EL MUNDO DE LA RADIO

El Ministerio de las Comunicaciones publicó un nuevo aviso de habilitación de radios comunitarias para atender a 950 ciudades. Sin embargo, los procesos de adjudicación de los permisos se extienden por años.
De acuerdo con el coordinador jurídico de la Asociación Brasileña de Radios Comunitarias (Abraço), Joaquim Carvalho, la ley que reglamenta las radios comunitarias ya tiene nueve años y, hasta este último anuncio del ministerio, en aproximadamente el 20 por ciento de los municipios ni siquiera existía la posibilidad de expresar el interés por estas radios.

El Senado uruguayo aprobó un proyecto de ley que promueve y garantiza el funcionamiento de radios y canales de televisión comunitarios, que ahora regresa a Diputados, en revisión, con la expectativa de que quede sancionado antes de fin de año.

La norma fue aprobada por 17 votos entre 28 presentes. La apoyaron todos los legisladores de la coalición de izquierda gobernante, Frente Amplio, y se pronunciaron en contra los opositores de los partidos Blanco y Colorado, conservadores. El proyecto establece como radiodifusión comunitaria "el servicio no estatal de interés público, prestado por asociaciones civiles sin fines de lucro con personería jurídica o por aquellos grupos de personas organizadas que no persigan fines de lucro".

El senador Gustavo Penadés, del partido Nacional (conservador), cuestionó este punto y conjeturó que Uruguay "está por caer en un caos en el tema de los medios de difusión". El senador comunista Eduardo Lorier dijo a ANSA que el proyecto "dio vía jurídica a algo que de hecho existía" y explicó que un consejo consultivo integrado por actores públicos y privados "será el encargado de garantizar que los medios comunitarios no se salgan de sus cometidos". Un tercio de las ondas de radio AM, FM y también de televisión abierta serán reservadas de ahora en más para estos medios, que tendrán la misma categoría que los comerciales o estatales.

Las radios comunitarias no podrán realizar proselitismo político partidario o religioso "ni promover la discriminación de raza, etnia, género, orientación sexual, religión, edad o de cualquier otro tipo", propone el texto. MZU

Ansalatina.com

Después de siete años de espera, las Radios comunitarias de Chile celebran que el gobierno de Michelle Bachelet haya enviado al parlamento un proyecto de regulación del funcionamiento de esta actividad e impulsa su desarrollo. Pero están
conscientes de que deberán sortear escollos en el camino. La norma a discutir era un gran anhelo, señaló a IPS Alberto Cancino, presidente de la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile (Anarcich), que agrupa a 200 de estos medios.

Según la legislación vigente, el Estado chileno está facultado para entregar concesiones sobre el espacio radioeléctrico a dos tipos de Radios: las comerciales y las ´de mínima cobertura´ o también conocidas como comunitarias.

Actualmente hay cerca de 400 concesiones otorgadas a estas últimas, cuyos dueños son centros culturales, deportivos, vecinales, iglesias cristianas, universidades, instituciones educativas, además de municipios y empresas limitadas.

El problema radica en tres aspectos: tienen una capacidad máxima de un vatio de
potencia, que equivale a una cobertura de dos cuadras a la redonda, la concesión dura sólo tres años y tienen prohibición de difundir propaganda de cualquier especie. A grandes rasgos, el proyecto establece que las Radios comunitarias dispondrán de una potencia máxima de 25 vatios, con una altura de antena de hasta 18 metros, lo cual, dependiendo del lugar, permitirá cubrir desde una comuna hasta una región.

Excepcionalmente, podrán ampliar la potencia hasta 40 vatios en zonas fronterizas o aisladas. Además, las concesiones se ampliarán de tres a 15 años y se adjudicarán vía concurso público a organizaciones de la sociedad civil, es decir, a
personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Esto excluye a los municipios y a las empresas limitadas. Una vez expirada la concesión, las agrupaciones de la sociedad civil tendrán derecho preferente para renovarla.