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En Colombia son tantos los intereses mezquinos y las corruptelas que bien cabe recordar frases inspiradoras dichas por personajes famosos de la historia que son tomadas según convenga en la actualidad: “Mentid, mentid, siempre algo queda” de Voltaire, famoso por sus escritos polémicos y subversivos contra el cristianismo; “cuanto más grande sea una mentira, más gente la creerá”, de Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler; y “Calumnia que algo queda”, ó “quien engañe, encontrara siempre quien se deje engañar”, de Maquiavelo.

Y es que las condiciones del país se prestan para ello, especialmente cuando es más importante el efecto mediático de una noticia que los perjuicios que pueda causar, porque ello representa beneficios económicos o políticos, tiene utilidad para excusar o justificar conductas claramente deplorables, o cuando se persiguen fines turbulentos.

Lo sindicatos en Colombia, han estado siempre, a veces injustamente, en la mira de las autoridades y de la opinión pública por existir sospechas de su vinculación, a veces indirecta y otras no tanto con los grupos armados ilegales. Y es que acudiendo a los hechos se encuentran casos a veces muy convincentes, imposibles de ocultar o de negar de simpatías entre unos y otros. El caso más reciente es del Presidente de la “Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria, FENSUAGRO” Juan Efraín Mendoza Gamba, quien fue sorprendido y capturado en un campamento de las Farc, hecho que de inmediato, ante la imposibilidad (habiéndolo intentado), de darse a la fuga con los guerrilleros pretendió y aún se mantiene en ese esfuerzo, justificar su estadía en dicho sitio como un secuestro, teniendo además el cinismo de agradecer por su rescate.

Nada más difícil de creer cuando es perfectamente claro y lógico que un secuestrado en el momento mismo del secuestro sea despojado de sus pertenecías y este señor cargaba su morral; además portaba su celular, elemento primero en despropiarse a una persona cuando la secuestran para impedir que pida ayuda y-o indique su ubicación. Es tan poca la credibilidad a ese pretexto que los propios dirigentes de las agrupaciones sindicales como la CUT, en cabeza del señor Tarsicio Mora Godoy, se han manifestado en el sentido de que esos actos no son política del movimiento gremial y que por lo tanto quien incurra en ellos debe afrontar individualmente sus conductas. Es decir, si fue descubierto en sus actividades ilegales, que responda por ellas.

Además esos comportamientos no son nuevos, históricamente han existido y siempre han servido para reclamos, demandas y exigencias, no todas injustificadas, ante la sola mención de sus vínculos con los grupos armados. Todos los sindicalistas y los sindicatos se sienten aludidos y agredidos, y aunque no puede generalizarse, es inocultable que miembros de algunos sindicatos en Colombia y en el extranjero simpatizan ideológicamente con los grupos guerrilleros y gestionan apoyos políticos y-o económicos para el grupo armado ilegal

Las informaciones del computador de Raúl Reyes, son prueba indiscutible, (avalada por la Interpol), sobre la vinculación de algunos sindicalistas de Fensuagro con la agrupación terrorista, también están los estatutos de las Farc, ratificados en la novena conferencia de enero de 2007 y en el propio plan “Renacer revolucionario de las masas”: (“fuerte trabajo de infiltración y control de los movimientos y las organizaciones sociales”) de agosto de 2008 en los que Alfonso Cano ordena fortalecer el trabajo de masas, que no es otra cosa que el manejo de los grupos sociales, en cuya cabeza están los sindicatos. El propio Raúl Reyes era sindicalista al momento de ingresar al grupo armado en los años 70.

También es claro el apoyo que sindicatos y sindicalistas extranjeros dan al grupo terrorista; se conoce por información periodística de sindicatos daneses como “La Unión de Trabajadores de la Madera y la Construcción”, “El sindicato andaluz de trabajadores” de España; “El sindicato del Instituto Mexicano del Seguro Social” o “El sindicato mexicano de electricistas”, de México; la “Federación de profesores de secundaria de Ontario, OSSTF, de Canadá, entre otros que con seguridad deben existir.

Por ahora queda esperar que la verdad prime para que quienes siendo sindicalistas puros, alejados de todo vínculo con los grupos guerrilleros no sean juzgados generalizadamente, pero también que quienes estén vinculados sean enjuiciados con rigurosidad, tanto en lo penal como el lo moral, no solo por hacer parte o apoyar un grupo señalado por la comunidad internacional de terrorista sino por causar desprestigio al movimiento sindical honorable.

Ante una amenaza, real o potencial, es obligación de los organismos de seguridad ejecutar las actividades que sean necesarias para proteger al Estado, sin que importe de quien se trate; inclusive si el sospechoso hace parte de los altos niveles de la dirección estatal, si ejerce una profesión o un cargo que en algún momento pueda incidir en los destinos nacionales como los periodistas, los miembros de las Altas Cortes, los organismos de control o de seguridad del Estado; o si se trata de organizaciones influyentes en la opinión nacional como los Medios de comunicación y las organizaciones de Derechos Humanos.

Lo que no esta para nada dentro de lo legal y menos de lo ético, es que se hagan esas actividades, con medios, recursos y Agentes del Estado para favorecer hechos, personas y grupos criminales como guerrilleros y paramilitares; o para ejercer vigilancia a las actividades privadas de altas personalidades por intereses personales corrompidos.

Y no es solo porque esos hechos, delictuales en si mismos, afecten la honra y la dignidad de las personas afectadas sino porque además perjudica gravemente la legitimidad del organismo implicado y de paso la del mismo Estado, provee argumentos a sus enemigos para reforzar sus campañas de desprestigio y de paso brinda espacios útiles para los grupos armados que salen favorecidos del rio revuelto en que se torna el acontecer nacional cuando se enfrentan entre si varias de sus instituciones o sus más encumbrados dignatarios.

Y para solucionar definitivamente el delicado impase hace falta, y con urgencia, el concurso integrado del Estado, los organismos independientes de control y de justicia y los de seguridad, sin permitirse al juego de todos contra todos; cada uno en sus funciones dar los aportes del caso que permitan no solo corregir la actual crisis sino asegurar que no habrá reincidencias ulteriores. Cada organismo implicado debe aportar según le concierna; el Estado con la mayor responsabilidad debe aplicar los correctivos necesarios y suficientes para que su organismo de seguridad, involucrado como causante de la actual crisis por las interceptaciones ilegales, corte de plano toda actuación indebida que lo deslegitime y evolucione como la entidad guardiana del Estado que se requiere; y los demás organismos involucrados mediante aportes juiciosos y los controles del caso que conduzcan a una verdadera, eficiente y definitiva reestructuración de la entidad estatal, asegurando que la función del DAS se limite a “proveer inteligencia para la defensa de la democracia colombiana”, como le corresponde constitucionalmente.

A otros organismos como Fiscalía, procuraduría, etc., concierne aplicar con rigurosidad las normas que sean pertinentes encaminadas, lejos de cobrar ofensas particulares, a procurar justicia y a depurar el organismo que como tal no debe ser estigmatizado por el accionar de algunos de sus elementos, sino que superados los escollos presentes evolucione en la entidad que todos esperan para el beneficio nacional.

Lo que no debe hacerse es “cazar brujas” buscando malintencionadamente vincular agentes del Gobierno con los autores de las interceptaciones indebidas porque seguramente las hallaran, no porque en esencia todas sean ilegales, o porque no existan, sino por el hecho de que siendo el DAS el organismo de seguridad del Estado es apenas lógico que existan circunstancias en las que ambos tengan conversaciones y cruce de solicitudes e informes respecto al comportamiento de determinadas personalidades que en un momento dado representen alguna clase de riesgo para el estado, o estén en si mismos en algún peligro, sin que eso sea ilegal.

Por ejemplo, casos como los de algunos periodistas críticos del gobierno o de miembros de la llamada oposición (y otros muchos personajes de la vida nacional), que por su vocación social o por su desempeño profesional mantienen vínculos ideológicos y-o políticos con el presidente Chávez y de correspondencia con las Farc, justifican que el estado tenga conocimiento de algunas de sus actuaciones, pues sin que esa persona actúe ilícitamente, el hecho de tener contactos cercanos con grupos terroristas como las Farc, puede serles de gran riesgo y en tal caso el Estado tener la obligación de dar la protección pertinente, lo que solo es posible si se tienen los conocimientos mínimos respecto a donde y en que actuaciones andan.