Foro Jurídico

• Invertirán cuatro millones de euros para la digitalización del juzgado.
• Forma parte del nuevo plan de modernización de la Justicia.
• Pretende acabar con la plasmación de los procesos en miles de folios.

La Audiencia Nacional será pionera en la implantación de la digitalización de los expedientes en el orden penal con un programa que durará un año, que cuenta con una inversión de cuatro millones de euros y que permitirá la desaparición del soporte papel en los juzgados.

Así lo ha anunciado el ministro de Justicia, Francisco Caamaño en la Audiencia Nacional, donde ha presentado con un vídeo el "expediente digital" junto al presidente de este órgano judicial, Ángel Juanes, para el que este nuevo proyecto es "el inicio de la Audiencia Nacional del siglo XXI".

"Estamos ante la ejecución de un factor básico para hacer realidad la esperada modernización y reforma de nuestro sistema de justicia", ha afirmado el ministro, que ha explicado que el proyecto es una de las muchas actuaciones que integran el Plan Estratégico de Modernización de la Justicia, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 18 de septiembre.

Una sala especializada

Según Caamaño, se ha elegido la Audiencia Nacional y el orden penal para llevar a cabo esta experiencia pionera por la naturaleza de este órgano central, la especialidad de los procesos que en él se sustancian y por "su demostrada capacidad para afrontar con éxito procedimientos judiciales con una complejidad sin precedentes, como el proceso del 11-M".

El programa pretende romper "el secular vínculo entre la Justicia y la plasmación de sus actuaciones en cientos de miles de folios" con la digitalización de los documentos, la creación de un registro de entrada que procederá al reparto correspondiente de los mismos y la implantación de un gestor documental que permitirá realizar búsquedas de información y documentos ahorrando tiempo y espacio.

Asimismo, el proyecto apuesta por la potenciación de los sistemas informáticos actuales mediante la interconexión del sistema de gestión procesal "Minerva" y el de notificaciones y comunicaciones telemáticas "LExnet".EFE/LIVDUCA/19/10/2009

Si tiene una visa de entrada a Estados Unidos, es posible que pueda impedírsele su ingreso, esto se debe a varios factores.

Si acaso tiene la visa de turismo o negocios (B-1 o B-2) M, con una duración de 10 años estampada en el pasaporte no significa que el portador puede permanecer 10 años en Estados Unidos.

El hecho de vivir situaciones "difíciles" en su país de origen no quiere decir que Estados Unidos le concederá asilo de inmediato

Una visa de entrada a Estados Unidos en el pasaporte garantiza la entrada, el matrimonio con un ciudadano americano asegura la residencia inmediata y el servicio de inmigración nunca se equivoca. Estas y muchas otras creencias populares forman parte de un glosario de "mitos" sobre las leyes para visitar, trabajar o residir en este país.

La inmigración legal a Estados Unidos siempre ha sido compleja y lo es más a raíz de las medidas de seguridad adoptadas tras los ataques del 11 de septiembre. El endurecimiento de las leyes y la ignorancia popular dan pie a confusiones, preguntas y verdaderos mitos urbanos sobre el tema.

Por ejemplo, la mayoría de los extranjeros que viene a Estados Unidos y realiza un trámite inmigratorio piensa que las gestiones demoran pocos días o unas cuantas semanas.

Hay trámites que pueden parecer sencillos, que demoran meses, y otros más de 10 años, como la espera de una residencia para el hermano de un mexicano naturalizado como ciudadano de Estados Unidos.

Tener una visa estampada en el pasaporte no garantiza la entrada a Estados Unidos, ni el tiempo de estadía por cada visita.

Aún si la visa está vigente, la decisión final de permitir el ingreso al país depende del agente que interrogue al viajero, incluso antes de abordar un vuelo con destino a Estados Unidos.

Ya en territorio estadounidense, se realizan rigurosos chequeos en las ventanillas de inmigración de las fronteras y puertos y aeropuerto y también ahí se le puede negar el ingreso a un extranjero portador de una visa válida.

Casarse con un ciudadano de Estados Unidos no significa que el contrayente recibirá de inmediato la residencia permanente.

Los cónyuges extranjeros deben demostrar que el matrimonio es por amor y no por interés para obtener un status legal. La residencia permanente se obtiene después de dos años de probatoria, tras una entrevista en que se debe demostrar la validez de la relación.

El hecho de vivir situaciones "difíciles" en su país de origen no quiere decir que Estados Unidos le concederá asilo de inmediato. Hay cinco causas para ganar una petición de asilo.

Para obtenerlo hay que demostrar que existe un miedo de "persecución creíble" por cinco motivos específicos: raza, religión, nacionalidad, pertenecer a un grupo social específico o por opiniones políticas.

Un alto porcentaje de las peticiones de asilo es rechazado por falta de pruebas. Por ejemplo, un ciudadano venezolano no puede argumentar que votar en contra del presidente Hugo Chávez le causa persecución política.

Las pruebas para respaldar una petición de asilo deben ser firmes y contundentes y aun así la decisión final es a discreción de los agentes o un juez de inmigración. Si el caso de asilo se pierde, el extranjero tiene que salir del país.

Tener visa de turismo o negocios (B-1 o B-2), con una duración de 10 años estampada en el pasaporte no significa que el portador puede permanecer 10 años en Estados Unidos.

Con una visa B-1 o B-2 lo dejarán subirse al avión, pero será un agente de inmigración en Estados Unidos quien le dirá si puede entrar, cuánto tiempo podrá permanecer y la fecha en que debe salir.

Recordemos que antes del 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos permitía estadías hasta de seis meses, que se podían prorrogar, pero después de los atentados el tiempo de permanencia es menor y las prórrogas de estadía se conceden sólo en casos de emergencia. Cada caso es revisado individualmente.

Los turistas no tienen permiso para trabajar en Estados Unidos. Excepto aquellos a quienes su visado lo permite.

Los profesionales que entran como turistas a Estados Unidos no pueden ejercer libremente. Deben, primero, consultar con un abogado de inmigración para que les aconseje qué hacer, cómo cambiar el status de permanencia legal y qué trámites iniciar para revalidar sus conocimientos.

Los inmigrantes legales con trámite pendiente en el servicio de inmigración no pueden salir de Estados Unidos a su propia discreción, pues corren el riesgo de perder todos sus derechos. Para hacerlo con garantías deben pedir permiso. Y los permisos sólo se autorizan en ciertos casos.

Un permiso de salida puede demorar entre 90 y 150 días, dependiendo del tipo de trámite pendiente.

El mito más común es creer que el servicio de inmigración siempre tiene la razón.

"Es un mito que desanima a muchas personas, millones de inmigrantes que han perdido valiosas oportunidades porque creen que el gobierno de Estados Unidos nunca, jamás se equivoca", dijo el abogado Jorge Ribera, en Miami.

"Pensar que Inmigración siempre tiene la razón es lo mismo que aceptar el fracaso sin haber luchado por el triunfo", indicó. "La ley de inmigración es compleja y frecuentemente los agentes la interpretan incorrectamente".

¿Qué debe hacer su recibe un NO por parte del Servicio de Inmigración?:

-Mantenga la calma.

-Busque ayuda de un abogado.

-Si no tiene abogado, pida ayuda a un grupo de asistencia legal a inmigrantes en un centro comunitario.

-Pida al abogado del grupo de ayuda que verifique si hay algún error en su caso.

-Si hay error, apele el fallo.

-Para apelar usted tiene un plazo. Apele antes que venza el plazo.

"Recuerde que el gobierno puede equivicarse. El peor de todos los mitos es pensar que el servicio de inmigración es perfecto", reiteró el abogado Ribera.

Para averiguar si puede trabajar legalmente en Estados Unidos, llame gratis al número 1 (800) 375-5283.

Fuentes: abogado.com/Abogado Jorge Ribera/Univisión/La voz del Inmigrante

El objetivo es crear Escuelas de Práctica Jurídica

El encuentro de abogados de Uruguay, Panamá, Argentina, Brasil, Bolivia y España continúa celebrándose en la ciudad boliviana de Santa Cruz de la Sierra. Esta reunión internacional de Abogacías, con el objetivo de ofrecer formación inicial y continuada en la creación de Escuelas de Práctica Jurídica, está organizado por la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID) y el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE).