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El próximo primero de noviembre se termina el veto que impedía a la Corte Penal Internacional, CPI, intervenir en Colombia. Un tema de muchísima importancia que al parecer el Gobierno Nacional no le da la suficiente importancia.
Se supone que el Presidente Andrés Pastrana, días antes de entregar su mandato pidió una prórroga de siete años, como lo permite el artículo 124 del Estatuto de Roma, para la entrada en vigencia de la acción de la CPI, en lo referente a los Crímenes de guerra (artículo 8°), con la supuesta intención de no afectar posibles y futuros diálogos de paz con los grupos armados.
Sin embargo no hubo tales diálogos y a pesar de la innegable mejoría en la reducción de los índices de violencia los casos de infracciones al Derecho Internacional Humanitario siguen; los grupos armados aún secuestran, asesinan personas y destruyen o se apropian de bienes protegidos, reclutan forzadamente a menores de edad, utilizan las tenebrosas minas antipersonas y fuerzan abortos al interior del grupo armado, etc.,
Pero algo por decir lo menos es curioso; cuando se supone que la Corte entraría a juzgar personas también por crímenes de lesa humanidad como está considerado el abominable secuestro, sin que a ello hubiera veto alguno no ha tomado ninguna acción y si espera con firmeza que finalice sobre los crímenes de guerra como si ya hubiera predisposición y objetivos específicos seguramente, como lo afirmara el propi Fiscal Luis Moreno Ocampo, Colombia está “incluida en el paquete de naciones en su mira” como si no lo estuviera ya desde la misma creación del órgano de justicia internacional.
Parece paradójico que no haya tomado acción alguna sobre como los crímenes de genocidio (artículo 6°) que son las masacres de indígenas, de diputados, de civiles indefensos, etc., o de lesa humanidad (Artículo 7°) como el secuestro (privación grave de la libertad física), el asesinato, el desplazamiento forzado, la tortura, la violencia sexual, etc., que son “prácticas generalizadas y sistemáticas” de los grupos guerrilleros y sí está muy atenta a iniciarlos sobre los de guerra como si desconociera su ocurrencia o no tuviera jurisdicción sobre aquellos.
Además según se entiende de sus propias declaraciones, su mayor interés está en los crímenes cometidos por los grupos paramilitares como si una masacres de estos fuera más grave que las de las Farc, o como si el veto hecho por Colombia cubriera hasta hoy no solo los crímenes de guerra sino también los de lesa humanidad y los de genocidio muy comunes en todos los grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes.
Sin embargo la culminación del veto es muy positivo para Colombia porque obliga a los criminales a pensarlo dos veces antes de cometer cualquiera de los crímenes que sean de la competencia de La Corte y de cometerlos a respetar la justicia nacional y además estimula al Gobierno a aplicar con rigor las leyes nacionales como única garantía para mantener lejana la actuación de la CPI y de paso tranquiliza a las organizaciones no gubernamentales que ven impunidad en todo lo que haga el Gobierno pues la lejanía de la CPI es garantía de la aplicación, ejercicio y eficiencia de nuestro sistema judicial.

No es posible que alguien con tan alto grado de estupidez pretenda algún día acceder a dirigir los destinos de una nación. Quienes dirigen a las Farc, están ciegos o son infinitamente estúpidos como para esperar, con actos de clara crueldad y terrorismo, que el pueblo y-o el mundo les brinde el apoyo que requieren para algún día librarse de los calificativos de terroristas y de narcotraficantes que tanto les afectan y que mucho esperan que les sean retirados y que además les den reconocimiento legitimo.

Y son estúpidos porque en su búsqueda de esos reconocimientos cometen actos que a más de crueles e inhumanos solo logran mayor rechazo y repudio, lo que indudablemente las aísla más de sus objetivos. A no ser que ese objetivo este, como piensan muchos analistas, en mantener indefinidamente en el tiempo la prolongación del conflicto como distractor para mantenerse en su actividad puramente narcotraficante y así mantener su enorme capacidad económica pretextando la búsqueda de recursos económicos para la guerra cuando en realidad se trata de un simple cartel que utiliza la guerra y el terrorismo como camuflaje del narcotráfico.

También son cínicos porque ante cada acto criminal, actúan inicialmente con indiferencia y hasta con negativas explicitas hasta que la fuerza de los propios hechos las obliga a reconocerlo, algo que hacen intentando justificarse echando las culpas y responsabilizando a otros, especialmente al Estado y a las mismas victimas. Y eso es algo a lo que han apostado desde sus inicios hace cerca de 50 años, y lo hacen porque muchas veces tienen quien caiga en esos engaños; se sirven de la ingenuidad nacional e internacional, de la buena fe y de los anhelos de paz general.

Pasó con la masacre de los 11 diputados del valle, la cual negaron insistentemente, inclusive acusando de ello al Estado colombiano y solo hasta que no pudieron ocultarlo más decidieron reconocerlo pero buscando pretextos y excusas para de todas formas evadir su total responsabilidad. Pasó con el secuestro y posterior masacre de tres indigenistas norteamericanos en la comunidad indígena panameña de Pucuró, el 31 de enero de 1994; pasó con los indigenistas estadounidenses, Terence Freitas, Ingrid Washinawatok y Laheenae Gay; en caserío El Chuscal, en jurisdicción de Cubará, departamento de Boyacá, límites con Arauca en 1.999, hasta que un video presentado por los medios de comunicación descubrió al “mono jojoy” fraguando la excusa mediante un “juicio ficticio” pero reconociendo que los habían “matado” por “enemigos de la revolución”; igual con 12 religiosos gnósticos que masacraron en mayo de 1999 en el municipio de Puerto Rico, departamento del Caquetá; etc., y con los profesores indígenas Arselio Peñas Guatico y John Jairo Osorio Pisario, pertenecientes a la reserva de Unión Waunana, situada entre Istmina y el Bajo Baudó, Chocó, a quienes secuestraron y posteriormente masacraron en abril de 2006, o la muerte de los indígeas Awá Juan Dionicio Ortiz, Ademelio Pai, Arcenio Canticús y los dos hijos menores de éste último, Germán y Andrés Canticús, el 15 de julio del 2007, en un campo sembrado de minas antipersonas, en la zona rural de Ricaurte, Nariño.

Ahora repiten con la feroz matanza de indígenas Awá en el departamento de Nariño, donde primero secuestraron, luego torturaron y finalmente masacraron a cuchillo al menos a 27 indígenas (según la propia versión awá), cosa que negaron hasta que la fuerza de los acontecimientos las obligó a reconocerlo (ocho según versión Farc), pero desde luego trasladando la responsabilidad no solo hacia el Estado colombiano sino a las propias victimas porque según los criminales eran colaboradores del Ejército Nacional.

Desconociendo en su ceguera cínica que por las condiciones geográficas y topográficas el acceso y la presencia de Tropas estatales se hacía supremamente difícil, a tal punto que para el arribo al sitio de los hechos fueron necesarios cerca de ocho días; además por los extensos campos sembrados de minas antipersonas que instalaron los guerrilleros en los alrededores de los cuerpos sin vida de los indígenas masacrados. Acto cínico reforzado con el eco que hacen algunas organizaciones no gubernamentales que secundan la versión guerrillera responsabilizando de los hechos al gobierno nacional, o en el mejor de los casos haciendo tímidos señalamientos contra el grupo armado. En total, según algunos estudios independientes, son cerca de 200 indígenas Awá asesinados en 4 masacres y 50 las victimas de las minas antipersonas, sin mencionar los casos de desplazamiento forzado, el confinamiento y otras agresiones y violaciones de las que son victimas esas comunidades por parte de las Farc y otros grupos armados.

“Estos crueles asesinatos violan los principios más básicos de la integridad y dignidad humana”. José Miguel Vivanco, Human Rights Watch.

Ante las circunstancias, tanto nacionales como internacionales, nada mejor que adaptarse y diseñar y ejecutar estrategias que permitan sacar provecho. Sabiéndose sitiadas en lo armado, limitadas a defender sus campamentos con el empleo masivo de campos sembrados de minas antipersonas, a explotar bombas en centros urbanos poco protegidos, a asesinar indígenas y civiles indefensos y a reclutar “jóvenes” para mantener su masa, las Farc despliegan todo su arsenal político buscando avances a pesar de esas circunstancias.

La estrategia es clara, valiéndose del anhelo de paz general y de la creencia de que estando reducidas en lo armado no tienen otra opción que aceptar diálogos bajo las condiciones del gobierno, ocultan tres verdades incuestionables: 1) las Farc nunca han pensado en desmovilizarse ni entregar las armas, esa es una consigna clara, reiterada en los últimos comunicados de Alfonso Cano; 2) Los procesos de diálogo, nunca han sido más que una maniobra para recobrar fuerzas, abastecerse, evadir cercos militares y buscar santuarios que les brinden condiciones políticas mejores; y, 3) cualquier acercamiento o proceso esta condicionado la libertad de Sonia, Simón Trinidad e Iván Vargas, que estando extraditados por narcotráfico y terrorismo difícilmente puede el Estado colombiano ceder a tal imposición.

Y como siempre, en su retórica atractiva los jefes guerrilleros tienen objetivos hábilmente camuflados: 1) desarrollar una estrategia político-electoral para sustituir la mano dura del presidente Álvaro Uribe por la de un sucesor que caiga en la trampa de los procesos de paz (estrategia del péndulo), 2) debilitar el discurso de los candidatos afines a la Política de Seguridad Democrática, PDSD, 3) fortalecer la estrategia de solución negociada, 4) mediante liberaciones unilaterales simultáneas con actos terroristas y asesinatos indiscriminados desacreditar la PDSD y demostrar que en consecuencia se requieren opciones y candidatos distintos; 5) posicionar el Intercambio humanitario como eje de la campaña electoral, 6) crear un espacio político que margine al gobierno nacional de las liberaciones favoreciendo la participación de colombianos y colombianas por la paz con miras a las elecciones del 2010; y, 7) presionar al gobierno nacional para que acepte las condiciones de las Farc en eventuales próximas liberaciones: despeje, participación internacional, liberación de extraditados.

Además: 1) vincular gobiernos y personalidades extranjeras para recuperar escenarios externos perdidos, 2) manipular las liberaciones unilaterales para liberarse de las presiones internacionales, y, 3) vincular en el proceso a organismos multinacionales como UNASUR que quedaría bien posicionada frente a otros como OEA y ONU que no han logrado mayores avances en dichas liberaciones o procesos.

Faltaría mencionar a cargo de quienes estaría la ejecución de esas acciones y como es apenas lógico también los tienen: 1) periodistas que engañados en su buena fe o por simpatía ideológica les hacen el trabajo publicitario, 2) liberados debidamente aleccionados que desacrediten los rescates humanitarios (operación jaque), 3) intelectuales amigos “aliados estratégicos”, 4) ONG’s simpatizantes o engañadas, 5) seguidores de ideologías afines como el socialismo del siglo 21, foro de sao paulo, y, 6) medios de comunicación sectarios como ANNCOL, Agencia Bolivariana de Prensa y Telesur, y organismos socialistas regionales como la Coordinadora Continental Bolivariana, etc.

Todo eso reforzado con otras acciones que con seguridad reforzaran la estrategia general, como las marchas indígenas y campesinas; los paros sindicales y judiciales y las protestas estudiantiles, por cuanto crean un clima de agitación y desorden que debilitaría al Estado.

Finalmente, no puede descartarse la actividad armada o terrorista, solo que ella estaría reservada para períodos de tiempo específicos como por ejemplo los primeros meses de próximo año dado que se trata de un ciclo de mucha intensidad política por las campañas presidenciales y fechas conmemorativas como el 45º aniversario del grupo armado el 27 de mayo, o las muertes de sus comandantes, Raúl Reyes el primero de marzo, Iván Ríos el 7 del mismo mes y por supuesto la de su máximo líder ‘Tiro Fijo’ el 26 de mayo, etc., en el que bien serviría un intenso clima de violencia y de incertidumbre.

Son muchos los gritos al cielo y las vestiduras rasgadas por las declaraciones del presidente Uribe, respecto a los “intelectuales de las Farc”, y no porque los señalamientos sean falsos sino porque muchos de quienes hacen parte del llamado comité de colombianos por la paz, encabezado por la senadora Piedad Córdoba, se sienten aludidos.

Pero como el cuento de las brujas, “de que las hay… las hay”, aunque nadie las haya visto, eso ocurre con los intelectuales de las Farc; desde los comienzos del grupo armado han existido, el propio Jacobo Arenas en sus planteamientos para conformar lo que llamó el movimiento político revolucionario contempló en sus directrices los que llamó “aliados estratégicos” que se trataban de un grupo aproximado de 100 intelectuales quienes les harían su guerra no solo desde la más profunda clandestinidad sino desde las más importantes posiciones políticas, sociales, académicas, ideológicas, culturales, religiosas, sindicales, económicas, militares, mediáticas, etc., en los planos interno e internacional.

Y no se trata de los típicos infiltrados que siendo miembros activos del grupo armado se incorporan en esas organizaciones para obtener informaciones útiles para el ejercicio extorsivo, el sabotaje, el hurto de informaciones y documentos de su interés, si no que dichos aliados estarían “estratégicamente” ubicados en posiciones tan determinantes que dado el caso las librara de cualquier situación penal, jurídica o política que les impidiera consolidar la toma del poder en el momento dado.

Esos aliados intelectuales deberían serviles para eludir la acción de la justicia tanto nacional como internacional de manera que al tomarse el poder los procesos por terrorismo, narcotráfico, secuestro, violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional humanitario, fueran fácilmente resueltos y no impidieran a quien estuviera a la cabeza de la nueva forma de gobierno el ejercicio del poder en el país ni las relaciones con la comunidad mundial.

Por eso es paradójico que algunos miembros del comité de colombianos por la paz se sientan aludidos con lo dicho por el presidente, ellos no están al nivel que requieren las Farc, ellos no pueden exonerar de las responsabilidades jurídicas a Alfonso Cano o al Mono Jojoy cuando estén entrando triunfantes a la casa de Nariño, ellos no pueden retirarles el calificativo de terroristas ni el de narcotraficantes, ni indultarlos por sus crímenes de lesa humanidad como el secuestro, ni de guerra como el uso de minas antipersonas o el reclutamiento forzado de niños, etc., y menos pueden, aunque lo hayan intentado, darles el reconocimiento de beligerancia.

Este comité, para las Farc no es mayor cosa que un grupo de idiotas útiles que embobados con el tema del intercambio humanitario, les hacen el favor de deslegitimar y desacreditar toda actuación del gobierno colombiano, no para la toma del poder sino para acercarlas al punto donde entrarían a actuar los verdaderos “aliados estratégicos”.

En consecuencia y más allá de rasgarse la vestiduras por cualquier cosa que diga el presidente, quienes ciertamente actúan de buena fe deben recapacitar sobre sus actos y no prestarse al juego de las Farc, no dejarse utilizar por los cabecillas guerrilleros y poner en claro sus posiciones frente al secuestro propiamente dicho, sin alucinarse por unas liberaciones malintencionadas y dejen en claro sus posiciones individuales respecto a la practica atroz del secuestro; una cosa debe ser su altruista trabajo por la paz, la liberación de los secuestrados y la erradicación definitiva del secuestro y otra distinta y lejana favorecer al grupo armado con sus actuaciones.

Quien nada debe nada teme, quienes no permitan que sus nobles actuaciones sean usadas por las Farc para avanzar en su proyecto totalitarista, nada debe inquietarles lo que diga el presidente, ni nadie.

Históricamente las Farc se han caracterizado por su gran astucia, que aplican en cada una de sus acciones, a cada cosa le sacan provecho, nada para ellas queda al azar y mucho menos si el beneficio no esta asegurado. También es claro que aprovechan cada circunstancia. En épocas de inactividad armada, por presión del estado (Política de Seguridad Democrática, PDSD) o por procesos de Paz (cese del fuego), mas allá de quedarse inactivas acumulan fuerzas en espera de cambios que les sean favorables y mientras tanto emplean sus mayores esfuerzos en la actividad política.

Por ejemplo: en los procesos de paz de los 80’s multiplicaron al doble sus frentes y al triple sus hombres y sus armas, en los de Venezuela y Tlaxcala en los 90’s se reestructuraron en bloques de frentes y diseñaron la estrategia de “guerra de movimientos” causante de los mayores golpes a la Fuerza Pública; y en los del Caguán, sabiendo deliberadamente que no se daría acuerdo alguno acumularon fuerza a tal grado que es ella la que les ha servido para enfrentar la PDSD, que de otro modo las tendría mas debilitadas.

Por eso es muy importante analizar el trasfondo de las actuales liberaciones, porque nadie puede darse a falsas ilusiones creyendo que las Farc cambiaron sus principios ideológicos o que reconocieron que sus actuaciones ejecutadas idénticamente por casi cincuenta años son todas motivo de repudio y por eso no volverán a hacerlas. No es nada de eso, es simplemente una estrategia mediática, un intento más de figuración, de mostrar vigencia y fortaleza.

Por eso es atinado pensar que las liberaciones unilaterales que estamos disfrutando hoy aportaran, aunque mínimos, algunos beneficios: por un lado neutralizaron la celebración del primer año de la marcha del 4 de febrero donde sufrieron la mayor manifestación de repudio que pudieran haber esperado de cerca de 12 millones de colombianos en muchas ciudades del mundo, una acertada forma de anular los efectos mediáticos, pasar ese hecho a un segundo plano con la liberación de un secuestrado que aunque importante políticamente, implicaba un problema de difícil manejo. Todo eso reforzado con la liberación del único sobreviviente de la masacre de los diputados del valle el señor Sigifredo López. Dos liberaciones exactamente en los días previo y posterior al 4F; coincidencia?, quien sabe; estrategia?, seguramente.

También están las liberaciones de los policías y soldados; a ellos los liberaron por una razón también sencilla, eran un problema porque a pesar de hacer sido secuestrados hace relativamente poco tiempo, poco más de un año, frente a otros que llevan cerca de once, no podrían ser tomados como “prisioneros de guerra” que es el propósito perpetuo de las Farc con miras al llamado intercambio humanitario, difícil de lograr si los candidatos a el son secuestrados políticos como Alan Jara, Sigifredo López, Ingrid Betancurt, etc., que fueron secuestrados en circunstancias de indefensión deplorables y no como resultado de los combates armados.

No así los Soldados y Policías que aún tienen en sus campos de concentración porque a ellos o a la mayoría de ellos los secuestraron en desarrollo de combates, en Las Delicias, Mitú, Puerres, Patascoy, El Billar, Miraflores, etc., porque contando como cuentan, que todos lo sabemos, con apoyos políticamente importantes como Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Cuba, etc., los pueden utilizar para el tan buscado reconocimiento de beligerancia y que para el los secuestrados civiles eran un gran obstáculo pues para la comunidad internacional no hacían parte del bando enemigo.

Por eso puede esperarse, además de alguna inimaginable actividad de gran importancia, que si aún queda algún soldado o policía que no haya sido secuestrado en combate, lo liberarán fingiendo voluntad de paz pero con el propósito soterrado de distraer la atención de la opinión publica frente a temas que los pueden afectar; si estas liberaciones las dieron para opacar la noticia del primer aniversario del 4F, debe esperarse algo similar para el tres de marzo, fecha de la muerte de Raúl Reyes que para ellos tiene mayores efectos mediáticos que la propia marcha de febrero.

Afortunadamente los guerrilleros de las Farc están cumpliendo su palabra en cuanto a devolver la libertad a algunos colombianos a quienes se la habían quitado desde hace casi ocho años en casos como el del ex gobernador del Meta, Alan Jara.

Por si mismo, ese es un motivo de alegría para todos los que sienten como suyo el gravísimo sufrimiento de quienes en la mayor de la injusticias fueron secuestrados buscando utilizarlos, en su persona y en sus derechos como herramientas de guerra para un propósito además de imposible y mezquino, rechazado por la sociedad globalizada.

Sin embargo nada es más recomendable en estos momentos que acudir a la mayor prudencia, pues sin dejar de lado la alegría de esas liberaciones, debe permanecer inolvidable el fondo de los hechos, no puede nadie civilizado incurrir en halagos inmerecidos hacia el secuestrador por el solo hecho de que haya liberado algunos, una mínima proporción, de los seres humanos que tiene en su poder agonizando en lo profundo de los campos de concentración en las inhóspitas selvas colombianas.

Tampoco es aceptable que por diferencias políticas o ideológicas se valga del secuestro que cometen los grupos delincuentes para cobrar revanchas o lanzar agresiones contra la institucionalidad. No puede, por ejemplo, el señor periodista Holman Morris valerse de su condición de exiliado, que de acuerdo al derecho internacional habiendo salido del país por supuestas amenazas, permanecer en el país y mucho menos valerse de ello para hacer el juego a los grupos secuestradores y en su condición de periodista además de protegido internacional aparecer en un campamento de las Farc preparando los libretos que con posterioridad obligarían, so pena de no liberarlos, a los liberados a manifestarse en el sentido de mas conveniencia para los secuestradores, eso tiene por si mismo claras tipificaciones de complicidad en el secuestro propiamente dicho además de otros delitos como apoyo a grupos terroristas y complicidad en actividades terroristas.

No es nada admisible por anti ético y poco profesional que con descarado y exagerado regocijo, sin tener conocimiento de las pautas o de los acuerdos establecidos, se crean tener elementos contundentes para desacreditar las Instituciones, como es el caso del periodista Jorge Enrique Botero, que al igual que el señor Morris siempre recalcitrantes detractores de la democracia colombiana, además de prestarse a los intereses de los grupos armados ilegales, y creyendo tener la prueba reina para calumniar al Estado en el hecho de tener tomas audiovisuales y fotográficas, por demás no permitidas en una misión humanitaria como se supone fue su participación en la liberación de los secuestrados, no pudo ocultar su morboso regodeo y excitación ante los medios de comunicación, desconociendo que los sobrevuelos que con tanta pasión presentaba como prueba de su mal entendida violación a los compromisos adquiridos por el gobierno nacional, estaban acordados y permitidos.

Una falta total de decoro profesional que no solo deja clara la inclinación ideológica de estos dos señores periodistas, cosa permitida en toda democracia, sino también, su vinculación ideológica y profesional con el grupo terrorista secuestrador a quien favorecen con cada ataque mal intencionado que hacen contra el Estado colombiano y cuando sus posiciones siempre van en dirección a justificar los actos criminales de los guerrilleros.

Otra cosa es la posición del ex gobernador Alan Jara, porque a pesar de sus declaraciones para muchos injustas contra el gobierno, es una victima más de los guerrilleros, es apenas lógico que se sienta resentido y busque a quien culpar de su tragedia y al no poder hacerlo contra sus secuestradores por lógico temor a represalias, dirija sus dardos contra quien considera culpable de que no hubiera sido liberado antes, es lógico que por su cautiverio no tenga conciencia de los resultados gubernamentales en la lucha contra el terrorismo y desconociendo la innegable serie de golpes contundentes contra las Farc las considere aún inderrotables, pero en ese caso es justificable, el señor Jara es una víctima y no esta ejerciendo ninguna actividad periodística que le implique absoluta imparcialidad como si a los señores periodistas Morris y Botero. Además en casos de secuestro prolongado es sencillamente normal que se den efectos típicos del llamado “síndrome de Estocolmo” en el cual la victima termina simpatizando e identificándose con su victimario.

Una antigua frase popular dice que “solo al árbol que da mejores frutos le tiran piedras” y eso parece confirmarse en todo caso frente al estado colombiano y al gobierno, no solo al actual sino históricamente a todos; solo que contra el actual, precisamente el que mayor aceptación popular y el que mejores resultados muestra frente a la violencia y la economía, es el objetivo de una gran andanada de piedras, y desde muchos sectores. Y al parecer la motivación se justifica en otro texto clásico infantil según el cual cuando la zorra no pudo alcanzar la uvas las despreció porque estaban verdes.

No es posible dar satisfacción a todos; ni siquiera en las mejores y más solidas familias puede el jefe del hogar complacer los diversos antojos de todos sus hijos. En el país, pasa igual, solo que aquí es premeditado y no para satisfacer antojos sino para desprestigiar a quien lo represente, y no por ilegitimo sino porque su permanencia en el poder impide la legada de quienes lo atacan.

Cuando cotidianamente los grupos paramilitares masacraban a los colombianos todos lamentaban lo hechos y exigían del estado acciones contundentes que protegieran a los colombianos; luego, cuando esos crímenes bajaron a cero porque sus perpetradores fueron apresados, exigieron la extradición por creer que la justicia en Colombia era frágil para tan graves crímenes, y cuando fueron extraditados reclamaron porque esto impedía los procesos en el país.

Cuando las farc, el eln y los demás grupos guerrilleros secuestraban, extorsionaban y asesinaban a todo aquel que osara no simpatizar con sus causas o transitar por las carreteras y los campos colombianos, o cuando volaban oleoductos, puentes, edificios, vías, etc., en pleno derecho reclamaban acciones del gobierno que los protegiera de esos actos, pero cuando esas ellas llegaron gracias a las políticas gubernamentales, las exigencias no pararon sino que mutaron a otros campos, ya no directos por no existir argumentos validos, y en el propósito inicial y perpetuo de “poner en aprietos” al presidente, optaron por los ataques mediáticos y jurídicos, también utilizando las acciones que buscando la satisfacción popular había tomado el gobierno.

El arma de lucha, ahora, es la llamada ley de victimas. No vale que para redactarla se hayan acatado recomendaciones de organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales, y de las propias victimas consultadas en audiencias públicas en diez regiones distintas del país y que ella contemple la reparación desde varios mecanismos como indemnización, restitución, rehabilitación, reparación simbólica, medidas de satisfacción y de no-repetición. Además, para nada niega la reparación de las victimas cuando los responsables sean agentes del estado, solo que para estos casos debe ser por la vía judicial. Mientras para las victimas de los grupos armados no.

Dicha ley, fue exigida como único mecanismo de protección, justicia y resarcimiento de todos los colombiano frente a las agresiones violentas de que estaban siendo victimas, sin que hubiera distinciones en cuanto al agredido ni al agresor, pero como la intención, otra vez, no es proteger derechos humanos, que son solo el pretexto, sino el desprestigio institucional, pretenden que esa ley sea aplicada no tanto contra los delincuentes como contra quienes los enfrentan.

Por eso exigen que baste el solo señalamiento contra un miembro del estado para que siendo considerado culpable de antemano, sin juicio previo, sin debido proceso, reciba el castigo y el estado indemnice solo por el hecho de haber sido acusado; entonces, donde esta el verdadero sentido de lo justo? Esta bien que cuando la persona sea victima, acreditada judicialmente, de un determinado grupo armado sea indemnizada solidariamente por el estado porque el agresor no este presente para que en juicio sea demostrada su responsabilidad y porque de haberlo sido, no tenga recursos para reparar los daños causados, pero en cuanto a los miembros de las fuerzas armadas, por estar presentes es indispensable que su responsabilidad este determinada como resultado de un proceso judicial, no por la mera acusación que corre el enorme riesgo de ser mal intencionada o injusta.

luisaperzbar@yahoo.es

Aunque mucho se ha hablado de la “operación jaque”, y no es para menos por tratarse de una acción además de “perfecta” en lo operacional, lo táctico y lo estratégico; altruista en lo filosófico; ejecutada por militares colombianos basados en una inteligencia perfecta; hay aspectos de ella que no han sido percibidos aún y que merecen comentario propio.

En cuanto a dicha operación es claro y son varios los frentes que han tratado de desacreditarla y de quitarle honor tratando muchas veces de imponer tesis sórdidas en clara intención de evitar cualquier concepto de aprobación al gobierno o al ejército que la hizo, lo intentaron denunciado el uso del emblema de la Cruz Roja Internacional, CICR, como si el hecho no hubiera sido un acto exclusivamente humanitario cual es la razón de ser de ese organismo, también asegurando que existió participación directa o indirecta de tropas y tecnología de Estados Unidos, que fueron utilizados logotipos de alguno medios de comunicación, que se pagaron 20 millones de dólares, etc., todo tratando de que alguien con la suficiente autoridad pusiera en aprietos jurídicos, económicos o políticos al gobierno colombiano. La mezquindad sobre la libertad.

Todo en sospechosa coincidencia con la posición de las farc que aseguraron se trató de un acto de traición por parte de los comandante –alias Cesar y alias Gafas- que custodiaba a los secuestrados.

Hasta la ridiculez con tal de negarse a reconocer que fue un ingenioso rescate, que el Ejército Nacional es capaz de hacer esa clase de actos, que puede enfrentar y causar duros golpes contra las FARC sin hacer un solo disparo, a base de astucia, de tomar riesgos, como saber que un solo error por mínimo que fuera causaría no solo la muerte de todos los militares que ejecutaban la operación sino la muerte de todos los secuestrados sabiendo que ese hubiera sido un golpe mortal a la política de seguridad democrática del gobierno y por lo cual hubiera sido ya sancionado en lo económico y en lo político. “Primó la inteligencia militar y la infiltración, no registró pérdidas humanas, ni siquiera hubo disparos, por lo que el Gobierno y el ejército colombiano recibieron la gratitud de los rescatados, sus familiares y el pueblo colombiano, a la vez que el reconocimiento y el elogio unánime de la comunidad internacional”.

Pero falta ver mas allá del simple episodio que es la libertad de Ingrid junto a tres ciudadanos estadounidenses y 11 colombianos, hay algo si no más valioso por lo menos digno de ser reconocido y es la solidez moral de los soldados y policías rescatados, porque a pesar del tiempo, la distancia, las penurias y el abandono social mantuvieron firme su integridad ideológica, su patriotismo y su vocación militar siempre manifestada en todos sus comentarios aún cuando ignoraban que estaban siendo rescatados y se referían a su “glorioso ejército nacional de Colombia” y ya enterados declaraban “siempre los esperamos, siempre, diez años esperando al ejercito”, que allí estaba su ejército, que no los había abandonado como quisieron hacerle creer por muchos años los propios secuestradores.

Una buena señal de la verdadera formación y fortaleza moral de los miembros de las Fuerzas Militares que debiera servir a los acérrimos críticos que solo ven las cosas malas para que no midan por estas el comportamiento de todos, porque se requiere una fortaleza de hierro para no sucumbir ante las tenebrosas circunstancias y caer como ocurre con naturalezas menos consistentes en desviaciones ideológicas que al final terminan en contra de sus propios orígenes uniéndose al bando agresor como ocurre en el llamado síndrome de Estocolmo que es muy común en estos casos.
Esos soldados merecen un homenaje al valor y a su fortaleza moral, fueron derrotados en lo físico cuando fueron secuestrados pero nunca siquiera mermados en sus principios institucionales que guardaron todo el tiempo y que hicieron manifiesto en cada oportunidad que tuvieron a mano.

Este debe ser también un mensaje para quienes repudian actos como el secuestro, el asesinato y el narcotráfico, para que respalden las instituciones democráticas, sin permitir impunidades por casos deshonrosos como los de Soacha, pero más allá de ellos, si no desean o no pueden apoyar el esfuerzo de las Fuerzas Militares, por lo menos no obstruirlo con injustas generalizaciones.

luisaperzbar@yahoo.es

Cuando falta la auténtica verdad, por desconocerla o por omitirla, toda afirmación se toma por cierta y se declina la objetividad dando paso a subjetividades viciosas que en consecuencia perjudican la mayoría de las veces a quienes no debe.

No solo la protección sino también la promoción de los Derechos Humanos debe ser –es- una de las principales consignas institucionales de toda democracia porque la legitima y fortalece; pero si bien es una obligación exclusiva de quienes ostentan tal responsabilidad, no debe ser bandera de batalla de quienes disienten de esa forma de gobierno, o de ese gobernante, porque origina injusticias que no solo no ayudan al propósito opositor sino que impiden su ejercicio humanitario en perjuicio de todo el componente social que se pretende proteger.

Por eso no es justo ni útil hacer señalamientos generalizados por conductas individuales, mucho menos cuando no existe aún concepto judicial de culpabilidad. Es lo que esta pasando con el ejército nacional con respecto al tema de los 11 jóvenes desaparecidos de Soacha y hallados luego como muertos en combates en el norte del país, se juzga, se señala, se cuestiona y se desmerita a toda una institución, cuando el caso atañe solo a unos individuos, desconociendo que si los responsables ya están al descubierto, o están en ese proceso, significa que los demás integrantes han cumplido y están cumpliendo su misión de protección de los derechos de los colombianos.

Y se hacen juicios desconociendo verdades importantes como el testimonio de un guerrillero desmovilizado de las farc que ante el senado de la república con ocasión del debate contra el ministro de defensa, quien aseguró que todo obedece a una simple estrategia de guerra política del secretariado de las farc en la que a un individuo, previamente seleccionado por sus capacidades persuasivas le son asignados los recursos suficientes para pagar testimonios de familiares, amigos y conocidos de los guerrilleros para que llegado el momento sirvan de prueba contra el Estado. La consigna de Alfonso Cano, según el relato del testigo que cumplía esa misión, es “hacer que toda baja guerrillera sea deslegitimada”. Por eso es que históricamente la mayoría de las muertes en combate que ha dado el Ejército Nacional han sido denunciadas como asesinatos de campesinos humildes lo cual testifican muchas personas que bajo juramento afirman que el muerto era un simple labriego además de ejemplo para la sociedad a quien conocían desde siempre, etc.

Y algo más cuenta a favor de la consigna guerrillera, toda denuncia contra el Estado o contra las Fuerzas Militares es tomada de antemano como cierta por cualquier destinario. Las organizaciones de Derechos Humanos y los medios de comunicación; a ellos no les importa quien sea la victima, les importa que hayan victimas, porque “eso vende”, sube la audiencia lo que para ellos es ganancia contante y sonante; igual con las Ong, que reciben grandes recursos para sus mantenimiento en la medida en que existan victimas que justifiquen su existencia que de modo contrario, sin victimas, para que existir. Además consiguen otro fin, quizás no de ellos pero igual producto de sus actuaciones que consiste en que desprestigian las políticas del Gobierno tan odiadas igualmente por guerrilleros y opositores políticos.

Para unos importa más el daño que se le pueda causar a los militares o al Estado y para otros los beneficios económicos, que las victimas.

Falta ver como será la estrategia guerrillera ante la iniciativa de crear oficinas de recepción de quejas en cada unidad militar, sabiendo que cada actuación de los militares estará certificada y avalada desde su planeamiento hasta su ejecución por representantes del ministerio público, y las falsas denuncias queden en evidencia.

En un comunicado publicado en la red de comunicación afín al grupo terrorista, las FARC manifestaron su “voluntad” de continuar la idea de intercambio humanitario. A diferencia de episodios pasados, en esta ocasión fue poco el revuelo, no por el hecho que los colombianos que aún siguen secuestrados sean menos importantes que los rescatados por el Ejercito Nacional, sino porque la opinión pública sabe que el intercambio es una estrategia de chantaje y, sobre todo, es posible garantizar la libertad de los colombianos secuestrados sin arriesgar la seguridad de la población en general.

Pero, ahora, hay un elemento adicional. Cómo era de esperarse, las FARC aprovecharon el incidente de la utilización del emblema de la Cruz Roja con el fin de configurar un nuevo escenario de chantaje contra los colombianos. A inicios de este mes, el Comando Conjunto de Occidente de las FARC aseguró que toda misión humanitaria (llámese Cruz Roja Internacional, cualquier ONG de atención a víctimas y, aún, encuestadores) serían objetivos militares. Con ello, y al igual que con el problema del secuestro, las FARC buscan generar un sentimiento de culpa dentro de las víctimas de su violencia armada, como el violador intenta que la mujer ultrajada se sienta culpable del hecho punible del que ha sido víctima.

Y lo peor, dentro de su nuevo comunicado, las FARC tienen el descaro de imponer como nueva condición la participación de gobiernos extranjeros y la generación de alternativas para garantizar la protección de la población civil de los efectos de la confrontación. Pero, la pregunta, es ¿cómo las FARC pueden esperar confianza en sus proposiciones cuando, por el otro lado, declaran abiertamente cómo objetivo militar cualquier misión humanitaria en los territorios del sur? ¿Cómo esperan credibilidad sobre su intensión de proteger a los civiles de la confrontación cuando, en este momento, las bombas puestas en diversos lugares del territorio nacional indican un intento desperado, pero atroz, para solventar su debilidad en el campo de batalla?

En todo caso, y aún cuando el fracaso de las FARC se hace más evidente conforme pasa el tiempo, es necesario tener en cuenta que esta organización terrorista no da puntada sin dedal. La publicación de una nueva lista de canjeables y la declaración de objetivo militar a las misiones humanitarias tiene por objeto configurar, de nuevo, un sector de opinión que, sin tener la más mínmina intensión de apoyar al terrorismo, se convierten en fichas útiles para la presión política sobre el gobierno.

Tal como sucedió con la Señora Yolanda Pulecio quien, por su condición de madre de Ingrid Betancur, fortaleció la posición de Hugo Chávez como actor relevante dentro del intercambio sin tener, a priori, una simpatía más allá de la esperanza que Chávez podía representar al ser un interlocutor natural de las FARC, la lista de canjeables es un mensaje a las familias de los secuestrados para que retomen la presión contra el gobierno en términos de intercambio humanitario y a las organizaciones internacionales para presionar al gobierno sobre el imperativo de proteger a las víctimas sobre cualquier consideración militar estratégica. Se enfatiza y se insiste, estos sectores de la población no se les pueden considerar como apoyo político y social de la guerrilla pues, en últimas, simplemente buscan proteger sus prioridades personales y organizacionales, dentro del contexto adverso que impone la acción terrorista de las FARC.

Frente a este panorama, bien vale la pena mostrar a la opinión pública una posición de Estado que insista en el golpe estratégico a las FARC pero, que así mismo, ponga de presente el hecho que se tiene conciencia sobre el trabajo por delante en términos de asegurar la libertad de todos los secuestrados y garantizar la reparación de la todas las víctimas de las organizaciones terroristas. En ese sentido, se ha de insistir en el programa de Reparación Administrativa reglamentada en el Decreto 1290 de 2008 y los diversos programas para la Protección de los Derechos Humanos con los que cuenta el gobierno en particular y el Estado en general. Dentro de este escenario, las Fuerzas Militares actúan como el garante último de los derechos de los colombianos, en tanto que son los investidos de apelar al ejercicio legítimo de la fuerza para hacer valer el Estado de Derecho.

Por: Luisa Pérez - luisaperezbar@yahoo.es