La última cruzada
La presencia de la religión en las escuelas españolas no parará nunca de dar problemas. Y muchos más provocará a la larga si se mantiene y no se busca una solución clara, seria y definitiva a la actual situación. No me refiero sólo a la enseñanza de la religión (que también) sino a la presencia de los crucifijos y otros símbolos religiosos en los centros, sean públicos o privados concertados (es decir, financiados por todos los españoles). En la existencia de dos redes de escuelas, las públicas y privadas concertadas, que están obligados legalmente a integrar por igual a los alumnos con dificultades educativas, y entre los que se encuentran multitud de estudiantes inmigrantes que llegan con carencias o con necesidad de apoyos en algunas asignaturas, está el nudo gordiano de esta cuestión.
¿Es compatible en la práctica la “aconfesionalidad” que defiende la Constitución española con la existencia de la red concertada con ideario católico, que en muchas comunidades autónomas ronde el 50% de todos sus centros? Todo hace pensar que no. ¿Qué va antes el respeto al ideario del centro católico o al de los alumnos inmigrantes, por ejemplo, musulmanes, que, por el razonable reparto de alumnos entre las dos redes, deben estar escolarizados tanto en centros públicos como concertados? Es indiscutible que hay que respetar el ideario de los centros católicos, porque, además, lo dice la ley.
El problema es el sistema, la raíz de esta cuestión está en que cuando se creó la segunda red, la concertada, no se pensó en las consecuencias que podría tener su gran crecimiento décadas después. Sin ese reparto de estudiantes inmigrantes entre redes, que es una falacia en muchísimos casos, los centros públicos se saturan de alumnos con dificultades de aprendizaje, para desesperación de los docentes, directores de centros, padres de alumnos y con la colateral y perniciosa consecuencia de la huída de la clase media a la privada concertada.
La educación es el mejor (muchas veces el único) elemento corrector de los problemas que tienen que ver con el aprendizaje del respeto a los derechos y libertades de los demás. Si los niños y adolescentes viven ya controversias, enfrentamientos o problemas relacionados con el respeto a las creencias de todos, ¿qué no puede pasar cuando sean adultos? ¿Más guerras sociales por la religión? Porque el número de alumnos inmigrantes, procedentes de otras culturas y, en muchos casos, de otras religiones, crece cada año en España. En la actualidad, el 45% de los niños inmigrantes proceden de Latinoamérica, el 20,6 de África y el 29% de otros países de Europa.
La etapa en la escuela (de los 6 a los 16 años, como mínimo en España) debería ser una bonita fase de aprendizaje, de contenidos y también y de convivencia y respeto a los demás, para todos los menores. ¿Es respetuoso escolarizar a un niño musulmán en una escuela con crucifijos? En la pública, no cabe la menor duda de que no, porque lo ha dicho el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, y porque lo dicta la más pura lógica y el sentido común en una España como la actual, cada vez más multicultural, cada vez más global. En la concertada católica, ¿lo es? Lo suyo sería, también por lógica, escolarizar a los niños de otras religiones en centros aconfesionales o con un ideario de acuerdo con sus creencias y las de sus familias. Algo imposible en la red concertada actual. ¿Hay que resignarse entonces a que la red pública asuma todo el peso de esa escolarización? De los 7,6 millones de alumnos no universitarios que hay en España este curso, algo más 750.000 son inmigrantes. De media, el 67,3% están en centros públicos, aunque, como decía hay muchas diferencias entre comunidades. El País Vasco es la comunidad con menos porcentaje de pública (el 49,6%), seguida de Madrid (53,7%) y Cataluña (63%). Las que más escolarización pública tienen son Castilla La-Mancha (82,5%), Extremadura (79%), Canarias (77%) y Andalucía (74,8%).
La respuesta fácil es que crezcan los centros públicos. Pero la realidad es que no ocurre ni parece que vaya a ocurrir. Las competencias son de cada comunidad autónoma y muchas (como las de Madrid, Cataluña o el País Vasco) tienen casi tantas escuelas concertadas católicas como públicas. Andalucía, por ejemplo, mantiene una clara apuesta por la red pública. Pero a estas alturas, después de décadas de coexistencia y con unos 2,5 millones de niños estudiando en la concertada, tampoco sería una solución razonable pedir la desaparición de esta red o quitarle el apoyo a unos centros que educan a una parte importante de la población escolar.
Había que haberlo pensado antes. No es consuelo, pero así es, dicen muchos expertos. De lo que no cabe duda es de que los centros públicos deben respetar las creencias de toda la población evitando cualquier símbolo religioso, un crucifijo, o el que sea. La solución en el caso de la concertada, respetando el ideario de todos, resulta tan complicada como necesaria.
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