De Argentina al Mundo

La causa se inició en 2008 impulsada por una denuncia de la denunciadora compulsiva, como la han tildado muchos integrantes del ejecutivo nacional; la diputada Elisa Carrió, quien incluyó entre los sospechosos a algunos de los políticos y empresarios con más poder en el país. Los acusó de manipular licitaciones y permitir que un selecto grupo de compañías hicieran fortunas con sobreprecios pagados por el Estado. Además de los Kirchner, Carrió acusó al ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al secretario legal y técnico, Carlos Zannini. También al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y a Claudio Uberti, ex titular del Organo de Control de las Concesiones Viales (Occovi) y hombre clave para los negocios con el régimen de Hugo Chávez. En la lista de empresarios presuntamente beneficiados por el kirchnerismo Carrió incluyó a Cristóbal López (juego), Lázaro Báez (construcción) y Rudy Ulloa (medios). Hay que destacar también, la actitud del embajador Sadous, quien no dudó en declarar, sabiendo, probablemente, que sería desmentido no sólo por los funcionarios, sino por los empresarios que él mencionó como víctimas del esquema kirchnerista. El pago de coimas de alrededor del 15% a funcionarios por parte de empresarios dedicados a la venta de maquinaria agrícola para Venezuela no era desconocido, pero el testimonio brindado ante la Justicia por Eduardo Sadous, le ha dado una sólida base a la investigación a cargo del juez federal Julián Ercolini. La declaración judicial del ex embajador argentino en Venezuela no sólo ha confirmado lo que sería otro capítulo de la corrupción del kirchnerismo, en este caso, el de las coimas que se pagaban para hacer negocios con la Venezuela de Hugo Chávez, sino que también confirma las interminables denuncias de la líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió. Y al mismo tiempo, pone de manifiesto el empleo de un modus operandi único del kirchnerismo en prácticamente todos los rubros, el del cohecho como única manera para seguir en el mercado.

El expediente podría convertirse en una megacausa que abarcaría distintos tipos de casos caracterizados por una pauta común y que se vio en detalle en el caso de las coimas y los sobreprecios en la ampliación de los gasoductos durante el gobierno de Néstor Kirchner. Se trata del caso Skanska, que el juez federal Norberto Oyarbide mantiene paralizado pese a los numerosos indicios y pruebas documentales sobre la existencia de sobreprecios en las obras y el pago de coimas. Similar esquema es el que puede discernirse a partir de la información sobre la investigación de Ercolini, la obligatoriedad, para los empresarios, de pagar una comisión ilegal para poder exportar a un gobierno amigo del kirchnerismo. También se investiga el desvío de dinero de un fideicomiso de 90 millones de dólares para financiar ventas de productos argentinos a Venezuela. Por su parte el fiscal federal Gerardo Pollicita amplió la nómina de investigados y mencionó a 18 empresas que podrían haber sido parte de las supuestas maniobras. Entre ellas, las concesionarias Metrovías, Ferrovías y Trenes de Buenos Aires. Como puede advertirse, surge como figura central, pero no excluyente, el Ministerio de Planificación. Allí se desempeñaba Uberti, abrepuertas del comercio con Caracas y, no por casualidad, compañero de viaje del venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson en el avión privado que en 2007 llegó de Caracas con la famosa valija de los U$S800.000 secuestrados al venezolano y destinados a la campaña electoral de Cristina Kirchner. Del ministerio de De Vido dependía también el Enargas, protagonista del caso Skanska, y Ricardo Jaime, quien durante su paso como titular de la Secretaría de Transporte habría multiplicado su patrimonio y es ahora investigado en casi una veintena de expedientes. Se trata, en su mayoría, de funcionarios y ex funcionarios que, como De Vido, gozan de la máxima confianza de Néstor Kirchner y, también como De Vido, lo acompañaron en la gobernación de Santa Cruz. Fue en aquellos lejanos años aparentemente cuando se montó, a escala provincial, este sistema por el cual los empresarios que querían prosperar debían, previamente, contribuir al enriquecimiento de los funcionarios.

Las acusaciones contra Faggionatto incluyen la apropiación de una cosecha de soja, haberse complotado con policías para perjudicar a un imputado, no excluirse en un caso donde se lo investigaba por no haber concedido la prisión domiciliaria a un preso que murió y haber pedido coimas a detenidos en un caso de secuestro extorsivo. Además, fue el juez que llevó la causa de la mafia de la efedrina, aunque su mayor nivel de exposición pública lo alcanzó cuando, en plena campaña electoral para las elecciones legislativas del 28 de junio pasado, citó a declarar como sospechoso al diputado Francisco de Narváez, principal opositor (y finalmente triunfador) del ex presidente Néstor Kirchner. Tras considerar entonces que el magistrado "ejerció una serie de actos arbitrarios en distintas causas analizadas" y que sus conductas "no encuentran fundamentación de ningún modo", se resolvió removerlo de su cargo. Por unanimidad de sus siete miembros, el jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura destituyó finalmente al suspendido y controvertido juez de Zárate-Campana Federico Faggionato Márquez por mal desempeño de sus funciones. En un durísimo fallo, el Jurado de En-juiciamiento del Consejo de la Magistratura destituyó por unanimidad 7 votos a 0 a Federico Faggionatto Márquez, y la sentencia fue interpretada en el ámbito judicial como un claro mensaje para los magistrados de comportamiento irregular. El juez, que había sido protegido por el kirchnerismo, y al que el mismo ex presidente le soltara la mano abandonándolo a su suerte, fue encontrado responsable de favorecer la desaparición de parte de una cosecha de soja y de investigarse a sí mismo por ese delito y por el despojo de un campo a un detenido. Uno de los fiscales en el juicio fue el senador radical Ernesto Sanz, quien, tras la sentencia consideró, a éste como el típico caso emblemático de un juez cooptado por el poder político, hasta que lo dejaron solo.

Los jueces amigos del poder deberían poner las barbas en remojo y ver que el apoyo del poder político se termina, y para los demás jueces es un mensaje de que pueden trabajar tranquilos. Desde el poder se lo protegía y cuando se dieron cuenta que, por las pruebas, no se podía seguir defendiéndolo, le sacaron la protección. Además de las acusaciones administrativas, Faggionatto Márquez que ya no tiene fueros que lo protejan de ir preso, enfrenta tres causas penales que pueden terminar con su libertad, en dos se lo investiga por enriquecimiento ilícito y en otra por autorizar a la policía bonaerense a allanar un galpón donde encontraron 800 kilos de cocaína, cuando la Policía Federal hacía ese procedimiento. Las sospechas apuntan a que los bonaerenses querían sustraer la droga. El jurado fue lapidarario al fundar los cargos, Faggionatto Márquez puso en manos de los policías antidrogas Aníbal Bloise y Roberto Anauati, la indebida custodia y gerenciamiento de un campo de soja que era del Consejo Nacional de la Niñez Adolescencia y Familia, el inspector del consejo que vigilaba que no desapareciera la cosecha de soja fue detenido por esos policías. Algunos camiones fueron casualmente desviados y desapareció gran parte de la cosecha. Esto no sería nada si se tiene en cuenta lo que hizo luego el juez para proteger a los policías. Según el jurado, no se inhibió de investigarlos, cuando él había sido denunciado por la falta de la soja, luego les libró un certificado en el que decía que no estaban imputados, cuando sí estaban bajo la lupa y después obstruyó la investigación de la policía bonaerense, que al final exoneró a Bloise y a Anauati. También le reprocharon no haberse apartado en otras dos causas en las que su juzgado fue denunciado, en una un preso dijo que le había sido enajenado un campo y en la otra un detenido enfermo, que debía estar con arresto domiciliario, murió en la cárcel. Parece ser que jueces como Norberto Oyarbide deberían prestar debida atención, ya que sin duda el próximo podría ser el.

El fallo, que no fue apelado, y quedará firme salvo que alguien pueda demostrar que la realidad es que el juez y el fiscal actuaron conjuntamente con el perito, en forma fraudulenta, que tal vez falsificaron documentos, incurrieron sin lugar a duda en cohecho o menos probable fueron presionados. Tampoco olvidemos que el perito era nada más y nada menos que el propio contador del matrimonio presidencial. Entonces el fallo del juez federal Norberto Oyarbide refuerza las peores sospechas sociales que la maquinaria judicial en este caso formada por actores adictos al poder de turno, no está dispuesta a investigar a fondo las irregularidades de la política, incluso cuando las presunciones recaen sobre quienes tienen el mayor deber de transparencia. Pero, ya en la nota que publicáramos, el 18/09/2009 titulada “El largo brazo de la ley”, existía esta referencia al juez federal Norberto Oyarbide. En pocas palabras decía; “El juez Norberto Oyarbide, parece haber subido a su corcel cual caballero medieval, entonces con su armadura y lanza en mano intenta arremeter contra todo y contra todos. Ayer llamo a indagatoria a uno de los principales actores de este escándalo, Juan José Zanola, el controvertido titular desde hace treinta años de la obra social bancaria. Sin embargo algo se le escapa a este hidalgo caballero, y es que lamentablemente su lanza es de corto alcance ya que tanto Zanola como muchos otros implicados, tienen una estrecha relación con el matrimonio presidencial. Néstor Lorenzo, el empresario farmacéutico detenido por orden del juez Norberto Oyarbide, es socio mayoritario de droguería San Javier. A San Javier se la investiga por ser una de las principales productoras de expedientes falsos para arrancar al Estado, a través de la Superintendencia de Salud, subsidios para enfermos crónicos -en especial de cáncer y sida- inexistentes.”

Bien, mucho no hace falta explicar, entonces ahora y volviendo al tema, para lograr la revisión del fallo, que no fue apelado por el fiscal, no sólo hay que animarse a formular semejantes acusaciones, sino que, además, hay que estar en condiciones de probarlas. Sin embargo existe una resolución de 1971, de la Corte Suprema, en el caso Campbell Davidson, admitió que se plantease una acción contra la cosa juzgada fraudulenta. Esa vía de revisión, sí, prosperó en algunos casos excepcionales, en efecto, cuando la ex presidenta Isabel Perón fue sobreseída de haber cometido irregularidades en la Cruzada de la Solidaridad, la Corte anterior a 1983 dejó sin efecto esta medida. Y, con el regreso de la democracia, hubo más casos. A partir de 2005 la Corte argentina admitió la reapertura de las causas contra la represión, aun cuando los militares imputados hubieran sido sobreseídos o absueltos. En casos de violaciones a los derechos humanos, la vía de revisión fue admitida. Más recientemente, en 2007, hubo otros. Por ejemplo, la Cámara Federal porteña, en la causa AMIA, luego de la destitución del juez federal Juan José Galeano, reabrió varias causas que habían terminado por sobreseimiento. En principio, un fallo que no es apelado en el plazo que establece la ley queda invariablemente firme, por más que su contenido sea escandaloso o disguste a la sociedad. Un fallo injusto, incluso escandaloso, si está firme, no puede ser revisado la injusticia no se corrige con más inseguridad jurídica, por más que esto suene difícil de comprender. De todas formas, la sociedad no repara en tecnicismos, solo espera de la Justicia resultados creíbles. Por ahora, lo que queda verdaderamente en claro para la sociedad es que la Justicia, una vez más, parece haber consagrado la impunidad de quienes ocupan los más altos cargos de poder.

En la historia argentina, sobran los dedos de una sola mano para contar condenas en casos de corrupción. Si algo debía esperarse de una acusación de corrupción contra los Kirchner, es que hubiera sido investigada con profundidad quizá, los Kirchner puedan justificar sobradamente el contenido de su declaración jurada, pero el juez y el fiscal debieron dejar en claro que hicieron todo lo posible para descubrir las eventuales irregularidades y que no encontraron ninguna. Y hay, otro actor de este enredo, que brilla por su ausencia, la causa se inició con una denuncia de un particular, pero si la oposición hubiera aportado los datos de una investigación propia y profunda, realizada a lo largo de meses o de años. Semejante pesquisa, que no existió, le hubieran restado al juez y al fiscal la credibilidad que de todos modos, no tienen.

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El juez de Instrucción Santiago Lozada, que sobreseyó al ex presidente Néstor Kirchner por los delitos vinculados al manejo y administración de los fondos que la provincia tuvo depositados en el exterior, fue ascendido al cargo de defensor de Cámara. Previo a ello presentó la renuncia al cargo de juez. Pero no fue el único cambio ocurrido en las últimas horas en la justicia santacruceña el viernes asumieron los integrantes del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, nombrados por decreto hace un año por la presidenta Cristina Kirchner, pero sólo ahora entran en funciones, entre ellos el juez Jorge Chávez ex ministro de Salud kirchnerista y candidato a intendente, que el año pasado declaró inocente en su fallo disidente a Daniel Varizat por haber atropellado a 24 personas con una camioneta 4x4. Junto a Chávez asumen también Alejandro Ruggero y Mario Reynaldi. En el lugar de defensor que deja Ruggero en la Cámara en lo Criminal y Correccional de la primera circunscripción de la zona sur asumirá Lozada, conocido por contar en su haber varios fallos favorables al kirchnerismo. Saltó a la fama cuando en un trámite rápido sobreseyó a Kirchner y a Sergio Acevedo, ex gobernador, ambos acusados por el manejo de los más de US$ 1000 millones que la provincia tuvo depositados en el exterior. El primer fallo favorable a los Kirchner que recuerdan fuentes judiciales locales es aquel de 1997 en el que debía fallar por el supuesto uso proselitista que el entonces gobernador le estaba dando al avión sanitario provincial.

Lozada consideró que el gobernador siempre es gobernador y por lo tanto sus viajes siempre eran oficiales. Y lo archivó. Durante cuatro años no dio a conocer el fallo donde sobreseyó a Kirchner por el manejo de los fondos en el exterior e impidió que periodistas, diputados, o denunciantes conocieran los argumentos de la denuncia. Estos fondos, que dicho sea de paso pertenecen a la provincia de Santa Cruz, no solo fueron extraña e ilegalmente sacados de la caja provincial sino que fueron depositados por separado, en un paraíso fiscal. Las dos cuentas dividieron los U$S1000 millones, en una de U$S750 a nombre de la provincia, y la segunda de aproximadamente de unos U$S265 millones a nombre de Néstor Kirchner y Sergio Acevedo. Por su puesto solo volvieron a la provincia U$S 750 millones. El magistrado llegó a fundamentar su negativa a dar a publicidad el fallo por escrito para asegurar el respeto de los derechos esenciales que asisten a los imputados en la presente causa, tales como el derecho a la presunción de inocencia, a la intimidad y al honor. En octubre pasado, Lozada decidió dar a conocer el fallo secreto; lo hizo cuando la causa en la que se solicitaba la publicidad del texto ya había llegado a la Superintendencia del Tribunal Superior de Justicia. En la sentencia consideró que la instrucción iniciada por el ex juez federal porteño Jorge Urso y el fiscal federal Federico Delgado se caracterizó por una gran desprolijidad e imprecisión, que dificultó enormemente su trabajo posterior. Y calificó la denuncia inicial contra Kirchner de imprecisa, y carente de datos sobre circunstancias de tiempo, lugar y modo, y estructurada sobre meras ¿sospechas?, perdón, ¿y los hechos, comprobados, los 265 millones de dólares restantes?

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Durante el último año, el patrimonio de los Kirchner aumentó un 158%, y desde su arribo al gobierno, en 2003, el incremento ha sido del 572%. Si, así es, estos son los porcentajes del vertiginoso aumento de la fortuna del matrimonio Kirchner, además de haber dado origen a cuatro investigaciones en la justicia federal, se ha convertido en un escándalo que también crece vertiginosamente. La Oficina Anticorrupción ha presentado al juez federal Norberto Oyarbide, el magistrado que investiga la última declaración jurada de bienes, un informe que indica que los números de ésta no cerrarían, por ningún lado. A su vez, en un libro de reciente aparición, el periodista Luis Majul sostuvo que personal de la AFIP, cuyo titular es el kirchnerista Ricardo Echegaray, viajó a Santa Cruz a entrevistar en su oficina al contador de Néstor Kirchner para corregir las incongruencias entre su declaración jurada y las de varios de sus allegados, como Lázaro Báez y Rudy Ulloa. Según esa información, estos personajes habrían declarado mantener deudas con Néstor Kirchner que totalizarían unos $13 millones, pero éstas no habrían aparecido como créditos a cobrar en la declaración del ex presidente y actual diputado electo. Sobre la base de los datos de Majul, el abogado Ricardo Monner Sans, autor de una anterior denuncia sobre el enriquecimiento de los Kirchner, realizó una nueva presentación, que recayó en la jueza federal María Servini de Cubría.

Oyarbide encargó a los peritos contables de la Corte Suprema un peritaje sobre la declaración jurada de bienes, y un estudio sobre los inmuebles del matrimonio que revela que sus locales, valuados en metros cuadrados, tuvieron desde 2003 un crecimiento promedio de 3200%. El aumento patrimonial logrado por el matrimonio Kirchner durante el año pasado habría sido posible por movimientos de compras y ventas, y por desusados alquileres cobrados. De ese registro patrimonial se infiere la actividad realizada desde el poder para obtener, en beneficio personal, condiciones totalmente fuera del curso normal de los negocios. Tal es el caso de los inexplicablemente elevados alquileres recibidos por dos hoteles en la ciudad de El Calafate. Sólo la compulsión implícita de un presidente sobre una importante empresa contratista del Estado, y no la renta de la operación hotelera, podrían explicarlo. De igual forma resulta imposible fundamentar el monto de los abultados intereses obtenidos por los depósitos bancarios a plazo fijo de los contribuyentes involucrados en el caso. Pero las ganancias patrimoniales más notables surgen de las operaciones de compraventa de inmuebles y terrenos. Durante 2008, el matrimonio gobernante vendió 16 inmuebles en Santa Cruz por un monto de $14,5 millones. La operación más notable resultó ser la venta de un terreno de 20.095 metros cuadrados en $6.300.000. Menos de dos años atrás, ese inmueble había sido adquirido en apenas $132.079. Se trató de la compra de tierras fiscales, a un muy bajo precio, a la intendencia de El Calafate, que también había favorecido en su momento a otros funcionarios locales y a parientes de la familia Kirchner.

El tiempo pasa, las denuncias se acumulan y, no se dicta ni el procesamiento ni el sobreseimiento del matrimonio, la Justicia sigue demorándose sin razón aparente. El juez federal Rodolfo Canicoba Corral archivo una denuncia sobre la evolución de la riqueza de los Kirchner en 2007, su colega Julián Ercolini ya los sobreseyó por el crecimiento de su patrimonio hasta 2005. Lo lógico sería ahora, que Oyarbide no se limite a investigar si la declaración jurada guarda las formas, o no debe estudiar todos los bienes, su origen y su conformación. Lo ocurrido con los casos, lleva a plantearse si es conveniente realizar este tipo de denuncias mientras los denunciados se encuentran en el poder, puesto que un sobreseimiento firme impide a futuro cualquier nueva investigación sobre el mismo hecho. Quizá sea más conveniente aguardar un recambio presidencial para que los jueces federales, se animen a investigar. La sociedad argentina está corroída por la malsana realidad de que el poder otorga impunidad. Siempre desde la vuelta a la democracia esta afirmación se ha visto plasmada en hechos. En el pasado reciente se volvió habitual que altos funcionarios aprovecharan y, en ocasiones, estimularan denuncias por enriquecimiento ilícito en su contra, para que las causas abiertas a partir de ellas se cerraran con velocidad mientras se hallaban en el ejercicio del poder. Será lamentable pero a la luz de los acontecimientos esas maniobras se repitieran ahora con el matrimonio gobernante.

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Un fallo que la Corte Suprema dictó en 2007, solo dos años atrás, con la firma de cuatro de sus actuales ministros Ricardo Lorenzetti, Raúl Zaffaroni, Carlos Fayt y Enrique Petracchi, resolvió que la Corte puede revisar el trámite legislativo. El fallo es poco conocido, pero es muy importante. Si los medios de comunicación perjudicados por la ley impugnasen no sólo las normas anticonstitucionales que contiene, sino también el trámite irregular que le imprimió el Congreso nacional, podrían encontrar un inesperado respaldo. Por cierto, el embate más fuerte de las empresas periodísticas girará alrededor de una veintena de artículos que contienen abusivas violaciones del derecho de propiedad y de la libertad de expresión. Hasta hace dos años, había pocas chances de impugnar estas trampas. En efecto, en la reforma constitucional de 1957, la Convención Reformadora introdujo el artículo 14 bis, relativo a los derechos sociales. Lo hizo sin haber respetado el reglamento que la propia convención había dictado. La Corte, cuando resolvió ese planteo, en 1963, fijó un criterio que reiteró a lo largo de los años: la Justicia no tiene competencia para revisar el trámite de sanción de una ley, salvo que el Congreso viole los pasos "mínimos e indispensables" que establece la Constitución para la sanción de las leyes.

Pero en 2007, la Corte dio un giro. En 2002, el presidente Eduardo Duhalde había propuesto el ascenso de un militar, Julio César Binotti, pero el Senado rechazó el pliego. Entonces el oficial presentó una acción de amparo, la Corte interpretó que el Senado, a la hora de computar la mayoría absoluta, no había respetado el criterio establecido por su propio reglamento interno. En el caso Binotti, la Corte resolvió que el trámite de sanción de las leyes un acto político por excelencia es revisable por la Justicia, pues los jueces pueden controlar si los otros poderes, al ejercer sus atribuciones propias, se extralimitaron. Como nunca antes una Labor Parlamentaria habrá tenido tanta trascendencia. La razón es que podría resolverse la nulidad del documento, que sirvió de base a la Casa Rosada para dictar el decreto de promulgación de la ley. El problema para el oficialismo es que si el documento llegara a ser declarado nulo, podría quedar bajo sospecha la validez misma de la ley, sancionada por el Senado el pasado 10 del corriente, lo que abriría un capítulo más en la lucha legal que, según se anticipa, rodeará la aplicación de la norma. Ese texto fue aprobado con severos errores en la remisión que en dos artículos (95 y 124) se hace a otras tantas cláusulas de la ley. La fe de erratas de la Cámara baja intento subsanar esa incongruencia. Sin embargo, ese documento excede las facultades que la Cámara baja le concedió a su presidente Eduardo Fellner, al permitirle renumerar los artículos y corregir errores ortográficos.

Pero eso no es todo. La oposición también ha cuestionado el trámite legislativo seguido por la fe de erratas. Es que el documento llegó al Senado 22 días después de que el proyecto fuera aprobado por la Cámara de Diputados y de que la Secretaría Parlamentaria se hubiera tomado cinco días para pasarlo en limpio. Además, cuando la fe de erratas ingresó en el Senado, el 9 de octubre, en pleno debate de la iniciativa, el secretario parlamentario, Juan Estrada, no se lo comunicó al cuerpo, como correspondía. Este debate, como telón de fondo, tiene, además, el apuro del Poder Ejecutivo por poner en marcha los mecanismos previstos en la norma. En virtud de esa directiva, el bloque kirchnerista del Senado designó ya a sus representantes en la comisión bicameral creada por la ley. Lo mismo había hecho la bancada oficialista de la Cámara de Diputados. Sin embargo, la oposición se niega a aceptar los tiempos kirchneristas, y por ello el jefe del bloque de diputados macristas, Federico Pinedo (Pro-Capital), elevó una nota al presidente de la Cámara baja, el kirchnerista Eduardo Fellner (Jujuy), en la que le plantea que la comisión debería integrarse con la nueva conformación del Parlamento, es decir, a partir del 10 de diciembre próximo. El tema ahora esta supeditado a la resolución del affaire de la fe de erratas.

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