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Seguramente por no caer en la cuenta de que solo pierden su tiempo, se esta volviendo cotidiano que Organizaciones No gubernamentales como Human Right Watch, HRW, y Amnistía Internacional, AI; organismos supranacionales como la Organización de Naciones Unidas, ONU, y la Organización de los Estados Americanos, OEA, en ejercicio de sus funciones primordiales de proteger y fomentar los Derechos Humanos, D.H, y el Derecho Internacional Humanitario, DIH; y los distintos medios de comunicación en su labor social, así como la propia opinión publica, exijan a las Farc que apliquen o que cumplan el DIH.

Las Farc, el Eln y las Autodefensas, son reconocidas por la comunidad mundial, particularmente por la estadounidense y la europea como organizaciones narcotraficantes y terroristas, lo cual significa que no son otra cosa que grupos de criminales; los propios ‘Tiro Fijo’ y ‘Mono Jojoy’, ante los medios de comunicación en la zona de despeje del Caguán manifestaron su negativa rotunda a cumplir las leyes por ser la suya una agrupación al margen de la ley.

Entonces a cuenta de que los organismos encargados de velar por la protección humana se prestan al juego de “pedirles” a las Farc algo que saben nunca van a hacer cayendo en la trampa de darles la difusión que necesitan en el contexto mundial para mantenerse vigentes, para ser noticia diaria sobre todo en temas de tanta trascendencia como el Derecho Internacional Humanitario. El cumplimiento, acatamiento y aplicación del Derecho Internacional Humanitario es exclusivo de los Estados legítimamente constituidos y por lo tanto no cabe “exigir” a los grupos terroristas su cumplimiento porque no solo es un esfuerzo inútil sino que se pone al delincuente en un nivel muy generoso que solo lo alienta a seguir con sus actos deplorables.

No se puede llamar Derecho Internacional Humanitario al terrorismo, las masacres, el secuestro, el uso de minas antipersonas, el narcotráfico, el reclutamiento forzado de niños y adultos y la masacre de secuestrados que cometen consuetudinariamente las Farc, ni siquiera en un intento por convencerlas de que no vuelvan a cometer esos actos, que además de ser crímenes de la peor laya condenados en los estatutos de la Corte penal Internacional, son la herramienta con que el grupo armado pretende tomarse el poder en Colombia ; y prestarse candorosamente a ese juego solo sirve a los propósitos de los delincuentes.

Lo que hacen estos grupos terroristas no tiene nada que ver con el DIH, todos sus actos son en el mejor de los casos violaciones al Código Penal colombiano, lo demás son crímenes contra los Derechos Humanos y crímenes de la competencia de la Corte penal Internacional como las masacres de indígenas que cumplen las condiciones del crimen de genocidio, o los asesinatos, el secuestro, la esclavitud, la esterilización y el abuso sexual, al que someten a sus mujeres y los ataques contra la población civil, que son típicos crímenes de lesa humanidad

Además, es en esa clase de apoyos tácitos, casi siempre ingenuos que las Farc fundamentan sus progresos y con esa habilidad y astucia permanecen cambiando los términos para que sus acciones sean vistas con enfoques distintos a los reales; por eso al secuestro lo llaman simplemente retención, al asesinato ajusticiamiento, a la extorsión aportes, al intercambio humanitario, canje de prisioneros, a los rescates y fugas de guerrilleros y de secuestrados traiciones, etc.,

Y lo hacen porque quien les siga el juego, especialmente si hace parte influyente en las determinaciones políticas mundiales como HRW, ONU, OEA, AI, etc., puede servir de posterior referencia ante el reconocimiento de beligerancia que es hacia donde apuntan todos sus actos. Por lo tanto esos organismos, ni nadie civilizado, deben permitirse a poner en el plano del Derecho internacional Humanitario los actos aborrecibles de los diferentes grupos armados que actúan en Colombia, pues ello seria poner en un alto nivel de legitimidad a sus autores.

Históricamente las Farc se han caracterizado por su gran astucia, que aplican en cada una de sus acciones, a cada cosa le sacan provecho, nada para ellas queda al azar y mucho menos si el beneficio no esta asegurado. También es claro que aprovechan cada circunstancia. En épocas de inactividad armada, por presión del estado (Política de Seguridad Democrática, PDSD) o por procesos de Paz (cese del fuego), mas allá de quedarse inactivas acumulan fuerzas en espera de cambios que les sean favorables y mientras tanto emplean sus mayores esfuerzos en la actividad política.

Por ejemplo: en los procesos de paz de los 80’s multiplicaron al doble sus frentes y al triple sus hombres y sus armas, en los de Venezuela y Tlaxcala en los 90’s se reestructuraron en bloques de frentes y diseñaron la estrategia de “guerra de movimientos” causante de los mayores golpes a la Fuerza Pública; y en los del Caguán, sabiendo deliberadamente que no se daría acuerdo alguno acumularon fuerza a tal grado que es ella la que les ha servido para enfrentar la PDSD, que de otro modo las tendría mas debilitadas.

Por eso es muy importante analizar el trasfondo de las actuales liberaciones, porque nadie puede darse a falsas ilusiones creyendo que las Farc cambiaron sus principios ideológicos o que reconocieron que sus actuaciones ejecutadas idénticamente por casi cincuenta años son todas motivo de repudio y por eso no volverán a hacerlas. No es nada de eso, es simplemente una estrategia mediática, un intento más de figuración, de mostrar vigencia y fortaleza.

Por eso es atinado pensar que las liberaciones unilaterales que estamos disfrutando hoy aportaran, aunque mínimos, algunos beneficios: por un lado neutralizaron la celebración del primer año de la marcha del 4 de febrero donde sufrieron la mayor manifestación de repudio que pudieran haber esperado de cerca de 12 millones de colombianos en muchas ciudades del mundo, una acertada forma de anular los efectos mediáticos, pasar ese hecho a un segundo plano con la liberación de un secuestrado que aunque importante políticamente, implicaba un problema de difícil manejo. Todo eso reforzado con la liberación del único sobreviviente de la masacre de los diputados del valle el señor Sigifredo López. Dos liberaciones exactamente en los días previo y posterior al 4F; coincidencia?, quien sabe; estrategia?, seguramente.

También están las liberaciones de los policías y soldados; a ellos los liberaron por una razón también sencilla, eran un problema porque a pesar de hacer sido secuestrados hace relativamente poco tiempo, poco más de un año, frente a otros que llevan cerca de once, no podrían ser tomados como “prisioneros de guerra” que es el propósito perpetuo de las Farc con miras al llamado intercambio humanitario, difícil de lograr si los candidatos a el son secuestrados políticos como Alan Jara, Sigifredo López, Ingrid Betancurt, etc., que fueron secuestrados en circunstancias de indefensión deplorables y no como resultado de los combates armados.

No así los Soldados y Policías que aún tienen en sus campos de concentración porque a ellos o a la mayoría de ellos los secuestraron en desarrollo de combates, en Las Delicias, Mitú, Puerres, Patascoy, El Billar, Miraflores, etc., porque contando como cuentan, que todos lo sabemos, con apoyos políticamente importantes como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Cuba, etc., los pueden utilizar para el tan buscado reconocimiento de beligerancia y que para el los secuestrados civiles eran un gran obstáculo pues para la comunidad internacional no hacían parte del bando enemigo.

Por eso puede esperarse, además de alguna inimaginable actividad de gran importancia, que si aún queda algún soldado o policía que no haya sido secuestrado en combate, lo liberarán fingiendo voluntad de paz pero con el propósito soterrado de distraer la atención de la opinión publica frente a temas que los pueden afectar; si estas liberaciones las dieron para opacar la noticia del primer aniversario del 4F, debe esperarse algo similar para el tres de marzo, fecha de la muerte de Raúl Reyes que para ellos tiene mayores efectos mediáticos que la propia marcha de febrero.

"Perdió donde le duele" fue uno de los titulares con que los medios de comunicación registraron los resultados del proceso electoral en Venezuela. En este sentido, para varios analistas la victoria de la oposición en 5 de los 22 es una señal inequívoca de cómo el proyecto bolivariano ha perdido vigencia en las áreas de mayor concentración demográfica y desarrollo económico del país.

Desde esta perspectiva, el avance político de la oposición demostraría un saludable equilibrio que, en el mediano plazo, tendría que redundar en la moderación de la revolución bolivariana. No obstante, y a partir del mismo panorama, el oficialismo venezolano se atribuyó de igual manera la victoria de los comicios, de manera que el Presidente Hugo Chávez Frías no dudo en interpretar el mensaje enviado por el electorado como una señal inequívoca del deseo de la mayoría de venezolanos para dar continuidad a las medidas de la "revolución bolivariana".

Podría decirse que cuando en una democracia liberal todas las corrientes políticas se sienten a gusto con los resultados, la estabilidad del sistema está garantizada. No obstante, tal como lo han señalado varias organizaciones a nivel mundial, es difícil caracterizar a la República Bolivariana de Venezuela como un sistema democrático liberal. De hecho, el escenario proselitista previo estuvo caracterizado por una campaña sistemática de persecución política tanto a los disidentes del chavismo como a los opositores históricos. En tal campaña, el mismo presidente Chávez llegó a insinuar la utilización de Fuerza Militar contra aquellos Estados dirigidos por la "oligarquía" que "pudiesen conspirar" contra el desarrollo de la revolución

Bajo las circunstancias señaladas, difícilmente el gobierno nacional venezolano va poder avanzar en su revolución sin llegar a confrontarse directamente con los gobiernos regionales. Bajo esta premisa fundamental, el trámite de los conflictos nación-región pueden desembocar en varios escenarios, dentro de los cuales está la polarización entre una "nación pobre revolucionaria" contra unas "regiones privilegiadas contrarrevolucionarias" (en los términos del Presidente Chávez). En el peor de los casos, la tensión puede emular la delicada situación de orden público registrado en Bolivia que, en el caso de Venezuela, podría tener repercusiones mucho más graves por cuanto Chávez ha estado construyendo poco a poco toda una infraestructura de guerra irregular para "sostener la revolución".

Sin embargo, la hipótesis de una guerra civil, aún cuando teóricamente posible, no alcanza a ser en la práctica del todo clara, por lo menos en el corto plazo. Esto, en primera instancia, por cuanto el escenario de confrontación va ser canalizado a través de la disputa de las próximas elecciones de la Asamblea Nacional, escenario donde Chávez tendría una nueva oportunidad para captar la simpatía del electorado y legitimar la posibilidad de perpetuarse en el poder de manera plebiscitaria. Pero, más allá de los incentivos que puede generar las elecciones en el mandatario de turno, lo cierto es que la oposición ha encontrado que el proselitismo electoral puede ser el mecanismo más efectivo para deslegitimar la revolución bolivariana y desmontar el esquema autoritario chavista. En este sentido, es estratégico para la oposición evitar niveles de polarización que den algún pretexto al gobierno para sostener una hipótesis de conspiración.

Una primera consecuencia de este escenario para la región se traduce en términos de reorientación de prioridades de la "revolución bolivariana" hacia adentro y de cara a las próximas elecciones de la Asamblea Nacional. Así como sucedió con Cuba, cuando Fidel Castro se vio obligado a claudicar en el intento de exportar la revolución debido a las dificultades políticas al interior de la isla, en el caso de Venezuela se presentaría una situación parecida. Además, no hay que pasar por descontado el hecho que el principal aliado de Venezuela en la región, Ecuador, ha venido señalando la posibilidad de moratoria en sus compromisos de deuda. Así, en el eje Caracas-Quito poco interés se tendrá de discutir la proyección internacional de un modelo político de alianza que, en la práctica, pone a los presidentes a competir por recursos escasos. Lo anterior, sin contar la caída del precio del petróleo.

Habría que decir que el escenario que ahora sufre el chavismo no es muy lejano al acontecido tras la derrota del referendo de reelección indefinida. Si se ve con detenimiento, desde ese momento el gobierno venezolano adoptó una posición mucho más prudente frente a temas fronterizos con Colombia en particular y una actitud menos interesada en hacer valer su peso en la región. Por supuesto, en el repertorio de acciones estratégicas de un proyecto político como el chavista siempre está la opción de fabricar un supuesto escenario de persecución por parte de "fuerzas oscuras internas e internacionales", con el fin de lograr mediante el miedo en la población lo que no puede lograr mediante las políticas públicas en el país con mayor inflación de América Latina.

luisaperzbar@yahoo.es

Cuando falta la auténtica verdad, por desconocerla o por omitirla, toda afirmación se toma por cierta y se declina la objetividad dando paso a subjetividades viciosas que en consecuencia perjudican la mayoría de las veces a quienes no debe.

No solo la protección sino también la promoción de los Derechos Humanos debe ser –es- una de las principales consignas institucionales de toda democracia porque la legitima y fortalece; pero si bien es una obligación exclusiva de quienes ostentan tal responsabilidad, no debe ser bandera de batalla de quienes disienten de esa forma de gobierno, o de ese gobernante, porque origina injusticias que no solo no ayudan al propósito opositor sino que impiden su ejercicio humanitario en perjuicio de todo el componente social que se pretende proteger.

Por eso no es justo ni útil hacer señalamientos generalizados por conductas individuales, mucho menos cuando no existe aún concepto judicial de culpabilidad. Es lo que esta pasando con el ejército nacional con respecto al tema de los 11 jóvenes desaparecidos de Soacha y hallados luego como muertos en combates en el norte del país, se juzga, se señala, se cuestiona y se desmerita a toda una institución, cuando el caso atañe solo a unos individuos, desconociendo que si los responsables ya están al descubierto, o están en ese proceso, significa que los demás integrantes han cumplido y están cumpliendo su misión de protección de los derechos de los colombianos.

Y se hacen juicios desconociendo verdades importantes como el testimonio de un guerrillero desmovilizado de las farc que ante el senado de la república con ocasión del debate contra el ministro de defensa, quien aseguró que todo obedece a una simple estrategia de guerra política del secretariado de las farc en la que a un individuo, previamente seleccionado por sus capacidades persuasivas le son asignados los recursos suficientes para pagar testimonios de familiares, amigos y conocidos de los guerrilleros para que llegado el momento sirvan de prueba contra el Estado. La consigna de Alfonso Cano, según el relato del testigo que cumplía esa misión, es “hacer que toda baja guerrillera sea deslegitimada”. Por eso es que históricamente la mayoría de las muertes en combate que ha dado el Ejército Nacional han sido denunciadas como asesinatos de campesinos humildes lo cual testifican muchas personas que bajo juramento afirman que el muerto era un simple labriego además de ejemplo para la sociedad a quien conocían desde siempre, etc.

Y algo más cuenta a favor de la consigna guerrillera, toda denuncia contra el Estado o contra las Fuerzas Militares es tomada de antemano como cierta por cualquier destinario. Las organizaciones de Derechos Humanos y los medios de comunicación; a ellos no les importa quien sea la victima, les importa que hayan victimas, porque “eso vende”, sube la audiencia lo que para ellos es ganancia contante y sonante; igual con las Ong, que reciben grandes recursos para sus mantenimiento en la medida en que existan victimas que justifiquen su existencia que de modo contrario, sin victimas, para que existir. Además consiguen otro fin, quizás no de ellos pero igual producto de sus actuaciones que consiste en que desprestigian las políticas del Gobierno tan odiadas igualmente por guerrilleros y opositores políticos.

Para unos importa más el daño que se le pueda causar a los militares o al Estado y para otros los beneficios económicos, que las victimas.

Falta ver como será la estrategia guerrillera ante la iniciativa de crear oficinas de recepción de quejas en cada unidad militar, sabiendo que cada actuación de los militares estará certificada y avalada desde su planeamiento hasta su ejecución por representantes del ministerio público, y las falsas denuncias queden en evidencia.

Las FARC están acabadas, no tanto por la acción del estado que es determinante, sino a causa de sus propias ejecutorias.

En sus inicios fue un grupo minoritario de liberales inconformes organizados en autodefensas campesinas, que fueron permeados por el comunismo que los convenció de la posibilidad de tomarse el poder a partir del uso de las armas para luego repartirlo entre todos los pobres de Colombia. Esa filosofía inicial permitió al grupo crecer legitimado por la clase campesina hasta alcanzar miles de elementos y llegar a ocupar espacios importantes en todo el territorio nacional, especialmente donde la economía nacional era fuerte, por aquello de financiar su existencia con base en la extorsión y el secuestro.

Ante esos positivos resultados, y exagerando el triunfalismo, sus dirigentes creyeron estar a las puertas del triunfo y tener al Estado postrado ante sus fuerzas; para ellas la vía armada había dado los frutos esperados y por ello era necesario dar el golpe final, pero para eso hacían falta los recursos, un estado nuevo requiere dinero para consolidarse, y siendo las armas esa fortaleza, y siendo el dinero la condición para adquirirlas, lo buscaron donde lo había por montones, en el narcotráfico. Inicialmente como una actividad adyacente, indirecta; se trataba de cobrar una especie de gravamen a los narcotraficantes en todas las escalas: pistas clandestinas, laboratorios, comercialización y exportación.

El flujo de dinero fue enorme y con él la abundancia de armas y hombres, ¿pero por qué conformarse con una simple rebanada si podía tener la torta completa? Así entraron las FARC en el negocio del narcotráfico, desplazaron a los carteles, obligaron a los campesinos a incluir en sus terrenos un plantío de coca, construyeron sus ‘cocinas’ (laboratorios), crearon sus redes para comercializarlo y nombraron como responsable, banquero y administrador del negocio a Tomás Medina Caracas, alias “Negro Acacio” y al decimo sexto frente guerrillero como cuidador. Se calcula en 2 mil millones anuales el movimiento financiero de las FARC, específicamente por tráfico de drogas 60%, extorsión 28% y lavado de activos, entre otros.

Pero esa fortaleza había que manifestarla y la única manera era atacando con mayor fuerza al Estado, lograron asestar golpes contundentes contra la Fuerza Pública, secuestraron centenares de Agentes, y atacaron decenas de poblados, se enceguecieron con el éxito y no midieron los desmanes, no supieron calcular sus fuerzas y permitieron su desborde, pasando a un terreno que fue luego de su incursión al narcotráfico, el mayor de sus fracasos, el terrorismo, y no solo contra las fuerzas del Estado sino un terrorismo incontrolado, indiscriminado y rampante donde terminaron victimizando al propio pueblo que hasta entonces era su soporte produciendo su estampida y poniéndolo en su contra.

Eso, como forma para atacar al Estado en lo armado, porque buscando atacarlo en lo político cayó en otro yerro que les sería igualmente perjudicial, el secuestro indiscriminado, ya no con propósitos extorsivos como antes sino políticos. Sabiéndose triunfantes en lo armado había que actuar en otros campos y uno de ellos fue la toma de rehenes queriendo con ellos acorralar al gobierno y forzarlo a negociar bajo las condiciones guerrilleras, treta que tampoco ha dado frutos positivos pues sus fichas mayores las perdieron en una operación de rescate impecable que es hoy motivo de orgullo para el Estado y tema inspirador de trabajos periodísticos y culturales mundiales.

Entonces que se espera del futuro para las FARC?, no mucho, en lo armado están incapacitadas y acorraladas en las selvas, protegidas por múltiples campos minados que solo muestran su temor a la acción de las fuerzas del Estado. En lo político, aunque tienen en su poder a casi 3000 secuestrados, ninguno tiene, ni de lejos, la importancia que tenían los rescatados y por lo tanto su fortaleza política depende de apoyos foráneos y cambios de gobierno favorables, hechos poco probables.

El narcotráfico, el terrorismo y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario, no son garantía de éxito. Por lo tanto a futuro las FARC no serán para nada algo que pueda ser visto como un grupo “de liberación” como lo fue en algún momento, ni siquiera estará unificada sino que mutará a una serie de grupúsculos vandálicos dedicados al narcotráfico y al secuestro extorsivo. Sus actuales dirigentes, dueños y administradores de los colosales recursos económicos, se refugiarán en algún país “amigo” donde gozarán de la fortuna acumulada, escondidos no solo de las autoridades judiciales sino de sus propios hombres que los buscaran para reclamarles su parte del botín. O sea, que el nombrado post conflicto en Colombia estará caracterizado por la lucha contra el narcotráfico y este representado por el grueso de las FARC que no alcancen el círculo dirigente que hoy tiene el acceso a los dineros.

El tema de los sindicatos, o mas exactamente del sindicalismo, es un asunto delicado del que poco se ha estudiado en su real contexto, solo se presentan como organizaciones que reclaman lo que sus dirigentes consideran derechos laborales pero pocos han querido ver lo que puede haber detrás de ellos o de su manejo.

Por ejemplo, que en Colombia los sindicatos no existen tanto para organizar a los trabajadores en búsqueda de mejoras salariales, propendiendo ellos, con su trabajo y eficiencia la mejoría de la empresa y en consecuencia la suya, sino que siempre va, hábilmente escondida, la intención de quebrarla.

En una sociedad no perturbada por ideologías antidemocráticas, (aunque la democracia sea el pretexto), especialmente de países desarrollados, -por ejemplo Japón-, cuando los trabajadores consideran justo y viable la petición de mejoras laborales o salariales acuden a la protesta, no mediante un ‘pliego de peticiones’ sino con un ‘pliego de ofertas’. Los trabajadores sindicalizados ofrecen al patrono mejoras empresariales de las cuales piden unas mejoras laborales que son porcentuales con aquellas, nunca esta implícita la quiebra de la empresa con peticiones exageradas sino que lo pedido es producto de lo ofrecido. Todos ganan. La empresa se fortalece, los beneficios laborales mejoran y hasta el desempleo decrece.

En Colombia, las necesidades laborales de los obreros, justas y auténticas, son utilizadas por intereses subterráneos que buscan cosas distintas. Por eso el ‘pliego de peticiones’ es exagerado hasta imposibilitar su aceptación por parte del patrono; o, cuando se ha visto que una empresa en Colombia florezca gracias a su sindicato; aquí todas las manifestaciones sindicales representan pérdidas que implican despidos y detrimentos laborales, que desde luego justifican la protesta pero que terminan enfrentando al Estado y a los trabajadores para beneficio de los promotores subrepticios, pocas veces o nunca obtienen las peticiones y es porque ese no es el objetivo real.

Y no es algo nuevo, la mayor tragedia sindical en la historia colombiana ocurrió en 1928 con la llamada “masacre de las bananeras” cuando por enfrentamientos violentos entre los trabajadores, dirigidos por integrantes del “Partido Socialista Revolucionario” y el Estado murió un número aún no claro de obreros. Lo ocurrido entonces no fue otra cosa que el uso de las necesidades obreras para enfrentar a los manifestantes contra el Estado. Presentaron un ‘pliego de peticiones’, además de exagerado, firmado por personas que al ser verificados sus nombres no eran trabajadores de la empresa, causa por la cual esta última no aceptó. Ese hecho originó el enojo de los trabajadores, hábilmente estimulados desde la clandestinidad, que iniciaron un ataque contra los policías que controlaban la protesta, secuestrándolos y quitándoles sus armas oficiales, para acto seguido con ellas atacar la base militar cercana, causando la reacción violenta de los soldados con resultados trágicos.

Guardando las debidas proporciones es algo parecido a las actuales marchas indígenas en el sur del país donde las cosas se han tornado violentas, al punto de que ya hay varios manifestantes muertos, un soldado secuestrado y golpeado por los manifestantes, un policía con sus manos amputadas por un explosivo lanzado por los indígenas y cerca de cien agentes más gravemente heridos.

Parece ser la aplicación de una artimaña antigua, que en este caso sería una estratagema, que no es otra cosa que un engaño, bien porque se hace o bien porque se induce, el caso es que da resultado, no el resultado que se espera, el de mejorar las condiciones laborales de los obreros o acceder a sus pretensiones los indígenas, sino el de perjudicar al gobierno, deslegitimarlo y ponerlo en la picota pública internacional. Poner al Estado contra la pared y forzar a la comunidad internacional a retirar cualquier apoyo o respaldo económico al país. En este caso a reforzar la negación del Tratado de Libre Comercio, TLC, con los Estados Unidos.

Porque no parece otra la intención de lo que pasa por estos días en el país, o si no, porque el incremento exagerado de las manifestaciones ocurre exactamente cuando el tiempo en el congreso norteamericano apremia para la aprobación del TLC, cuando se sabe que el virtual ganador de la presidencia se opone, precisamente por la “situación de violencia contra los sindicalistas” y por lo tanto nada más útil que llenarlo de motivos para reafirmar su decisión.

Con seguridad, las manifestaciones, los paros, las huelgas, y las marchas terminarán con el resultado de las elecciones de Estados Unidos, de ganar como todo lo indica el candidato opositor al TLC, pero seguirán si el ganador el es senador John McCain, intentando que el congreso de mayoría opositora al tratado se vea presionado a rechazarlo.

Una gran oportunidad se le presenta al Ejército Nacional para demostrar la transparencia de sus actos, cuando la procuraduría y la fiscalía terminen la investigación sobre las muertes en combate rápidamente rotuladas como falsos positivos; solo se espera un mínimo de imparcialidad y justicia de manera que cualquiera que sea el resultado esté en estricta verdad y no sea el producto de presiones o influencias tendenciosas.

Se espera claridad, pero no la claridad que convenga a intereses sombríos sino al pueblo colombiano, que si comprueban responsabilidades sean el producto de pruebas serias, reales y bien establecidas, ante lo cual y en consecuencia, quien sea hallado responsable debe recibir todo el peso de la justicia, los correctivos establecidos en derecho para los actos de su autoría aplicados en su máxima cuantía, pero igualmente si el resultado de la investigación libra al Ejército de responsabilidades debe ser objeto de un acto de desagravio propio para quien debiendo enfrentarse a los peores criminales y asesinos, lo hace dentro del respeto absoluto de las leyes y los derechos. Y actuar con total independencia, más allá de exigencias foráneas malintencionadas que demandan más que justicia, acciones revanchistas de corte ideológico.

Como las exigencias sobre conocer la verdad que no son tanto de las victimas o de sus familiares, sino más que todo de las Organizaciones No Gubernamentales a la que les interesa que haya sanciones internacionales contra el Estado porque deslegitimarlo y desprestigiarlo, justifica su pantallera lucha por los Derechos Humanos y así garantiza los aportes económicos que requieren para su sustento, pero para las verdaderas victimas sobrevivientes basta saber que el tema que le atañe recibió justicia cuando su victimario fue juzgado y condenado y que ellas como dolientes recibieron una indemnización económica que les ayudará a sobrellevar su sufrimiento.

Poco les interesa saber la verdad, para ellos es mucho saber que uno de los suyos fue asesinado o herido. Poco o nada puede servirle a un padre o a una madre saber los pormenores de la tragedia de su hijo. Eso es cosa de las ONG’s, por eso aparecen enarbolando la bandera de los Derechos humanos cuando mayores son los esfuerzos del Gobierno para derrotar a los violentos, y mejores los resultados; pero antes, cuando las grupos violentos estaban fuertes y a la ofensiva no se daban tantas marchas, huelgas, paros ni denuncias.

O, donde estaba Human Right Watch, HRW, antes del 2002, cuando los principales cabecillas de los grupos paramilitares no estaban presos ni extraditados y los otros 30 mil integrantes no estaban desmovilizados sino masacrando y narcotraficando, o donde cuando las farc destruían pueblos, asesinaban indiscriminadamente soldados y civiles, cuando no era posible transitar por ninguna carretera, cuando nadie quería venir al país a invertir, trabajar o descansar porque era secuestrado; cuando los alcaldes, gobernadores y demás dirigentes públicos debían ejercer sus cargos desde largas distancias porque los asesinaban o secuestraban si ponían un pie en sus provincias.

Pero más allá de la odiosa intromisión de las ONG, las Fuerzas Militares deben en su intimidad hacer los estudios necesarios, establecer los diagnósticos pertinentes y tomar las medidas necesarias y suficientes de manera que corten por lo sano el problema que tanto los afecta; determinar hasta la mínima responsabilidad individual o colectiva y en rigor tomar los correctivos que sean pertinentes, dando a la opinión pública las explicaciones suficientes y demostrando no solo la contundencia de las medidas tomadas sino además su gran disposición y compromiso a no recaer en esa clase de eventos.

A su turno, el Estado debe también hacer un balance juicioso y determinar quienes son victimas autenticas y hacer por propia iniciativa todo el esfuerzo que sea necesario para indemnizarlas aunque el esfuerzo económico parezca ingente, que a la larga no lo será tanto como sería en caso de tener que hacerlo producto de una sentencia de una Corte Internacional de Justicia como la Interamericana, porque eso sería mucho mas costoso, no solo en lo económico sino también en lo político y social y de esto último difícilmente podría recuperarse.

Si tanto el gobierno por su parte y las fuerzas militares por la suya dan absolutas y verdaderas muestras de resarcimiento y reconocimiento por todas las victimas de los grupos violentos, inclusive en los que hayan comprobadas responsabilidades de algún agente del estado, será un gesto bien recibido por toda la comunidad y de paso quitará argumentos de ataque mediático, político y social y en consecuencia su legitimidad, su aceptación y su reconocimiento traerán un enorme grado de confianza que servirá al país.

Todo eso, además de hacer justicia, serviría para calmar pasiones perversas como las del ex secretario del partido comunista de Chile y Director de la Organización No Gubernamental ‘Human Rihgt Watch, HRW’, José miguel Vivanco, quien con poco claros intereses cada año emite su famoso informe atacando directamente al presidente Uribe, a su gobierno y a sus instituciones señalándolo como responsable, sin juicio previo, de cuanto malo ocurre en Colombia, y no es que existan casos nuevos sino que recicla hechos antiguos. Además tiene el descaro y el cinismo de culpar al Presidente Uribe de que los jueces no hagan las preguntas que el quisiera a los ex paramilitares presos y extraditados. Para ese señor el gobierno era cómplice de los paramilitares por negarse a extraditarlos y ahora lo es por haberlos extraditado. Que pasaría y que diría el señor Vivanco si como en Venezuela, también de aquí fuera expulsado.

En un comunicado publicado en la red de comunicación afín al grupo terrorista, las FARC manifestaron su “voluntad” de continuar la idea de intercambio humanitario. A diferencia de episodios pasados, en esta ocasión fue poco el revuelo, no por el hecho que los colombianos que aún siguen secuestrados sean menos importantes que los rescatados por el Ejercito Nacional, sino porque la opinión pública sabe que el intercambio es una estrategia de chantaje y, sobre todo, es posible garantizar la libertad de los colombianos secuestrados sin arriesgar la seguridad de la población en general.

Pero, ahora, hay un elemento adicional. Cómo era de esperarse, las FARC aprovecharon el incidente de la utilización del emblema de la Cruz Roja con el fin de configurar un nuevo escenario de chantaje contra los colombianos. A inicios de este mes, el Comando Conjunto de Occidente de las FARC aseguró que toda misión humanitaria (llámese Cruz Roja Internacional, cualquier ONG de atención a víctimas y, aún, encuestadores) serían objetivos militares. Con ello, y al igual que con el problema del secuestro, las FARC buscan generar un sentimiento de culpa dentro de las víctimas de su violencia armada, como el violador intenta que la mujer ultrajada se sienta culpable del hecho punible del que ha sido víctima.

Y lo peor, dentro de su nuevo comunicado, las FARC tienen el descaro de imponer como nueva condición la participación de gobiernos extranjeros y la generación de alternativas para garantizar la protección de la población civil de los efectos de la confrontación. Pero, la pregunta, es ¿cómo las FARC pueden esperar confianza en sus proposiciones cuando, por el otro lado, declaran abiertamente cómo objetivo militar cualquier misión humanitaria en los territorios del sur? ¿Cómo esperan credibilidad sobre su intensión de proteger a los civiles de la confrontación cuando, en este momento, las bombas puestas en diversos lugares del territorio nacional indican un intento desperado, pero atroz, para solventar su debilidad en el campo de batalla?

En todo caso, y aún cuando el fracaso de las FARC se hace más evidente conforme pasa el tiempo, es necesario tener en cuenta que esta organización terrorista no da puntada sin dedal. La publicación de una nueva lista de canjeables y la declaración de objetivo militar a las misiones humanitarias tiene por objeto configurar, de nuevo, un sector de opinión que, sin tener la más mínmina intensión de apoyar al terrorismo, se convierten en fichas útiles para la presión política sobre el gobierno.

Tal como sucedió con la Señora Yolanda Pulecio quien, por su condición de madre de Ingrid Betancur, fortaleció la posición de Hugo Chávez como actor relevante dentro del intercambio sin tener, a priori, una simpatía más allá de la esperanza que Chávez podía representar al ser un interlocutor natural de las FARC, la lista de canjeables es un mensaje a las familias de los secuestrados para que retomen la presión contra el gobierno en términos de intercambio humanitario y a las organizaciones internacionales para presionar al gobierno sobre el imperativo de proteger a las víctimas sobre cualquier consideración militar estratégica. Se enfatiza y se insiste, estos sectores de la población no se les pueden considerar como apoyo político y social de la guerrilla pues, en últimas, simplemente buscan proteger sus prioridades personales y organizacionales, dentro del contexto adverso que impone la acción terrorista de las FARC.

Frente a este panorama, bien vale la pena mostrar a la opinión pública una posición de Estado que insista en el golpe estratégico a las FARC pero, que así mismo, ponga de presente el hecho que se tiene conciencia sobre el trabajo por delante en términos de asegurar la libertad de todos los secuestrados y garantizar la reparación de la todas las víctimas de las organizaciones terroristas. En ese sentido, se ha de insistir en el programa de Reparación Administrativa reglamentada en el Decreto 1290 de 2008 y los diversos programas para la Protección de los Derechos Humanos con los que cuenta el gobierno en particular y el Estado en general. Dentro de este escenario, las Fuerzas Militares actúan como el garante último de los derechos de los colombianos, en tanto que son los investidos de apelar al ejercicio legítimo de la fuerza para hacer valer el Estado de Derecho.

Por: Luisa Pérez - luisaperezbar@yahoo.es

Todo indica que el nuevo comandante de las Farc, alias Alfonso Cano, resultó más político que militarista. La profusa serie de ‘mensajeros’ que anuncian la “inminente” liberación unilateral y sin contraprestaciones de algunos de los secuestrados despeja las dudas de si sería lo uno o lo otro. Además, de haberlas traerían importantes beneficios políticos para sus ‘promotores’.

Entre los ‘mensajeros’ están, en primer termino el presidente Hugo Chávez quien contando con que el grupo guerrillero va a liberar a algunos secuestrados, quizás producto de acuerdos secretos con Cano, le pide que los “libere a todos a cambio de nada” y anotando además que “la guerra de guerrillas ya pasó a la historia”, algo que podría ser interpretado como una soterrada insinuación de que la opción para las Farc, si quieren mantenerse en la dinámica bolivariana, es política.

El ex Senador liberado, Luis Eladio Pérez asegura que por lo menos dos de los secuestrados “ya están en desplazamiento hacia la libertad” y que quedarían para después los miembros de la Fuerza pública. Para él como para Chávez, estos últimos no son secuestrados sino prisioneros de guerra y con ellos se requiere un “intercambio de prisioneros”, -guerrilleros presos por soldados y policías-, lo que solo puede darse si la organización guerrillera tiene reconocimiento político y luego de un despeje por parte del gobierno colombiano.

Para la Senadora Piedad Córdova, “la liberación está cerca”; y Carlos Lozano, director del semanario Voz, coincide con el ex ministro Álvaro Leyva en que ya establecieron los contactos con Alfonso Cano y por lo tanto los acercamientos en tal sentido “van por buen camino”. El presidente ecuatoriano Rafael Correa dice estar listo para recibir en su territorio a esos liberados y para ello no cree tener que “pedir permiso a nadie”, etc.

Tanto anuncio de liberación es un claro síntoma de que Alfonso Cano reconoce que más que enfrentar la política de seguridad democrática que ciertamente tiene a la organización guerrillera que dirige “resquebrajada” en lo militar y con mínimas opciones de recuperación, lo que vale es recuperarse en lo político, rescatar algún grado de aceptación no solo internamente sino, y principalmente, en lo internacional, contra lo cual pesa mucho el hecho de tener personas secuestradas, inclusive más que el hecho de estar en las listas de grupos terroristas internacionales y de financiarse con el trafico de narcóticos.

En lo militar, seguramente cree que puede ‘aguantar’ la ofensiva del gobierno, con la retirada estratégica hacia lo profundo de la selva protegiéndose con los campos minados, y limitar sus actos a esporádicos episodios de terrorismo con ataques a estaciones de policía y voladuras de torres eléctricas y oleoductos, para mantener alguna vigencia militar mediática; mientras se aplica en lo político viendo la gran oportunidad para el grupo armado en retirar del ambiente político el tema del secuestro, liberando unilateralmente y sin contraprestación a los secuestrados, especialmente a los que mayor interés político revisten en lo opinión internacional, único tema que concierne a muchos sectores.

Francia, por ejemplo, aunque habla de liberación de secuestrados en plural, solo quiere la liberación de Ingrid Betancur, con ella liberada seguramente perderá todo interés. Hugo Chávez ganaría políticamente ser visto como el promotor de las liberaciones, según él, requisito fundamental hacia la paz colombiana, además porque eso restaría interés sobre el contenido de los computadores de Raúl Reyes que lo vinculan estrechamente con el grupo señalado de terrorista por la comunidad europea y estadounidense.

Otra cosa serían los temas del terrorismo y del narcotráfico, pero ellos son casi exclusividad de Colombia y Estados Unidos; sin secuestrados, pocas exigencias vendrían de Europa y América Latina hacia las Farc, abriéndoles espacios y canales políticos.

Es decir: las liberaciones unilaterales, de darse, traen importantes beneficios políticos para todos los intervinientes; Sarkozy cumple sus promesas electorales, Chávez recibe reconocimiento mediático por su gestión pacificadora, que redundaría en mejores perspectivas ante las elecciones de noviembre, Piedad Córdova justificaría sus encuentros y vínculos con las Farc por los cuales esta siendo investigada penalmente y las FARC porque el gesto de liberar incondicionalmente a todos los secuestrados (para la comunidad en general ‘todos’ son los 39 políticos que tienen en su poder, allí no cuentan los otros 700 que seguirían secuestrados), sería legitimado ante la opinión mundial, convirtiéndose en una gran jugada política.