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Ante una amenaza, real o potencial, es obligación de los organismos de seguridad ejecutar las actividades que sean necesarias para proteger al Estado, sin que importe de quien se trate; inclusive si el sospechoso hace parte de los altos niveles de la dirección estatal, si ejerce una profesión o un cargo que en algún momento pueda incidir en los destinos nacionales como los periodistas, los miembros de las Altas Cortes, los organismos de control o de seguridad del Estado; o si se trata de organizaciones influyentes en la opinión nacional como los Medios de comunicación y las organizaciones de Derechos Humanos.

Lo que no esta para nada dentro de lo legal y menos de lo ético, es que se hagan esas actividades, con medios, recursos y Agentes del Estado para favorecer hechos, personas y grupos criminales como guerrilleros y paramilitares; o para ejercer vigilancia a las actividades privadas de altas personalidades por intereses personales corrompidos.

Y no es solo porque esos hechos, delictuales en si mismos, afecten la honra y la dignidad de las personas afectadas sino porque además perjudica gravemente la legitimidad del organismo implicado y de paso la del mismo Estado, provee argumentos a sus enemigos para reforzar sus campañas de desprestigio y de paso brinda espacios útiles para los grupos armados que salen favorecidos del rio revuelto en que se torna el acontecer nacional cuando se enfrentan entre si varias de sus instituciones o sus más encumbrados dignatarios.

Y para solucionar definitivamente el delicado impase hace falta, y con urgencia, el concurso integrado del Estado, los organismos independientes de control y de justicia y los de seguridad, sin permitirse al juego de todos contra todos; cada uno en sus funciones dar los aportes del caso que permitan no solo corregir la actual crisis sino asegurar que no habrá reincidencias ulteriores. Cada organismo implicado debe aportar según le concierna; el Estado con la mayor responsabilidad debe aplicar los correctivos necesarios y suficientes para que su organismo de seguridad, involucrado como causante de la actual crisis por las interceptaciones ilegales, corte de plano toda actuación indebida que lo deslegitime y evolucione como la entidad guardiana del Estado que se requiere; y los demás organismos involucrados mediante aportes juiciosos y los controles del caso que conduzcan a una verdadera, eficiente y definitiva reestructuración de la entidad estatal, asegurando que la función del DAS se limite a “proveer inteligencia para la defensa de la democracia colombiana”, como le corresponde constitucionalmente.

A otros organismos como Fiscalía, procuraduría, etc., concierne aplicar con rigurosidad las normas que sean pertinentes encaminadas, lejos de cobrar ofensas particulares, a procurar justicia y a depurar el organismo que como tal no debe ser estigmatizado por el accionar de algunos de sus elementos, sino que superados los escollos presentes evolucione en la entidad que todos esperan para el beneficio nacional.

Lo que no debe hacerse es “cazar brujas” buscando malintencionadamente vincular agentes del Gobierno con los autores de las interceptaciones indebidas porque seguramente las hallaran, no porque en esencia todas sean ilegales, o porque no existan, sino por el hecho de que siendo el DAS el organismo de seguridad del Estado es apenas lógico que existan circunstancias en las que ambos tengan conversaciones y cruce de solicitudes e informes respecto al comportamiento de determinadas personalidades que en un momento dado representen alguna clase de riesgo para el estado, o estén en si mismos en algún peligro, sin que eso sea ilegal.

Por ejemplo, casos como los de algunos periodistas críticos del gobierno o de miembros de la llamada oposición (y otros muchos personajes de la vida nacional), que por su vocación social o por su desempeño profesional mantienen vínculos ideológicos y-o políticos con el presidente Chávez y de correspondencia con las Farc, justifican que el estado tenga conocimiento de algunas de sus actuaciones, pues sin que esa persona actúe ilícitamente, el hecho de tener contactos cercanos con grupos terroristas como las Farc, puede serles de gran riesgo y en tal caso el Estado tener la obligación de dar la protección pertinente, lo que solo es posible si se tienen los conocimientos mínimos respecto a donde y en que actuaciones andan.