83.247.136.31 2898 2007-10-18T09:18:47Z 128904 La Ley de Violencia Doméstica ha sido muy polémica desde su redacción a su aprobación. La aplicación efectiva de la misma ha puesto de manifiesto los límites que alguns juristas ya expresaban en su momento. Y es cierto que a veces, desgraciadamente, la discriminación positiva se necesita pero para avanzar efectivamente hemos de intentar evitarla y superarla. Esperemos que si se realizan trabajos para mejorarlas se consiga el efecto deseado de la misma: protección, garantías y legalidad. Saludos! Anónimo 45179 1 0 1 6630 88.2.219.23 2898 2007-11-21T17:33:41Z 190446 SE PIDE A LA FISCALIA QUE DENUNCIE A LA ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA MUJER "LA RUEDA", DE BURGOS, POR DECLARACIONES CONTRA GUARDIAS CIVILES. FISCALIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CASTILLA Y LEON Calle San Juan, 2 09003 BURGOS Asunto: EXIGENCIA DE QUE ESA FISCALIA FORMULE DENUNCIA CONTRA LA “ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS” Burgos, 20 de noviembre de 2.007 Ilmos. Sres.: Recientemente, la ASOCIACION INDEPENDIENTEMENTE DE LA GUARDIA CIVIL (ASIGC), emitió un comunicado a los medios de comunicación, en que comentaba ciertos aspectos de su actuación en relación con el trabajo que desarrolla la Guardia Civil , en relación a lo que viene llamándose violencia de género, machista, doméstica, etc., y la aplicación del protocolo que tienen que seguir. En concreto, noticia fue publicada en Diario de Burgos, de fecha 14 de noviembre de 2.007. Desconozco si algún otro medio de comunicación de Burgos ha dado cuenta del citado comunicado. En el citado Diario de Burgos, de fecha 15 de noviembre de 2007, la citada ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, bajo el título “ LA RUEDA RESPONDE A ASIGC”, en la rúbrica Cartas de Lectores, hace una serie de comentarios sobre el citado comunicado de dicha Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC), que, en mi opinión, está indicando a la ciudadanía que la GUARDIA CIVIL está incumpliendo el ordenamiento jurídico vigente y que, incluso, pudiera estar dejando indefensas a mujeres. Repito, es una impresión y opinión mía. Con fecha 17 de noviembre de 2.007, en El Correo de Burgos, aparece esa misma carta publicada, en la rúbrica Cartas al Director. A mi manera de ver, esta ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA MUJER “ LA RUEDA ”, DE BURGOS, con su sólo nombre, parece que el estado español es un corrupto país tercer mundista, en que una asociación privada es necesaria, para defender a las mujeres, porque miles de funcionarios de distintas instituciones de Burgos son incapaces de defender a las mujeres que viven en Burgos, entre ellos los distintos componentes de la Guardia Civil. Cuando esta asociación está acusando a la Guardia Civil de faltar a la legalidad vigente, bueno es preguntarse con que orden judicial tuvo esta asociación a mi hija, menor no emancipada, de nacionalidad francesa, secuestrada en la casa de acogida que regían en el año 1.990, con fondos públicos, pues dicho secuestro nunca contó con mi autorización, como ciudadano con todos mis derechos legales, que nunca me han sido quitados. Me temo que en estos temas, en el estado español se está funcionando con asociaciones como la que recientemente ha querido llevar a Francia 103 niños del Chad. En Diario de Burgos, de fecha 22 de diciembre de 2.006, la presidenta de esta asociación manifestaba que la Concejalía de la Mujer , del Excmo. Ayuntamiento de Burgos las había enviado 70 mujeres, al no poderlas atender dicho Excmo. Ayuntamiento de Burgos. Sin embargo, el Excmo. Procurador del Común de Castilla y León, en la resolución de su expediente Q/004-0006/07, de fecha 27 de febrero de 2.007, manifestaba que, como resultado de sus gestiones: “ no ha quedado acreditada la existencia de irregularidad alguna en la actuación de dicha Administración, ya que según información facilitada a esta Institución, la citada Concejalía ha prestado información y asesoramiento a todas las mujeres que lo han requerido, no habiendo sido derivadas, en consecuencia, a la mencionada Asociación privada.” Me temo que es la citada ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA MUJER “ LA RUEDA ” la que debe probar su buen hacer ante la sociedad burgalesa, y no acusar a la GUARDIA CIVIL , en general, y lo que pueda corresponder a los miembros que prestan su servicio en Burgos. Es por ello que, con idénticos argumentos a los de su escrito de fecha 13 de agosto de 2.004, dirigido al Juzgado de Instrucción de Guardia de Burgos, por el Fiscal – Jefe en Funciones de esa Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, con número de salida 376, en base a los artículos 205, 206, 208, 209 y 215 del Código Penal, interese y se acepte la denuncia, se incoe el procedimiento penal correspondiente, se tome declaración a las personas que dirigen dicha ASOCIACION PARA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS, con domicilio en Pl. Alonso Martínez, 7, de Burgos, y se ponga en marcha el estado de derecho como en justicia corresponda, en defensa del buen nombre de la Guardia Civil en Burgos, cuyo hacer cotidiano ha sido puesto en duda, con publicidad, ante los ciudadanos de Burgos. En el punto número uno de la carta de publicada por esta asociación se habla de daños irreparables, entre otras cosas, se habla de que la ASOCIACION INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL ha prescindido de toda evidencia constatada irrefutablemente, entre otras, por Naciones Unidas, a lo que se debe decir que Naciones Unidas hace estudios y dirige políticas dirigidas a multitud de países, con muy diversas culturas y realidades sociales, y que en el estado español no existen, pues aquí no hay matrimonios concertados entre niños, compra de esposas, ni mutilaciones genitales femeninas, ni las imponemos burka alguno. Si, en estos momentos, no hay una mujer al frente de la alcaldía de Burgos o del gobierno del estado español, no es porque la mujer tenga limitación alguna que impongamos los ciudadanos de Burgos, sino porque los partidos mayoritarios en Burgos y a nivel estatal no han propuesto a ninguna mujer para dichos cargos, y, en consecuencia, no las hemos podido votar. Habla también del Consejo General del Poder Judicial, sobre este tema. A este respecto, recuerdo la conferencia, a la que asistí, en Valladolid, en relación a la violencia de género, que se celebró el 14 de octubre de 2004, a la que asistieron diversos miembros del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Intervenían la Excma. Sra. Dª Monserrat Comas, vocal del Consejo General del Poder Judicial y el Excmo. D. José Luis Requero Ibáñez, también vocal del Consejo General del Poder Judicial. Sus opiniones, sobre este tema, eras distintas y contrarias. Es más, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial, reunido el 28 de enero de 2.004, sin la presencia de la misma, y en relación con unas declaraciones de Dª Montserrat Comas, las mismas, en base al artículo 20 de la Constitución Española , sobre su derecho a la libertad de expresión, pero, en modo alguno, asumía las mismas. Las declaraciones que pueda haber hecho esta ciudadana, bien como portavoz, que estimo, ha sido o es, de la asociación judicial JUECES PARA LA DEMOCRACIA , evidentemente, no eran avaladas por el citado Consejo General del Poder Judicial. Como actual presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, no tengo elementos de juicio para saber si sus observaciones son avaladas por el resto de los componentes del mismo. La ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS, en el apartado uno de su escrito publicado en la prensa, se afirma “ se permite causar un maltrato institucional a las mujeres utilizando los argumentos del propio maltratador, consistente en considerar carentes de fundamento, y, en definitiva falsas, denuncias que sobre Violencia de Género presentan las mujeres.” Esto está afirmando esta asociación de miembros de la Guardia Civil. Es muy fuerte, y muy grave, y, por quien corresponda, debe defender el bueno nombre y el buen hacer de la Guardia Civil. En abril de 1.998, con motivo de la presentación de los datos del año 1.997, el Ilmo. Sr. Fiscal Jefe de León, D. Félix Herrero Abad afirmaba que una causa de los malos tratos estaba en la Ley de Divorcio vigente, en aquel momento, y, entre otras cosas, abogaba por separar la custodia de los hijos y el reparto de bienes. Es decir, detrás de al menos parte de estos temas hay temas económicos. En febrero de 2.001, el Excmo. Ayuntamiento de Valladolid condicionaba ayudas de la Concejalía de Bienestar Social, de hasta 45.942 pesetas, a poner una denuncia. Es decir, denunciar igual a ayuda económica. Estimo que en casos concurría un grave problema social. En el año 2.002, la Ilma. Sra. Directora General de la Junta de Castilla y León, Dª Ana Parra Sancho, con motivo de unas muy graves acusaciones contra una asociación de mujeres de Valladolid, responsable de una casa de acogida, manifestaba que la responsabilidad de la Junta de Castilla y León era sólo administrativa. Así es como se controlan grandes subvenciones públicas y esa irresponsabilidad en su uso asumen los que financian estas actividades. En diciembre de 2.002, la responsable del servicio de asesoramiento de temas de violencia doméstica, del Iltre. Colegio de Abogados de Burgos, merced a un convenio suscrito en enero de 2.002, entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General de la Abogacía , Dª Carmen Santos de Quevedo, daba a conocer a la opinión pública de Burgos, a través de El Correo de Burgos, que de los juzgados de Burgos les llamaban para atender estos casos. Lo que hace que no sea ilógico pensar que las denuncias que se ponían se hacían en base a recomendaciones de los abogados de dicho servicio, y se podían hacer en Comisaría o Guardia Civil. Es decir, los juzgados de Burgos se quitaban el muerto y es posible que muchas denuncias se pusieran ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y dirigidas por abogados. En la prensa, una responsable de la Cruz Roja de Burgos decía que algunas mujeres acudían al Centro de Emergencia para dar un escarmiento a su pareja, y que aconsejaban que no se denunciara. (El Correo de Burgos, 3/11/2002). En el año 2004, en la publicación de Valladolid, La Voz de Castilla y León, la presidenta y la vicepresidenta de la AGRUPACIÓN DE MUJERES ABOGADAS DE VALLADOLID (AMAV), Dª Victoria Eugenia Delgado y Dª María José Sánchez reconocían que “es frecuente que se utilice la denuncia como presión o escarmiento”. Estimo que no es descabellado pensar que el utilizar la denuncia como presión está relacionado con utilizarlo para obtener ventajas materiales, entre otros fines. En carta del 14 de julio de 2.004, Dª Ana Mª Ovejero Puente, asesora el Gabinete del Excmo. Sr. Ministro de Justicia, manifestaba: “es prioridad de este Ministerio, modificar el Código Civil en materia de separación y divorcio, por la razón que Ud. nos expone. El Gobierno considera que los integrantes de la pareja han de gozar de mayor libertad para entrar y salir de la relación matrimonial. La desvinculación del matrimonio ha de ser, pues, rápida y sencilla, lo que redundará en beneficio de los integrantes del matrimonio y puede contribuir también a evitar de manera decisiva situaciones conflictivas como es la utilización de los malos tratos para agilizar los procedimientos de separación y divorcio. Todo ello garantizando la posición de los hijos y la preservación del interés superior de los menores.” Ese mismo año, la Ilma. Sra. Jueza Decana de los Juzgados de Barcelona, Dª María Sanahuja apelaba a los letrados a solucionar los conflicto de pareja por otras vías, y decía: “que han de disuadir a sus clientes de utilizar los procedimientos penales para obtener mejores resultados en los procedimientos civiles, como en los casos de separación y divorcio.” Y seguía añadiendo: “existen denuncias por malos tratos falsas o infladas.” La Ilma. Sra. Dª Carmen Valcárcel, titular de un Juzgado de Instrucción de Madrid, reconocía: “Estamos forzados a dictar una serie de medidas porque la mujer que denuncia, en muchas ocasiones, se han tirado a la piscina sin agua.” También afirmaba: “Los jueces no somos adivinos. En procesos de 15 minutos no se puede decidir la vida de alguien. La manipulación que se hace de nuestras sentencias es insultante.” Implícitamente, la antigua Consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, Dª Rosa Mª Valdeón Santiago, hoy alcaldesa de Zamora, en enero de 2.005, en la emisora Punto Radio, aseguraba: “Que es mejor que algunas ayudas lleguen a personas que no les corresponden que alguien a quien le corresponda se quede sin ellas. Es un riesgo que merece la pena correr en un ámbito especialmente sensible como el de el colectivo de mujeres maltratadas.” Y digo yo, ¿ y si una ayuda de esas que no corresponden se ha hecho en base a una denuncia realizada ante la Guardia Civil ?. Preocupante y muy grave. Porque las ayudas que se estaban dando en base a la Orden Fam /19/2006, de 10 de enero, por la que se convocan subvenciones, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, destinadas a empresas para fomentar la inserción sociolaboral de mujeres víctimas de violencia de género, dentro de las actuaciones que se incluyen en el Plan Dike (Código TEAY FAM 001), en su apartado segundo, acción subvencionable, indicaba que la situación de maltrato se consideraba acreditada, entre otros documentos: Certificado en el que conste que la mujer ha estado ingresada en algún Centro de Acogida para mujeres víctimas de maltrato. Copia de la denuncia por maltrato. Parte o informe médico en el que conste que la mujer ha sido atendida en algún centro sanitario por causa de maltrato. Informe de un profesional competente en la materia, con la manifestación expresa de que la mujer ha sido atendida por causa de maltrato y en el que conste se ha recibido o está recibiendo algún tratamiento específico por este motivo. Pues bien, en la convocatoria de este año, la Junta de Castilla y León ya no considera estos justificantes como causa de maltrato, después de que la Junta de Castilla y León aceptara la gestión del Excmo. Sr. Procurador del Común de Castilla y León, expediente nº Q/04-562/05. También el Excmo. Ayuntamiento de Burgos ha aceptado la resolución del Excmo. Procurador del Común de Castilla y León, nº Q/004-0162/07, por la que acepta no considerar al Punto de Encuentro Familiar regido por la asociación privada, financiada con dinero público, APROME, como recurso para asistencia a la mujer que sufre maltrato, aunque, el l5 de noviembre de 2.007, aún figuraba como tal. Cuando la ASOCIACION PARA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS, arremete contra miembros de la Guardia Civil , estimo que lo hace mal informada. En efecto, la Junta de Castilla y León ha venido firmando convenios con los distinto Colegios de Abogados de esta comunidad. ¿ Para qué ?. Muy sencillo, con claridad, y sin pelos en la lengua, lo manifestaba la antigua Directora General de la Mujer de Castilla y León, Dª Rosa Urbón, a los medios de comunicación: “Se ha constatado que muchas mujeres víctimas “no se atreven a denunciar porque no saben el procedimiento o las vías jurídicas existentes”. “Queremos que conozcan sus derechos, el procedimiento y que resuelvan esas dudas como qué va a pasar cuando denuncien con sus hijos, con la hipoteca, con el domicilio familiar, si tendrán derecho a una pensión.” Esto se puede consultar en el ejemplar de Diario de Burgos, de fecha 14 de abril de 2.007, en su página 37, y en relación con el convenio firmado entre la Junta de Castilla y León y el Iltre. Colegio de Abogados de Burgos, para asesorar a mujeres de Miranda de Ebro (Burgos). Por cierto, hace no mucho, desde la Concejalía de Igualdad, del Excmo. Ayuntamiento de Miranda de Ebro (Burgos), se hablaba de la descoordinación que existe entre la Junta de Castilla y León y dicho ayuntamiento, en estos temas. Por lo visto, no intercambiaban información. Evidentemente, desde mi modesta opinión, se están utilizando estos temas para obtener clientelismo político y demagogia. Es el colmo que suceda esto. Especialmente grave es lo que afirma esta asociación de mujeres, ASOCIACION PARA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS, en su punto 2º: “Es universalmente conocido y científicamente constatado el hecho de que las víctimas de la Violencia de Género sólo denuncian entre un 5% y un 10 % tras haber padecido una media de diez años de violencia sexista ........ Y esto es sólo la punta del iceberg.” En el punto anterior, esta asociación hablaba del Congreso y del Senado. Pues bien, esto es lo que pasó por el Congreso y el Senado: Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio. Entre otras muchas cosas, en la exposición de motivos de la misma se indica: “Así pues, basta con que uno de los esposos no desee la continuación del matrimonio para que pueda demandar el divorcio, sin que el demandado pueda oponerse a la petición por motivos materiales, y sin que el Juez pueda rechazar la petición, salvo por motivos personales.” Cualquiera de esas mujeres, que científicamente, según la ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS, lleva unos diez años de maltratos, desde el 10 de julio de 2.005, ha podido obtener el divorcio, conforme a los artículos 86 y 81 del Código Civil, sin tener que alegar nada, pues se puede pedir: “Se decretará judicialmente el divorcio, cualquiera que sea la forma de celebración del matrimonio............ A petición de uno solo de los cónyuges, una vez transcurridos tres meses desde la celebración del matrimonio.” Por no extenderme en argumentaciones jurídicas y comentar lo que indican el artículo 105 del Código Civil y el artículo 770.2ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil, indico su existencia, nada más. Estimo que personas muy cualificadas, con perfecto conocimiento de estas situaciones afirman que detrás de denuncias hay procesos de separación y divorcio, en que se ventilan temas económicos, o han sido requeridas para obtener ventajas sociales. No está demás recordar que uno de los profesionales más conocidos como abogado en temas de familia, Sr. Zarraluqui, viene afirmando que se utilizan las denuncias para estos temas. En el periódico gratuito 20 minutos, de fecha dos de octubre de 2.007, en primera pagina, aparece: HABRA PENAS PARA LOS QUE DENUNCIEN FALSOS MALOS TRATOS EN VIGO. La Fiscalía reforzará el control ante el aumento del fraude en casos de violencia doméstica. La mayoría de los que mienten son personas separadas que tratan de agilizar el divorcio. Ahora, si se detecta que un caso es falso el implicado irá a juicio. Se recogen declaraciones del abogado de Vigo, D. Pablo Ulfe, y que estos casos son conocidos en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer , de Vigo. En definitiva, parece que Fiscalía, Juzgado y abogacía conocen algo que denuncian Guardias Civiles, conocido en el ejercicio de su actividad pública, y que niega la ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS. ¿ Cuáles son las razones científicas por la que haya mujeres que aleguen diez años de maltrato en el matrimonio que nos impusieron, con el hombre que impusieron, sin que fuera ni necesario, ni obligatorio ?. Alguien tendrá que decírselo a esos Guardias Civiles de la ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS, porque no hay ningún impedimento jurídico para que no estén con quién manifiestan no querer estar, ni un solo momento no deseado. En el punto 3º del escrito de esta asociación, la ASOCIACION PARA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS, manifiesta: “De nada servirán las medidas legislativas que se arbitren si las mentalidades de quienes deben atender y proteger a las mujeres consideran que las denuncias se hacen por motivos fraudulentos.” En contra de la que afirma esta asociación, debemos agradecer que los Guardias Civiles piensen y puedan manifestar no ideas, sino hechos, que otras muchas personas vienen reconociendo, en todo sitio y lugar. Porque mal harán los Guardias Civiles si no nos protegen a todos, o es que hay que hacer una Guardia Civil sólo para atender a mujeres, dejando sin atender a hombres y niños. En este momento, en que puede haber unos cuatro millones de personas que no han nacido en el estado español, conviviendo con nosotros, cuyos orígenes, religiones, culturas y costumbres desconocemos, aunque no lo pueda probar, seguro que hay mujeres y niñas que han sufrido mutilación genital, han contraído matrimonio pactado por los padres, e incluso puede haber habido una transacción económica para que se produjeran los matrimonios. Esas mujeres sí que pueden ser las legítimas destinatarias de las situaciones que son objeto de la LEY ORGANICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y que se indican en el artículo 1 (Objeto de la Ley ). En el estado español no se celebran matrimonios sin que ambos contrayentes consientan en contraer matrimonio con el otro, y respondiendo ambos afirmativamente. (Artículo 58 del Código Civil). En el punto 4º del escrito que aparece en los medios de comunicación se indica: “Si, como declara Asigc, las mujeres denuncian “sólo porque se lo dijo su abogado” deben de forma inmediata probarlo y a su vez denunciar porque de otra forma estarían encubriendo un delito.” Estimo que esa frase puede estar fuera del contexto del comunicado de dicha asociación de Guardias Civiles, porque estimo que eso pueda ser el caso de algunas mujeres, y así lo hayan manifestado. En cuanto a los medios de probar estos temas, por parte de los Guardias Civiles, estimo no equivocarme si manifiesto que los Guardias Civiles de Burgos no cuentan con todos los medios técnicos que se contemplan en el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD Y DE COORDINACIÓN CON LOS ORGANOS JUDICIALES PARA LA PROTECCIÓN DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DE DOMESTICA Y DE GENERO (Aprobado por la Comisión Técnica de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial el 28 de junio de 2.005, tras haberse adaptado el anterior Protocolo a las modificaciones de la LO 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género). Punto I.B.- RECOGIDA DE LA DENUNCIA Y ELABORACIÓN DEL ATESTADO: Las diligencias de inspección ocular y declaración de la víctima se documentarán, siempre que sea posible, mediante fotografías u otros medios técnicos (vídeo, etc.) que permitan a la Autoridad Judicial una mayor inmediatez en la apreciación de los hechos y las circunstancias concurrentes. ANEXO I: CONTENIDOS MINIMOS DEL ATESTADO. 10.- DILIGENCIAS POLICIALES DE VERIFICACION Y COMPROBACIÓN DE LA DENUNCIA : Las diligencias de inspección ocular se documentarán, siempre que sea posible, mediante fotografías u otros medios técnicos (vídeo, etc.) que permitan a la Autoridad Judicial una mayor inmediatez en la apreciación de los hechos y circunstancias concurrentes. Deberá averiguarse si la Guardia Civil de Burgos dispone de sistemas de grabación de voz, de vídeo, equipos de fotografía, etc., para estos casos. Porque es muy grave que se puedan achacar presuntos delitos a Guardias Civiles y no se les dé los medios de prueba que vienen el los protocolos que estimo deben seguir. Cuando la ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS, afirma que Guardias Civiles, la Guardia Civil, puedan estar causando un maltrato institucional de consecuencias impredecibles para las mujeres y los niños y niñas víctimas de Violencia de Género, y están exigiendo a quienes son responsables de la atención a las mujeres en este contexto que se pronuncie oficialmente, teniendo presente que contra la Violencia de Género la tolerancia debe ser cero, ME RATIFICO EN MI EXIGENCIA DE QUE esa Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León DENUNCIE A la ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LA MUJER LA RUEDA, DE BURGOS por posibles delitos de calumnias e injurias contra funcionarios públicos, de la Guardia Civil , a los cuales les acusan de pensar de un modo independiente, a lo que piensan ellas, y dar información de hechos y circunstancias que ven en su trabajo, con el objetivo, estimo, de que, por quién corresponda, se dé por enterado, y proceda a evitar, por un lado trabajos quizá inútiles, y, por otro, abusos de los que son víctimas hombres y niños. No es mi deseo hacer chistes fáciles, pero, estos días, el Excmo. Ayuntamiento de Burgos pone grandes carteles donde indica que en cinco años han fallecido CUARENTA Y CINCO PERSONAS POR ATROPELLOS, en la ciudad de Burgos. El chiste sería indicar que como se salvarían más vidas es dedicando las fuerzas y cuerpos de seguridad a regular el tráfico que a proteger mujeres, que, por cierto, no sólo lo indican estos valientes Guardias Civiles: hay mujeres que son las primeras en no respetar las órdenes de protección que pidieron, y concedieron, le guste o no a esa asociación de mujeres. Si que recuerdo que hace años, la Guardia Civil de Burgos indicaba, creo que en El Correo de Burgos, que un número importante de denuncias de mujeres eran puestas por mujeres en grave situación social Por último, no debo terminar este escrito, que reconozco extenso, sin recordar lo que manifestaba el Ilmo. Sr. Fiscal Jefe de Valladolid, en el año 2.000, más o menos: si un padre pretendía la guardia y custodia de los hijos, lo normal era que abandonara a vivienda y se quedara en casa la esposa con los hijos. En Castilla y León existen unas 200.000 viviendas vacías. En la ciudad de Burgos más de 10.000. Miedo me dan las políticas que se siguen de expulsar a ciudadanos de su domicilio, obligarles a pagar la hipoteca y dejarles sin hijos y sin honra. No puedo menos que agradecer a la ASOCIACION INDEPENDIENTE DE LA GUARDIA CIVIL el que haya tenido la valor de decir lo que ellos ven a diario y muchos otros ya han denunciado. Gracias. Sí manifestar que estimo que puedan existir campañas orquestadas para “ACOJONAR” a jueces, fiscales, políticos, funcionarios, ciudadanos o asociaciones que defiendan, pura y simplemente, los derechos y deberes que contempla la CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. Notoria es la teoría de muchos de estos grupos que injurian a la inteligencia y a muchos padres de familia al indicar que padre que pide la custodia de sus hijos o la custodia compartida es un maltratador. Atentamente, Jesús AYALA CARCEDO, de la ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS P. D.- Por supuesto, estoy contra todo maltrato, del tipo que sea y cometido por el que sea, hombre o mujer, y no me opongo al castigo que pueda corresponder, después de un juicio con todas las garantías, pero, desgraciadamente, en estos temas, demasiado a menudo faltan, para padres y niños. Las denuncias falsas, sí existen. ¿ Y la igualdad ante la ley por el mismo presunto hecho ?. http://www.asigc.org/ver_noticia.asp?id=5930 Buscador: introduce un texto para buscar Legislación Jurisprudencia Noticias La Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC) crítica el protocolo de valoración policial del riesgo de las víctimas de violencia de género, por la sobrecarga de trabajo que para los agentes supone, y por la poca colaboración de algunas presuntas víctimas, cuando ya han conseguido de la Administración lo que pretendían con su denuncia. Si bien el Gobierno de Rodríguez ZAPATERO ha demostrado un interés especial por la violencia de género y ha implicado a la Guardia Civil y demás Cuerpos de Policía, - como no se había hecho antes por ningún otro Gobierno-, en el seguimiento, vigilancia y control de las víctimas de la violencia de género y de sus agresores; -penando como delito, cualquier forma de violencia física o psíquica-, lo cierto es que las medidas de protección y seguimiento, están costando no sólo una especial dedicación de tiempo, por parte de los agentes, a éste grave problema, sino que en la práctica no pueden llevarlo a efecto en su totalidad, en algunos casos porque serían necesarios más agentes y en otros porque la víctima o supuesta víctima, una vez conseguido su propósito de la Administración, hasta le resulta molesto en algunos casos que la Guardia Civil le esté consultando o entrevistando, aún cuando sea de forma telefónica, pues con su denuncia se ponen en marcha todos los mecanismos para facilitar la separación o el divorcio, en la forma más beneficiosa para sus intereses, por lo que los agentes observan que a veces la denuncia no cumple el fin de evitar el riesgo de agresión o maltrato, ya se físico o psicológico, sino más bien un interés meramente judicial en un proceso de separación o divorcio, de manera que se asegure la custodia de los hijos y la asignación de bienes. En otros casos son las propias víctimas las que cambian de domicilio sin ponerlo en conocimiento de la Guardia Civil, -demostrando poco interés-, con lo que las idas y venidas de los guardias civiles, al domicilio de la presunta víctima, para consultarle y ponerse a su disposición, resultan infructuosas, mientras los vecinos se preguntan, ¿qué pasa que viene tanto la Guardia Civil?, sin resultado alguno. En otras ocasiones las o los guardias civiles escuchan frases como, “ya no me hace falta, -la Guardia Civil-, sólo necesitaba la denuncia, como me dijo el abogado”. Otras veces, las constantes y continuas denuncias de la presunta víctima a su presunto agresor, se convierten en “contra denuncias”, de hechos que bien se pudieron poner en conocimiento de los guardias civiles con anterioridad y no lo hicieron cuando tuvieron la oportunidad. Demostrando con ello el oportunismo de la denuncia, en atención a intereses distintos, a los de su propia seguridad. Y perjudican con ello el funcionamiento de la Guardia Civil, que podría dedicar mas tiempo a las situaciones de verdadero riesgo, y a las verdaderas necesidades de la víctima. Entre las MEDIDAS DE SEGURIDAD que los guardias civiles tienen que procurar a las denunciantes de malos tratos, por parte de su cónyuge o pareja, ya sea, de hecho o de derecho, se encuentran las siguientes: - Contactos personales, esporádicos y discretos. - Entrevista personal con la víctima después de la denuncia. - Ofrecer la entrega de un móvil para teleasistencia. - Vigilancias periódicas del domicilio, trabajo y salida y entrada del colegio cuando la víctima acude a por sus hijos. - Adiestramiento a la víctima de medidas de autoprotección. - Acompañamiento a la víctima al juzgado o a los lugares asistenciales o administrativos donde deba acudir. - Vigilancia permanente de la víctima ante una emergencia. - Etc.. Medidas todas ellas sin duda necesarias, ante una situación de verdadero riesgo o presumiblemente de riesgo; pero lo cierto es, que las cifras de HOMICIDIOS o ASESINATOS de las mujeres, a manos de sus parejas o cónyuges, siguen aumentando, al igual que lo hacen, en algunos casos las denuncias con un fin claramente favorable para los intereses judiciales de la denunciante. Murcia, Sevilla, Alicante y Valencia, los lugares donde más se han denunciado presuntos delitos relacionados con la VIOLENCIA DE GÉNERO. Desde el 31 de julio de 2.007 hasta el 22 de octubre de 2.007 se han contabilizado por la Guardia Civil a nivel nacional un total de 2.281 denuncias directamente relacionadas con la VIOLENCIA DE GÉNERO. Siendo la Región de Murcia la que se encuentra a la cabeza nacional, con 263 denuncias, le sigue Sevilla con 162 denuncias, Alicante con 155 denuncias, Valencia con 143 denuncias y Madrid con 137 denuncias. Los datos se refieren a las poblaciones que en esas provincias, tiene encomendada la Seguridad Ciudadana la Guardia Civil, aproximadamente la mitad de la población, porque la otra mitad en las capitales o grandes poblaciones se encomienda a la Policía Nacional, se excluyen las provincias VASCAS, Gerona, Lérida y los municipios de Barcelona y Tarragona en las que ya se hubiera transferido a los Mossos d´Escuadra ésta competencia. *Pueden ver los datos en el Libro excel que se acompañada como documento adjunto con el nombre, NUEVOS CASOS. Además puede observar las revisiones extraordinarias de denuncias que anteriormente a la fecha del 31 de julio de 2.007 hubiera recibido la Guardia Civil. Revisiones que en algunos casos solicita la Autoridad Judicial o el Ministerio Fiscal, o promueve la Guardia Civil para hacer una nueva valoración del riesgo. También pueden ver los concretos informes que para la valoración del riesgo realizan los guardias civiles de atención al ciudadano o de la policía judicial, y la evolución del riesgo que cada determinado tiempo tienen que efectuar los agentes, según sea valorado éste, en la denuncia, como leve, medio o alto. Se adjuntan los cuestionarios que los agentes de la Guardia Civil realizan a la presunta víctima o incluso a los testigos para valorar el riesgo. Dando el programa informático la valoración a resultas de las respuestas efectuadas. Esperando sea de su interés se le envía el comunicado, con los documentos adjuntos para completar la misma. Se ruega citen a la Asociación Independiente de la Guardia Civil (ASIGC) y sus declaraciones. DESCARGAR DOCUMENTOS ADJUNTOS. Sin otro particular reciban un cordial saludo. Agradeciendo su atención, a 05 de Noviembre de 2007. enviar imprimir JESUS AYALA CARCEDO 45179 1 0 1 88.2.219.23 2898 2008-01-08T11:28:46Z 263663 SECCION DE CONSUMO DEL SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL Paseo Sierra de Atapuerca, 4 09002 BURGOS Asuntos: EXIGENCIA DE LAS GARANTIAS CONTEMPLADAS EN EL ORDENAMIENTO LEGAL VIGENTE POR SERVICIOS OFERTADOS POR DIVERSAS ADMINISTRACIONES PUBLICAS, EN BURGOS, A ESPOSAS DE NACIONALIDAD ESPAÑOLA, COMPONENTES LIBRES DE SOCIEDADES DE GANANCIALES, CON MOTIVO DE DENUNCIAS CONTRA SUS ESPOSOS O PROCESOS JUDICIALES CONTRA LOS MISMOS. EN DEFENSA DE LOS DERECHOS ECONOMICOS PERSONALES DE LOS HIJOS COMUNES, MENORES NO EMANCIPADOS. INFORMACION CORRECTA Y PRESUPUESTO PREVIO SIEMPRE. FAVORECER LA LIBRE ELECCION DE SERVICIOS CON COSTOS. COBRO DE LOS SERVICIOS UTILIZADOS POR DICHAS ESPOSAS, AFECTANDO A DICHOS MENORES NO EMANCIPADOS. Burgos, 3 de enero de 2.008 Muy Sres. míos: SERVICIOS DE ABOGADOS Y SERVICIOS SANITARIOS Dos ofrecimientos de servicios tengo constancia que se vienen ofreciendo por funcionarios públicos, o con subvenciones públicas, a esposas españolas, bajo el régimen de sociedad de gananciales, con motivo de presunta violencia de género, machista, sexista, malos tratos, violencia doméstica, o como se quiera llamar, o pleitos en procesos de familia, en que los intereses económicos personales de hijos comunes, menores no emancipados, distintos de los de sus madres, pueden verse afectados. Estos servicios pueden prestarse como consecuencia de información subvencionada por la Junta de Castilla y León, o facilitada por Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, o Juzgados de Burgos, que puede desbocar en pleitos con costos económicos que afectan a niños de Burgos. Se trata de utilización de Arrendamientos de servicios de abogados y atenciones sanitarias, en los distintos centros del SACYL, cuyos costos no asume el SACYL. En concreto, estimo que vienen ofreciéndose en: 1º.- SERVICIO DE ATENCION A LA FAMILIA (COMISARIA PROVINCIAL DE POLICIA) Avda. de Castilla y León, 3 09003 BURGOS 2º.- EQUIPO MUJER MEJOR-EMUME (UNIDAD ORGANICA DE POLICIA JUDICIAL-COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL ) Avda. de Cantabria, s/n. 09006 BURGOS 3º.- DISTINTOS CENTROS DEL SACYL DE BURGOS 4º.- JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4 (Juzgado de Violencia sobre la Mujer ) Avda. Reyes Católicos, s/n. (Edificio de los Juzgados) 09006 BURGOS 5º.- JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 (Juzgado de Familia) Avda. Reyes Católicos, s/n. (Edificio de los Juzgados) 09006 BURGOS Aunque información sobre estos temas se puedan estar dando desde el Excmo. Ayuntamiento de Burgos o la Excma. Diputación de Burgos, estimo urgente su actuación en los cinco organismos públicos señalados, en bien de los derechos personales de los menores no emancipados, a quienes puedan afectar estas actuaciones de responsabilidad pública. LAS ESPOSAS ESPAÑOLAS Y SU SOCIEDAD DE GANANCIALES Es bueno recordar, en este escrito, lo que dice el artículo 1.386 del Código Civil, en relación con la administración de la sociedad de gananciales: “Para realizar gastos urgentes de carácter necesario, aun cuando sean extraordinarios, bastará el consentimiento de uno solo de los cónyuges.” Asimismo, es importante conocer lo que dice el artículo 1362, del mismo código, en relación con las cargas y obligaciones de la sociedad de gananciales: “Serán de cargo de la sociedad de gananciales los gastos que se originen por alguna de las siguientes causas: 1. El sostenimiento de la familia, la alimentación y educación de los hijos comunes y las atenciones de previsión acomodadas a los usos y a las circunstancias de la familia.” Es interesante conocer lo que dice el artículo 1318, del citado Código Civil: “Cuando un cónyuge carezca de bienes propios suficientes, los gastos necesarios causados en litigios que sostenga contra el otro cónyuge sin mediar mala fe o temeridad, o contra tercero si redundan en provecho de la familia, serán a cargo del caudal común y, faltando éste, se sufragarán a costa de los bienes propios del otro cónyuge cuando la posición económica de éste impida al primero, por imperativo de la Ley de Enjuiciamiento Civil, la obtención del beneficio de justicia gratuita.” Vemos que dichas esposas pueden realizar gastos urgentes con cargo a su sociedad de gananciales sin el consentimiento del esposo; que de su sociedad de gananciales se mantiene a sus hijos comunes con el esposo que denuncian, y que incluso los bienes de su esposo podrían ser utilizarlos, por dichas esposas, en litigios contra el mismo, que no quiere decir que sean en beneficio de los hijos comunes, que tienen derechos propios, distintos de los de ambos esposos y padres, de carácter económico. CÓMO EL SACYL ATIENDE A LAS ESPOSAS Y RECLAMA JUDICIALMENTE LOS COSTOS SANITARIOS A LOS ESPOSOS Y PADRES DE FAMILIA Desgraciadamente, e insisto, desgraciadamente, estimo que el SACYL está reclamando pequeñas cantidades, por atenciones sanitarias a estas esposas, al esposo denunciado, a través de los Juzgados, alegando el artículo 127.3, del Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social , con gravísimas consecuencias para muchos niños de Burgos. En carta de 25 de octubre de 2.007, el Jefe de Servicio de Administración Económica, de la Gerencia Regional de Salud, de la Consejería de Sanidad, de la Junta de Castilla y León, reconoce que estas esposas españolas, casadas libremente en sociedad de gananciales, en relación a la facturación de costes por prestación de servicios sanitarios, cuando son atendidas por la denuncia de presuntos malos tratos por parte del esposo que escogieron, son atendidas por el SACYL como PACIENTES PRIVADOS En este sentido, es bueno contemplar que nada impide al SACYL reclamar los costos de esas atenciones sanitarias a esas esposas españolas, madres de hijos comunes, libremente en sociedad de gananciales. Cantidades no importantes, que normalmente vienen gastando dichas esposas en cafés, teléfonos móviles, compras en rebajas de bienes no necesarios, ni urgentes, ni imprescindibles, etc., que lo hacen con cargo a los ingresos y bienes gananciales. Siendo titulares, normalmente, de cuentas bancarias que pueden disponer con su sola firma o a través de tarjeta de pago o crédito personalizada a su favor. El Servicio Murciano de Salud, en su Decreto nº 136/2002, de 29 de noviembre de 2.002, por el que se crean los precios públicos a aplicar por los centros dependientes del Servicio Murciano de Salud, a las asistencias prestadas en los supuestos cuyo importe ha de reclamarse a los terceros obligados de pago o a los usuarios sin derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social manifiesta que “la responsabilidad entre el sujeto obligado al pago y el paciente asistido será solidaria.” Salvo que los médicos, y personal sanitario del SACYL, tengan el valor de comparecer en juicio, y la constancia real de que un esposo es causante de lo que manifiesta una esposa en sus consultas, afirmando que, en ocasiones, dolores manifestados, pero no comprobados científicamente, en base a declaraciones de esas esposas, y atribuidos a presuntos hechos de trascendencia penal, que presuntamente han sido realizados por los esposos de las mismas, que son denunciados ante dichos médicos o personal sanitario, por dichas esposas, y ofrezcan a dichas esposas en sociedad de gananciales la posibilidad de que la Junta se persone en procedimientos penales por esa causa, como se contempla en la Ley de la Comunidad Autónoma de Castilla y León 7/2007, de 22 de octubre, de modificación de la Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres de Castilla y León, que en su artículo único indica: “ La Administración Autonómica se personará en los procedimientos penales sobre violencia contra mujeres en la forma y condiciones establecidos por la legislación procesal, siempre que las circunstancias lo aconsejen y la víctima o sus familiares hasta el cuarto grado lo soliciten. Reglamentariamente se determinará el procedimiento administrativo dirigido a autorizar el ejercicio de las acciones judiciales en estos casos." puede la Junta de Castilla y León estar causando daños tremendos a muchos niños de Burgos, sin una base científica sólida y con argumentos legales abusivos y discutibles. El mismo dolor y sufrimiento pueden originar los abogados de Burgos que recomiendan denuncias y pleitos, en base a presuntos hechos y culpables que no han visto, y que pueden tener un elevado costo económico, a su favor, que, como hemos podido ver, pueden ser a cargo de ingresos y bienes destinados a atender las necesidades económicas de menores no emancipados. OBLIGACIONES DE LOS MEDICOS Y PERSONAL SANITARIO DEL SACYL: INFORMACIONES A ESAS ESPOSAS Y MADRES Y LA LIBRE COMPETENCIA DE LA SANIDAD EN CASTILLA Y LEON En el Código de ética y deontología médica (1999), en su artículo 7, se habla del derecho de los pacientes de elegir o cambiar de médico o de centro sanitario. En la Ley 8/2003, de 8 de abril, sobre derechos y deberes de las personas en relación con la salud, firmada por el Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Castilla y León, en su artículo 24 (información sobre programas y acciones del Sistema de Salud), en su punto dos, se garantiza, por parte de la Administración de la Comunidad de Castilla y León, el derecho a recibir información sobre los servicios asistenciales del Sistema de Salud, su calidad y los requisitos de acceso y uso de los mismos, que se complementa en el punto cuatro, donde se garantiza el disponer de información sobre el coste económico de las prestaciones y servicios recibidos. Es por tanto la propia deontología de los médicos que atienden a estas esposas la que fomenta la libre competencia en la profesión médica, y el SACYL el que debe informar a esas esposas y madres de que el hecho de denunciar al esposo en los distintos centros del SACYL hace que tengan la consideración jurídica de PACIENTES PRIVADOS, y que la tarjeta que tenemos muchos ciudadanos del SACYL, en que se indica que dicha tarjeta nos permite el acceso a los servicios de todo el Sistema Nacional de Salud no cubre ningún servicio sanitario cuando se denuncia al esposo, tiene un costo y se debe pagar. LEGISLACION DE LA PROPIA JUNTA DE CASTILLA Y LEON PARA PACIENTES PRIVADOS CUYOS COSTOS DEBE RECUPERAR EL SACYL La propia Constitución Española, en su artículo 51.1, dice: “Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.” Por lo que vengo argumentando, estoy tratando de intereses económicos, no sólo de mujeres españolas, casadas libremente en sociedad de gananciales, sino de los propios intereses y derechos económicos de sus esposos e hijos, que por utilización, respetable, de diversos servicios, sanitarios y de abogados, por parte de esas esposas, pueden verse afectados derechos económicos, también respetables, de sus esposos y de sus hijos, y que procede defender, respetar y hacer respetar, por parte de las propias administraciones públicas, como, claramente, se indica en el artículo 39.1de la Constitución Española : “Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.” Cuando una ciudadana española, casada libremente en sociedad de gananciales, tiene la calificación jurídica, por parte del SACYL, de PACIENTE PRIVADO, son las distintas administraciones públicas las que deben informarla y facilitarla ser atendida en cualquiera de los centros sanitarios, públicos y privados, en defensa de legítimos intereses, no sólo de ella, sino del esposo e hijos. Dos disposiciones de la propia Junta de Castilla y León deben garantizar los derechos de estas PACIENTES PRIVADAS, y de sus esposos e hijos, que puedan ser atendidas manifestando presuntos hechos de calificación penal, realizados presuntamente por los esposos que escogieron: Ley 11/1998, de 5 de diciembre, de defensa de los consumidores y usuarios de Castilla y León. Decreto 180/2001, de 28 de junio, por el que se regula el derecho de los consumidores y usuarios al presupuesto previo de los servicios que se les oferten. UNA LEY INCOMPLETA Y CONFUSA, QUE NO GARANTIZA UNA INFORMACION SOBRE LOS COSTOS ECONOMICOS, QUE AFECTAN A NUESTROS NIÑOS En la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, con toda claridad, se contempla, en su artículo 20 (Asistencia jurídica) “1. Las mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, en los términos establecidos en la Ley 1/1996, de 10 enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, tienen derecho a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. En estos supuestos una misma dirección letrada asumirá la defensa de la víctima. Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima. En todo caso, se garantizará la defensa jurídica, gratuita y especializada de forma inmediata a todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten, sin perjuicio de que si no se les reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, éstas deberán abonar al abogado los honorarios devengados por su intervención.” Se facilita abogado, pero no se garantiza que no se deba pagar el servicio del mismo. ¿ En qué quedamos ?. Se promueven pleitos, respetables, pero muchas mujeres se pueden encontrar que se puede devengar mucha minuta de dichos pleitos, que repercuten en los niños. En el capítulo III (En el ámbito sanitario), sospechosamente, no se habla de los posibles costos de los servicios sanitarios, y, sin ninguna duda, la JUNTA DE CASTILLA Y LEON afirma que los servicios que presta a esas mujeres, esposas y madres, en sociedad de gananciales, los realiza como PACIENTES PRIVADOS, tienen un costo, y se debe cobrar. ¿ Dónde se contempla en el PROTOCOLO COMUN PARA LA ACTUACION SANITARIA ANTE LA VIOLENCIA DE GENERO. Comisión Contra la Violencia de Género. Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en que Dª María Alvarez-Quiñones Sanz, como integrante de la Comisión contra la violencia de género del Consejo Interterritorial del SNS, por Castilla y León, al amparo de la mencionada Ley Orgánica 1/2004, que esos servicios tienen un coste, quién y como se deben pagar ?, LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD SI QUE ESTAN LLEVANDO O RECOMENDANDO A ESPOSAS SER ATENDIDAS POR EL SACYL, ¿ PERO DEBIDAMENTE INFORMADAS DE QUE PUEDEN IR A CENTROS PRIVADOS, DE QUE TIENE COSTO SU ATENCION POR EL SACYL, DE QUE TIENEN DERECHO A PRESUPUESTO PREVIO, Y QUIEN Y COMO SE DEBE PAGAR ESA ATENCION SANITARIA ?. Esto es lo que viene en la página de Internet de la Presidencia del Gobierno: http://www.la-moncloa.es/ServiciosdePrensa/NotasPrensa/MIR/_2005/Interior+261105+Violencia+de+genero.htm La Guardia Civil o el Cuerpo Nacional de Policía enviarán una patrulla y acompañarán a la víctima a un centro sanitario donde redactarán un parte médico de urgencia sobre las lesiones producidas. Este parte de lesiones será remitido al juzgado de guardia y se entregará una copia a la interesada. En el PROTOCOLO DE ACTUACION DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD Y DE COORDINACION CON LOS ORGANOS JUDICIALES PARA LA PROTECCION DE LAS VICTIMAS DE VIOLENCIA DOMESTICA Y DE GENERO (Aprobado por la Comisión Técnica de la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial el 28 de junio de 2005, tras haberse adaptado el anterior Protocolo a las modificaciones de la LO 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género), en su anexo I: Contenidos mínimos del atestado, 1.-Manifestación de la víctima, se habla de posible atención sanitaria, pero nada se habla de informarla de costos de la misma, presupuesto previo, quién y como debe pagar dichos costos. TAMBIEN OFRECEN SERVICIOS DE ABOGADOS, QUE TIENEN UN COSTO En el citado protocolo, en su apartado primero: Actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para la Protección de las víctimas de violencia de género y doméstica, I.A, se indica: “Se informará a la víctima de su derecho a la asistencia jurídica en los términos que se detallan en el anexo I del presente protocolo.” Esto es lo que se dice en el citado anexo: “Con antelación al inicio de las declaraciones, se informará a la víctima del derecho a solicitar la defensa jurídica especializada, y en su caso gratuita, de forma inmediata o bien a designar un abogado de su elección.” Pero, como se ha demostrado antes, la citada justicia gratuita, no siempre es gratuita, y aún ejerciéndose como justicia gratuita, también puede tener el pago de costas, tal como se contempla en el Real Decreto 996/2003, de 25 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, en: “1. El abono de los honorarios devengados por los profesionales a los que se refiere el segundo párrafo del artículo 6.6 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita correrá a cargo del Ministerio de Justicia, excepto en los siguientes casos: a. Cuando en la sentencia que ponga fin al proceso haya pronunciamiento sobre costas a favor del titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita. b. Cuando, venciendo en el pleito el titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita y no existiendo en la sentencia pronunciamiento expreso sobre costas, los beneficios obtenidos por aquél en el procedimiento superen en tres veces la cuantía de las costas causadas en su defensa. 2. En el supuesto de que en la sentencia que ponga fin al proceso fuera condenado en costas el titular del derecho a la asistencia jurídica gratuita, quedará éste obligado a abonar las peritaciones realizadas por técnicos privados, si dentro de los tres años siguientes a la terminación del proceso viniese a mejor fortuna. Para hacer efectiva dicha obligación, será de aplicación el procedimiento al que hace referencia el artículo 20.” En la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia , en sus artículos 37 y 39, notoriamente, se habla de presupuestos previos y pago de costas, si se fuera condenado a ello. Los policías o guardias civiles de turno deben tener la seguridad de que los distintos abogados que son llamados por ellos, informan de estos extremos a estas esposas españolas, en sociedad de gananciales, y por escrito. Hoy las esposas no tienen esas garantías, y eso lo debe garantizar la Junta de Castilla y León. Nadie olvide que los abogados llamados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, pueden cobrar sus servicios con cargo a la sociedad de gananciales, como se demostró anteriormente, o como se señala en el Código Civil, en su artículo 103.3, por las litis expensas, y eso afecta a esposos e hijos, menores no emancipados. LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON FOMENTA DENUNCIAS Y PLEITOS, CON SUBVENCIONES, CON LA COLABORACION DEL ILTRE. COLEGIO DE ABOGADOS DE BURGOS La anterior Directora General de la Mujer de la Junta de Castilla y León, Dª Rosa Urbón Izquierdo, lo tenía muy claro, cuando anunciaba, a bombo y platillo, la subvención al Iltre. Colegio de Abogados de Burgos, para asesorar a las mujeres, esposas y madres, de Miranda de Ebro (Burgos): “Queremos que conozcan sus derechos, el procedimiento y que resuelvan esas dudas como qué va a pasar cuando denuncien con sus hijos, con la hipoteca, con el domicilio familiar, si tendrán derecho a una pensión………..” El Excmo. Sr. Ararteko de la Comunidad Vasca , en carta que me dirige con fecha 18 de diciembre de 2.007, manifiesta que el Consejo Vasco de la Abogacía , está de acuerdo en que los abogados y abogadas de esa comunidad cumplan con su deber de dar un presupuesto previo de sus servicios, conforme se contempla en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante la Justicia. En consecuencia, estimo oportuno que ese departamento de la Junta de Castilla y León investigue y exija que hagan lo mismo los abogados y abogadas de Burgos, en relación con las mujeres que son asesoradas con dinero público, o utilizan sus servicios por exigencia legal, en virtud del convenio que tiene firmado la Junta de Castilla y León con el Iltre. Colegio de Abogados de Burgos, o por el ofrecimiento de los servicios de los mismos, a mujeres, españolas, casadas en sociedad de gananciales, libremente. LOS JUZGADOS INDICADOS TAMBIEN OFRECEN O EXIGEN QUE ESAS MUJERES SEAN ATENDIDAS POR ABOGADOS Al menos eso es lo que afirmaba en una conferencia, en noviembre de 2.005, la secretaria judicial del Juzgado de Instrucción Nº 4, de Burgos: que ofrecía o recomendaba el tener un abogado a esas mujeres que denuncian a su esposo. En cuanto al Juzgado de Primera Instancia Nº 7 (de Familia), en funcionamiento desde el pasado 28 de diciembre de 2.007, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil, puede exigir a esposas españolas, casadas en sociedad de gananciales, que se procuren el servicio de algún abogado, al exigirlo la ley. En efecto, esto es lo que dice el artículo 771. Medidas provisionales previas a la demanda de nulidad, separación o divorcio. Solicitud, comparecencia y resolución “1. El cónyuge que se proponga demandar la nulidad, separación o divorcio de su matrimonio puede solicitar los efectos y medidas a que se refieren los artículos 102 y 103 del Código Civil ante el tribunal de su domicilio. Para formular esta solicitud no será precisa la intervención de procurador y abogado, pero si será necesaria dicha intervención para todo escrito y actuación posterior”. INQUIETUD PERSONAL, SOSPECHA QUE HAGO PUBLICA Si se puede demostrar que estoy equivocado, pido, desde este momento, a las personas e instituciones públicas que se puedan manifestar molestas, público perdón, pero ……………. si las mujeres de Burgos, esposas libremente, de nacionalidad española, en sociedad de gananciales, como sospecho, cuando son atendidas por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Burgos, por el SACYL o por los Juzgados de Burgos citados, antes de ser atendidas por médicos o abogados, ofertados, recomendados o exigidos legalmente, no saben, por escrito, el posible costo de los servicios médicos que van a recibir, quién y cómo se van a pagar, o el costo de las minutas de abogados, o la petición de litis expensas que se va a exigir al esposo por el abogado, o el posible importe de las costas que podrían que tener que pagar en caso de perder pleitos, CON URGENCIA, hago las siguientes EXIGENCIAS A ESA SECCION DE CONSUMO DEL SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL, DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON, EN BURGOS PRIMERO.- Qué se garantice a esas mujeres la libertad de servicios médicos y de abogados. SEGUNDO.- Qué sepan esas mujeres, mediante presupuesto previo, por escrito, el costo del servicio que van a recibir, quién y cómo se va a pagar. (Por supuesto, atenciones sanitarias de urgencia deben ser prioritarias a cualquier otra razón, pero, salvo casos excepcionales, el SACYL debe informar, previamente, de que si se denuncia al esposo son atendidas como PACIENTES PRIVADOS). TERCERO.- Garantizar la libre elección de abogado, cuando se van a exigir litis expensas, o cuando hay fundadas razones de que el costo del abogado no va a ser a cargo de los presupuestos del estado. CUARTO.- Ofrecimiento e información, por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en Burgos, a estas esposas españolas, en sociedad de gananciales libremente, de todos los centros sanitarios, públicos y privados a los que pueden acudir cuando denuncian al esposo, al ser consideradas por el SACYL PACIENTES PRIVADOS. QUINTO.- Investigación en Juzgados y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en Burgos, de que las mujeres, españolas, casadas en sociedad de gananciales, que han atendido en 2.006, si han sido atendidas por el SACYL de que eran consideradas como PACIENTES PRIVADOS, y se las daba presupuesto previo por escrito, y en el Juzgado de Instrucción Nº 4, de Burgos (Juzgado de Violencia sobre la Mujer ), si todas las mujeres que fueron atendidas por el mismo tenían por escrito el presupuesto previo de sus abogados, o confirmación, por escrito, de que el costo de los mismos era asumido por el estado español, en base a la Ley y Reglamento de Justicia Gratuita. SEXTO.- En el caso de que Uds. se declarasen incompetentes para atender esta exigencia, en defensa de los derechos económicos de los niños de Burgos, me informen a qué departamento pasan esta exigencia de las garantías contempladas en el ordenamiento jurídico vigente, y la argumentación correspondiente. Espero investiguen, informen de sus gestiones y garanticen que, en estos temas, las familias de Burgos tenemos nuestros derechos no sólo en las leyes y disposiciones legales vigentes, sino en nuestra vida diaria. Con nuestra honra, nuestras relaciones familiares, nuestra libertad y nuestro futuro Uds. sabrán como actúan, pero con el dinero de atender nuestros hijos no se juega. PRESUPUESTO PREVIO A SUS MAMAS. Atentamente, Jesús AYALA CARCEDO, de la ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS. SERVICIO DE ATENCION A LA FAMILIA (COMISARIA PROVINCIAL DE POLICIA) Avda. de Castilla y León, 3 09003 BURGOS Asunto: EXIGENCIA DE INVESTIGACION SI LAS MUJERES, ESPOSAS ESPAÑOLAS, LIBREMENTE EN SOCIEDAD DE GANANCIALES, SABEN DEL COSTO DE LOS SERVICIOS DE ABOGADOS Y MEDICOS DEL SACYL QUE PUEDAN RECOMENDAR UDS. Burgos, 3 de enero de 2.008 Muy Sres. míos: Adjunto envío copia de la carta que envío a: SECCION DE CONSUMO DEL SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL, de la JUNTA DE CASTILLA Y LEON Para que dichas ciudadanas sepan los costos, no asumidos por el estado, de los servicios indicados, en base a que Uds. sean debidamente investigados, conforme a normativa vigente en Castilla y León, dónde Uds. prestan sus servicios. Atentamente, Jesús AYALA CARCEDO, de la ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS. EQUIPO MUJER MEJOR-EMUME (UNIDAD ORGANICA DE POLICIA JUDICIAL-COMANDANCIA DE LA GUARDIA CIVIL ) Avda. de Cantabria, s/n. 09006 BURGOS Asunto: EXIGENCIA DE INVESTIGACION SI LAS MUJERES, ESPOSAS ESPAÑOLAS, LIBREMENTE EN SOCIEDAD DE GANANCIALES, SABEN DEL COSTO DE LOS SERVICIOS DE ABOGADOS Y MEDICOS DEL SACYL QUE PUEDAN RECOMENDAR UDS. Burgos, 3 de enero de 2.008 Muy Sres. míos: Adjunto envío copia de la carta que envío a: SECCION DE CONSUMO DEL SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL, de la JUNTA DE CASTILLA Y LEON Para que dichas ciudadanas sepan los costos, no asumidos por el estado, de los servicios indicados, en base a que Uds. sean debidamente investigados, conforme a normativa vigente en Castilla y León, dónde Uds. prestan sus servicios. Atentamente, Jesús AYALA CARCEDO, de la ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS. JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4 (Juzgado de Violencia sobre la Mujer ) Avda. Reyes Católicos, s/n. (Edificio de los Juzgados) 09006 BURGOS Asunto: EXIGENCIA DE INVESTIGACION SI LAS MUJERES, ESPOSAS ESPAÑOLAS, LIBREMENTE EN SOCIEDAD DE GANANCIALES, SABEN DEL COSTO DE LOS SERVICIOS DE ABOGADOS Y MEDICOS DEL SACYL QUE PUEDAN RECOMENDAR UDS. Burgos, 3 de enero de 2.008 Muy Sres. míos: Adjunto envío copia de la carta que envío a: SECCION DE CONSUMO DEL SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL, de la JUNTA DE CASTILLA Y LEON Para que dichas ciudadanas sepan los costos, no asumidos por el estado, de los servicios indicados, en base a que Uds. sean debidamente investigados, conforme a normativa vigente en Castilla y León, dónde Uds. prestan sus servicios. Atentamente, Jesús AYALA CARCEDO, de la ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS. JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Nº 7 (DE FAMILIA) Avda. Reyes Católicos, s/n. (Edificio de los Juzgados) 09006 BURGOS Asunto: EXIGENCIA DE INVESTIGACION SI LAS MUJERES, ESPOSAS ESPAÑOLAS, LIBREMENTE EN SOCIEDAD DE GANANCIALES, SABEN DEL COSTO DE LOS SERVICIOS DE ABOGADOS Y MEDICOS DEL SACYL QUE PUEDAN RECOMENDAR UDS. Burgos, 3 de enero de 2.008 Muy Sres. míos: Adjunto envío copia de la carta que envío a: SECCION DE CONSUMO DEL SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL, de la JUNTA DE CASTILLA Y LEON Para que dichas ciudadanas sepan los costos, no asumidos por el estado, de los servicios indicados, en base a que Uds. sean debidamente investigados, conforme a normativa vigente en Castilla y León, dónde Uds. prestan sus servicios. Atentamente, Jesús AYALA CARCEDO, de la ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS. GERENCIA DEL HOSPITAL YAGÜE (SACYL) Avda. del Cid Campeador, 96 09005 BURGOS Asunto: EXIGENCIA DE INVESTIGACION SI LAS MUJERES, ESPOSAS ESPAÑOLAS, LIBREMENTE EN SOCIEDAD DE GANANCIALES, SABEN DEL COSTO DE LOS SERVICIOS DE ABOGADOS Y MEDICOS DEL SACYL QUE PUEDAN RECOMENDAR UDS. Burgos, 3 de enero de 2.008 Muy Sres. míos: Adjunto envío copia de la carta que envío a: SECCION DE CONSUMO DEL SERVICIO TERRITORIAL DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL, de la JUNTA DE CASTILLA Y LEON Para que dichas ciudadanas sepan los costos, no asumidos por el estado, de los servicios indicados, en base a que Uds. sean debidamente investigados, conforme a normativa vigente en Castilla y León, dónde Uds. prestan sus servicios. Atentamente, Jesús AYALA CARCEDO, de la ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA SEPARADOS DE BURGOS-A.P.F.S.-BURGOS. JESUS AYALA CARCEDO 45179 1 0 1