas.

Desconocen o subestiman que Colombia es de los países que más ha invertido, no solo en recursos económicos, políticos y humanitarios, sino con el altísimo costo de muchas vidas humanas para contener y evitar la criminalidad que la agobia; que además se acoge a todo acuerdo o tratado internacional que vaya en el sentido de “respetar, asegurar que se respeten y aplicar” las normas sobre derechos humanos de todos los colombianos; que es de los países con mayor presencia de delegaciones y organizaciones humanitarias en su territorio y que los contenidos del Derecho Internacional Humanitario y los estatutos de la Corte Penal Internacional, CPI, hacen parte de su legislación.

Sin embargo es injustamente señalada, cuestionada y estigmatizada, al punto de que hoy haya muchas personas y organizaciones no gubernamentales, inclusive Instituciones del propio Estado, solazadas a causa de la visita que hará al país el Fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo y de una carta que envió al gobierno colombiano indagando sobre los procesos del paramilitarismo y la extradición de paramilitares (desconoce que también hay guerrilleros igualmente procesados por crímenes de lesa humanidad y de guerra además de narcotráfico), quizás pensando que la intervención del organismo internacional traerá el fin de la violencia o que servirá para que los grupos armados ilegales se abstengan de cometer sus crímenes.

Parecería que ante el fracaso armado y político de las Farc con la muerte de tres de sus siete máximos dirigentes y el descubrimiento de sus patrocinadores nacionales e internacionales quienes por ello quedaron en evidencia y deben por lo menos tener mayores reservas en sus relaciones, los interesados estarían valiéndose de la CPI como otra forma de lucha para continuar el propósito de subvertir la democracia existente para de este modo quebrantar el estado colombiano, debilitarlo y luego asestar el golpe final que seria la instalación de la dictadura comunista, en el único Estado de la región donde no han logrado tal propósito.

Ante eso el estado colombiano debe tomar las medidas pertinentes y bastantes que garanticen un mínimo de justicia, verdad y reparación, que por suficientes impidan la intromisión de la CPI; debe aplicar con severidad las leyes existentes y castigar con el debido rigor a quienes sean hallados culpables de esos crímenes, pues la Corte no tiene jurisdicción retroactiva y por ello aplicará solo a partir del momento en que termine el veto del articulo 124 en cuanto a los crímenes de guerra y desde el 2002 para los de lesa humanidad y genocidio; ni es sustitutiva y por lo tanto mientras la legislación colombiana sea aplicada con el rigor debido, el organismo poco tendrá para hacer. Además queda tiempo suficiente para que el gobierno colombiano cree leyes más fuertes que además de servir para hacer justicia suficiente den tranquilidad a la voracidad de la CPI y anule las múltiples presiones contra el país.

No puede haber margen a señalamientos justificados de impunidad que son la puerta de entrada de la CPI, pero esa justicia debe ir no solo contra los miembros paramilitares por sus múltiples y horrendos actos como parece interesarle a la CPI, sino también contra los miembros guerrilleros que comenten idénticos actos que claramente tipifican lesa humanidad como el secuestro y genocidio como los miles de campesinos masacrados por considerarlos colaboradores del grupo enemigo, y desde luego contra los funcionarios públicos a quienes se les compruebe su participación en cualquiera de ellos.

Por ejemplo, ateniéndose al propio Estatuto de Roma, particularmente a su artículo 77, y al hecho de que ese articulado ya es parte de la legislación colombiana mediante la lay 742 de 2002, sería viable que el gobierno propusiera al legislativo la inclusión explicita en la legislación colombiana de la pena de cadena perpetua para los criminales de guerra, de lesa humanidad y genocidas que hayan cometido o cometan actos como secuestro, asesinatos individuales y múltiples, usen minas antipersonas y recluten niños entre otros crímenes de altar gravedad.