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Una antigua frase popular dice que “solo al árbol que da mejores frutos le tiran piedras” y eso parece confirmarse en todo caso frente al estado colombiano y al gobierno, no solo al actual sino históricamente a todos; solo que contra el actual, precisamente el que mayor aceptación popular y el que mejores resultados muestra frente a la violencia y la economía, es el objetivo de una gran andanada de piedras, y desde muchos sectores. Y al parecer la motivación se justifica en otro texto clásico infantil según el cual cuando la zorra no pudo alcanzar la uvas las despreció porque estaban verdes.

No es posible dar satisfacción a todos; ni siquiera en las mejores y más solidas familias puede el jefe del hogar complacer los diversos antojos de todos sus hijos. En el país, pasa igual, solo que aquí es premeditado y no para satisfacer antojos sino para desprestigiar a quien lo represente, y no por ilegitimo sino porque su permanencia en el poder impide la legada de quienes lo atacan.

Cuando cotidianamente los grupos paramilitares masacraban a los colombianos todos lamentaban lo hechos y exigían del estado acciones contundentes que protegieran a los colombianos; luego, cuando esos crímenes bajaron a cero porque sus perpetradores fueron apresados, exigieron la extradición por creer que la justicia en Colombia era frágil para tan graves crímenes, y cuando fueron extraditados reclamaron porque esto impedía los procesos en el país.

Cuando las farc, el eln y los demás grupos guerrilleros secuestraban, extorsionaban y asesinaban a todo aquel que osara no simpatizar con sus causas o transitar por las carreteras y los campos colombianos, o cuando volaban oleoductos, puentes, edificios, vías, etc., en pleno derecho reclamaban acciones del gobierno que los protegiera de esos actos, pero cuando esas ellas llegaron gracias a las políticas gubernamentales, las exigencias no pararon sino que mutaron a otros campos, ya no directos por no existir argumentos validos, y en el propósito inicial y perpetuo de “poner en aprietos” al presidente, optaron por los ataques mediáticos y jurídicos, también utilizando las acciones que buscando la satisfacción popular había tomado el gobierno.

El arma de lucha, ahora, es la llamada ley de victimas. No vale que para redactarla se hayan acatado recomendaciones de organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales, y de las propias victimas consultadas en audiencias públicas en diez regiones distintas del país y que ella contemple la reparación desde varios mecanismos como indemnización, restitución, rehabilitación, reparación simbólica, medidas de satisfacción y de no-repetición. Además, para nada niega la reparación de las victimas cuando los responsables sean agentes del estado, solo que para estos casos debe ser por la vía judicial. Mientras para las victimas de los grupos armados no.

Dicha ley, fue exigida como único mecanismo de protección, justicia y resarcimiento de todos los colombiano frente a las agresiones violentas de que estaban siendo victimas, sin que hubiera distinciones en cuanto al agredido ni al agresor, pero como la intención, otra vez, no es proteger derechos humanos, que son solo el pretexto, sino el desprestigio institucional, pretenden que esa ley sea aplicada no tanto contra los delincuentes como contra quienes los enfrentan.

Por eso exigen que baste el solo señalamiento contra un miembro del estado para que siendo considerado culpable de antemano, sin juicio previo, sin debido proceso, reciba el castigo y el estado indemnice solo por el hecho de haber sido acusado; entonces, donde esta el verdadero sentido de lo justo? Esta bien que cuando la persona sea victima, acreditada judicialmente, de un determinado grupo armado sea indemnizada solidariamente por el estado porque el agresor no este presente para que en juicio sea demostrada su responsabilidad y porque de haberlo sido, no tenga recursos para reparar los daños causados, pero en cuanto a los miembros de las fuerzas armadas, por estar presentes es indispensable que su responsabilidad este determinada como resultado de un proceso judicial, no por la mera acusación que corre el enorme riesgo de ser mal intencionada o injusta.

luisaperzbar@yahoo.es

Cuando falta la auténtica verdad, por desconocerla o por omitirla, toda afirmación se toma por cierta y se declina la objetividad dando paso a subjetividades viciosas que en consecuencia perjudican la mayoría de las veces a quienes no debe.

No solo la protección sino también la promoción de los Derechos Humanos debe ser –es- una de las principales consignas institucionales de toda democracia porque la legitima y fortalece; pero si bien es una obligación exclusiva de quienes ostentan tal responsabilidad, no debe ser bandera de batalla de quienes disienten de esa forma de gobierno, o de ese gobernante, porque origina injusticias que no solo no ayudan al propósito opositor sino que impiden su ejercicio humanitario en perjuicio de todo el componente social que se pretende proteger.

Por eso no es justo ni útil hacer señalamientos generalizados por conductas individuales, mucho menos cuando no existe aún concepto judicial de culpabilidad. Es lo que esta pasando con el ejército nacional con respecto al tema de los 11 jóvenes desaparecidos de Soacha y hallados luego como muertos en combates en el norte del país, se juzga, se señala, se cuestiona y se desmerita a toda una institución, cuando el caso atañe solo a unos individuos, desconociendo que si los responsables ya están al descubierto, o están en ese proceso, significa que los demás integrantes han cumplido y están cumpliendo su misión de protección de los derechos de los colombianos.

Y se hacen juicios desconociendo verdades importantes como el testimonio de un guerrillero desmovilizado de las farc que ante el senado de la república con ocasión del debate contra el ministro de defensa, quien aseguró que todo obedece a una simple estrategia de guerra política del secretariado de las farc en la que a un individuo, previamente seleccionado por sus capacidades persuasivas le son asignados los recursos suficientes para pagar testimonios de familiares, amigos y conocidos de los guerrilleros para que llegado el momento sirvan de prueba contra el Estado. La consigna de Alfonso Cano, según el relato del testigo que cumplía esa misión, es “hacer que toda baja guerrillera sea deslegitimada”. Por eso es que históricamente la mayoría de las muertes en combate que ha dado el Ejército Nacional han sido denunciadas como asesinatos de campesinos humildes lo cual testifican muchas personas que bajo juramento afirman que el muerto era un simple labriego además de ejemplo para la sociedad a quien conocían desde siempre, etc.

Y algo más cuenta a favor de la consigna guerrillera, toda denuncia contra el Estado o contra las Fuerzas Militares es tomada de antemano como cierta por cualquier destinario. Las organizaciones de Derechos Humanos y los medios de comunicación; a ellos no les importa quien sea la victima, les importa que hayan victimas, porque “eso vende”, sube la audiencia lo que para ellos es ganancia contante y sonante; igual con las Ong, que reciben grandes recursos para sus mantenimiento en la medida en que existan victimas que justifiquen su existencia que de modo contrario, sin victimas, para que existir. Además consiguen otro fin, quizás no de ellos pero igual producto de sus actuaciones que consiste en que desprestigian las políticas del Gobierno tan odiadas igualmente por guerrilleros y opositores políticos.

Para unos importa más el daño que se le pueda causar a los militares o al Estado y para otros los beneficios económicos, que las victimas.

Falta ver como será la estrategia guerrillera ante la iniciativa de crear oficinas de recepción de quejas en cada unidad militar, sabiendo que cada actuación de los militares estará certificada y avalada desde su planeamiento hasta su ejecución por representantes del ministerio público, y las falsas denuncias queden en evidencia.