Entrenamos a las diez

G.C.
Se aprueba una propuesta intermedia de marcas mínimas más exigentes que las de ahora, pero repescando hasta un número fijo y máximo de atletas por prueba en función al Ranking de la temporada. Es decir, no permitir más de un número prefijado de atletas en cada una de las pruebas. Una propuesta que rompe con el sistema de clasificación fijado hasta la fecha en la que solo se tienen en consideración las marcas mínimas.

El primer Consejo de Ministros ordinario de la legislatura ha dado luz verde al real decreto que permitirá llevar a Barcelona agua procedente de los excedentes de los regantes del delta del Ebro, tal como pactó el martes la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, con la Generalitat de Cataluña. En rueda de prensa tras la reunión de los ministros, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega ha calificado esta medida como "una solución de emergencia" y "temporal" y ha rechazado que la medida responda a un "trasvase" debido a que lo único que se va a hacer es una "conducción" hacia Barcelona de agua del Ebro ya en circulación.
De la Vega ha anunciado que la obra para llevar agua del delta del Ebro hasta Barcelona estará finalizada alrededor del mes de octubre y costará 180 millones de euros. La vicepresidenta del Gobierno ha querido destacar que esta "conducción" no va alterar el delta del Ebro, de la que no se va a extraer "ni una sola gota"; no tendrá impacto medioambiental alguno debido a que se aprovechará el trazado de la AP-7, y que "el mismo sistema" se utilizó ya para llevar agua a Benidorm de 1999 a 2001 y a 1,5 millones de valencianos entre 2006-2007 sin "controversias políticas".
De la Vega ha aprovechado la rueda de prensa para expresar que es "lamentable" que se intente humillar a los barceloneses con lo que los valencianos ya tienen, en referencia a las protestas de los Gobiernos de Valencia y Murcia contra la medida adoptada por el Ejecutivo socialista. De la Vega ha querido además aclarar que es "responsabilidad del Gobierno que todos compartamos los recursos". La portavoz del Gobierno ha cifrado en cinco millones de personas las que podrían verse afectadas por la carencia de agua.
"No a la guerra"
De la Vega ha insistido en que lo aprobado hoy es igual a lo que se ha hecho en otras ocasiones en Valencia, Alicante, Almería o Murcia y que lo volverán a hacer en cualquier región de España si vuelve a haber problemas.
Respecto al posible recurso de Valencia y Murcia al Constitucional en contra del real decreto, la vicepresidenta ha afirmado que "el Gobierno no apuesta por la guerra en ningún caso porque no es la solución sino el problema. En este sentido, De la Vega ha aclarado que la medida es "perfectamente constitucional".
En este contexto, el Gobierno ha nombrado hoy a un socialista catalán, Josep Puxeu, responsable de la política del agua, ya que ocupará el cargo de secretario de Estado de Medio Rural y Agua. Además, Teresa Ribera, hasta ahora directora general de la Oficina Española de Cambio Climático, ocupará la nueva Secretaría de Estado de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino. Nacida el 19 de mayo de 1969, Ribera es licenciada en Derecho.
De Tarragona a Abrera
La obra conectará la cuenca del Ebro hasta Barcelona mediante una tubería de acero de un metro de diámetro y 62 kilómetros de longitud, que transcurrirá soterrada en paralelo a la AP-7, entre Tarragona y la depuradora de Abrera. A través de esta infraestructura se trasvasarán 50 hectómetros cúbicos.
La ministra Espinosa convocó ayer a todas las comunidades para explicar, al término del Consejo de Ministros, los detalles de las medidas que acuerde el Gobierno. Previamente, los presidentes autonómicos de Valencia y Murcia, Francisco Camps y Ramón Luis Valcárcel, habían anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional y a la movilización social para que el agua del Ebro se trasvase a sus comunidades.
Agua "garantizada" en Valencia
Po otro lado, también hoy, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, ha afirmado que la situación de sequía en la Comunidad Valenciana es "radicalmente diferente" a Barcelona, al asegurar que "estamos muy lejos de tener problemas para el abastecimiento humano". Moragues ha afirmado que, a pesar del estado de emergencia en el sistema Júcar, el abastecimiento en industria y ciudades "está totalmente garantizado", y ha señalado además que los regantes del Turia "tendrán la misma agua que tuvieron el año pasado tanto superficial como subterránea".
Moragues ha hecho estas declaraciones aprovechando el anuncio de que, a partir del 30 de junio y hasta el 30 de septiembre, no habrá tomas de agua superficial del Júcar en la zona de Albacete para aquellos agricultores que no han entrado en ofertas públicas de adquisición de derechos de agua. Según la medida aprobada por la Comisión Permanente de Sequía reunida en Valencia, estas restricciones, que afectarán a cerca de 5.000 hectáreas de las 28.000 existentes en la Mancha Oriental, incluyen también la extracción subterránea en esa zona.

Zapatero irá a Marruecos en mayo
El primer viaje oficial del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su segunda legislatura será en mayo a Marruecos. Así lo ha informado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. La fecha concreta no ha sido precisada. El vecino del Sur ya fue el primer país extranjero que visitó Rodríguez Zapatero en su anterior mandato, con lo que cumplió así con la tradición de sus antecesores. De la Vega también ha informado de que la agenda internacional a corto plazo del presidente incluye su participación en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la UE y América Latina y el Caribe, que se celebrará en Lima (Perú) el 16 y 17 de mayo. Entre los objetivos de la política exterior española para los próximos cuatro años están: reforzar el papel en la UE y las relaciones con Iberoamérica, Estados Unidos y el norte de África.

(publicado en el pais.com)

El director y el jefe de protección de la central nuclear de Ascó han sido destituidos por el escandaloso incidente ocurrido en la central el pasado mes de noviembre. Los responsables de la planta consideraron una fuga radiactiva a la atmósfera como un incidente menor, pero el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) decidió la semana pasada que estamos ante uno de los cuatro incidentes más graves de la historia de las nucleares en España.
La conducta de la dirección de la central ha sido irresponsable; se permitió incluso la visita de un grupo de alumnos de un colegio en contra de elementales consideraciones de prudencia. El CSN no se anda con rodeos al describir el comportamiento de la dirección y sus engañosos informes: "Inadecuado control del material radiactivo" e "información incompleta y deficiente". La destitución está pues más que justificada; pero la gravedad de los hechos reclama una investigación seria para aclarar si la responsabilidad del incidente debe acabar aquí o, por el contrario, debe alcanzar a otras instancias.
De la investigación de esta fuga nuclear debe deducirse, además de las urgentes aclaraciones técnicas, el grado de conocimiento que tenía la Junta de Administradores de la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs, la sociedad responsable de la central, de la gravedad del incidente. Si se actuó con negligencia, las autoridades públicas deben exigir más destituciones. Sería lógico que la presidenta del CSN, Carmen Martínez Ten, compareciera en el Congreso en cuanto disponga de la información necesaria para explicar esta intolerable ocultación de pruebas.
La clave de las explicaciones políticas ha de centrarse en cómo es posible articular sistemas de seguridad en las nucleares que eviten la ocultación interesada, por cálculo económico o por miedo a las repercusiones políticas, de los incidentes radioactivos. Las sanciones a posteriori están bien y en esta ocasión debería aplicarse una a la medida de su extrema gravedad. Pero la opinión pública miraría con menos aprensión la energía nuclear si se evitaran disparates como el presente: la gravedad de un escape radiactivo se oculta durante meses; sólo sale a la luz por la denuncia insistente de un grupo ecologista; y finalmente se destituye a los responsables directos después de la airada exigencia de dimisiones realizada por 14 ayuntamientos tarraconenses.
En materia tan delicada como la seguridad nuclear, los incidentes deben ser evitados, en la medida de lo posible, más que sancionados. La tecnología nuclear dispone de sofisticados sistemas de seguridad para evitar cualquier daño humano o medioambiental. Cuando se aplica con criterio y prudencia, la generación electronuclear es tan segura como la hidráulica. La salud de los ciudadanos debe estar por encima de la rentabilidad económica. La credibilidad de la energía nuclear -y necesita mucha- sufre de forma innecesaria con comportamientos tan desdichados como el de Ascó.

(publicado en el pais.com)

Una de las primeras medidas que Rodríguez Zapatero adoptó tras llegar al poder en 2004 fue la derogación del trasvase del Ebro, que iba a abastecer de agua a Valencia, Murcia y Almería. Nació en ese momento una nueva cultura del agua, dispuesta a apostar por la desalinización y el ahorro y no por los trasvases.
Cuatro años después, una de las primeras medidas del segundo ejecutivo que preside Zapatero es aprobar un trasvase de agua del Ebro a Barcelona. Es una contradicción aparente que se diluye cuando se estudian las diferencias entre ambas actuaciones. El trasvase a Barcelona aprovechará aguas sobrantes de los regantes de Tarragona y no tocará el caudal del río, será temporal (hasta que se acabe de construir una desaladora) y, lo más importante, transportará agua que sólo se utilizará para beber.
El trasvase planificado, defendido e incluso iniciado en la época de Aznar con destino al levante y sureste peninsular era una obra de gran envergadura y se concibió como la solución definitiva a la sequía. Además, iba a arrebatar 1.000 hectómetros cúbicos al Ebro, poniendo en peligro sus ecosistemas. En cuanto al destino que habría corrido el agua trasvasada, no sólo se utilizaría para beber: también para otros usos, como el agrícola.
Diferencias entre el trasvase derogado a Valencia y el aprobado a Barcelona
Una solución provisional frente a una definitiva
El trasvase a Barcelona es provisional y de emergencia. El agua se dejará de bombear por la cañería (que no se desmontará) cuando la sequía remita o Barcelona tenga otras vías de abastecimiento (la desaladora que abastecerá la ciudad se abrirá en la primavera de 2009). Después se dejará de bombear y sólo se volverá a hacer en caso de emergencia y de que lo acuerden Madrid y Barcelona. Por el contrario, el PHN era una obra estable.
El agua para Barcelona, sólo para beber
En otoño se prevén restricciones en Barcelona si no llueve o llega agua extra por alguna de las vías previstas. A partir de ahí podrían empezar los cortes para el uso doméstico. Se trata de traer agua potable, no para uso agrícola u otros como preveía el PHN. Hace 17 meses que no llueve como debería hacerlo en Barcelona y los pantanos están en el umbral de la máxima emergencia.
Tirar de excedentes o del caudal del río
A diferencia de lo que preveía el PHN, en el caso de lo que se acordó ayer en la Generalitat las medidas para Barcelona no repercutirán en el caudal del río, pues el agua sobrante de los regantes volverá al río gracias a un mejor uso de los regadíos del Delta. En el PHN se sacaban del Ebro más de 1.000 hectómetros cúbicos, una medida que amenazaba sus ecosistemas.
La Generalitat asume gran parte del coste
Las obras de prolongación del minitrasvase del Ebro desde Tarragona hasta Barcelona y que conectarán la cuenca del Ebro con la del Ter-Llobregat las pagará la Generalitat. Al ser competencia del Estado será éste quien adelante el dinero, pero después se descontará de la inversión en infraestructuras para Catalunya. Los 24 millones para mejorar regadíos los debe pagar el Estado.
De una pequeña obra a un plan faraónico
La opción acordada ayer entre el Gobierno de la Generalitat y el del Estado es cara. Va a costar entre 170 y 180 millones de euros por las prisas. Es mucho más de lo que habría costado trasvasar el Segre (unos 45 millones) para paliar la sequía que sufre Barcelona. Pero nada que ver con el Plan Hidrológico Nacional, una obra faraónica que habría costado al Estado 3.777 millones de euros.

(publicado en publico.es)

El Gobierno y la Generalitat han sellado hoy un pacto para iniciar en mayo las obras de prolongación del llamado "minitrasvase" del Ebro a Tarragona, con el fin de aportar unos 50 hectómetros cúbicos de agua al área de Barcelona procedente de los "excedentes" de los regantes del delta. Así lo han anunciado la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, y el conseller catalán del ramo, Francesc Baltasar, que han destacado que se trata de una medida "provisional" y de "emergencia" que no "restará ni una gota más de agua del río" ni afectará a su caudal.
Las últimas lluvias aumentan al 50% el agua acumulada en los embalses
Comunidad Valenciana y Murcia unen fuerzas contra el trasvase
Camps relanza la guerra del agua a costa de la solución para Barcelona

Elena Espinosa
A FONDO
Nacimiento:
1960
Lugar:
(Orense)
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Los responsables de Medio Ambiente del Gobierno y la Generalitat, que han rechazado que se pueda denominar "trasvase" a esta actuación, han explicado también que la tubería que conectará el agua del Ebro con el sistema Ter-Llobregat tendrá unos 62 kilómetros, transcurrirá, de manera subterránea en su mayor parte, junto a la autopista AP-7, y que el coste de la obra será de alrededor de 180 millones de euros.
El acuerdo incluye además la inversión de 24 millones de euros destinados a acelerar un plan de mejora de los regadíos de la zona del Delta del Ebro, lo que debe de ayudar a aprovechar al máximo los excedentes de aguas de los regantes de Tarragona.
Espinosa se ha reunido por espacio de dos horas y media con el presidente catalán, José Montilla, y con Baltasar en el Palau de la Generalitat, y ha indicado en la rueda de prensa posterior que la obra no registrará ningún impacto ambiental y que sólo podrá ser utilizada otra vez en un nuevo caso de extrema sequía, a través de la autorización de un real decreto ley.
Mas condiciona su apoyo
El líder de CiU, Artur Mas, condiciona su apoyo al Gobierno catalán en el trasvase del Ebro a Barcelona a que, a cambio, el Ejecutivo de José Montilla se comprometa a ejecutar a largo plazo el envío de agua desde el Ródano, en Francia, hasta Cataluña. Sin embargo, la negativa de Montilla a un trasvase desde Francia hace imposible un acuerdo entre el Gobierno de la Generalitat y el principal partido de la oposición en el Parlamento de Cataluña.
Montilla descarta de plano llevar adelante la "obra faraónica" que supondría el trasvase de agua del Ródano, tal y como reclama CiU. Además, Montilla ha asegurado que el acuerdo que alcanzarán esta tarde los gobiernos central y catalán, en una reunión con la ministra de Medio Ambiente, Medio Marino y Rural, Elena Espinosa, no representará sacar "ni una gota más" del Ebro.
Así lo ha explicado en nombre del presidente de la Generalitat la portavoz del gobierno catalán, Aurora Masip. La reunión en el Palacio de la Generalitat entre Montilla y Mas, que ha evidenciado su absoluto desacuerdo, se ha producido con las previsiones de extrema sequía que se avecina para el próximo otoño en Cataluña.
La portavoz del gobierno catalán ha asegurado que se aboga por las desalinizadoras -en mayo estará la de El Prat de Llobregat (Barcelona), se construirá otra en Cunit (Tarragona) y se ampliará la del río Tordera-, el ahorro del agua y la reutilización de acuíferos y pozos, con lo que se confía en aportar en los próximos años unos 200 hectómetros cúbicos a la cuenca del Ter-Llobregat, "lo mismo que si se trasvasase el Ródano", según Masip.
La posición de Valencia y Murcia
El asunto del agua colea en otras comunidades. En Valencia, el delegado del Gobierno, Antoni Barberá, ha pedido al presidente valenciano, Francisco Camps, que deje de "utilizar el agua como arma política, falseando la realidad intencionadamente". Ayer lunes Camps señaló que no iba a "admitir la humillación" que supondría para su comunidad que el Gobierno trasvasara agua del Ebro a Barcelona.
El presidente de Murcia, Luis Ramón Valcárcel, del PP, también ha dejado clara su posición de cara a la reunión de esta tarde en Barcelona. En su opinión la región "no va a renunciar a sus derechos" en materia de agua, al tiempo que se mostró dispuesto a hacer "todo" lo que esté en sus manos y a emplear toda su "fuerza y legitimidad" en defender "un recurso tan escaso".

(publicado en el pais.com)

El problema del agua: El Gobierno y la Generalitat pactan iniciar en mayo las obras del minitrasvase del Ebro.

ENLACE:

Barcelona recibirá agua directamente del Ebro y no del Segre para aliviar la sequía.