libertas

Estaba cantado: ni brotes verdes ni cumplimiento del déficit. La Sra. Salgado se ha lucido. Ni como Ministra de Economía, ni como intérprete de la realidad, ni como adivina acertó. Con esos antecedentes uno se lo debería pensar mucho antes de contratar sus servicios profesionales en esa consultoría que acaba de montar saltándose, por cierto, la Ley de Incompatibilidades. Lo cierto es que España no cumplió en 2011 con sus compromisos sobre el déficit y éste ha terminado situándose en el 8,51 %.

Esto significa que para cumplir con el objetivo pactado con la Unión Europea de un déficit del 4,4 % en el año 2012 hay que hacer recortes en las cuentas públicas por valor de 41.000 millones de euros, que se dice pronto. Como ya el nuevo Gobierno realizó ajustes en diciembre del año pasado son 25.000 millones adicionales los que han de recortarse en el gasto público para el año 2012. ¿De dónde sacar estos 25.000 millones de euros? Difícil papeleta.

Si el Gobierno opta por volver a aumentar la presión fiscal incumpliendo sus promesas electorales, el consumo volverá a caer y, con ello, no se hará otra cosa que aumentar el paro y a más paro, más prestaciones sociales y, por tanto, más gasto público. Además, la inmensa mayoría de las familias españolas ya están hasta el cuello, ya no pueden apretarse más el cinturón por lo que no parece que una mayor presión fiscal sirva a medio plazo para mejorar las cuentas públicas. Por tanto, parece que la única opción razonable es la de seguir por la vía de los recortes, de la reducción del gasto público y ahí es donde empiezan los problemas. Hay al menos tres áreas vitales en las que las tijeras de los recortes no deberían entrar: la sanidad, la educación y los servicios sociales. Deberían ser tres pilares intocables para cualquier gobierno salvo que no se asuma que hacerlo es dinamitar la cohesión y la paz social.

Es evidente que para la clase política las prioridades y las necesidades no son las mismas que para la inmensa mayoría de los ciudadanos corrientes y que, por tanto, su percepción sobre lo que puede ser o no prescindible es muy diferente a la del común de los mortales. Sin embargo, o la clase política realiza un esfuerzo por situarse en el lugar de los ciudadanos o éstos terminaremos por poner a la clase política donde no puedan seguir dañando a quienes les sostenemos.

Priorizar los recortes es difícil, a nadie se le escapa, pero hay algunos ejemplos de por dónde se puede ir metiendo la tijera. Las televisiones públicas, las dependientes de comunidades autónomas y ayuntamientos, son un buen ejemplo de áreas perfectamente prescindibles. Su reducción o desaparición no mermarían la calidad de vida de los ciudadanos. En 2011, las televisiones públicas costaron más de 2.000 millones de euros a los contribuyentes y arrastran, además, una deuda superior a los 1.500 millones de euros. Hay Comunidades Autónomas que cuentan con más de 4 canales públicos y simultáneamente están recortando prestaciones sanitarias ¿es lógico? Sin ir muy lejos, Canal 9, cuenta con más empleados que Tele 5, Antena 3 y la Sexta juntas y su nivel de audiencia es mínimo. ¿Tiene sentido mantener a este mastodonte mientras no se paga a los farmacéuticos? ¿Se puede vivir sin canales autonómicos? Sí, sin duda.

Otro caso de áreas públicas prescindibles son las seudo embajadas de las Comunidades Autónomas, esas mini oficinas que, prescindiendo de las competencias exclusivas del estado en materia de representación diplomática, han ido abriendo las CCAA en diferentes ciudades del mundo y que nos cuestan cerca de 200 millones de euros anuales. Hay más de 200 de estos chiringuitos por el mundo e incluso la Generalitat Valenciana cuenta con 23 de ellos mientras tiene dificultades para pagar la calefacción de algún instituto. ¿Es lógico?

Un último ejemplo de un campo en el que poder meter la tijera es el de los asesores y cargos de confianza de los políticos. No, no es el chocolate del loro como piensan algunos. Estamos hablando de varios miles de puestos creados, en la mayoría de las ocasiones, para repescar a políticos rechazados por las urnas, para colocar a compañeros de partido o simplemente a familiares. Que un Ayuntamiento como el de Alicante, con 29 concejales, cuente con cerca de 80 asesores políticos es una vergüenza y una burla a los contribuyentes. ¿Qué ocurre? ¿Qué los concejales electos son unas verdaderas nulidades y necesitan estar asesorados para hacer su trabajo? Porque si es así más vale que se vayan a su casa y dejen a personas más competentes sus tareas. Pero no, no es esa la razón, sino el abuso de los medios públicos para la satisfacción de intereses partidistas o particulares.

Recortar parece que hay que hacerlo, áreas prescindibles para hacerlo sin perjudicar a los ciudadanos también existen. Ahora toca sentido común y decencia.

Santiago de Munck Loyola