COSA PÚBLICA

La Llama de la Independencia: Bicentenario y Constitucionalismo

Cangrejo Editores pone en circulación el libro La llama de la Independencia, escrito por el Ex Presidente de la Corte Constitucional de Colombia Dr. José Gregorio Hernández Galindo.

Hernández Galindo con visión universal analiza el acontecer constitucional y político de Colombia y demás países del continente que hace 200 años lograron su independencia.

El Dr. Hernández Galindo nos hablo sobre la publicación “Se trata de una mirada hacia lo que ocurrió el 20 de julio de 1810, y como ese acontecimiento desencadeno después no solo en la declaración de la independencia, sino en la expedición de las constituciones y la capacidad de que los colombianos pudiéramos sin depender de otro régimen establecer nuestro propio ordenamiento jurídico, pasamos por todas las constituciones del siglo XIX, por la constitución de 1886, con todas sus reformas, una constitución que duró más de 100 años en vigor y llegamos a la constitución de 1991; una constitución altamente democrática y claramente participativa que responde a lo esencial que se trazo en 1810.

La publicación va dirigida a todo aquel que se interese por saber cómo ha sido el desarrollo del constitucionalismo en Colombia.

Por José Gregorio Hernández Galindo

Al cumplirse siete años desde la entrada en vigor respecto de Colombia del Tratado de Roma, lo que ocurrirá el 1 de noviembre de este año, cesará la salvedad que hiciera el ex-presidente Andrés Pastrana frente a dicho instrumento, que creó la Corte Penal Internacional, en relación con los crímenes de guerra.

Esa salvedad tenía por propósito facilitar un proceso de paz, y aunque era una amplia vía para que los miembros de la guerrilla pactaran con el Gobierno, el tiempo pasó en vano, y no se alcanzó la paz, pues ni los unos ni los otros hicieron el menor esfuerzo por conseguirla. Perdieron la oportunidad, y seguimos sumidos en la violencia, el secuestro y el narcotráfico.

El artículo 124 del Estatuto de Roma, firmado el 17 de julio de 1998 por los miembros de la Conferencia de Plenipotenciarios de la Organización de las Naciones Unidas, para perseguir y castigar a quienes cometen crímenes contra la humanidad, fue aprobado por el Congreso Nacional y examinado por la Corte Constitucional. Todo ello, tras la reforma introducida a la Carta Política mediante Acto Legislativo 2 de 2001, que buscaba evitar un fallo de inconstitucionalidad de normas del Tratado, pues -dado que éste no admitía reservas- en tal hipótesis Colombia no lo habría podido ratificar.

Ya aprobado el Tratado y declarado exequible, al momento de su ratificación el Presidente Pastrana hizo uso de lo previsto en el artículo 124 del mismo instrumento, según el cual, al hacerse parte, un Estado “podrá declarar que, durante un período de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto (para Colombia entró a regir el 1 de noviembre de 2002), no aceptará la competencia de la Corte” sobre crímenes de guerra.

La salvedad fue depositada por Pastrana el 5 de mayo de 2002, dos días antes de entregar la presidencia a Álvaro Uribe, quien decidió no retirarla, y no la retiró durante estos siete años, a pesar de haberlo anunciado.

Vence, entonces, el término de siete años de salvedad, y por tanto, a partir del vencimiento, comienza a plenitud, para Colombia, la jurisdicción de la Corte Penal Internacional respecto a esos delitos.

Debe advertirse que en lo atinente a crímenes de lesa humanidad el Estatuto ha estado en vigor desde el principio, pues la salvedad sólo cobijaba los de guerra.

Igualmente, debemos decir que la jurisdicción de la Corte sólo se tendrá respecto a los crímenes de guerra que se cometan en adelante, después de desaparecida la salvedad; no en cuanto a los cometidos en estos años.

También es indispensable recordar que existe un principio de subsidiariedad, en cuya virtud la jurisdicción de la Corte sólo se hace efectiva si los Estados, internamente, no han aplicado los procesos que les corresponden, es decir, si el Estado respectivo permite la impunidad; si no logra la verdad, la justicia o la reparación de las víctimas.

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO

Si le creemos al Gobierno, la guerrilla está derrotada y el paramilitarismo desmontado. No parece que ninguna de las dos cosas corresponda a la verdad, pero –-desde el punto de vista del Ejecutivo, en campaña para una segunda reelección-, decir lo contrario implicaría reconocer el fracaso de la “"seguridad democrática"”. Ese es el programa básico –-prácticamente el único- de la actual administración, puesto en vigencia en los últimos ocho años y alrededor del cual gira todo en esta Colombia, tan necesitada de resolver , en cambio, gravísimos problemas sociales –-una bomba de tiempo que en cualquier momento estalla-, que parecen no preocupar a nuestra clase dirigente, y que no existen para los encuestadores ni para los medios de comunicación encargados de proclamar a diario que, desde 2002, Colombia es una de las sociedades más felices de la tierra.

Pero si las cosas son así como el Gobierno afirma; si con la “"Operación Jaque"”, nuestro Ejército se califica como uno de los mejores del planeta; si destinamos muy buena parte de los recursos presupuestales a la guerra, sacrificando la inversión social; si durante cuatro años más –-por ahora- vamos a pagar el impuesto al patrimonio, también para la guerra; si recibimos los recursos del Plan Colombia para apoyar la guerra, uno se pregunta: ¿ qué necesidad tenemos de instalar tres o cuatro bases militares norteamericanas –-que lo son, aunque las disfracemos de colombianas-, y de importar un alto número de efectivos gringos, con inmunidad y “"patente de corso"”, armas y aviones de guerra, crispando con ello los nervios de los vecinos?

¿Cuál es la razón para generar un problema mayúsculo en las relaciones con Venezuela, con repercusiones impredecibles no sólo en el campo diplomático –-eso al Gobierno colombiano no le interesa mientras tenga contentos a los norteamericanos-, sino en el aspecto económico y comercial, sin que se vean claramente las bondades del acuerdo y sin que se haya hecho ninguna relación previa entre los costos y los beneficios del mismo?

¿Nos quieren meter en una confrontación, inclusive bélica –-como resulta de las reacciones verbales de Hugo Chávez- con los venezolanos, cuando ya las aguas se habían calmado?

¿Se está improvisando el manejo de las relaciones exteriores de Colombia, y particularmente en temas tan delicados como estos, por lo cual se anuncian las decisiones antes de pensarlas, de calcularlas, de examinar sus efectos, de cumplir requisitos constitucionales como la autorización del Senado o el concepto previo del Consejo de Estado sobre el tránsito o establecimiento de tropas extranjeras en territorio colombiano?

¿O lo que se busca es distraernos una vez más, poniéndonos a discutir sobre asuntos diplomáticos y militares, para que no se hable más de la distribución de notarías en 2004, ni de Yidis, ni de Teodolindo, ni de la “"parapolítica"”, ni de la concentración de poder en cabeza del Ejecutivo, ni de la perturbación a las actividades de la Corte Suprema, ni de las visitas de alias “"Job"” a la Casa de Nariño, ni de las “"chuzadas"”, ni de los mal llamados “"falsos positivos"”, ni de las cuentas perdidas del referendo, ni de los negocios de los hijos del Presidente…, entre otros asuntos que no se han podido dilucidar en el plano interno?

José Gregorio Hernández Galindo

Aunque no dio muy buenos resultados en el caso de la elección de seis magistrados de la Corte Constitucional, se ha conformado una Alianza de la cual harán parte la Corporación Excelencia en la Justicia, Transparencia por Colombia, Congreso Visible, la Misión de Observación Electoral y el Instituto de Ciencia Política, con el objeto de hacer el seguimiento del proceso de elección del nuevo Fiscal General de la Nación, ya que el doctor Mario Iguarán termina su período el próximo 31 de julio.
Desde luego, sin lesionar la autonomía del Presidente de la República para elaborar la terna a que se refiere el artículo 249 de la Constitución, ni la que corresponde a la Corte Suprema de Justicia para la escogencia del Fiscal, la verificación del proceso por parte de la ciudadanía es muy importante, en especial en lo que se refiere a la necesidad de asegurar que a tan importante cargo -Dios así lo quiera- llegue un jurista estructurado e independiente, que aun habiendo sido ternado por el Jefe del Estado, sea capaz de cortar desde el principio el cordón umbilical que ha permanecido en otros casos.
El sistema colombiano, aunque plasma algunos de los componentes del sistema penal acusatorio que rige en otros países, tiene sus propias características, y una de ellas consiste en que el Fiscal General hace parte de la Rama Judicial del Poder Público y definitivamente -en un esquema de separación funcional- no depende del Presidente de la República, ni hace parte del Gobierno.
Algún ministro dijo en el pasado que el Presidente de la época tenía derecho “…a tener su propio Fiscal”. Nada más erróneo, si consideramos el contenido y los principios de la Constitución.
Entre otras cosas, sería bueno pensar hacia el futuro en quitar al Presidente de la República la función de elaborar la terna, pues en ese aspecto se equivocaron los constituyentes, en cuanto la independencia que quisieron garantizar por un lado la eliminaron por el otro.
El Fiscal debería ser totalmente ajeno al Gobierno. No debería haber laborado con él, bajo la dirección del Presidente. Y no debería salir de una terna de origen presidencial.
Empero, como esas posibilidades existen hoy, según las reglas constitucionales vigentes, es necesario depositar la confianza en las personas de los aspirantes, todos los cuales deberían comprometerse con la sociedad a ejercer su cargo, si son elegidos, de manera autónoma, sin contraer dentro del proceso de postulación y selección compromiso alguno distinto del de cumplir la Constitución y la ley, persiguiendo el delito.
En un momento en que la mayor parte de los órganos que deberían ser independientes se encuentran en manos de lo que Ferdinand Lasalle denominó “los factores reales de poder”, y muy concretamente “controlados” por el Presidente de la República, es deseable que el próximo Fiscal General de la Nación, elegido en el curso de un proceso transparente, vigilado por la sociedad, se emancipe desde el momento mismo de su postulación.

José Gregorio Hernández Galindo

No es extraño que el hombre fuerte de Norcorea haya resuelto alarmar o amenazar al mundo mediante un segundo ensayo nuclear,

desafiando a las Naciones Unidas, y probando de paso las habilidades de Barack Obama en el campo de la política internacional y su capacidad para preservar un mínimo equilibrio entre los Estados en cuanto a posesión de armas.

En efecto, el régimen de Pyongyang —que no se caracteriza precisamente por estar abierto al diálogo, ni por acogerse a las decisiones del Consejo de Seguridad de la ONU— no se contentó con efectuar un experimento nuclear el 25 de mayo —con una potencia de 20 kilotones, que según Rusia equivalen al poder de la bomba atómica arrojada sobre Nagasaki en 1945—, sino que el 26 de mayo lanzó otros dos misiles, cuando ya se había producido la reacción de la comunidad internacional por el ensayo nuclear del lunes: un misil tierra-aire y otro tierra-mar en la costa este, cerca de la ciudad de Hamhung, de un alcance de 130 kilómetros.

Lo que para Norcorea fue un “exitoso ensayo”, destinado a fines pacíficos, con el objeto de “fortalecer su poder de disuasión nuclear” (Agencia Oficial de Noticias Kcna), constituyó, en criterio del presidente norteamericano, una amenaza para la paz y la seguridad internacionales, por lo cual, según sus primeras palabras al respecto, “el peligro que suponen las actividades amenazantes de Corea del Norte se merecen una acción de respuesta por parte de la comunidad internacional”. Obama estima que el desafío al Consejo de Seguridad de la ONU significa que ese país se está enfrentando directa y temerariamente a la comunidad internacional.

La reunión de urgencia del consejo de seguridad presidido por Rusia, por petición expresa del Japón, tuvo por propósito el estudio de nuevas medidas, que deben ser adoptadas con prontitud para frenar el afán belicoso del gobierno norcoreano.
Inclusive China, que se había mostrado ajena al asunto, expresó que su Gobierno está “firmemente opuesto” a la prueba nuclear con la cual los gobernantes norcoreanos sorprendieron a los lideres mundiales.

El embajador ruso, Vitaly Tchurkine, manifestó, a nombre del Consejo, la condena terminante al ensayo nuclear, clasificándolo como violación evidente de la resolución 1718 de 2006.

La irresponsabilidad de Norcorea ha salido a flote una vez más, y se une a la actitud no menos irresponsable de Irán, cuyo presidente Mahmud Ahmadinejad ha declarado en las últimas horas que se niega a discutir con las grandes potencias (Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China, Rusia y Alemania) el programa nuclear en que está empeñado, que considera como no negociable por fuera de la Agencia Internacional de Energía Atómica (Aiea).

En esta materia, quienes conducen la política internacional que a todos nos compromete —particularmente Estados Unidos— están obligados a tomar conciencia de la gravedad de estas amenazas, frente a las cuales las famosas armas de destrucción masiva que nunca se encontraron en Irak, y que dieron lugar a la guerra merced al engaño de Bush, se quedaron en el nivel de juegos infantiles.

www.elementosdejuicio.com

Bogotá.- JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO, abogado, profesor universitario, ex magistrado de la Corte Constitucional y actual Director de las revistas académicas JURIS DICTIO y ELEMENTOS DE JUICIO, anunció ayer en Bogotá que se postulará como candidato al Senado de la República para el período constitucional que se inicia el 20 de julio del año entrante.

Hernández sostuvo que, al contrario de lo sostenido recientemente a título personal por el Presidente de la Corte Constitucional Nilson Pinilla, es mucho lo que un constitucionalista puede aportar en el Congreso en lo relativo al proceso de elaboración de las leyes y en la formulación de propuestas serias y estructuradas acerca de la legislación que el país necesita y sobre las políticas estatales en materia de justicia, salud, educación, trabajo, protección a la niñez y en general todas las que deben ser implementadas para realizar un auténtico y efectivo Estado Social de Derecho, como lo quiere la Constitución. “Por ello –señaló este domingo, hablando ante un nutrido auditorio compuesto por estudiantes, catedráticos universitarios y profesionales- , sin pedirle permiso a Pinilla ni a nadie, presentaré mi nombre a consideración del pueblo, para representarlo como es debido –con honestidad y entrega- en el Senado de la República”.

“Mis recursos económicos son escasos, pero emprenderé este campaña acudiendo al voto de opinión, en el entendido de que los procesos electorales deben surtirse en Colombia con base en ideas, propuestas y programas, no mediante la corrupción ni la compra de conciencias, como se ha venido haciendo, ni “vendiéndole el alma al diablo” para conseguir votos o dinero”, expresó el candidato.

José Gregorio Hernández dijo que durante los próximos meses se ocupará en elaborar un programa acerca de las reformas y ajustes institucionales que, en su sentir, requiere la Nación, y a conformar su equipo de trabajo.

José Gregorio Hernández Galindo

El Gobierno, por conducto del Ministro de Hacienda Oscar Iván Zuluaga ha dicho en las últimas horas que, por razones financieras, los tres referendos cuyos proyectos de convocatoria se tramitan ahora en el Congreso -referendo reeleccionista, referendo del agua y referendo por la cadena perpétua para violadores de niños- deben ser votados por los colombianos el mismo día, en una sola jornada.
La propuesta no tendría nada de particular aparte de sorprender el abrupto viraje del Ejecutivo -ahora a favor de los referendos sobre agua y cadena perpétua, que hace pocos meses había rechazado-, si no fuera por el hecho de que tras la cautela financiera del Gobierno lo que hay es una maquiavélica maniobra para evitar que se repita -con el referendo reeleccionista- lo ocurrido en 2003 con el referendo propuesto en ese año por el Presidente Uribe, cuando solamente pasó una pregunta de las quince formuladas, por no haber alcanzado la votación el número mínimo de votos depositados (umbral), exigido por el artículo 378 de la Constitución, equivalente a la cuarta parte del censo electoral, independienmtemente del sentido de cada voto.
El Gobierno teme que la oposición llame al abstencionismo para que el umbral no se alcance, y que, en efecto, no se logre en el referendo reeleccionista ni siquiera la participación del 25% del potencial electoral existente, lo que significaría el naufragio definitivo de la aspiración reeleccionista del doctor Uribe.
Entonces, se trata de atraer a los votantes a las urnas, para participar positiva o negativamente en los otros dos referendos, forzando subliminalmente a los ciudadanos para que sufraguen en cualquier sentido, con votación de los tres referendos el mismo día y hasta en el mismo tarjeton o formulario, de modo que sea inevitable que, así alguien no quiera votar en el caso de la reelección pero sí en uno de los otros dos referendos, su participación sirva para contabilizar el número mínimo de votos indispensable para cumplir la norma constitucional, eliminando así el fantasma del umbral, que -junto con los de los "falsos positivos", las "chuzadas" y DMG- asusta todas las noches a los reeleccionistas.
! Ni más ni menos! : Un anzuelo...para atraer votantes y alejar fantasmas.

José Gregorio Hernández Galindo

A las cosas hay que darles la denominación que merecen. Así, proyectos injustos son proyectos injustos, y no proyectos técnicos o especializados. Y quienes se creen sabios en el campo económico, no son sabios, sino estrategas del neoliberalismo.
Debemos aprender a contrarrestar esa tendencia de muchos economistas que, con palabras extrañas y acudiendo a eufemismos, engañan a los medios de comunicación para esconder el carácter regresivo, perjudicial e injusto de sus propuestas.
Es lo que acontece con la última propuesta de FEDESARROLLO en materia de salario mínimo; según sus representantes, cuando la Corte Constitucional -mediante sentencia que obliga al Gobierno- hizo efectivos los postulados de la Constitución en materia de remuneración móvil, mínima, vital y proporcional a la cantidad y calidad de trabajo, lo que hizo fue transitar un camino empedrado de buenas intenciones que condujo al infierno. Ese infierno, según FEDESARROLLO, consiste en que los salarios están muy altos en Colombia.
Con ese argumento, nada científico, sostiene la entidad que el salario en Colombia está muy arriba, y propone "flexibilizarlo", que no es otra cosa que "disminuirlo", si traducimos ese lenguaje hipócrita en que no llaman las cosas por su nombre, para no poner al pueblo sobre aviso acerca de sus verdaderas intenciones.
Dice FEDESARROLLO que el tema no es el real; el sentido y angustiante que preocupa a diario a las gentes de carne y hiueso; aquel según el cual el salario mínimo es ridículo y más parece una burla que otra cosa. O, en palabras utilizadas por el mismo FEDESARROLLO, "no alcanza ni para hacer el mercado". Y a continuación manifiesta: "El tema es que el salario mínimo en Colombia es altísimo comparado porcentualmente con el salario medio del país".
A riesgo de que los sabios economistas nos califiquen de ingorantes, hemos de decir que, en sana lógica, esa situación, de ser cierta, no debería argüirse para rebajar o disminuir el salario mínimo sino para subir los demás, de modo que se equilibrara el salario medio. Pero lo que quieren es retroceder en la garantía que la Corte Constitucional contempla, la cual radica en que el salario mínimo debe variar cada año hacia arriba, por lo menos en el porcentaje de la inflación causada durante el año inmediatamente anterior. Ha de reajustarse, entonces, en la medida de la inflación.
Para que los lectores lo entiendan, lo dispuesto por la Corte, con la fuerza de la cosa juzgada constitucional, significa que el salario no puede disminuirse, y que, por el contrario, debe seguir alcanzando al trabajador, cuando menos, para adquirir lo mismo, en productos y servicios, que adquiría el año anterior. Si no hay el reajuste en la medida real de la inflación, cada vez los trabajadores recibirán menos, y podrán adquirir menos en bienes y servicios.
Olvidan en FEDESARROLLO la protección del trabajo como elemento básico de nuestro sistema, y nada les importa la justicia social.
Uno no entiende por qué no les preocupa el aumento absurdo y desproporcionado en las ganancias de los bancos, a costa de sus deudores, pero sí los insignificantes incrementos -como el de este año- para la parte más pobre de la población.
Está mal FEDESARROLLO en el tema constitucional. Y ojalá el Gobierno no deciada seguir el regresivo camino que le indica.

Un tema de soberanía.

Colombia no puede admitir la injerencia de otros Estados en las decisiones de su administración de justicia.

JOSÉ GREGORIO HERNÁNDEZ GALINDO