DIVERSIDAD FUNCIONAL

La petición la ha formalizado Antonio Moreno, presidente de Papàs de Àlex, una asociación que reúne a padres y madres de niños discapacitados.

Moreno ha presentado una denuncia ante un Juzgado de lo Social de Barcelona, que ya ha sido admitida a trámite, en la que solicita que el departamento de Acción Social y Ciudadanía de la Generalitat le abone a su hijo, calificado de gran dependiente, las prestaciones económicas desde la entrada en vigor de la Ley de Dependencia en enero del 2007 y no desde mayo, cuando la reconoció.

En declaraciones a Efe, Antonio Moreno ha explicado que la administración catalana "restringió" el derecho a pedir la prestación de dependencia al 21 de mayo del pasado año, "desconociendo el motivo y sin justificación alguna", cuando en teoría su hijo tenía derecho a recibir su prestación a partir de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, el 2 de enero.

Antes de acudir a los tribunales, el presidente del Colectivo de Papàs de Àlex presentó una reclamación ante la Generalitat de Cataluña, en la que indica que la Ley de Dependencia, aprobada el 14 de diciembre de 2006, ha tardado en desarrollarse en las comunidades autónomas pero que "el administrado no es culpable" de estas demoras.

En Navarra, por ejemplo, se empezaron a otorgar programas de individualización a grandes dependientes en marzo del pasado año, casi dos meses antes que en Cataluña.

Este hecho, argumenta el asesor legal de Moreno, supone un quebranto del principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución española.

"La información que facilita la Generalitat en este sentido -considera Moreno- confunde a los solicitantes y les insta a que no presenten las demandas de ayudas hasta el mes de mayo, fecha desde la cual también reconoce las prestaciones, y no desde enero, como reconoce la ley".

En el caso del hijo de Antonio Moreno, éste pide ante los tribunales que se le retribuyan los atrasos correspondientes a la prestación de cuidador no profesional por importe de 487 euros al mes que se le ha reconocido por los cuatro meses (enero a abril) que no se le han abonado, que asciende a un total de 2.435 euros más los intereses legales que correspondan.