20 Ene 2011

Leyes existentes que no se aplican, ¿deben continuar vigentes?

Escrito por: Ivette Durán Calderón el 20 Ene 2011 - URL Permanente


La pena de muerte en Guatemala

Ivette Durán Calderón

El Código Penal guatemalteco, que data de 1973, prevé la pena de muerte aunque, antes de las dos ejecuciones de 1996, raramente se había aplicado en Guatemala hasta el año 2000. Es decir es una ley vigente, pero que no aplica, que está ahí para que su aplicabilidad se haga efectiva no se sabe cuándo ni se sabe para quiénes.

La pena capital en Guatemala, se relaciona con las obligaciones contraídas por este país conforme a las normas internacionales de derechos humanos, los casos actuales de presos en espera de ejecución y las recomendaciones de Amnistía Internacional, indujeron a su presidente, Álvaro Colom, pedir este viernes al Congreso la abolición de la pena de muerte en el país, mientras reconoció su fracaso en combatir la inseguridad, la cual atribuye a la penetración del narcotráfico.


Estados Unidos, Cuba, Belice, Guyana y una decena de islas anglófonas del Caribe mantienen vigente la pena de muerte en América, según Amnistía Internacional.

El presidente socialdemócrata de Guatemala, Álvaro Colom, ya había afirmado antes que no indultará a los condenados a muerte, facultad que el parlamento le restituyó en la víspera y con lo cual se restablece en los hechos la aplicación de la pena capital, en suspenso desde 2000.

Mientras se procede a su abolición, el gobierno y las instancias judiciales pertinentes asegurarán todas las garantías procesales a los encausados en casos capitales, concretamente el derecho a gozar de las garantías mínimas de defensa. La pena de muerte sólo podrá imponerse cuando la culpabilidad del acusado se base en pruebas claras y convincentes.

La defensa de los encausados por delitos que pueden conllevar la pena de muerte debe ser realizada únicamente por abogados colegiados y en ejercicio.

Las garantías para los condenados a muerte deben seguir la legislación internacional pertinente, en concreto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y las Salvaguardias para garantizar la protección de los condenados a la pena de muerte, adoptadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

En el limbo de la gloria o la condena, o entre el infierno y el cielo es el estado en el que se encuentran actualmente los condenados que esperan en Guatemala a que las autoridades competentes les concedan un indulto definitivo que les salve la vida, tras haber sido acusados de cometer delitos de secuestro, violación y asesinato. Aunque la última ejecución de la pena máxima en el país fue hace 10 años, ésta sigue estando contemplada en el Código Penal, justificación a la que se aferran ciertos partidos políticos de ultraderecha y un alto porcentaje de sociedad civil. Unos y otros presionan al Gobierno con el objetivo de que esta medida vuelva a ser implementada de forma eficaz.

“Hay que regresar, lamentablemente, a los tiempos de la G2 y las ejecuciones extrajudiciales para ponerle freno a esta situación. La pena capital es un mal necesario en Guatemala. Como dice un refrán, aquí el que a hierro mata, a hierro muere”, opina convencido J.P. Pérez, ciudadano guatemalteco. Pese a lo taxativo de sus declaraciones lo cierto es que son muchas las personas que piensan como él. Durante los últimos meses decenas de afiches con el lema ¡Pena de muerte ya!, escrito sobre un fondo rojo sangre, empapelan los principales edificios del centro histórico capitalino y las calles más transitadas. Un brote de radicalidad que coincide con el alarmante recrudecimiento de la violencia que se ha venido observando desde principios de año. Por eso, para comprender las raíces del debate en torno a la pena máxima, primero hay que mirar hacia atrás. Al pasado. A los antecedentes.

Un vacío legal que dura 10 años

Eran las 7:20 hora local. A unos 25 kilómetros de la capital guatemalteca, en el “módulo de la muerte” del Centro de Detención Pavón. Unos dedos, los de Tomás Cerrate, se movieron durante 8 minutos de agonía hasta que se quedaron finalmente quietos, sin signos vitales. La dosis letal de dormicum, cloruro de potasio y penthotal administrada por vía intravenosa, había surtido efecto. Lo mismo había sucedido, momentos antes, con su compañero, Luís Cetino, también miembro de la banda de secuestradores “Los Pasaco”. Sus madres se desmayaron, mientras que los demás siguieron orando en un espectáculo, cual reality show, que fue retransmitido por los principales canales de radio y televisión guatemaltecos. Niños, ancianos, enfermos, chicleros, empresarios. Aquel tenebroso 29 de junio del 2000, todos vieron u oyeron en vivo la noticia.

“Con estas dos muertes “legales”, diría el reportero, se eleva a 5 el

número de ejecutados desde la firma de los Acuerdos de Paz de 1996. Guatemala es, junto con Cuba y los EE.UU. uno de los pocos países que todavía no han abolido esta medida”. Pero los “ajusticiamientos”, llevados a cabo en medio de una oleada de violencia asesina y rabia social, no hicieron surtir el efecto disuasorio deseado, más bien al contrario. Por eso, poco después, el Presidente Alfonso Portillo, que llevaba en el poder poco más de 6 meses, se arrepintió de su decisión y renunció a su potestad de indultar o no a los penados a muerte. Ante esta situación la Corte de Constitucionalidad (CC) resolvió que la ley que regula el proceso y que data de 1982 no especifica qué autoridad debe encargarse de valorar los recursos de gracia presentados por los condenados, por lo que le correspondía al Congreso legislar para enmendar este vacío legal. Mientras, la pena capital quedó aletargada, en suspenso.


Una década más tarde la situación no ha variado mucho. Cuando hace dos años la aprobación de una nueva ley volvió a facultar al Presidente en curso para decidir sobre la vida y la muerte, Álvaro Colom decidió vetarla, al considerar que esta forma de castigo entra en contradicción con el derecho a la vida del reo, la retroactividad de la ley y los compromisos internacionales firmados por Guatemala como miembro de la Convención Americana de Derechos Humanos, posición que ha mantenido hasta el día de hoy. “En ningún estado, argumenta, la pena de muerte ha sido un mecanismo disuasivo para la violencia ya que la única forma de acabar con ella es fortalecer las instituciones judiciales y de seguridad y que haya paz y tranquilidad social”. Tres años de legislatura sin resultados positivos en esta dirección, sin embargo, han dado alas a las tendencias políticas de oposición más radicales.


Noticias de las última horas dan cuenta que Bancadas opositoras de derecha en el Congreso de Guatemala anunciaron su rechazo a una propuesta del presidente, Alvaro Colom, que busca abolir la pena de muerte en el país, vigente pero que no se aplica desde 1998.


La iniciativa, enviada al Congreso el viernes anterior, pretende sustituir la pena capital por una de "prisión de alto impacto" de 75 años inconmutables.

El proyecto "lo único que demuestra es la debilidad del gobierno, lo tibio en sus decisiones y lo falto de carácter" contra la criminalidad, que deja un promedio de 18 muertos diarios, declaró el diputado del Partido Patriota Gudy Rivera al diario Siglo XXI.

"La pena de muerte es imprescindible para disuadir a los criminales", agregó Rivera.

"Esto (la iniciativa) es una payasada del presidente, lo que nosotros proponemos es una consulta popular para que el pueblo ejerza su derecho de decidir al respecto", estimó el jefe de bancada Libertad Democrática Renovada, Roberto Villate.

La propuesta pretende conmutar la pena de muerte por prisión de 75 años a los condenados por parricidio, asesinato, ejecución extrajudicial, plagio o secuestro, desaparición forzada y crimen contra los presidentes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como vicepresidente.

Colom, en su propuesta, invocó el artículo 3 de la Constitución donde el Estado garantiza y protege la vida humana desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona.

Diferentes sectores, incluida la Iglesia Católica, han demandado la abolición de la pena capital en Guatemala.


Colom vetó el pasado 4 de noviembre, por segunda vez en dos años, un decreto del Congreso que pretendía reactivar la aplicación.

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