EL MUNDO DE LA RADIO

El pasado 01 de enero empezó sus transmisiones “La Perla del Dial” en 1330 Khz.- Así se llama la nueva radio que se mueve en el 133 AM y que transmite solo música chilena dentro de todo el país. No se remite a ningun estilo en particular sino que abarca a todos las bandas y artistas nacionales, desde la nueva ola hasta el heavy metal. También se puede seguir la programación desde www.laperladeldial.cl

Después de siete años de espera, las Radios comunitarias de Chile celebran que el gobierno de Michelle Bachelet haya enviado al parlamento un proyecto de regulación del funcionamiento de esta actividad e impulsa su desarrollo. Pero están
conscientes de que deberán sortear escollos en el camino. La norma a discutir era un gran anhelo, señaló a IPS Alberto Cancino, presidente de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile (Anarcich), que agrupa a 200 de estos medios.

Según la legislación vigente, el Estado chileno está facultado para entregar concesiones sobre el espacio radioeléctrico a dos tipos de Radios: las comerciales y las ´de mínima cobertura´ o también conocidas como comunitarias.

Actualmente hay cerca de 400 concesiones otorgadas a estas últimas, cuyos dueños son centros culturales, deportivos, vecinales, iglesias cristianas, universidades, instituciones educativas, además de municipios y empresas limitadas.

El problema radica en tres aspectos: tienen una capacidad máxima de un vatio de
potencia, que equivale a una cobertura de dos cuadras a la redonda, la concesión dura sólo tres años y tienen prohibición de difundir propaganda de cualquier especie. A grandes rasgos, el proyecto establece que las Radios comunitarias dispondrán de una potencia máxima de 25 vatios, con una altura de antena de hasta 18 metros, lo cual, dependiendo del lugar, permitirá cubrir desde una comuna hasta una región.

Excepcionalmente, podrán ampliar la potencia hasta 40 vatios en zonas fronterizas o aisladas. Además, las concesiones se ampliarán de tres a 15 años y se adjudicarán vía concurso público a organizaciones de la sociedad civil, es decir, a
personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Esto excluye a los municipios y a las empresas limitadas. Una vez expirada la concesión, las agrupaciones de la sociedad civil tendrán derecho preferente para renovarla.