De todo un poco

Los recientes acontecimientos en Osetia del Sur y el enfrentamiento entre Georgia y Rusia o las consultas populares sucedidas en Bolivia vuelven a poner en evidencia un fenómeno que adquirió mayor visibilidad desde el último cuarto de siglo pasado con la caída del muro de Berlín, esto es, el nacionalismo y su búsqueda de identidad propia y autonomía a través de las reivindicaciones independentistas.

El fenómeno no es nuevo, pero mientras duró el enfrentamiento ideológico entre Estados Unidos y la Unión Soviética, este estuvo de alguna manera oculto en este macro enfrentamiento y todo conato independentistas era, o bien controlado, o bien sofocado. El enemigo exterior tiene el raro poder de unir a una sociedad en contra de este, o a un bloque para su defensa. La OTAN y el Pacto de Varsovia pueden ejemplificar esto.

Una vez que este “conflicto marco” desaparece, afloran todas las grandes o pequeñas reivindicaciones de aquellas personas que se consideran bajo una dominación de otro grupo que no siente como suyo.

Se consideran un “pueblo” o una “nación” con sus características y razgos diferenciados de aquellos que ejercen el poder político o de coerción sobre el territorio que asumen como suyo, y por ello reclaman la opción, de forma violenta o no, del autogobierno.

Sin entrar a discutir la pertinencia o no de las nociones de pueblo o nación, que no es el objetivo de la presente, el conflicto se reduce a una cuestión de poder, esto es, quien manda y en donde.

Definir esta cuestión de poder puede llegar a ser extremadamente complejo, ya que es posible encontrar “naciones” en todas partes, al fin y al cabo, el grupo que se autodenomine nación, no nació de generación espontánea, sino que ha tenido necesariamente que absorber a otros “pueblos” que a su vez pueden sentirse oprimidos y así entrar en un círculo vicioso.

Lo más sensato sería realizar una consulta popular sobre la pertinencia o no de independizarse del estado que ejerce el control sobre el territorio. Pero esto nos conduce a otra situación de difícil resolución. ¿Por qué este grupo de personas en este momento concreto pueden decidir sobre el futuro de ese denominado pueblo y no las generaciones futuras? ¿Qué pasa si las mayorías cambian? ¿Serán un tiempo independientes y otros dependientes?

En las sociedades democráticas modernas de occidente, el nacionalismo independentista parece buscar más el poder sin aceptar el resultado de las urnas que la autorrealización de la “nación”. ¿Qué sucederá cuando, en una hipotética situación, ese grupo que persigue la independencia pierda unas elecciones? ¿Dejará el poder sin más o, no aceptando el resultado, volverá a antiguas prácticas?

Por otra parte, las sociedades se están convirtiendo cada vez más en multiculturales, con lo que se daría pié al surgimiento de nuevos nacionalismos.

Estas son algunas de las espinosas cuestiones a las que tendremos que hacer frente con cada vez mayor frecuencia en el contexto internacional actual. De las respuestas que demos a estos asuntos dependerá el equilibrio del sistema internacional y el mantenimiento de la paz en el planeta.

Ciertamente, un hecho curioso que comparten las tres grandes religiones monoteístas, cristianismo, judaísmo e islamismo, es la discriminación de la mujer, o si se lo prefiere, el relegarla a un lugar secundario bajo la dominación del varón.

El desarrollo del movimiento feminista y la democracia en el mundo occidental han contribuido a atemperar estas posturas dentro del cristianismo y el judaísmo, pero de ninguna manera han desaparecido estas situaciones, y dentro de los grupos más fundamentalistas de ambas religiones se mantienen prácticamente inalteradas estas prácticas.

Dentro del mundo musulmán la situación de discriminación de la mujer está mucho más acentuada y a grandes rasgos es conocida por todos.

Ahora bien, yo me pregunto, ¿qué clase de Dios establece estas condiciones para su creación? Es probable que la respuesta que nos den sea desde que los caminos de Dios son insondables hasta una retahíla de citas estrictamente acotadas de los libros sagrados, sea este la Biblia, la Tora o el Coran.

En cuanto a la primera clase de respuesta, si un camino es insondable, lo es también para nuestro interlocutor, por lo que ni él ni nosotros tenemos la certeza de estar obrando correctamente, por lo que el relegar a la mujer a ese segundo plano puede no estar en consonancia con los designios de Dios, y por lo tanto estar en un flagrante pecado.

La segunda clase de respuesta, no tienen sentido intentar rebatirlas ya que no podremos. Supuestamente lo que allí está contenido es la palabra de Dios inspirada a algunos hombres para que la pongan por escrito. Sin embargo, podremos reflexionar junto al fiel en que Dios puede haber inspirado a esos hombres para escribir los textos sagrados, pero estos no dejaban de ser hombres, por lo tanto falibles e insertos en un contexto cultural que puede haberlos llevado a malinterpretar los dictados del Ser Supremo.

Sea como fuere, será difícil, sino imposible, cambiar la fe a través de la argumentación racional de las personas. El único camino nos que queda es continuar con la transformación social, para de esta manera, hacer de la discriminación femenina un fenómeno socialmente inadmisible para que las religiones tengan que adaptarse al peso de la opinión de los fieles.

El tema no es baladí, las religiones forman parte de nuestro sistema de creencias más profundo, nuestra moral e impregnan nuestras opiniones ante prácticamente todos los temas, aunque no nos demos cuenta. De allí la necesidad de una modificación de las posturas de las diferentes religiones para que contribuyan al desarrollo social de la humanidad, y no solo de la parte masculina de la misma.

La publicación de las balanzas fiscales autonómicas es una necesidad en un Estado moderno. La información tiene que fluir hacia los ciudadanos para que estos puedan tomar la mejor decisión que consideren y realizar una valoración de sus dirigentes políticos.

Sin embargo, considerar a estas como la única o la principal variable para la discusión del reparto de los recursos estatales nos haría caer en un error de apreciación de la realidad que vivimos.

Como parte de un todo, medir exactamente lo que aporta y recibe cada individualidad es una tarea imposible. ¿Cómo evaluar los recursos que recibe Madrid por ser la capital del Estado? ¿Cómo se mide los beneficios económicos de los pueblos rurales y su contribución al medio ambiente? ¿Cómo hacemos para saber los recursos generados por una determinada institución científica y los empleos que crea en una determinada Comunidad?, etc. Estos son algunos ejemplos de las cuestiones que las balanzas fiscales dejan sin resolver y las realidades que ocultan.

Por otro lado, las economías regionales no son islas autosuficientes, y la actividad económica que en ella se desarrollan son en consecuencia de estar insertadas en un marco más amplio, del Estado y de la Unión Europea.

Un tercer aspecto hace referencia a las características geográficas y poblacionales de las Autonomías. En cuanto a la geografía, este es un factor dado que es imposible modificar, los cursos de los ríos, las costas, la fertilidad del suelo, los minerales, etc., y tiene un gran impacto en la actividad productiva. Los aspectos poblacionales están en buena medida fijados, ya que sus cambios son a largo plazo.

Por ello, en la discusión del reparto del pastel estatal, no es posible basar la argumentación exclusivamente en las balanzas fiscales, es necesario adoptar una visión global del conjunto de la economía, ya que, al fin y al cabo, cuanto mejor estén nuestros vecinos, mejor estaremos nosotros...

Ha escrito el Arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco Vicente, en su carta de este domingo la necesidad de la protección del derecho de objeción de conciencia por parte del Estado democrático moderno para asegurar la libertad de los ciudadanos.

Estoy perfectamente de acuerdo con sus declaraciones. Sin embargo hay un punto que queda sin aclarar. Afirma el prelado “La doctrina de la Iglesia afirma sin titubeos que el ciudadano no está obligado en conciencia a seguir las prescripciones de las autoridades civiles si éstas son contrarias a las exigencias del orden moral, a los derechos fundamentales de las personas o a las enseñanzas del Evangelio. Las leyes injustas colocan a la persona moralmente recta ante dramáticos problemas de conciencia: cuando son llamados a colaborar en acciones moralmente ilícitas, tienen obligación de negarse”

Pero, cuáles son las exigencias del orden moral que llevaría a una persona a oponerse a una ley legitima dictada por los poderes del Estado. No puede ser una moral individual ya que dejar al libre albedrío de cada uno el decidir que leyes cumplir y cuales no en relación a lo que consideremos exigencias de orden moral llevaría indudablemente al caos.

Evidentemente el autor se está refiriendo indirectamente a la moral católica desarrollada por la Iglesia a partir de los Evangelios. Esto nos conduce a un nuevo problema, en el empeño por defender la libertad de las personas, les obligamos a obedecer “nuestra” moral. Esto es una paradoja, serás libre si me obedeces (¿?), solo es bueno lo que yo decreto que es así (¿?), si no haces lo que yo digo me rebelaré contra ti (¿?), etc.

Precisamente, en una sociedad democrática moderna, se intenta evitar este tipo de proposiciones que sólo pueden conducir a un estado de anomia y fragmentación social. El sistema democrático no es perfecto, por supuesto, pero se basa en el diálogo y el consenso de los ciudadanos para determinar en cada momento lo que es necesario, oportuno y bueno (en sentido ontológico) realizar.

En Occidente hemos sido capaces de llegar a un consenso de mínimos sobre los derechos fundamentales del hombre que nos pueden servir de base a partir del cual construir una moral civil que nos sirva de guía para el ejercicio del derecho de objeción de conciencia. Sin embargo, considerar esos derechos como pétreos, inmutables, es un error, son una construcción social en permanente evolución. Su expresión y codificación es relativamente moderna. Por otra parte, sostener como hace la Iglesia y el autor que los mismos fueron, son y serán para siempre, no resiste a la comprobación histórica.

Piensen por ejemplo en la libertad de conciencia, de religión, de opinión y no se remonten a los autos de inquisición de la Edad Media, sino al siglo pasado. La declaración de los derechos del hombre aprobada por las Naciones Unidas son del año 48 y sin embargo, la Iglesia arropó a la dictadura franquista y su violación sistemática de dichos derechos. Las dictaduras sudamericanas y sus violaciones de derechos humanos también fueron “bendecidas” por la Iglesia en épocas más tardías, en la década del '70. Entonces, ¿qué pasó en esos períodos históricos para que la Iglesia no se rebelase contra las violaciones a la moral?

Por lo dicho, el Arzobispo, quizás sin pretenderlo, manifiesta una voluntad antidemocrática y autoritaria, defendiendo su concepción moral como la única valida y verdadera sin derecho a discusión.

En conclusión, es necesario regular y asegurar el derecho de objeción de conciencia, pero sobre una base común aceptada por todos a través de un proceso de diálogo y no de imposición de una religión sobre las demás, por más buena voluntad que tenga.

Habrá que recordarle a la Iglesia una vez más, que nos encontramos en una sociedad democrática moderna y plural, y le guste o no, todos tenemos derecho de opinión sobre lo que consideramos mejor para nosotros y para la sociedad.

Carta Arzobispo de Valencia

Es un dogma de nuestro sistema económico capitalista moderno que, para tener una economía sana y en crecimiento, es necesario contar con un banco central independiente del poder político.

Esto parte de un prejuicio hacia la política en beneficio de la tecnocracia económica. El político, sujeto a los vaivenes electorales, pude tener la tentación de recurrir a mecanismos no ortodoxos dentro del pensamiento económico dominante para financiar sus aventuras, que se presuponen a corto plazo. En cambio, el economista, con su visión a largo plazo y su ciencia, sabe lo que el país y la economía necesita para prosperar.

Nada más lejos de la realidad, ni el banco de bancos mundial, esto es, el FMI, es capaz de detectar a tiempo las turbulencias en la economía global ya que, por mucho que les pese a los economistas, al fin y al cabo su ciencia es social, y aunque tienen un aparato metodológico matemático más desarrollado que el resto de ciencias sociales no deja de estar sujeto al comportamiento de los hombres, los cuales muchas veces no es predecible, al menos con lo que sabemos hay.

Otro aspecto discutible es la supuesta visión a largo plazo y sistémica de los profesionales de la economía. Cabe preguntarse una visión de que. Es evidente que la economía es un aspecto importante en la vida de los ciudadanos, pero no es la única ni de lejos. Las preocupaciones y las necesidades de las personas son variadas y complejas, y una buena performance económica no asegura la felicidad de los mismos.

Además, las preferencias de ellos pueden estar en contra de lo que los tecnócratas recomiendan. Puede que los mismos estén dispuestos a soportar una mayor inflación con tal de tener o mantener un empleo.

Por otro lado, los funcionarios de los bancos centrales y en especial del BCE no tienen una visión global de los problemas sociales, incluidos los económicos, ya que su mandato esta determinado a un microasepcto de los mismos, importante si, pero demasiado acotado, esto es, el control de la inflación.

Por último, el triunfo de la economía sobre la política se materializa en la ausencia de control político de las decisiones de los bancos centrales. No hay ningún proceso por el cual los presidentes o gobernadores de dichos bancos rindan cuentas públicamente de su gestión al frente de los mismos.

En un estado democrático moderno, que amplias zonas decisionales queden excluidas de las preferencias de los ciudadanos mantiene una concepción paternalista del estado, que nos tiene que indicar por donde ir ya que nosotros mismos no podemos hacerlo por no tener los conocimientos suficientes.

Por lo dicho, los bancos centrales tendrían que involucrarse de una manera más global con el desarrollo del país y responder de sus decisiones ante los parlamentos nacionales.

Recientemente ha caído en mis manos el último número de “Cuadernos de Pensamiento Político” de la Fundación Faes que preside el ex presidente Aznar.

Ciertamente no la he leído toda, en parte porque hay asuntos que no me interesan y en parte por falta de tiempo, pero en general los temas tratados son de actualidad, aunque la calidad y el rigor de los mismos por momentos se echan en falta.

Hay un artículo que me interesó en particular y es el que al que me quiero referir. Se titula “El futuro del neoconservadurismo en Estados Unidos” y está escrito por José María Marco que es escritor y profesor de literatura de la Universidad de Comillas.

Uno espera encontrar en el artículo una sonada defensa de la administración Bush y algún nexo de unión con la época del gobierno del PP en España.

Sin embargo, es una crítica a Bush, ahora que su presidencia está a punto de finalizar y los resultados son, incluso para sus más fervientes admiradores, cuanto menos, malos.

El objetivo principal del autor parece ser el de desvincular totalmente a la actual administración republicana de los neoconservadores, y así nos enteramos, ciertamente pasmados, que ni Condoleezza Rice, ni Dick Cheney, ni Donald Rumsfeld y ni siquiera el presidente Bush son neoconservadores. Tampoco lo son importantes intelectuales como Francis Fukuyama.

Tampoco aclara que son, pero por momentos parece que le gustaría al autor decir que son socialistas encubiertos.

También descubrimos en este artículo que los neocon norteamericanos reconocen la necesidad de cierto estado de bienestar y una red universal de asistencia sanitaria (¿?).

En conclusión, con poco rigor y sin aclarar las posturas que sostienen los neocon, el artículo es un intento desesperado de salvar una ideología de su aplicación real, para en el caso de un cambio de administración, pueda mantenerse dicha ideología intacta. Sorprende que aquellos que negaron que el comunismo pudiera ser algo diferente a lo que se realizaba en la antigua Unión Soviética, ahora apelen al mismo argumento para intentar mantener su credibilidad.

Huyamos, ¡¡el barco se hunde!! ¡¡Sálvese quien pueda!!

Si tienen ocasión de leer el artículo, no lo duden ya que seguramente pasarán un buen rato.

La educación se ha convertido en un elemento fundamental en el desarrollo de una sociedad y un estado moderno, tanto desde el punto de vista social como económico.

Con el auge de la globalización, los modelos productivos de los países ha ido variando, y en este sentido, la posición de España dentro del concierto Europeo también.

En el actual contexto económico, nuestro país no puede competir a nivel mundial con bajos costos laborales o tipos de cambio favorables ya que se encuentra inmersa en el contexto del euro por una parte, y con competidores con menores costes como en Europa del Este y las regiones en desarrollo como India, China y Brasil.

Los principales países de nuestro entorno ya se dieron cuenta de este fenómeno y sus políticas se encaminan a lograr un diferencial de competitividad en los campos del I+D+i.

El elemento primordial que permite desarrollar estas capacidades en la educación. Pero no ya la educación entendida como alfabetización decimonónica, sino la educación para la ciencia. ¿Qué distingue una de la otra? El razonamiento científico y el desarrollo de la capacidad crítica del individuo.

Si a los alumnos les ocultamos parte de la realidad que van a afrontar en el mundo porque esta no se adapta a nuestras concepciones morales, o no les enseñamos cuales son sus deberes y obligaciones para desenvolverse en un contexto democrático, flaco favor les estamos haciendo a los mismos, al desarrollo de nuestra sociedad y a nuestro bienestar económico.

El enseñar ideas preconcebidas, el intentar transformar nuestra subjetividad particular en una objetividad independiente y autónoma, en definitiva, en perpetuar nuestros prejuicios no prepara a los jóvenes para competir y realizarse en un mundo multicultural, ni mucho menos en conseguir un espíritu crítico y un razonamiento independiente.

Estas son algunas de las bases por las cuales es necesaria materias como educación para la ciudadanía en la enseñanza obligatoria en España.

En el Congreso del Partido Socialista que se se está llevando a cabo en estos días en Madrid, las bases del partido proponen un giro de la política sostenida por este hacia la izquierda, recuperando valores e ideas que parecían aparcadas desde el surgimiento de la “tercera vía” de Blair encaminadas a ganar el centro al resto de formaciones políticas.

Uno de los valores fundamentales que se pretende rescatar reflejados en las propuestas de los compromisarios es la centralidad del hombre y la confianza en su sentido de la responsabilidad. Qué otra cosa son sino los temas del aborto o la eutanasia, en donde se le confiere el poder de decisión a la persona, o defender la laicidad del Estado para preservar la autonomía de este y por ende de los ciudadanos a la hora de decidir sus opciones de vida en un Estado democrático.

Esta es una idea fuerza de primer orden en el pensamiento progresista. El hombre como protagonista de la historia y forjador del cambio remarca la responsabilidad del mismo con el desarrollo social. Por ende, no nos podemos sustraer de las consecuencias de nuestros actos, no podemos transferir a otros la responsabilidad y nos lleva a actuar activamente en nuestro entorno para conseguir un mundo más justo y mejor para nosotros y nuestros hijos.

En definitiva, nosotros y sólo nosotros somos los hacedores del futuro que les dejaremos a nuestros hijos, y como personas responsables, queremos que este sea el mejor de los futuros posibles, intentando preservar el máximo ámbito de libertad para que ellos se desarrollen como mejor les parezca y puedan crear a su vez el mejor de los futuros para sus hijos.

Estas posiciones chocan frontalmente con las ideas conservadoras y eclesiásticas. No en vano, ambas organizaciones lucharon y luchan en la actualidad por contrarrestar este principio, aunque en el discurso que mantienen, quieren hacer creer que les preocupa la centralidad del hombre.

Así por ejemplo, la derecha mantiene que el ciudadano ha de ser libre para tomar sus decisiones económicas, sustrayéndola del ámbito del Estado, o sea de la política. Esto entraña una lógica no manifiesta. Esto es, se sustrae este ámbito de decisión de la política, en donde el hombre es el protagonista, para encuadrarlo dentro de la economía, en donde, nos dicen, una mano invisible nos conducirá al desarrollo. Una apelación a mecanismos externos y “naturales” dentro de lo cual, hagamos lo que hagamos, igualmente progresaremos. Esto transfiere la responsabilidad a esas instituciones, generando una necesidad de beneficio a corto plazo y despreocupándose por el futuro y las consecuencias de nuestros actos, ya que el mercado se regulará a sí mismo.

Por otro lado, la Iglesia proclama la centralidad del hombre en la creación, siempre y cuando, este se amolde a los cánones que la misma dicta, se comporte según manda, y no sea protagonista de su historia, ya que, reduce el ámbito de decisión libre a la mínima expresión. Basta con ser bueno para asegurarse la salvación, sin necesidad de realizar nada más ni de contribuir al desarrollo social.

Por ello, abogamos por recuperar la idea de hombre libre y responsable como principio guía de las políticas progresistas a proponer y adoptar.

Leía esta mañana las noticias de la visita de la Presidenta de la Comunidad de Madrid y su Consejero de Sanidad a un hospital madrileño en donde se encontraron con un grupo de trabajadores que les abuchearon.

Los insignes políticos se encararon con las personas, y la Sra. Aguirre les espetó que les pagaban para protestar. El Consejero, yendo más allá, manifiesta que a esas personas de los sindicatos, les pagan por no trabajar, e insultan a la magnánima presidenta que ha ganado democráticamente unas elecciones.

Me gustaría hacer algunas reflexiones sobre estas declaraciones. Estos dirigentes ya nos tienen acostumbrados a una verborrea agresiva, creyendo tal vez, que la mejor defensa es un ataque, con lo que no hacen más que reflejar un andamiaje intelectual, cunado menos, de dudosa “calidad”.

Podremos compartir o no las ideas de determinado sindicato, sus modos de actuación o sus reivindicaciones, al igual que con un partido político, pero no podremos cuestionar su legalidad, ya que nuestras leyes así lo establecen, ni su legitimidad, ya que como actores sociales y políticos, constituyen una de las bases fundamentales de los sistemas democráticos modernos, y repetimos, al igual que los partidos políticos.

Los dirigentes sindicales son liberados, esto es, no tienen que trabajar en su puesto de trabajo, ya que su actividad es la de representar a los intereses de los trabajadores. Por esto le pagamos, no por no hacer nada. Si utilizamos la lógica “güemiana”, a él, a su presidenta, a los consejeros, a los diputados, a los senadores, en general, a todos los cargos públicos, y especialmente a los cargos de partidos políticos, también les pagamos por no hacer nada. Ya que en su lógica, representar, organizar y tomar decisiones no es un trabajo, no entiendo por que le pagamos a él. Debería dimitir inmediatamente para salvaguardar su honor e irse a “trabajar”.

Por otro lado, y respecto a su segunda declaración, estoy hastiado de las apelaciones a ganar elecciones por parte de nuestros políticos, especialmente los del PP. El ganar unas elecciones no otorga una patente de corso a los triunfadores, y mucho menos otorga el don de la infalibilidad y la verdad absoluta.

El proceso democrático bien entendido, es un proceso basado en el diálogo y el debate, y está fundamentado en las cámaras de representantes de los ciudadanos. El Ejecutivo es un poder que debe someterse al escrutinio cotidiano de los representantes de la soberanía popular, que para eso han sido elegidos. De otra forma, si la democracia fuera lo que aparenta entender este Consejero, nos podríamos ahorrar los parlamentos y elegir una especie de dictadura cuatrienal de Presidentes...

Creo que a nadie, ni a los más exaltados de la Cope, se les ocurriría proponer un sistema así...

Noticia El País

En primer lugar, quisiera dejar claro mi postura europeísta. Soy un convencido de la construcción europea, de su necesidad y de las ventajas que esta nos aporta.

Sin embargo, abogo por una Europa social y política, que supere la mera integración económica, ya que el verdadero valor y potencialidad del continente está en su diversidad y empuje cultural.

Desde esta perspectiva, me preocupa la calidad de la democracia de la Unión y las decisiones que en este ámbito se toman. En especial me preocupa los mecanísmos de responsabilización de las decisiones políticas que toman estas personas y nos afectan a todos, lo que los anglosajones denominan “accountability”.

Si aceptamos la premisa que las decisiones políticas deben tomarse en el nivel de gobierno más cercano posible al ciudadano para que así este tenga la capacidad de influir en los asuntos que le incumben y ejercitar el derecho a responsabilizar y premiar o castigar, según corresponda, a los cargos electos, ¿por qué en Europa las decisiones las toman un grupo de personas totalmente irresponsables desde la perspectiva electoral?

Es más, las decisiones que ningún gobierno estaría dispuesto a adoptar en su ámbito interno debido a las consecuencias electorales que pudieran acarrear, las pueden tomar en Europa y luego, aprovechando esa coartada, trasponerla a la legislación interna con el argumento que es una decisión europea. De esa forma puede tomar las desiciones impopulares sin pagar el coste político que las mismas tendrían.

Estas actitudes no ayudan a construir Europa, la alejan del ciudadano común, y en definitiva, agrandan el descrédito de las instituciones europeas y fomentan el euroescepticismo que vemos proliferar en algunos países que, curiosamente, más se han beneficiado de la construcción de la Unión.