DIVERSIDAD FUNCIONAL

Pocas leyes han encontrado un consenso social tan grande respecto a los objetivos que persigue como la de Dependencia. El reconocimiento y la ayuda económica a las familias que tienen a su cargo personas con algún tipo de minusvalía, lo que les impide integrarse con normalidad en el mundo laboral, ha sido unánimemente aplaudido, al intentar acabar con una situación de desigualdad en estos hogares. Pero la bien intencionada norma que impulsó el Gobierno central está planteando muchos problemas a la hora de ser puesta en práctica por las comunidades autónomas, que tienen transferida la competencia para su ejecución pero que no disponen -según sus responsables políticos- de los suficientes fondos para hacerla efectiva.

El Consell que preside Francisco Camps está abanderando una ofensiva con otras comunidades dirigida a conseguir más recursos económicos para la aplicación de la ley. Y en esa ofensiva no hay colores políticos, como no los hubo recientemente para ponerse de acuerdo con Cataluña a la hora de reclamar un nuevo sistema de financiación basado en la población. El vicepresidente social del Consell, Juan Cotino, ya ha hablado con los responsables autonómicos de Cataluña y Aragón -gobernadas por los socialistas- y con los de Madrid, Murcia y Castilla y León, donde gobierna el PP.

La ley de Dependencia corre el riesgo de repetir los errores que se registraron con la transferencia de la sanidad a la Generalitat, que no estuvo acompañada de la suficiente dotación presupuestaria, lo que ha acabado por provocar un desequilibrio en las cuentas autonómicas. El escaso tiempo transcurrido entre su aprobación y el comienzo de su ejecución por las administraciones periféricas ha dejado a estas con escasa capacidad de respuesta y necesitadas de un nuevo marco de financiación que haga posible atender todos los casos previstos en la normativa.

Lo que está sucediendo con esta ley demuestra, en definitiva, la necesidad de que el Gobierno de Rodríguez Zapatero acometa sin más dilación la negociación con las autonomías del nuevo sistema de financiación. Un sistema que, por lógica, debería tener en cuenta que las regiones más pobladas y que en los últimos años han recibido más inmigrantes, como la Comunitat, necesitan más fondos públicos. La ley de Dependencia, necesaria para intentar aliviar las penurias económicas de muchas familias españolas, requiere por parte del Gobierno algo más que buenas palabras. Necesita dinero para que las comunidades autónomas la apliquen.