colombia-veraz

Una gran oportunidad se le presenta al Ejército Nacional para demostrar la transparencia de sus actos, cuando la procuraduría y la fiscalía terminen la investigación sobre las muertes en combate rápidamente rotuladas como falsos positivos; solo se espera un mínimo de imparcialidad y justicia de manera que cualquiera que sea el resultado esté en estricta verdad y no sea el producto de presiones o influencias tendenciosas.

Se espera claridad, pero no la claridad que convenga a intereses sombríos sino al pueblo colombiano, que si comprueban responsabilidades sean el producto de pruebas serias, reales y bien establecidas, ante lo cual y en consecuencia, quien sea hallado responsable debe recibir todo el peso de la justicia, los correctivos establecidos en derecho para los actos de su autoría aplicados en su máxima cuantía, pero igualmente si el resultado de la investigación libra al Ejército de responsabilidades debe ser objeto de un acto de desagravio propio para quien debiendo enfrentarse a los peores criminales y asesinos, lo hace dentro del respeto absoluto de las leyes y los derechos. Y actuar con total independencia, más allá de exigencias foráneas malintencionadas que demandan más que justicia, acciones revanchistas de corte ideológico.

Como las exigencias sobre conocer la verdad que no son tanto de las victimas o de sus familiares, sino más que todo de las Organizaciones No Gubernamentales a la que les interesa que haya sanciones internacionales contra el Estado porque deslegitimarlo y desprestigiarlo, justifica su pantallera lucha por los Derechos Humanos y así garantiza los aportes económicos que requieren para su sustento, pero para las verdaderas victimas sobrevivientes basta saber que el tema que le atañe recibió justicia cuando su victimario fue juzgado y condenado y que ellas como dolientes recibieron una indemnización económica que les ayudará a sobrellevar su sufrimiento.

Poco les interesa saber la verdad, para ellos es mucho saber que uno de los suyos fue asesinado o herido. Poco o nada puede servirle a un padre o a una madre saber los pormenores de la tragedia de su hijo. Eso es cosa de las ONG’s, por eso aparecen enarbolando la bandera de los Derechos humanos cuando mayores son los esfuerzos del Gobierno para derrotar a los violentos, y mejores los resultados; pero antes, cuando las grupos violentos estaban fuertes y a la ofensiva no se daban tantas marchas, huelgas, paros ni denuncias.

O, donde estaba Human Right Watch, HRW, antes del 2002, cuando los principales cabecillas de los grupos paramilitares no estaban presos ni extraditados y los otros 30 mil integrantes no estaban desmovilizados sino masacrando y narcotraficando, o donde cuando las farc destruían pueblos, asesinaban indiscriminadamente soldados y civiles, cuando no era posible transitar por ninguna carretera, cuando nadie quería venir al país a invertir, trabajar o descansar porque era secuestrado; cuando los alcaldes, gobernadores y demás dirigentes públicos debían ejercer sus cargos desde largas distancias porque los asesinaban o secuestraban si ponían un pie en sus provincias.

Pero más allá de la odiosa intromisión de las ONG, las Fuerzas Militares deben en su intimidad hacer los estudios necesarios, establecer los diagnósticos pertinentes y tomar las medidas necesarias y suficientes de manera que corten por lo sano el problema que tanto los afecta; determinar hasta la mínima responsabilidad individual o colectiva y en rigor tomar los correctivos que sean pertinentes, dando a la opinión pública las explicaciones suficientes y demostrando no solo la contundencia de las medidas tomadas sino además su gran disposición y compromiso a no recaer en esa clase de eventos.

A su turno, el Estado debe también hacer un balance juicioso y determinar quienes son victimas autenticas y hacer por propia iniciativa todo el esfuerzo que sea necesario para indemnizarlas aunque el esfuerzo económico parezca ingente, que a la larga no lo será tanto como sería en caso de tener que hacerlo producto de una sentencia de una Corte Internacional de Justicia como la Interamericana, porque eso sería mucho mas costoso, no solo en lo económico sino también en lo político y social y de esto último difícilmente podría recuperarse.

Si tanto el gobierno por su parte y las fuerzas militares por la suya dan absolutas y verdaderas muestras de resarcimiento y reconocimiento por todas las victimas de los grupos violentos, inclusive en los que hayan comprobadas responsabilidades de algún agente del estado, será un gesto bien recibido por toda la comunidad y de paso quitará argumentos de ataque mediático, político y social y en consecuencia su legitimidad, su aceptación y su reconocimiento traerán un enorme grado de confianza que servirá al país.

Todo eso, además de hacer justicia, serviría para calmar pasiones perversas como las del ex secretario del partido comunista de Chile y Director de la Organización No Gubernamental ‘Human Rihgt Watch, HRW’, José miguel Vivanco, quien con poco claros intereses cada año emite su famoso informe atacando directamente al presidente Uribe, a su gobierno y a sus instituciones señalándolo como responsable, sin juicio previo, de cuanto malo ocurre en Colombia, y no es que existan casos nuevos sino que recicla hechos antiguos. Además tiene el descaro y el cinismo de culpar al Presidente Uribe de que los jueces no hagan las preguntas que el quisiera a los ex paramilitares presos y extraditados. Para ese señor el gobierno era cómplice de los paramilitares por negarse a extraditarlos y ahora lo es por haberlos extraditado. Que pasaría y que diría el señor Vivanco si como en Venezuela, también de aquí fuera expulsado.

Aunque con algunos desacuerdos normales el Presidente Álvaro Uribe decretó el estado de conmoción interior para garantizar a todos los colombianos el derecho fundamental a la justicia.

Quienes están en el paro, trabajadores de la rama judicial colombiana agrupados en la organización No gubernamental llamada ‘Asociación Nacional de Empleados de la Rama Judicial, Asonal Judicial’, traspasaron claramente la frontera de la sensatez, elevando exigencias que por exageradas no es posible que sean aceptadas, y aún, a pesar de los generosos ofrecimientos del gobierno nacional mantuvieron su intransigencia motivando que fuera establecido el ‘Estado de Conmoción Interior’ que busca superar la crisis judicial generada por el paro. Debe quedar totalmente claro, para evitar mayores confusiones y malos entendidos, que no se trata de una acción para reprimir un paro, el cual por ser un derecho fundamental no puede ser vulnerado, sino para restituir otro derecho fundamental que es el del acceso a la justicia que tienen y deben tener todos los colombianos, no es contra el paro sino contra la crisis judicial generada.

El Decreto con el cual el gobierno toma las medidas que llevarán la justicia a los colombianos corresponde al número 3926 del 09 de Octubre del presente año y se justifica plenamente en el articulo 213 de la Constitución Nacional, que establece esa posibilidad para casos especiales en los que la institucionalidad y la seguridad nacional están en grave riesgo como ahora.

Viendo con objetividad, la situación, aunque no llegó a casos extremos, estaba a punto de hacerlo; o si no, como entender que más de 2.720 personas capturadas por delitos graves como homicidio, lesiones personales, hurto y narcotráfico fueran dejadas en libertad ante la ausencia de justicia en Colombia. O peor aún, que muchos delincuentes enjuiciados y presos por delitos como la toma del palacio de justicia y casos de secuestro entre otros delitos graves, estuvieran a punto de salir de las cárceles por vencimiento de términos, o que la Fiscalía General de la Nación no pudiera formular acusaciones por falta de jueces que las recibieran, y estuviera además a punto de suspender las investigaciones por otros delitos también graves como los autores del secuestro y asesinato del niño Santiago en Chia.

Y como si dichos casos no fueran ya muy graves, más de 120 mil procesos no habían podido ser fallados, 36 mil acciones de tutela sin poder aplicarse y 25 mil audiencias sin realizarse por la causa mencionada.

Con el propósito de salvar los inevitables procesos que seguramente entablaran los huelguistas debe quedar claro que la medida no fue un acto arbitrario del Presidente de la República sino, además de la imperiosa necesidad de restablecer el orden jurídico vulnerado, una respuesta al clamor de otros entes afines o complementarios de la Justicia como la Procuraduría y la Fiscalía que fueron los organismos que solicitaron al Gobierno Nacional la adopción de medidas de emergencia que conjuraran las perturbaciones causadas por el paro judicial.

Pero claro, como la intención de esta clase de actos no es exactamente la de pedir prerrogativas justas porque ellas ya habían sido otorgadas, (un magistrado recibe 17 millones de pesos, los Jueces entre 4 y 5 millones y un secretario un millón y medio de pesos mensuales), hacen peticiones exageradas a sabiendas que para el gobierno son imposibles de cumplir, especialmente en las actuales circunstancias de crisis económica mundial, por eso exigen la asignación de 600 mil millones de pesos y a pesar de que el gobierno, tratando de ser condescendiente, les ofrece 131 mil millones, los rechazan. Queda claro que no es eso lo que buscan, y por lo tanto que hay al más.

Por lo tanto, estando claro que no es dinero lo que buscan, queda pensar que es otra la intención del paro, y esa finalidad no es para nada transparente, quizás “armarle un problema interno y externo a Uribe”, o a lo mejor crean que “si el gobierno se niega pierde y si acepta también”.

De todas formas lo actuado por el gobierno nacional debe ser tomado con tranquilidad pero sin descuidar el caso ni olvidar que los causantes no van a quedarse indiferentes ante la derrota y con seguridad buscarán recursos que a pesar de las medidas de la conmoción interior, pongan en desventaja al gobierno hasta obligarlo, bien a ceder ante las pretensiones o bien a que algún organismo internacional interceda en beneficio de los huelguistas perjudicando de alguna manera al gobierno nacional.

luisaperezbar@yahoo.es

La situación por la que pasa el país es muy compleja para que sea entendida con la debida claridad. El factor causante es en apariencia la teórica reelección del presidente Uribe, contra la que se esgrimen y usan toda clase de armas, no importa cual sea, vale todo, así muchas veces sea poco ético.

Y no es tanto por la posibilidad de la reelección sino por el éxito político que la impulsa, nadie tiene argumentos para negar los excelentes resultados de la Política de Seguridad Democrática, PDSD, del Presidente Álvaro Uribe, pero el egoísmo les impide reconocerlos y en consecuencia enfocan sus pérfidos esfuerzos para desprestigiarla.

Se sienten ínfimos frente a la aceptación popular de Uribe, y acuden a la marrulla, al palo en la rueda y al descredito, y como si fuera poco estimulan o se aprovechan de otras herramientas carentes de la menor ética, aunque eso implique avalar falacias, incentivar rebeliones, honrar terroristas o incluso justificar acciones rayanas a la ilegalidad. Aparecen Ong’s que hacen conmemoraciones, foros, documentales, talleres, conferencias, etc., en las que nunca formulan soluciones al conflicto colombiano que no sea su rendición ante los violentos, a quienes enaltecen y justifican.

Entonces vemos a la senadora Piedad Córdova, incitando a los estudiantes de las universidades “a la rebelión” contra el Estado, y proponiendo a los gobiernos de América “romper relaciones diplomáticas con Colombia”; a rectores de universidad justificando y avalando la apología que del terrorismo y de los grupos terroristas hacen en sus campus. Y que decir de algunos periodistas que más allá de informar, acomodan la noticia para que el oyente forme su opinión en el sentido que quiera el comunicador, generalmente en perjuicio del Gobierno Nacional; inclusive llegan al extremo de reciclar noticias con tal de obstaculizar la gestión del presidente y ante su viaje para promover el tratado de libre comercio con Estados Unidos, sacan informes que aunque faltos de vigencia sirven al propósito de obstruir su aprobación y de paso para impedir ayudas económicas para el país. Los propios medios, en la pretensión de mostrarse críticos, pero buscando dar una sensación de imparcialidad, ponen entre sus columnistas cuatro o cinco personajes abiertamente desafectos del gobierno al lado de uno tímidamente afecto, cuando no realmente imparcial.

También vemos a las llamadas organizaciones no gubernamentales de derechos humanos que ante la visita de Uribe a Estados Unidos se apresuran a emitir informes que sin ser del todo ciertos, son manipulados y tergiversados de forma que perjudique al gobierno nacional y aunque en realidad los hechos denunciados no son tantos, las ONG que los presentan si, y entonces aparecen 1.200 presentando un único informe el cual es tomado por las instituciones u organismos de destino como confirmado ante la profusidad de los denunciantes, sin detenerse un instante a verificar por fuentes distintas a esas ONG’s, que curiosamente nunca incluyen en sus informes los actos tenebrosos cometidos también por los grupos guerrilleros, (si lo hacen es para justificarlos); solo aparecen los cometidos por los paramilitares y por supuesto asegurándose de vincularlos con las Fuerzas Armadas del Estado.

Pero no solo son las ONG, ni algunos periodistas o medios de comunicación, ni la senadora Piedad Córdova, ni el polo democrático alternativo, ni las Farc, ni algunos rectores de universidad, etc.; también están los propios miembros de los grupos paramilitares desmovilizados que, en unos casos estimulados por prebendas económicas o jurídicas, y en otros creyéndose traicionados por el gobierno, ante las extradiciones y la severidad de las acusaciones, emprenden campañas de enlodamiento del gobierno, dando declaraciones y lanzando acusaciones que siempre son recibidas como “pruebas reina” para abrir procesos que en uno u otro sentido perjudiquen al gobierno sin siquiera tener en cuenta, como básica precaución, que un individuo que ha sido acusado y declarado, muchas veces confeso, de cometer los mas abominables crímenes, no es garantía de escrúpulos y que fácilmente puede mentir para cobrar lo que él cree es una venganza contra quien los “traicionó”.

Pero además del interés en perjudicar la democracia colombiana o de impedir a toda costa la supuesta segunda reelección del Presidente Uribe, hay otra cosa que une a estos personajes y organismos, es una constante, y es el hecho de que siempre se declaran “perseguidos y amenazados” por el gobierno, sabiendo que ese hecho por si mismo es otro ataque directo a la institucionalidad pues a partir de entonces surge el dilema de cómo proteger a una persona que como el caso de los paramilitares, a causa de sus propios actos creó enemigos que quisieran verlo preso de por vida cuando no muerto y que esos enemigos no son el Presidente ni las Instituciones sino los familiares o las propias victimas de sus crímenes.

luisaperezbar@yahoo.es