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Aunque con algunos desacuerdos normales el Presidente Álvaro Uribe decretó el estado de conmoción interior para garantizar a todos los colombianos el derecho fundamental a la justicia.

Quienes están en el paro, trabajadores de la rama judicial colombiana agrupados en la organización No gubernamental llamada ‘Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial, Asonal Judicial’, traspasaron claramente la frontera de la sensatez, elevando exigencias que por exageradas no es posible que sean aceptadas, y aún, a pesar de los generosos ofrecimientos del gobierno nacional mantuvieron su intransigencia motivando que fuera establecido el ‘Estado de Conmoción Interior’ que busca superar la crisis judicial generada por el paro. Debe quedar totalmente claro, para evitar mayores confusiones y malos entendidos, que no se trata de una acción para reprimir un paro, el cual por ser un derecho fundamental no puede ser vulnerado, sino para restituir otro derecho fundamental que es el del acceso a la justicia que tienen y deben tener todos los colombianos, no es contra el paro sino contra la crisis judicial generada.

El Decreto con el cual el gobierno toma las medidas que llevarán la justicia a los colombianos corresponde al número 3926 del 09 de Octubre del presente año y se justifica plenamente en el articulo 213 de la Constitución Nacional, que establece esa posibilidad para casos especiales en los que la institucionalidad y la seguridad nacional están en grave riesgo como ahora.

Viendo con objetividad, la situación, aunque no llegó a casos extremos, estaba a punto de hacerlo; o si no, como entender que más de 2.720 personas capturadas por delitos graves como homicidio, lesiones personales, hurto y narcotráfico fueran dejadas en libertad ante la ausencia de justicia en Colombia. O peor aún, que muchos delincuentes enjuiciados y presos por delitos como la toma del palacio de justicia y casos de secuestro entre otros delitos graves, estuvieran a punto de salir de las cárceles por vencimiento de términos, o que la Fiscalía General de la Nación no pudiera formular acusaciones por falta de jueces que las recibieran, y estuviera además a punto de suspender las investigaciones por otros delitos también graves como los autores del secuestro y asesinato del niño Santiago en Chia.

Y como si dichos casos no fueran ya muy graves, más de 120 mil procesos no habían podido ser fallados, 36 mil acciones de tutela sin poder aplicarse y 25 mil audiencias sin realizarse por la causa mencionada.

Con el propósito de salvar los inevitables procesos que seguramente entablaran los huelguistas debe quedar claro que la medida no fue un acto arbitrario del Presidente de la República sino, además de la imperiosa necesidad de restablecer el orden jurídico vulnerado, una respuesta al clamor de otros entes afines o complementarios de la Justicia como la Procuraduría y la Fiscalía que fueron los organismos que solicitaron al Gobierno Nacional la adopción de medidas de emergencia que conjuraran las perturbaciones causadas por el paro judicial.

Pero claro, como la intención de esta clase de actos no es exactamente la de pedir prerrogativas justas porque ellas ya habían sido otorgadas, (un magistrado recibe 17 millones de pesos, los Jueces entre 4 y 5 millones y un secretario un millón y medio de pesos mensuales), hacen peticiones exageradas a sabiendas que para el gobierno son imposibles de cumplir, especialmente en las actuales circunstancias de crisis económica mundial, por eso exigen la asignación de 600 mil millones de pesos y a pesar de que el gobierno, tratando de ser condescendiente, les ofrece 131 mil millones, los rechazan. Queda claro que no es eso lo que buscan, y por lo tanto que hay al más.

Por lo tanto, estando claro que no es dinero lo que buscan, queda pensar que es otra la intención del paro, y esa finalidad no es para nada transparente, quizás “armarle un problema interno y externo a Uribe”, o a lo mejor crean que “si el gobierno se niega pierde y si acepta también”.

De todas formas lo actuado por el gobierno nacional debe ser tomado con tranquilidad pero sin descuidar el caso ni olvidar que los causantes no van a quedarse indiferentes ante la derrota y con seguridad buscarán recursos que a pesar de las medidas de la conmoción interior, pongan en desventaja al gobierno hasta obligarlo, bien a ceder ante las pretensiones o bien a que algún organismo internacional interceda en beneficio de los huelguistas perjudicando de alguna manera al gobierno nacional.

luisaperezbar@yahoo.es