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Tampoco esta vez las Farc van a negociar la paz; no solo porque no quieran sino porque ya no pueden, son conscientes de que sus actos desbordados al genocidio, la lesa humanidad, el terrorismo y el narcotráfico le impiden a la legislación colombiana conferir beneficios que impliquen la menor impunidad, porque eso daría acceso a la jurisprudencia internacional en cabeza de la Corte Penal Internacional, CPI, ante la cual el Estado colombiano no esta en condiciones de mostrar incapacidad y por lo tanto tiene, más que la obligación, el deber de hacer justicia suficiente y eso implicaría juzgar los actos de las Farc más allá de cualquier resultado de un eventual proceso de paz.

Las Farc ven hoy un único camino aunque sea incierto; para ellas solo queda mantenerse en el tiempo más allá de lograr la toma del poder cada vez más imposible, y lo saben pero no ven mucho por hacer; Alfonso Cano no puede hacer diálogos de paz serios con el Gobierno porque sería visto por los demás integrantes del secretariado como un traidor de los principios estatutarios de la organización armada y especialmente del legado de Manuel Marulanda. Pero no puede tampoco negarse a las conversaciones y mantener en preferencia la acción terrorista causante del estado actual de “resquebrajamiento” en el que esta el grupo armado porque ello sería su capitulación definitiva.

Y menos puede permitir que la opinión pública lo juzgue como el que no quiere la paz; esa responsabilidad intenta trasladarla al Gobierno Nacional evadiendo la suya propia. En tal vía emite un comunicado ‘renunciando’ al despeje de Pradera y Florida como condición para acceder a conversaciones, dejando abierta la posibilidad de pedir otra zona y además condiciona esa posibilidad al intercambio del cadáver del Mayor de la policía Julián Ernesto Guevara asesinado en cautiverio por los de los jefes guerrilleros Raúl Reyes e Iván Ríos, los cuales aseguran las autoridades haber entregado ya a sus familiares. Es decir, acceder a esa exigencia ya no depende del Gobierno Nacional y eso será mostrado por Cano como “falta de voluntad del gobierno” dando en consecuencia la ruptura de los acercamientos en clara culpa del Estado.

Otro asunto a tener en cuenta. Para las Farc los diálogos de paz no son más que una útil herramienta, históricamente usada en varios sentidos, todos hasta hoy proveedores de beneficios para el grupo armado. Desde sus inicios los han empleado y siempre les han aportado beneficios exclusivos, mientras para el Estado colombiano han representado fracasos. Entre los muchos procesos iniciados pueden destacarse los que podrían llamarse tres grandes bloques de diálogos: el primero en la década de los ochenta durante el gobierno del presidente Belisario Betancurt, del cual se tuvo como único resultado que las Farc pasaron de siete (7) a cuarenta (40) frentes, de setecientos (700) a cuatro mil (4.000) hombres y de trescientas (300) a dos mil (2.000) armas largas en los tres años que duró ese proceso.

El segundo ‘bloque’ fue en la década de los noventa durante el gobierno de Cesar Gaviria; inició Cravo Norte, Arauca; paso a Caraca Venezuela y terminó en Tlaxcala México, y aunque no hubo ningún avance hacia la paz el resultado para el país fue trágico, pues las Farc fortalecidas vieron la ocasión propicia para saltar de la llamada “guerra de guerrillas” a la “guerra de movimientos” movilizando grandes cantidades de hombres y atacando grandes unidades militares y de policía dando como resultado ataques como Mitú, Puerres, Patascoy, Vista Hermosa, Miraflores, la Carpa, El billar, etc., en los que asesinaron y secuestraron a cientos de uniformados, además se tomaron la vías nacionales (pescas milagrosas) donde secuestraban indiscriminadamente, seleccionaban las personas por condición económica, política o profesional para secuestrarla o asesinarla y además destruían los vehículos causando un grave estado de zozobra nacional que daba la sensación de triunfo del grupo armado.

El tercer ‘bloque’ se dió finalizando los noventas y comenzando los dos mil durante la presidencia de Andrés Pastrana, se conoció como el “Caguán”, y cuyo único resultado fue lo que han llamado “la internacionalización” de las Farc. Todo el mundo pudo ver con aires de estadista a Tiro Fijo, al Mono Jojoy, y en fin a las cabezas mayores del grupo armado ante quienes se hacían filas, no solo de nacionales sino principalmente de extranjeros, para buscar una foto, tomar una entrevista o dar-recibir un regalo.

Las Farc se sintieron triunfadoras absolutas, establecieron relaciones con gobiernos ideológicamente afines, crearon movimientos políticos como el Partido comunista colombiano clandestino, PC3; y el Movimiento Bolivariano por una Nueva Colombia, MBNC, que sería la base para el nacimiento de la Coordinadora Continental Bolivariana, integrada por todos los movimientos de izquierda y revolucionarios de América encabezados en su presidencia por el propio Tiro Fijo y Alfonso Cano, etc.

Tales son los resultados de los procesos de paz para las Farc, que hoy en su peor momento vuelven a ellos sabiendo que sin otra opción para mantener cierta vigencia, solo queda aprovechar la escasa memoria del país que en su afán de paz vuelve a creer en ellas. Ojalá pudiera Alfonso Cano sentarse a dialogar con intensiones serias pero no es muy probable ni le conviene que los ‘duros’ del secretariado como mono Jojoy, Timochenko, Iván MarqueZ, etc., lo consideren traidor. O sea diálogos si, pero no hacia la paz sino hacia la preservación de movimiento guerrillero. Al final algo quedará y con seguridad no será en beneficio del Estado Colombiano.

Varios actos, todos ellos deplorables por cínicos, hicieron las Farc para escarmentar al pueblo colombiano, el haber marchado contra ellas el 4 de Febrero de 2008. Además de buscar opacar la noticia, que de otra forma hubiera sido la de mayor relevancia, al cumplirse el primer año de la protesta multitudinaria el grupo terrorista liberó dos días antes y uno después a seis secuestrados asegurando antes un espectacular show mediático-político; mientras tanto secuestraba a un grupo de 27 inocentes indígenas de la etnia Awá, en el departamento de Nariño, para luego asesinarlos sin que importara el hecho de que algunas de esas personas eran mujeres en avanzado estado de embarazo y causando además el desplazamiento de más de 400 de ellas.
En clara muestra de autonomía y valor, el 23 de marzo del 2009, cerca de 700 indígenas rebelados contra los secuestradores y asesinos de su pueblo y ante la inhumana negativa de devolver los cadáveres exterminados a punta de cuchillo por las Farc, decidieron, junto a representantes del Estado, miembros de algunas organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos y de la Defensoría del Pueblo Delegada para las minorías étnicas, iniciar una peregrinación, llamada “Minga Humanitaria por la Vida y la Dignidad del Pueblo indígena Awá”, hacia el interior de la selva con el fin de recuperar los cuerpos de los indígenas asesinados por el grupo terrorista.

No sin grandes sacrificios físicos y debiendo sortear, además de las dificultades atmosféricas y topográficas, el enorme riesgo que revisten los campos sembrados con minas antipersonas, que los asesinos plantaron para dificultar la acción de recuperación de los cuerpos y buscando la muerte de quien se atreviera a llegar al sitio; hallaron los cadáveres de ocho indígenas, dos de los cuales pertenecerían a las indígenas Omaira García y Patricia Guanga, cada una con siete meses de embarazo.
Sin embargo poco ha sido el cubrimiento mediático, quizás porque no vende tanto como la última carta de Alfonso Cano al llamado ‘Comité de colombianos por la paz’ en la que cínicamente propone una especie de intercambio de cadáveres como condicionante para devolver el cuerpo de una de sus victimas asesinada varios años de después de haberla secuestrado, descontando méritos a la acción altruista de la comunidad Awá que retando peligros presentes y futuros se internó hasta el área del crimen en abierto desprecio por los asesinos y sus amenazas.

Tampoco es notable la presencia de muchas de las ONG de Derechos Humanos, acérrimas críticas cuando se trata de fiscalizar los actos del Estado, pero que en esta oportunidad han brillado por su ausencia. No se sienten, en este caso, las condenas contra los autores ni las expresiones de solidaridad con las victimas de los movimientos llamados bolivarianos, ni del mencionado Comité de Colombianos por la Paz. No se han visto ni oído sus condenas por este indiscutible acto genocida, reconocido con cinismo por el propio grupo armado y por el contrario pretenden trasladar la responsabilidad al Estado como si las Farc hubieran asesinado a los 27 Awás en cumplimiento de políticas estatales.

Quizás pasa que si el reclamo se hace contra los asesinos no tiene los efectos políticos y económicos que si tiene hacerlo contra el Estado dadas las numerosas organizaciones que se lucran abundantemente con cada condena monetaria impuesta a la nación; además se esconde que se trata de la aplicación de parte del llamado “plan renacer” impuesto por Alfonso Cano según el cual “es prioridad infiltrar y controlar los corredores que atraviesan Nariño, Cauca y Valle, …todas las zonas que tienen la fortaleza de las represas (Anchicayá y Salvajina) y las comunidades indígenas, que tiene que trabajarlas para que estén de nuestra parte, …el refuerzo en las filas tiene que salir de las comunidades indígenas asentadas en los campamentos farianos”. Claro mensaje, se unen a las Farc o mueren.

Ojalá quienes se prestan al macabro juego de las Farc, superando diferencias políticas o ideológicas sumen esfuerzos contra los verdaderos secuestradores y asesinos y se pongan del lado de las victimas, apoyen la comunidad Awá, y en unidad, aunque ello no represente desprestigio del Estado, condenen sin temor y con afluencia, todos esos actos; que marquen sus posiciones contra los indiscutibles causantes, no solo de estas muertes inocentes sino de muchas más que tanto quiere erradicar el pueblo colombiano y que entiendan que no es culpando de ellas al Estado como los victimarios reciben castigo porque eso lo que hace es fortalecer y generalizar el crimen.