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"Perdió donde le duele" fue uno de los titulares con que los medios de comunicación registraron los resultados del proceso electoral en Venezuela. En este sentido, para varios analistas la victoria de la oposición en 5 de los 22 es una señal inequívoca de cómo el proyecto bolivariano ha perdido vigencia en las áreas de mayor concentración demográfica y desarrollo económico del país.

Desde esta perspectiva, el avance político de la oposición demostraría un saludable equilibrio que, en el mediano plazo, tendría que redundar en la moderación de la revolución bolivariana. No obstante, y a partir del mismo panorama, el oficialismo venezolano se atribuyó de igual manera la victoria de los comicios, de manera que el Presidente Hugo Chávez Frías no dudo en interpretar el mensaje enviado por el electorado como una señal inequívoca del deseo de la mayoría de venezolanos para dar continuidad a las medidas de la "revolución bolivariana".

Podría decirse que cuando en una democracia liberal todas las corrientes políticas se sienten a gusto con los resultados, la estabilidad del sistema está garantizada. No obstante, tal como lo han señalado varias organizaciones a nivel mundial, es difícil caracterizar a la República Bolivariana de Venezuela como un sistema democrático liberal. De hecho, el escenario proselitista previo estuvo caracterizado por una campaña sistemática de persecución política tanto a los disidentes del chavismo como a los opositores históricos. En tal campaña, el mismo presidente Chávez llegó a insinuar la utilización de Fuerza Militar contra aquellos Estados dirigidos por la "oligarquía" que "pudiesen conspirar" contra el desarrollo de la revolución

Bajo las circunstancias señaladas, difícilmente el gobierno nacional venezolano va poder avanzar en su revolución sin llegar a confrontarse directamente con los gobiernos regionales. Bajo esta premisa fundamental, el trámite de los conflictos nación-región pueden desembocar en varios escenarios, dentro de los cuales está la polarización entre una "nación pobre revolucionaria" contra unas "regiones privilegiadas contrarrevolucionarias" (en los términos del Presidente Chávez). En el peor de los casos, la tensión puede emular la delicada situación de orden público registrado en Bolivia que, en el caso de Venezuela, podría tener repercusiones mucho más graves por cuanto Chávez ha estado construyendo poco a poco toda una infraestructura de guerra irregular para "sostener la revolución".

Sin embargo, la hipótesis de una guerra civil, aún cuando teóricamente posible, no alcanza a ser en la práctica del todo clara, por lo menos en el corto plazo. Esto, en primera instancia, por cuanto el escenario de confrontación va ser canalizado a través de la disputa de las próximas elecciones de la Asamblea Nacional, escenario donde Chávez tendría una nueva oportunidad para captar la simpatía del electorado y legitimar la posibilidad de perpetuarse en el poder de manera plebiscitaria. Pero, más allá de los incentivos que puede generar las elecciones en el mandatario de turno, lo cierto es que la oposición ha encontrado que el proselitismo electoral puede ser el mecanismo más efectivo para deslegitimar la revolución bolivariana y desmontar el esquema autoritario chavista. En este sentido, es estratégico para la oposición evitar niveles de polarización que den algún pretexto al gobierno para sostener una hipótesis de conspiración.

Una primera consecuencia de este escenario para la región se traduce en términos de reorientación de prioridades de la "revolución bolivariana" hacia adentro y de cara a las próximas elecciones de la Asamblea Nacional. Así como sucedió con Cuba, cuando Fidel Castro se vio obligado a claudicar en el intento de exportar la revolución debido a las dificultades políticas al interior de la isla, en el caso de Venezuela se presentaría una situación parecida. Además, no hay que pasar por descontado el hecho que el principal aliado de Venezuela en la región, Ecuador, ha venido señalando la posibilidad de moratoria en sus compromisos de deuda. Así, en el eje Caracas-Quito poco interés se tendrá de discutir la proyección internacional de un modelo político de alianza que, en la práctica, pone a los presidentes a competir por recursos escasos. Lo anterior, sin contar la caída del precio del petróleo.

Habría que decir que el escenario que ahora sufre el chavismo no es muy lejano al acontecido tras la derrota del referendo de reelección indefinida. Si se ve con detenimiento, desde ese momento el gobierno venezolano adoptó una posición mucho más prudente frente a temas fronterizos con Colombia en particular y una actitud menos interesada en hacer valer su peso en la región. Por supuesto, en el repertorio de acciones estratégicas de un proyecto político como el chavista siempre está la opción de fabricar un supuesto escenario de persecución por parte de "fuerzas oscuras internas e internacionales", con el fin de lograr mediante el miedo en la población lo que no puede lograr mediante las políticas públicas en el país con mayor inflación de América Latina.

luisaperzbar@yahoo.es

Una antigua frase popular dice que “solo al árbol que da mejores frutos le tiran piedras” y eso parece confirmarse en todo caso frente al estado colombiano y al gobierno, no solo al actual sino históricamente a todos; solo que contra el actual, precisamente el que mayor aceptación popular y el que mejores resultados muestra frente a la violencia y la economía, es el objetivo de una gran andanada de piedras, y desde muchos sectores. Y al parecer la motivación se justifica en otro texto clásico infantil según el cual cuando la zorra no pudo alcanzar la uvas las despreció porque estaban verdes.

No es posible dar satisfacción a todos; ni siquiera en las mejores y más solidas familias puede el jefe del hogar complacer los diversos antojos de todos sus hijos. En el país, pasa igual, solo que aquí es premeditado y no para satisfacer antojos sino para desprestigiar a quien lo represente, y no por ilegitimo sino porque su permanencia en el poder impide la legada de quienes lo atacan.

Cuando cotidianamente los grupos paramilitares masacraban a los colombianos todos lamentaban lo hechos y exigían del estado acciones contundentes que protegieran a los colombianos; luego, cuando esos crímenes bajaron a cero porque sus perpetradores fueron apresados, exigieron la extradición por creer que la justicia en Colombia era frágil para tan graves crímenes, y cuando fueron extraditados reclamaron porque esto impedía los procesos en el país.

Cuando las farc, el eln y los demás grupos guerrilleros secuestraban, extorsionaban y asesinaban a todo aquel que osara no simpatizar con sus causas o transitar por las carreteras y los campos colombianos, o cuando volaban oleoductos, puentes, edificios, vías, etc., en pleno derecho reclamaban acciones del gobierno que los protegiera de esos actos, pero cuando esas ellas llegaron gracias a las políticas gubernamentales, las exigencias no pararon sino que mutaron a otros campos, ya no directos por no existir argumentos validos, y en el propósito inicial y perpetuo de “poner en aprietos” al presidente, optaron por los ataques mediáticos y jurídicos, también utilizando las acciones que buscando la satisfacción popular había tomado el gobierno.

El arma de lucha, ahora, es la llamada ley de victimas. No vale que para redactarla se hayan acatado recomendaciones de organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales, y de las propias victimas consultadas en audiencias públicas en diez regiones distintas del país y que ella contemple la reparación desde varios mecanismos como indemnización, restitución, rehabilitación, reparación simbólica, medidas de satisfacción y de no-repetición. Además, para nada niega la reparación de las victimas cuando los responsables sean agentes del estado, solo que para estos casos debe ser por la vía judicial. Mientras para las victimas de los grupos armados no.

Dicha ley, fue exigida como único mecanismo de protección, justicia y resarcimiento de todos los colombiano frente a las agresiones violentas de que estaban siendo victimas, sin que hubiera distinciones en cuanto al agredido ni al agresor, pero como la intención, otra vez, no es proteger derechos humanos, que son solo el pretexto, sino el desprestigio institucional, pretenden que esa ley sea aplicada no tanto contra los delincuentes como contra quienes los enfrentan.

Por eso exigen que baste el solo señalamiento contra un miembro del estado para que siendo considerado culpable de antemano, sin juicio previo, sin debido proceso, reciba el castigo y el estado indemnice solo por el hecho de haber sido acusado; entonces, donde esta el verdadero sentido de lo justo? Esta bien que cuando la persona sea victima, acreditada judicialmente, de un determinado grupo armado sea indemnizada solidariamente por el estado porque el agresor no este presente para que en juicio sea demostrada su responsabilidad y porque de haberlo sido, no tenga recursos para reparar los daños causados, pero en cuanto a los miembros de las fuerzas armadas, por estar presentes es indispensable que su responsabilidad este determinada como resultado de un proceso judicial, no por la mera acusación que corre el enorme riesgo de ser mal intencionada o injusta.

luisaperzbar@yahoo.es

Aunque mucho se ha hablado de la “operación jaque”, y no es para menos por tratarse de una acción además de “perfecta” en lo operacional, lo táctico y lo estratégico; altruista en lo filosófico; ejecutada por militares colombianos basados en una inteligencia perfecta; hay aspectos de ella que no han sido percibidos aún y que merecen comentario propio.

En cuanto a dicha operación es claro y son varios los frentes que han tratado de desacreditarla y de quitarle honor tratando muchas veces de imponer tesis sórdidas en clara intención de evitar cualquier concepto de aprobación al gobierno o al ejército que la hizo, lo intentaron denunciado el uso del emblema de la Cruz Roja Internacional, CICR, como si el hecho no hubiera sido un acto exclusivamente humanitario cual es la razón de ser de ese organismo, también asegurando que existió participación directa o indirecta de tropas y tecnología de Estados Unidos, que fueron utilizados logotipos de alguno medios de comunicación, que se pagaron 20 millones de dólares, etc., todo tratando de que alguien con la suficiente autoridad pusiera en aprietos jurídicos, económicos o políticos al gobierno colombiano. La mezquindad sobre la libertad.

Todo en sospechosa coincidencia con la posición de las farc que aseguraron se trató de un acto de traición por parte de los comandante –alias Cesar y alias Gafas- que custodiaba a los secuestrados.

Hasta la ridiculez con tal de negarse a reconocer que fue un ingenioso rescate, que el Ejército Nacional es capaz de hacer esa clase de actos, que puede enfrentar y causar duros golpes contra las FARC sin hacer un solo disparo, a base de astucia, de tomar riesgos, como saber que un solo error por mínimo que fuera causaría no solo la muerte de todos los militares que ejecutaban la operación sino la muerte de todos los secuestrados sabiendo que ese hubiera sido un golpe mortal a la política de seguridad democrática del gobierno y por lo cual hubiera sido ya sancionado en lo económico y en lo político. “Primó la inteligencia militar y la infiltración, no registró pérdidas humanas, ni siquiera hubo disparos, por lo que el Gobierno y el ejército colombiano recibieron la gratitud de los rescatados, sus familiares y el pueblo colombiano, a la vez que el reconocimiento y el elogio unánime de la comunidad internacional”.

Pero falta ver mas allá del simple episodio que es la libertad de Ingrid junto a tres ciudadanos estadounidenses y 11 colombianos, hay algo si no más valioso por lo menos digno de ser reconocido y es la solidez moral de los soldados y policías rescatados, porque a pesar del tiempo, la distancia, las penurias y el abandono social mantuvieron firme su integridad ideológica, su patriotismo y su vocación militar siempre manifestada en todos sus comentarios aún cuando ignoraban que estaban siendo rescatados y se referían a su “glorioso ejército nacional de Colombia” y ya enterados declaraban “siempre los esperamos, siempre, diez años esperando al ejercito”, que allí estaba su ejército, que no los había abandonado como quisieron hacerle creer por muchos años los propios secuestradores.

Una buena señal de la verdadera formación y fortaleza moral de los miembros de las Fuerzas Militares que debiera servir a los acérrimos críticos que solo ven las cosas malas para que no midan por estas el comportamiento de todos, porque se requiere una fortaleza de hierro para no sucumbir ante las tenebrosas circunstancias y caer como ocurre con naturalezas menos consistentes en desviaciones ideológicas que al final terminan en contra de sus propios orígenes uniéndose al bando agresor como ocurre en el llamado síndrome de Estocolmo que es muy común en estos casos.
Esos soldados merecen un homenaje al valor y a su fortaleza moral, fueron derrotados en lo físico cuando fueron secuestrados pero nunca siquiera mermados en sus principios institucionales que guardaron todo el tiempo y que hicieron manifiesto en cada oportunidad que tuvieron a mano.

Este debe ser también un mensaje para quienes repudian actos como el secuestro, el asesinato y el narcotráfico, para que respalden las instituciones democráticas, sin permitir impunidades por casos deshonrosos como los de Soacha, pero más allá de ellos, si no desean o no pueden apoyar el esfuerzo de las Fuerzas Militares, por lo menos no obstruirlo con injustas generalizaciones.

luisaperzbar@yahoo.es

Cuando falta la auténtica verdad, por desconocerla o por omitirla, toda afirmación se toma por cierta y se declina la objetividad dando paso a subjetividades viciosas que en consecuencia perjudican la mayoría de las veces a quienes no debe.

No solo la protección sino también la promoción de los Derechos Humanos debe ser –es- una de las principales consignas institucionales de toda democracia porque la legitima y fortalece; pero si bien es una obligación exclusiva de quienes ostentan tal responsabilidad, no debe ser bandera de batalla de quienes disienten de esa forma de gobierno, o de ese gobernante, porque origina injusticias que no solo no ayudan al propósito opositor sino que impiden su ejercicio humanitario en perjuicio de todo el componente social que se pretende proteger.

Por eso no es justo ni útil hacer señalamientos generalizados por conductas individuales, mucho menos cuando no existe aún concepto judicial de culpabilidad. Es lo que esta pasando con el ejército nacional con respecto al tema de los 11 jóvenes desaparecidos de Soacha y hallados luego como muertos en combates en el norte del país, se juzga, se señala, se cuestiona y se desmerita a toda una institución, cuando el caso atañe solo a unos individuos, desconociendo que si los responsables ya están al descubierto, o están en ese proceso, significa que los demás integrantes han cumplido y están cumpliendo su misión de protección de los derechos de los colombianos.

Y se hacen juicios desconociendo verdades importantes como el testimonio de un guerrillero desmovilizado de las farc que ante el senado de la república con ocasión del debate contra el ministro de defensa, quien aseguró que todo obedece a una simple estrategia de guerra política del secretariado de las farc en la que a un individuo, previamente seleccionado por sus capacidades persuasivas le son asignados los recursos suficientes para pagar testimonios de familiares, amigos y conocidos de los guerrilleros para que llegado el momento sirvan de prueba contra el Estado. La consigna de Alfonso Cano, según el relato del testigo que cumplía esa misión, es “hacer que toda baja guerrillera sea deslegitimada”. Por eso es que históricamente la mayoría de las muertes en combate que ha dado el Ejército Nacional han sido denunciadas como asesinatos de campesinos humildes lo cual testifican muchas personas que bajo juramento afirman que el muerto era un simple labriego además de ejemplo para la sociedad a quien conocían desde siempre, etc.

Y algo más cuenta a favor de la consigna guerrillera, toda denuncia contra el Estado o contra las Fuerzas Militares es tomada de antemano como cierta por cualquier destinario. Las organizaciones de Derechos Humanos y los medios de comunicación; a ellos no les importa quien sea la victima, les importa que hayan victimas, porque “eso vende”, sube la audiencia lo que para ellos es ganancia contante y sonante; igual con las Ong, que reciben grandes recursos para sus mantenimiento en la medida en que existan victimas que justifiquen su existencia que de modo contrario, sin victimas, para que existir. Además consiguen otro fin, quizás no de ellos pero igual producto de sus actuaciones que consiste en que desprestigian las políticas del Gobierno tan odiadas igualmente por guerrilleros y opositores políticos.

Para unos importa más el daño que se le pueda causar a los militares o al Estado y para otros los beneficios económicos, que las victimas.

Falta ver como será la estrategia guerrillera ante la iniciativa de crear oficinas de recepción de quejas en cada unidad militar, sabiendo que cada actuación de los militares estará certificada y avalada desde su planeamiento hasta su ejecución por representantes del ministerio público, y las falsas denuncias queden en evidencia.

Toda manifestación popular, además de ser un derecho fundamental es asimismo una expresión cultural y en consecuencia no puede ser coartada; por el contrario, debe ser apoyada, respaldada y acatada. Tampoco debe ser utilizada como herramienta político-ideológica para beneficiar o arrinconar, según convenga, a un determinado sector.

Las comunidades indígenas colombianas argumentan para sus constantes movilizaciones causas en apariencia justas pero que vistas a fondo no son tanto. Y no son justas por cuanto son la colectividad que recibe del Estado los mayores beneficios en becas estudiantiles, servicios de salud gratuita y recursos económicos para sus proyectos sociales, mucho mejores que los recibidos por cualquier otro colombiano; además son quienes mayores y mejores tierras poseen. Siendo una agrupación aproximada de un millón y medio de individuos que equivaldrían al 3.3% de la población total de Colombia, son dueños del 27% de las tierras agrícolas que tiene el país.

Particularmente en el Cauca donde desarrollan una marcha desde hace dos semanas, la comunidad indígena suma aproximadamente 300 mil individuos y sin embargo cuenta con 700 mil hectáreas, más de dos hectáreas por individuo, incluyendo niños y ancianos, de tal suerte que cada familia indígena promedio de 5 personas tendría más de 10 hectáreas mientras muchos otros colombianos no tienen tan siquiera un solo metro. Quizás sea eso a lo que los propios indígenas, las ONG de derechos humanos y coincidencialmente las farc llaman desigual distribución de la tierra, caso en el cual tendrían razón absoluta.

Actos coincidentes también con las estrategias impuestas por Alfonso Cano a su llegada a la máxima dirigencia en las farc en las que orienta a su hombres a mover aliados políticos y personajes afines a su ideología para hacer más candente, por ejemplo, el enfrentamiento de algunos magistrados de algunas Cortes con el presidente Uribe y a promover los recientes paros de jueces, de cortadores de caña, de indígenas y otros sectores controlados por una extrema izquierda muy próxima al grupo armado.

En caso tal, y dado que la normatividad existente es explicita y clara respecto a la igualdad de las personas frente a los derechos humanos, que deben ser respetados más allá de diferencias de tipo racial, cultural, económico, ideológico, sexual, etc., sería apenas justo y aún necesario que fueran puestos en una balanza las posesiones de tierras y los beneficios que reciben del gobierno las comunidades indígenas frente a las posesiones de tierras y beneficios que reciben los demás colombianos y en justicia hacer una redistribución equitativa con lo que seguramente muchas de las necesidades de los colombianos no indígenas quedarían solventadas.

Pero como en Colombia cada acontecimiento oculta un segundo propósito, casi siempre en perjuicio gubernamental, o en beneficio de fuerzas adversas, este caso no podría ser la excepción. Y no es que la población indígena haga parte de ese propósito sino que es hábilmente manipulada y sus reales y nobles derechos utilizados para acorralar al gobierno e imposibilitarle su ejercicio democrático.

Por eso es que la marcha indígena actual más que reclamos por mayores tierras, que es solo el pretexto, exigen cosas que muy poco son de su incumbencia, (siendo absolutamente imparciales como se declaran constantemente), como el intercambio humanitario, la solución negociada del conflicto, la negación del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, la eliminación de la política de seguridad democrática, el rechazo a la reelección del presidente Uribe, entre otras cosas, que como ya esta dicho coinciden con las exigencias del grupo guerrillero farc. Inclusive, es tanto el grado de manipulación de la marcha por parte de esas fuerzas oscuras, que se han visto actos propios del grupo armado como el empleo de bombas artesanales, con las cuales causaron la mutilación de las manos de un agente de policía, la herida grave de cerca de cien más y la muerte de varios indígenas marchantes.

Y no solo eso, sus consignas contra el “imperialismo yanqui”, a favor de “socializar o nacionalizar” la producción, contra el TLC, etc., muestran gran afinidad con posiciones de la llamada oposición o izquierda colombiana y con los movimientos socialistas que pululan en la región, que sin ser actos ilegales, son clara prueba de que se trata mas que de una manifestación por la reivindicación justa de unos derechos en nada vulnerados, de un acto político-ideológico con fines claros de desestabilizar el gobierno existente.

Las FARC están acabadas, no tanto por la acción del estado que es determinante, sino a causa de sus propias ejecutorias.

En sus inicios fue un grupo minoritario de liberales inconformes organizados en autodefensas campesinas, que fueron permeados por el comunismo que los convenció de la posibilidad de tomarse el poder a partir del uso de las armas para luego repartirlo entre todos los pobres de Colombia. Esa filosofía inicial permitió al grupo crecer legitimado por la clase campesina hasta alcanzar miles de elementos y llegar a ocupar espacios importantes en todo el territorio nacional, especialmente donde la economía nacional era fuerte, por aquello de financiar su existencia con base en la extorsión y el secuestro.

Ante esos positivos resultados, y exagerando el triunfalismo, sus dirigentes creyeron estar a las puertas del triunfo y tener al Estado postrado ante sus fuerzas; para ellas la vía armada había dado los frutos esperados y por ello era necesario dar el golpe final, pero para eso hacían falta los recursos, un estado nuevo requiere dinero para consolidarse, y siendo las armas esa fortaleza, y siendo el dinero la condición para adquirirlas, lo buscaron donde lo había por montones, en el narcotráfico. Inicialmente como una actividad adyacente, indirecta; se trataba de cobrar una especie de gravamen a los narcotraficantes en todas las escalas: pistas clandestinas, laboratorios, comercialización y exportación.

El flujo de dinero fue enorme y con él la abundancia de armas y hombres, ¿pero por qué conformarse con una simple rebanada si podía tener la torta completa? Así entraron las FARC en el negocio del narcotráfico, desplazaron a los carteles, obligaron a los campesinos a incluir en sus terrenos un plantío de coca, construyeron sus ‘cocinas’ (laboratorios), crearon sus redes para comercializarlo y nombraron como responsable, banquero y administrador del negocio a Tomás Medina Caracas, alias “Negro Acacio” y al decimo sexto frente guerrillero como cuidador. Se calcula en 2 mil millones anuales el movimiento financiero de las FARC, específicamente por tráfico de drogas 60%, extorsión 28% y lavado de activos, entre otros.

Pero esa fortaleza había que manifestarla y la única manera era atacando con mayor fuerza al Estado, lograron asestar golpes contundentes contra la Fuerza Pública, secuestraron centenares de Agentes, y atacaron decenas de poblados, se enceguecieron con el éxito y no midieron los desmanes, no supieron calcular sus fuerzas y permitieron su desborde, pasando a un terreno que fue luego de su incursión al narcotráfico, el mayor de sus fracasos, el terrorismo, y no solo contra las fuerzas del Estado sino un terrorismo incontrolado, indiscriminado y rampante donde terminaron victimizando al propio pueblo que hasta entonces era su soporte produciendo su estampida y poniéndolo en su contra.

Eso, como forma para atacar al Estado en lo armado, porque buscando atacarlo en lo político cayó en otro yerro que les sería igualmente perjudicial, el secuestro indiscriminado, ya no con propósitos extorsivos como antes sino políticos. Sabiéndose triunfantes en lo armado había que actuar en otros campos y uno de ellos fue la toma de rehenes queriendo con ellos acorralar al gobierno y forzarlo a negociar bajo las condiciones guerrilleras, treta que tampoco ha dado frutos positivos pues sus fichas mayores las perdieron en una operación de rescate impecable que es hoy motivo de orgullo para el Estado y tema inspirador de trabajos periodísticos y culturales mundiales.

Entonces que se espera del futuro para las FARC?, no mucho, en lo armado están incapacitadas y acorraladas en las selvas, protegidas por múltiples campos minados que solo muestran su temor a la acción de las fuerzas del Estado. En lo político, aunque tienen en su poder a casi 3000 secuestrados, ninguno tiene, ni de lejos, la importancia que tenían los rescatados y por lo tanto su fortaleza política depende de apoyos foráneos y cambios de gobierno favorables, hechos poco probables.

El narcotráfico, el terrorismo y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, no son garantía de éxito. Por lo tanto a futuro las FARC no serán para nada algo que pueda ser visto como un grupo “de liberación” como lo fue en algún momento, ni siquiera estará unificada sino que mutará a una serie de grupúsculos vandálicos dedicados al narcotráfico y al secuestro extorsivo. Sus actuales dirigentes, dueños y administradores de los colosales recursos económicos, se refugiarán en algún país “amigo” donde gozarán de la fortuna acumulada, escondidos no solo de las autoridades judiciales sino de sus propios hombres que los buscaran para reclamarles su parte del botín. O sea, que el nombrado post conflicto en Colombia estará caracterizado por la lucha contra el narcotráfico y este representado por el grueso de las FARC que no alcancen el círculo dirigente que hoy tiene el acceso a los dineros.

El tema de los sindicatos, o mas exactamente del sindicalismo, es un asunto delicado del que poco se ha estudiado en su real contexto, solo se presentan como organizaciones que reclaman lo que sus dirigentes consideran derechos laborales pero pocos han querido ver lo que puede haber detrás de ellos o de su manejo.

Por ejemplo, que en Colombia los sindicatos no existen tanto para organizar a los trabajadores en búsqueda de mejoras salariales, propendiendo ellos, con su trabajo y eficiencia la mejoría de la empresa y en consecuencia la suya, sino que siempre va, hábilmente escondida, la intención de quebrarla.

En una sociedad no perturbada por ideologías antidemocráticas, (aunque la democracia sea el pretexto), especialmente de países desarrollados, -por ejemplo Japón-, cuando los trabajadores consideran justo y viable la petición de mejoras laborales o salariales acuden a la protesta, no mediante un ‘pliego de peticiones’ sino con un ‘pliego de ofertas’. Los trabajadores sindicalizados ofrecen al patrono mejoras empresariales de las cuales piden unas mejoras laborales que son porcentuales con aquellas, nunca esta implícita la quiebra de la empresa con peticiones exageradas sino que lo pedido es producto de lo ofrecido. Todos ganan. La empresa se fortalece, los beneficios laborales mejoran y hasta el desempleo decrece.

En Colombia, las necesidades laborales de los obreros, justas y auténticas, son utilizadas por intereses subterráneos que buscan cosas distintas. Por eso el ‘pliego de peticiones’ es exagerado hasta imposibilitar su aceptación por parte del patrono; o, cuando se ha visto que una empresa en Colombia florezca gracias a su sindicato; aquí todas las manifestaciones sindicales representan pérdidas que implican despidos y detrimentos laborales, que desde luego justifican la protesta pero que terminan enfrentando al Estado y a los trabajadores para beneficio de los promotores subrepticios, pocas veces o nunca obtienen las peticiones y es porque ese no es el objetivo real.

Y no es algo nuevo, la mayor tragedia sindical en la historia colombiana ocurrió en 1928 con la llamada “masacre de las bananeras” cuando por enfrentamientos violentos entre los trabajadores, dirigidos por integrantes del “Partido Socialista Revolucionario” y el Estado murió un número aún no claro de obreros. Lo ocurrido entonces no fue otra cosa que el uso de las necesidades obreras para enfrentar a los manifestantes contra el Estado. Presentaron un ‘pliego de peticiones’, además de exagerado, firmado por personas que al ser verificados sus nombres no eran trabajadores de la empresa, causa por la cual esta última no aceptó. Ese hecho originó el enojo de los trabajadores, hábilmente estimulados desde la clandestinidad, que iniciaron un ataque contra los policías que controlaban la protesta, secuestrándolos y quitándoles sus armas oficiales, para acto seguido con ellas atacar la base militar cercana, causando la reacción violenta de los soldados con resultados trágicos.

Guardando las debidas proporciones es algo parecido a las actuales marchas indígenas en el sur del país donde las cosas se han tornado violentas, al punto de que ya hay varios manifestantes muertos, un soldado secuestrado y golpeado por los manifestantes, un policía con sus manos amputadas por un explosivo lanzado por los indígenas y cerca de cien agentes más gravemente heridos.

Parece ser la aplicación de una artimaña antigua, que en este caso sería una estratagema, que no es otra cosa que un engaño, bien porque se hace o bien porque se induce, el caso es que da resultado, no el resultado que se espera, el de mejorar las condiciones laborales de los obreros o acceder a sus pretensiones los indígenas, sino el de perjudicar al gobierno, deslegitimarlo y ponerlo en la picota pública internacional. Poner al Estado contra la pared y forzar a la comunidad internacional a retirar cualquier apoyo o respaldo económico al país. En este caso a reforzar la negación del Tratado de Libre Comercio, TLC, con los Estados Unidos.

Porque no parece otra la intención de lo que pasa por estos días en el país, o si no, porque el incremento exagerado de las manifestaciones ocurre exactamente cuando el tiempo en el congreso norteamericano apremia para la aprobación del TLC, cuando se sabe que el virtual ganador de la presidencia se opone, precisamente por la “situación de violencia contra los sindicalistas” y por lo tanto nada más útil que llenarlo de motivos para reafirmar su decisión.

Con seguridad, las manifestaciones, los paros, las huelgas, y las marchas terminarán con el resultado de las elecciones de Estados Unidos, de ganar como todo lo indica el candidato opositor al TLC, pero seguirán si el ganador el es senador John McCain, intentando que el congreso de mayoría opositora al tratado se vea presionado a rechazarlo.

En el propósito de aclarar de donde acá ha resultado tan relevante el hecho de que pudieran las Fuerzas Militares colombianas haber cometido alguna clase de falta durante la operación de rescate de los quince secuestrados el pasado dos de julio, consultamos variadas fuentes que pudieran servir para dar luces objetivas a tal respecto; porque lo que parece ocurrir es que más allá de reconocer el éxito obtenido, no porque signifique que las FF.MM son eficientes, sino porque trajeron a libertad a 15 colombianos privados de ella en la peor de las injusticias desde 10 años atrás, existen intereses en desacreditarlo; pues no otra cosa se puede apreciar cuando aparecen medios de comunicación, especialmente los de mayor seriedad y responsabilidad mundial como la CNN, señalando al Ejército colombiano de haber cometido perfidia por utilizar emblemas de la Cruz Roja Internacional, en la operación de rescate.

En el significado estrictamente académico del término perfidia, encontramos que es una palabra de raíces latinas: per, que significa ir más allá o transgredir, y fedes: raíz de fidele que equivale a fiel y se utiliza para describir una traición, el quebrantamiento de la fe debida o una deslealtad; y son sinónimos: traición, insidia, alevosía, infidelidad o intriga; y antónimos lealtad, nobleza y bondad.

En cuanto al derecho Internacional Humanitario, el término esta contenido en el “artículo 37 del Protocolo I adicional a los Convenios de Ginebra y prohíbe “matar, herir o capturar” apelando a la buena fe del adversario; y pone como ejemplos de dicha prohibición, simular: “la intención de negociar bajo bandera de parlamento o de rendición”; “una incapacitación por heridas o enfermedad”; “el estatuto de personal civil, no combatiente”; “que se posee un estatuto de protección, mediante el uso de signos, emblemas o uniformes de las Naciones Unidas o de Estados neutrales o de otros Estados que no sean Partes en el conflicto”.

También deja claro, el mencionado protocolo, que se pueden emplear “estratagemas” las cuales describe como “actos que tienen por objeto inducir a error a un adversario o hacerle cometer imprudencias, pero que no infringen ninguna norma de derecho internacional aplicable en los conflictos armados” y pone de ejemplos “el camuflaje, las añagazas (artificio para atraer con engaño, N de A), las operaciones simuladas y las informaciones falsas”.

Entonces, si de ser objetivo, imparcial y justo se tratará, no cabe, y menos a medios y organismos tan respetados, hacer señalamientos que solo darán el descredito de las Fuerzas Militares colombianas y convertirán una operación, como la describiera la propia liberada Ingrid Betancurt, “perfecta” en un motivo más contra el estado colombiano, legitimando el abominable secuestro que hacen las Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia, FARC, por lo negativo de los conceptos periodísticos sobre el caso.

De acuerdo con el derecho internacional mencionado arriba, no se mató, hirió ni capturó a alguien, tampoco hubo simulación alguna, ni de negociación, ni de rendición, ni de enfermedad, y no se emplearon emblemas de las Naciones Unidas, porque los secuestradores siempre actuaron en la convicción de que se trataba un traslado de los secuestrados, hacia un lugar de cautiverio distinto.

Queda claro, entonces, que se trató de una estratagema, pues lo que hicieron los militares fue inducir a los secuestradores a un error, les hicieron cometer la imprudencia de no verificar con sus comandantes la orden del traslado, lo cual no es responsabilidad de los soldados, y en todo caso para los guerrilleros se trato de una operación simulada de transferencia de los cautivos.

Ahora, la imagen aparente de la cruz roja internacional que presentan no es clara y no esta portada por alguna persona que pueda asegurarse pertenezca al grupo rescatador sino que aparece estampado en una especie de mochila o bolsa portada por alguien que tampoco esta claro si es un guerrillero, solo se puede ver a una persona que abraza un paquete en el que parece estar impreso el emblema del CICR, pero esa persona esta vestida en camuflado y aparentemente porta armamento o algún artículo parecido, cosa que no pudo haberse dado en los miembros del rescate porque esta claro para todos que ellos no portaban ni uniformes camuflados ni mucho menos armas. La propia Ingrid Betancur, innegable conocedora de la normatividad internacional manifestó no conocer el emblema portado por sus rescatistas y el CICR dijo no poder asegurarlo.

Sin embargo, si fuera el caso y los rescatistas hubieran utilizado el emblema de la Cruz Roja Internacional, tampoco podría hablarse perfidia porque la norma internacional “prohíbe hacer uso indebido del signo de la cruz roja internacional” y este no fue un uso indebido pues se trató de una operación totalmente humanitaria, por demás exitosa que llevo a la libertad a un grupo de secuestrados. Que otro hecho puede ser más humanitario que eso y que mejor uso podría dársele al emblema humanitario del CIRI.

Durante muchos años los estudiosos del conflicto colombiano coincidieron en lo poco optimistas de sus análisis; alcanzar la paz era un imposible, por lo menos en el corto plazo, y responsabilizaban al gobierno por ineptitud y falta de voluntad política y a la fuerza pública por ineficacia y falta de interés, mientras a las guerrillas las consideraban imbatibles; éstas lo creyeron y actuando en consecuencia adoptaron actitudes triunfalistas y arrogantes, se vieron a si mismas superiores a todo esfuerzo gubernamental y descartándolo cruzaron las fronteras en busca de aquello que creían solo podrían lograr afuera, estatus de beligerancia y reconocimiento internacional, en el convencimiento de que eso bastaría para sus propósitos.

Erraron en sus cálculos, porque hacia falta algo mucho más substancial que solo era posible lograrlo adentro, aunque no pudiera dárselo el gobierno, el respaldo del pueblo, pero este, cansado de los excesos guerrilleros se armo de valor y les grito a doce millones de voces, “no más FARC”, “Colombia soy yo”; a eso se sumaron otros factores determinantes como la profunda perdida de la moral de lucha de sus integrantes, que causó en los últimos años las deserciones de casi 12 mil guerrilleros, 120 de ellos mandos medios incluyendo la reciente de alias ‘Karina’.

Pero eso fue solo el comienzo en su pronunciado deterioro, faltaba algo determinante, algo que definiera su resquebrajamiento definitivo, faltaba que el primero de marzo de este año su intocable e inexpugnable centro neurálgico, su secretariado, fuera también tocado y lo fue gravemente, no solo porque cayo Raúl Reyes sino porque todas sus memorias y actuaciones seguramente guardadas como el mayor de los secretos terminó en manos de la opinión pública generando toda suerte de opiniones a cual más nefastas para la organización guerrillera. Muchos de sus contactos, seguramente no todos, fueron develados y los responsables puestos a dar explicaciones y aclaraciones que seguramente implicarán el retiro de cualquier apoyo al grupo armado.

Acto seguido, a los pocos días, uno de sus propios hombres, el de mayor confianza, su jefe de seguridad, alias ‘Rojas’, asesinó a Iván Ríos, otro miembro del secretariado. Y finalmente, la propia naturaleza cobraría la vida del más viejo, el más importante, el soporte fundamental, el creador, el gestor, el “símbolo” del grupo terrorista, alias ‘Tiro Fijo’.

Así las cosas, son escasas las opciones que tiene el grupo armado que garanticen su permanencia y mucho menos sus oportunidades de triunfo, no tiene ideología, no tiene respaldo popular, pierde el apoyo incondicional de gobiernos simpatizantes, sigue en las listas de bandas terroristas internacionales, hace parte de los carteles del narcotráfico mundial, sus principales cuadros han muerto o desertado, su secretariado esta reducido casi a la mitad y los pocos que quedaron están fragmentados.

Grave escenario para un grupo que depende de eso para subsistir; por eso no es descabellado pensar que ahora sí las FARC están a las puertas del fracaso rotundo; entrando en un estado de debilidad insuperable, tanto militar como político, que las lleve a su derrota definitiva. O por lo menos al mismo estado en que se encuentra el ‘Ejército de Liberación Nacional, ELN’, que aunque existe todavía, no tiene mayor significancia, y que su deterioro irreversible inicio con la muerte de su máximo dirigente, Manuel Pérez Martínez conocido con los alias de ‘‘Cura Pérez’ o ‘Poliarco’, luego de lo cual el grupo quedó en manos de los restantes integrantes del ‘Comando Central, COCE’, equivalencia del secretariado, quienes no pudieron mantener la integridad del grupo y por eso hoy el ELN no es más que una banda de delincuencia común que busca sobrevivir mediante atracos y extorsiones.

Otro ejemplo del fiasco de un grupo guerrillero ante la caída de su jefe esta en el grupo terrorista peruano, ‘Sendero Luminoso’ el cual entró en absoluto fracaso cuando su principal cabecilla Abimael Guzmán, alias ‘Camarada Gonzalo’ o ‘presidente Gonzalo’ fue capturado en 1.992, llevándose al encierro todas las opciones y capacidades del grupo armado.

Ahora no deben sorprender los casos, seguramente múltiples de deserciones, para las cuales deben estar preparados, no solo el gobierno y las autoridades sino la propia sociedad colombiana, e inclusive la comunidad internacional, porque si bien puede ser la derrota de las FARC, quienes las dejen deben ser recibidos con generosidad para que sus deserciones formen parte de la solución al conflicto colombiano y no se conviertan en un nuevo problema para el país.

Pensar con el deseo no es aconsejable, especialmente en las circunstancias actuales del conflicto colombiano. Hasta hace muy poco, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, era un aliado incondicional de las Farc, no dejaba espacio a las dudas cuando pedía respeto para ellas, reconocimiento de beligerancia y retiro de la lista de terroristas, las llamó “verdadero ejercito con proyecto político”, pidió minuto de silencio en homenaje póstumo a uno de sus jefes muerto y a otros los recibió con tratamiento diplomático en el palacio de Miraflores, sede del gobierno venezolano.

Como si eso no fuera suficiente prueba de unión, aparecieron los computadores del guerrillero Raúl Reyes que mostraron apoyos económicos, (en dinero y en inversiones petroleras), suministro de armas, (unas obsequiadas por el gobierno bolivariano y otras por contactos con proveedores europeos), oficinas en el fuerte ‘Tiuna’, la instalación militar más importante de Venezuela, nombramiento de delegados para la ‘diplomacia’ con las farc, etc.

Luego de eso, contra toda expectativa sorprende pidiendo libertad para “todos” los secuestrados y argumentando que “la guerra de guerrillas ya paso a la historia”, acto inmediatamente secundado por Ecuador y Bolivia.

Extraño comportamiento no aconsejable de tomar a la ligera. Antes debe recordarse que el punto fundamental que une a las farc con Chávez, Correa, Morales, Ortega, etc., es mucho más profundo que el estricto discurso mediático, con computadores incluidos; se trata de simpatías ideológicas que no es posible desechar ni modificar de la noche a la mañana. Chávez y las farc están unidos por sus creencias ‘bolivarianas’, “revolución bolivariana”, “socialismo”, “antiimperialismo”, entre otras, y aunque quieran mostrar otra cosa no pueden dejar de profesarlas y siempre sus planteamientos serán compatibles; inclusive si llegaran a enemistarse por conveniencias o divergencias políticas, seguirían unidos en su fe.

El que Hugo Chávez aparente distanciarse de grupo guerrillero no es más que un cambio en la táctica “por ahora” con que se ha caracterizado el mandatario: “Por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados”, (discurso del 4 de febrero de 1992 luego de su fallido golpe de estado, indicando que volvería a intentarlo), “por ahora no pudimos”(al reconocer su derrota en el referendo constitucional en diciembre de 2007, indicando que volverá a intentarlo), “por ahora” no habrá liberaciones de secuestrados, (dando lectura al comunicado de las Farc donde anunciaban la suspensión de las liberaciones de Consuelo González, -clara Rojas y su hijo Emmanuel en diciembre del año anterior), etc.

Un conveniente cambio en el discurso, precisamente cuando toda la opinión esta alerta sobre el desarrollo y los efectos del contenido del computador de Reyes que lo ponen en la crítica pública y con anticipo al proceso electoral venidero en Venezuela que puede serle adverso si no cambia el discurso camorrista y vinculante con las farc.

Algo debe quedar bien claro, ni Chávez ni las Farc van a renunciar “por ahora” a su proyecto de implantar la ideología socialista-bolivariana, no solo en sus respectivos países (Venezuela y Colombia), sino de allí expandirlo a todo el continente, por el solo hecho de que se hayan sido descubiertos sus vínculos ideológicos; lo que pasa es que ahora reconocen la urgencia de hacer un movimiento táctico y tomar otro camino que al final de cuentas los lleve al destino inicial: el socialismo del siglo XXI en todo el subcontinente latinoamericano. Hábil jugada que consiste en barajar las cartas destapadas (en los computadores) para refundirlas y esperar que en una nueva repartida lleguen nuevas y mejores y sobre todo ocultas para los demás jugadores.

Mientras tanto la apología socialista-bolivariana sigue en marcha, en ello esta y sigue trabajando la Coordinadora Continental Bolivariana que no es otra cosa que la agrupación de todos los partidos comunistas o socialistas y los grupos guerrilleros del continente americano, organización contra la que por su connotación legal no procede, “por ahora”, ninguna acción jurídica que impida su actuación internacional en favor del socialismo-bolivariano de Chávez y las Farc. Además porque el concepto de soberanía y la total ausencia de apoyo internacional, deja en solitario a Colombia, en la brega contra el apoyo externo a las Farc en el continente.