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Varios actos, todos ellos deplorables por cínicos, hicieron las Farc para escarmentar al pueblo colombiano, el haber marchado contra ellas el 4 de Febrero de 2008. Además de buscar opacar la noticia, que de otra forma hubiera sido la de mayor relevancia, al cumplirse el primer año de la protesta multitudinaria el grupo terrorista liberó dos días antes y uno después a seis secuestrados asegurando antes un espectacular show mediático-político; mientras tanto secuestraba a un grupo de 27 inocentes indígenas de la etnia Awá, en el departamento de Nariño, para luego asesinarlos sin que importara el hecho de que algunas de esas personas eran mujeres en avanzado estado de embarazo y causando además el desplazamiento de más de 400 de ellas.
En clara muestra de autonomía y valor, el 23 de marzo del 2009, cerca de 700 indígenas rebelados contra los secuestradores y asesinos de su pueblo y ante la inhumana negativa de devolver los cadáveres exterminados a punta de cuchillo por las Farc, decidieron, junto a representantes del Estado, miembros de algunas organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo Delegada para las minorías étnicas, iniciar una peregrinación, llamada “Minga Humanitaria por la Vida y la Dignidad del Pueblo indígena Awá”, hacia el interior de la selva con el fin de recuperar los cuerpos de los indígenas asesinados por el grupo terrorista.

No sin grandes sacrificios físicos y debiendo sortear, además de las dificultades atmosféricas y topográficas, el enorme riesgo que revisten los campos sembrados con minas antipersonas, que los asesinos plantaron para dificultar la acción de recuperación de los cuerpos y buscando la muerte de quien se atreviera a llegar al sitio; hallaron los cadáveres de ocho indígenas, dos de los cuales pertenecerían a las indígenas Omaira García y Patricia Guanga, cada una con siete meses de embarazo.
Sin embargo poco ha sido el cubrimiento mediático, quizás porque no vende tanto como la última carta de Alfonso Cano al llamado ‘Comité de colombianos por la paz’ en la que cínicamente propone una especie de intercambio de cadáveres como condicionante para devolver el cuerpo de una de sus victimas asesinada varios años de después de haberla secuestrado, descontando méritos a la acción altruista de la comunidad Awá que retando peligros presentes y futuros se internó hasta el área del crimen en abierto desprecio por los asesinos y sus amenazas.

Tampoco es notable la presencia de muchas de las ONG de Derechos Humanos, acérrimas críticas cuando se trata de fiscalizar los actos del Estado, pero que en esta oportunidad han brillado por su ausencia. No se sienten, en este caso, las condenas contra los autores ni las expresiones de solidaridad con las victimas de los movimientos llamados bolivarianos, ni del mencionado Comité de Colombianos por la Paz. No se han visto ni oído sus condenas por este indiscutible acto genocida, reconocido con cinismo por el propio grupo armado y por el contrario pretenden trasladar la responsabilidad al Estado como si las Farc hubieran asesinado a los 27 Awás en cumplimiento de políticas estatales.

Quizás pasa que si el reclamo se hace contra los asesinos no tiene los efectos políticos y económicos que si tiene hacerlo contra el Estado dadas las numerosas organizaciones que se lucran abundantemente con cada condena monetaria impuesta a la nación; además se esconde que se trata de la aplicación de parte del llamado “plan renacer” impuesto por Alfonso Cano según el cual “es prioridad infiltrar y controlar los corredores que atraviesan Nariño, Cauca y Valle, …todas las zonas que tienen la fortaleza de las represas (Anchicayá y Salvajina) y las comunidades indígenas, que tiene que trabajarlas para que estén de nuestra parte, …el refuerzo en las filas tiene que salir de las comunidades indígenas asentadas en los campamentos farianos”. Claro mensaje, se unen a las Farc o mueren.

Ojalá quienes se prestan al macabro juego de las Farc, superando diferencias políticas o ideológicas sumen esfuerzos contra los verdaderos secuestradores y asesinos y se pongan del lado de las victimas, apoyen la comunidad Awá, y en unidad, aunque ello no represente desprestigio del Estado, condenen sin temor y con afluencia, todos esos actos; que marquen sus posiciones contra los indiscutibles causantes, no solo de estas muertes inocentes sino de muchas más que tanto quiere erradicar el pueblo colombiano y que entiendan que no es culpando de ellas al Estado como los victimarios reciben castigo porque eso lo que hace es fortalecer y generalizar el crimen.