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Presentación del Gobierno en el Senado. Discurso de José Luis Rodríguez Zapatero (senado.es)

- El señor PRESIDENTE:

A continuación, señorías, pasamos al cuarto punto del orden del día: Presentación del Gobierno. Para su presentación tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.

- El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Rodríguez Zapatero): Muchas gracias, señor presidente.

Quiero que mis primeras palabras sean para sumarme, en nombre del Gobierno, al reconocimiento, al elogio que hoy hemos rendido aquí al compañero y senador Carlos Chivite. Por personas como Carlos Chivite, por su afán de democracia, por su rectitud y por su pasión por los valores e ideales llevamos treinta años sabiendo lo que es la libertad.

Gracias, Carlos, y gracias a su familia por su compañía. Que sepan que tienen toda la solidaridad y todo el reconocimiento del Gobierno y de todos sus compañeros. Gracias, Carlos Chivite. (Aplausos.)

Señor presidente, señoras y señores senadores, el pasado día 9 de marzo, hace poco más de dos meses, el Partido Socialista ganó las elecciones generales. Los españoles nos otorgaron de nuevo su confianza mayoritaria y así hemos visto incrementada nuestra presencia tanto en el Congreso como en el Senado. Como es constitucionalmente preceptivo, tras las consultas evacuadas por Su Majestad el Rey, solicité del Congreso de los Diputados el pasado 8 de abril la confianza para formar Gobierno. Obtenida la investidura, he querido comparecer hoy aquí, en el Senado, como ya hice en 2004 —cuatro años y dos días después para ser exactos—, para explicar en esta Cámara y debatir con sus señorías los ejes esenciales de mi programa político para la legislatura. Las razones que me han movido a pedir esta comparecencia, con la pretensión de consolidar un uso parlamentario que solo tenía como precedente una intervención semejante del presidente Felipe González en 1986, son las mismas que me llevaron a pedirla hace cuatro años. Manifesté entonces mi intención de lograr la mejor comprensión y el mayor respaldo parlamentario a mi acción de gobierno buscándolo en ambas Cámaras y, en consecuencia, anuncié mi predisposición a relacionarme con el Senado de la nación en un marco de diálogo, debate y comparecencia frecuente. Era plenamente consciente, decía entonces, de presidir el Gobierno de un Estado compuesto, el Estado de las Autonomías diseñado en nuestra Constitución, en el que el Senado cumple funciones insustituibles y está llamado a cumplir plenamente la vocación de Cámara territorial, a la que remite la propia Constitución.

No sabría encontrar términos distintos, señorías, para expresar mejor los motivos que me traen hoy de nuevo ante ustedes y que, a mi juicio, justifican sobradamente esta práctica parlamentaria. Aquella sesión no fue para mí un acto aislado ni el producto de un impulso circunstancial y sin continuidad; fue, por el contrario, la primera de otras decisiones que se han sucedido a lo largo de la legislatura pasada, con el propósito todas ellas de fortalecer el papel institucional del Senado y su vocación de Cámara territorial. Me refiero a la celebración del debate del Estado de las Autonomías, a las tres conferencias de presidentes que aquí se han reunido, a mi participación en los debates sobre los proyectos de reforma de los estatutos de autonomía y al sometimiento, por primera vez de un presidente de Gobierno, al control mensual de esta Cámara a través de preguntas parlamentarias en las que, como sus señorías reconocerán, tenían un tiempo bastante amplio para exponer los distintos argumentos.

El balance es, a mi juicio, bastante satisfactorio y demuestra que nuestra pretensión de seguir dotando al Senado de un papel más relevante en el orden constitucional está muy alejada del vaporoso mundo de la retórica bien intencionada y se sitúa en el terreno cierto de las propuestas realizables.

Señoras y señores senadores, hemos comenzado un período político en el que nos adentraremos en la segunda década del siglo XXI, y esto hace que este momento resulte decisivo para identificar y encarar adecuadamente los retos que tenemos por delante. Es un momento que los españoles debemos afrontar con una idea clara de lo que somos, de cómo es el mundo en el que nos desenvolvemos y de qué papel pretendemos jugar en él. Nuestros principales problemas, nuestros desafíos no son ya los del pasado, son muy diferentes y, por fortuna, nuestras posibilidades para encararlos con éxito, nuestros recursos para hacerles frente tampoco tienen mucho que ver con los que poseíamos hace solo algunos años.

Este año celebraremos el trigésimo aniversario de la aprobación de la Constitución Española de 1978. Ha sido un período extraordinariamente fértil, nada fácil a veces, pero muy fértil en conjunto, tanto que hemos podido abandonar el tradicional discurso español sobre nuestro retraso histórico en relación con los países europeos y sustituirlo por ambicionar con realismo el objetivo de situarnos entre los países más avanzados del mundo. Por eso, al solicitar la investidura en el Congreso de los Diputados defendí un proyecto centrado en nuestros grandes retos de futuro, y lo hice, además, a partir de una idea de España, de una idea incluyente de España proyectada también sobre su futuro. Dije entonces que me proponía formar un Gobierno para impulsar una España próspera y a la vez decente, una España eficiente, una España unida y diversa, una España comprometida con la causa de la paz y en la lucha contra el cambio climático y la pobreza. Y fijé los retos prioritarios que nos proponemos acometer en los próximos años: en primer lugar, seguir la senda iniciada en el período anterior para hacer descansar cada vez más nuestro patrón de crecimiento económico en el conocimiento y en la innovación, lo que junto al desarrollo de las infraestructuras y el capital humano permitirá ganar la necesaria competitividad a la economía española. Este objetivo es aún más acuciante ante la fase de clara desaceleración del crecimiento que estamos atravesando como consecuencia del empeoramiento del contexto económico internacional y del rápido ajuste que se está produciendo en algunos sectores de nuestra economía como es el sector de la construcción.

Pero a diferencia de lo que ocurrió en el pasado con otros cambios de ciclo, la economía española, como consecuencia de haberse fortalecido en los últimos años, cuenta con instrumentos para amortiguar los efectos de la desaceleración y mantener todos los compromisos de política social que hemos contraído en la legislatura. Haremos uso con prudencia de esos instrumentos en función de cómo evolucione la situación económica, y nos empeñaremos en mejorar nuestro patrón de crecimiento para volver cuanto antes a recuperar los altos ritmos de incremento del empleo de los que hemos disfrutado en estos últimos años.

Señorías, en el discurso de investidura identifiqué también como una línea prioritaria de nuestra acción política dar pasos firmes para asegurar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Disponemos de un instrumento jurídico avanzado: la Ley de igualdad. Ahora procede desarrollarla y aplicarla con rigor y determinación, y esto es lo que nos proponemos hacer para terminar con las discriminaciones injustificables que aún sufren algunas mujeres en nuestra sociedad, y que, en rigor, sufre la sociedad.

Entre las prioridades de la legislatura se incluyen igualmente las políticas de desarrollo sostenible, que comprenden la protección medioambiental, la lucha contra el cambio climático, una política energética que cubra nuestras necesidades de crecimiento favoreciendo las llamadas energías limpias, la garantía del abastecimiento de agua a todos los ciudadanos y territorios, y el pleno desarrollo del medio rural. Innovación, igualdad y desarrollo sostenibles, tres vectores de una acción política dirigida a impulsar a la sociedad española hacia posiciones de liderazgo en el futuro. Esta ambición de liderazgo solo puede albergarse en el seno de un Estado que disponga de una administración más eficiente para proveer mejores servicios públicos, empezando por el de la justicia, en el seno de un Estado gobernado con diálogo y vocación integradora, a partir del reconocimiento y respeto de su diversidad, y del consenso en torno a algunas cuestiones que se sitúan más allá del legítimo pluralismo político, como la lucha contra el terrorismo y por el fin de la violencia.

Este es, señorías, en apretada síntesis, el proyecto político para el que solicité y obtuve la confianza en el Congreso. A su servicio, he formado un Gobierno que trata de reflejar en su estructura las prioridades fijadas. He aprobado así un nuevo Ministerio de Ciencia e Innovación que agrupa a los organismos públicos y estatales dedicados a la investigación e innovación, junto a las universidades, para impulsar y coordinar nuestros sistema de ciencia y tecnología e incrementar nuestra capacidad innovadora y, en consecuencia, un crecimiento más poderoso de nuestra economía. También he creado un nuevo Ministerio de Igualdad para reforzar ese objetivo esencial y combatir al máximo nivel político cualquier discriminación por razón de género o cualquier otra causa o circunstancia, y un nuevo Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino que gestione integralmente el territorio, asegurando al mismo tiempo su desarrollo y su conservación. Además, el Ministerio de Trabajo pasa a denominarse Ministerio de Trabajo e Inmigración, para destacar el vínculo inescindible, en una política de inmigración ordenada, como la nuestra, entre el fenómeno migratorio y la relación laboral, que es clave en la llegada y en la integración de las personas inmigrantes. Por último, las políticas sociales dependientes de la acción del Estado, que han de ocuparse de los ciudadanos desde su infancia a la vejez, se alojan en un ministerio reestructurado que ha pasado a denominarse Ministerio de Educación, Política Social y Deporte.

Coherentemente, el Consejo de Ministros acaba de crear cuatro nuevas comisiones delegadas para llevar también estas prioridades al trabajo colegiado y monográfico de los miembros del Gobierno. Son las siguientes: la Comisión de Trabajo e Inmigración, la de Igualdad, la de Innovación y Ciencia y la de Cambio Climático.

El Gobierno, por otra parte, señorías, ha comenzado su andadura afrontando, en primer lugar, la tarea más urgente y que reclama mayor atención: analizar y adoptar decisiones sobre la evolución de nuestra economía; decisiones que sean operativas para atenuar sus efectos y, en su caso, para preparar mejor a nuestra economía en el momento de la recuperación del ciclo de la vuelta a un crecimiento poderoso. De ahí que aprobáramos en el primer Consejo de Ministros un primer paquete de medidas para estimular el consumo de las empresas y de las familias y para adelantar inversiones en infraestructuras, así como distintas medidas en favor del sector inmobiliario, singularmente, la ampliación del número de viviendas de protección oficial a construir.

Señoras y señores senadores, el programa de gobierno que me propongo aplicar es un programa para ser desarrollado en el marco de nuestro modelo constitucional de Estado; el que nos dimos en 1978 y ha funcionado satisfactoriamente hasta hoy: el Estado autonómico. Solo sobre la base del diálogo y la cooperación con las comunidades autónomas podremos llevar a término, con la eficacia deseable, una parte importante de las políticas que nos proponemos. Hoy, señorías, no hay prácticamente política alguna, sea quien sea el titular de las correspondientes competencias, que pueda desarrollarse sin algún grado de participación de las comunidades autónomas. La lucha contra la violencia de género, las políticas de inmigración, ciertas reformas en el ámbito de la justicia, el desarrollo del medio rural o la efectiva implantación del sistema de atención a la dependencia, son ejemplos elocuentes de ello y aspectos —todos elllos— que constituyen sin duda desafíos trascendentales para nuestra sociedad.

Puede que algunos lamenten esta situación. No es mi caso. Creo que esta fórmula ha permitido una mejora de la eficacia de nuestros servicios y actuaciones, y ha adaptado las prioridades de actuación a las necesidades y opciones políticas de cada comunidad. Y creo también que el modelo autonómico ha permitido fortalecer el equilibrio de nuestro país y, de manera muy especial, el desarrollo de aquellos territorios que tradicionalmente se habían visto marginados en las estrategias de inversión y crecimiento de un Estado centralizado. Hoy, España está más cohesionada que hace 30 años, y los desequilibrios territoriales se han reducido mediante el crecimiento de todas y cada una de nuestras comunidades. Este camino se ha transitado gracias al ejercicio de las competencias autonómicas, pero también gracias a las iniciativas del Estado y al desarrollo de proyectos comunes a todas las administraciones, impulsados conjuntamente por todas ellas.

Por ello, tengo el firme convencimiento de que cualquier programa de gobierno que quiera estimular el crecimiento y el avance de toda España debe contar con las comunidades autónomas y con los gobiernos autonómicos, con su pluralidad y sus competencias. Pero, sobre todo, debe significar la fijación de claras prioridades de actuación conjunta del Estado y de las comunidades autónomas, en la misma dirección y en aquellos ámbitos que necesitan mayor aportación de medios y esfuerzos.

El programa de gobierno que expuse ante el Congreso de los Diputados puede, pues, también leerse —y así les pido que lo hagan— como la fijación de grandes prioridades y mecanismos de actuación conjunta de los poderes públicos, alentados por el impulso y la cooperación del Gobierno de España. Señorías, durante los últimos años hemos sentado las bases de la actualización de nuestro modelo de Estado de las Autonomías. Lo hemos hecho con las reformas estatutarias, aprobadas en su inmensa mayoría con el apoyo casi unánime de los partidos presentes en esta Cámara; con la creación y consolidación de la Conferencia de Presidentes, o con la presencia de las comunidades en las delegaciones españolas en el Consejo de Ministros de la Unión Europea. Están bien establecidas las pautas para la reforma de los estatutos de aquellas comunidades que aún no la han culminado, y a ellas nos vamos a seguir ateniendo: alto consenso de origen en cuanto a la conveniencia de revisar estas normas institucionales básicas de cada comunidad, y conjugación, por parte de las Cortes, de las propuestas enviadas por los parlamentos autonómicos, con el interés general, a la luz de la Constitución.

Me gustaría destacar, señorías, que estas pautas son homogéneas, las mismas para todos, pero no tienen por qué ser igualmente homogéneas las reformas aprobadas a su amparo. Dicho de otro modo, la lógica constitucional del proceso de reforma, con la interlocución que se establece entre los órganos autonómicos y estas Cortes Generales, pretende garantizar la viabilidad de los estatutos y su articulación al proyecto común de España, pero sin impedir —más bien al contrario—, que las peculiaridades de cada comunidad queden suficientemente reconocidas y preservadas.

En esta legislatura, nuestro modelo autonómico deberá dotarse de un nuevo sistema de financiación cuya discusión nos ocupará durante los próximos meses. Será —lo es ya— una discusión que nos ocupará a todos y en la que entre todos debemos alcanzar un acuerdo. El sistema no puede surgir sino a partir de un acuerdo por parte de todos, asumiendo un equilibrio entre los intereses de todos para que el conjunto siga avanzando. Eso es lo que hemos hecho siempre hasta hoy, porque los ciudadanos, que son la justificación última de cuanto hacemos, salen ganando si el sistema asume al máximo los intereses del Estado, de su comunidad y del resto de las comunidades.

El Gobierno defenderá en cualquier caso un sistema que implique a las comunidades autónomas en mayor medida en la obtención de sus recursos fiscales. Debemos seguir avanzando en el terreno de la corresponsabilidad fiscal para garantizar que cada Administración asume, en el momento de decidir sus gastos, la responsabilidad de conseguir los ingresos necesarios para ello, y también que cada Administración gasta los recursos que recibe de acuerdo con las finalidades a las que pueden estar vinculadas. Un sistema que siga garantizando la solidaridad, que permita un desarrollo equilibrado de nuestro país, que mejore esa solidaridad haciéndola más transparente y vinculada de modo efectivo a la dotación de infraestructuras y a la garantía de los fondos suficientes para un nivel de servicios general para todos los ciudadanos. Un sistema que asuma el impacto de variables como la población y sus variaciones, la dispersión territorial, el envejecimiento de la población o la insularidad, y un sistema, finalmente, que también garantice la suficiencia financiera al Estado, que permita que las Cortes Generales y el Gobierno continuemos desarrollando los proyectos de gran envergadura necesarios para el progreso conjunto de España, ya sea la construcción de infraestructuras de alcance interautonómico o la financiación de nuevos servicios sociales, como el sistema de dependencia o el impulso de planes territoriales como los que en la pasada legislatura afectaron a diversas provincias y comunidades de nuestro país.

Señor presidente, señorías, en la pasada legislatura el Gobierno impulsó la creación y consolidación de la Conferencia de Presidentes como foro de diálogo y acuerdo al máximo nivel político. En ella hemos alcanzado acuerdos sobre aspectos tradicionalmente enquistados en la discusión con las comunidades autónomas: desde la financiación sanitaria hasta la adopción de un marco coordinado de política científica y de investigación más desarrollado.

Hoy la conferencia es ya un instrumento eficaz y consolidado que, siguiendo el mandato de su tercera reunión, debe dotarse de un reglamento de funcionamiento en su próxima convocatoria. En esta legislatura la conferencia deberá dar un nuevo impulso a la cooperación en aspectos que reclaman una mejor coordinación entre el Estado y las comunidades y que van desde la política medioambiental frente al cambio climático hasta la mejora de nuestro sistema educativo.

Acorde con la flexibilidad y agilidad de la Conferencia de Presidentes y con su capacidad real de respuesta a los problemas urgentes de los ciudadanos, hoy, desde esta tribuna, quiero anunciarles y reiterar formalmente una próxima sesión de aquella para debatir las necesarias mejoras en la previsión, prevención y dotación de servicios y medidas de apoyo a las víctimas de la violencia de género, así como, lógicamente, todo lo que representa la prevención de esta lacra.

Las medidas judiciales y policiales no son las únicas que deben desarrollarse en este ámbito. Todas las administraciones, todos los gobiernos debemos poner a disposición de las víctimas y de las mujeres en riesgo de convertirse en víctimas un sistema mucho más eficaz y articulado de medidas de apoyo social, económico, laboral y personal. Una vez más tenemos la obligación de sumar los medios y capacidades de todos los gobiernos y administraciones para evitar la descoordinación o la dilación en casos que pueden tener consecuencias dramáticas. Por ello, confío en la actitud constructiva de todas las comunidades autónomas ante esa convocatoria, con carácter inmediato y para los próximos meses, de la Conferencia de Presidentes para afrontar conjuntamente un esfuerzo de Estado en la lucha contra la violencia de género.

Señorías, cuando hace cuatro años presenté mi programa de Gobierno en esta misma Cámara quise manifestar mi compromiso con un sistema parlamentario en el que el debate propio de un Estado compuesto como el nuestro tuviera un cauce institucionalizado, público y plural, y ese cauce implicaba el fortalecimiento de las funciones y el carácter de representación territorial del Senado. La reforma constitucional del Senado era, en el programa que les expuse hace cuatro años, una pieza relevante en la tarea de reforzar los mecanismos de cohesión de nuestro país y todas sus administraciones ante los retos comunes, pero un proceso de reforma constitucional debe contar siempre con un amplio acuerdo de los diversos grupos parlamentarios y, desde luego, un acuerdo con el primer partido de la oposición. No fue posible lograrlo en la pasada legislatura, lo cual tampoco constituye una excepción a tenor de las veces que se ha intentado abordar la reforma del Senado.

Pero el objetivo —subrayo hoy aquí— sigue mereciendo la pena. A juicio del Gobierno, una reforma del Senado para perfeccionar su naturaleza de Cámara territorial en un Estado de las Autonomías contribuirá de manera decisiva a la mejora de nuestro funcionamiento institucional y, por tanto, a la mejora y fortalecimiento de nuestra democracia.

Por eso, deseo que ahora, en un clima político más sosegado —espero (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)— y eventualmente más receptivo a una iniciativa como esta y con toda la legislatura por delante, sea la propia Cámara, señor presidente, la que explore, por el procedimiento que ella misma estime conveniente, la posibilidad de formular una propuesta de reforma que cuente con el consenso necesario. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

Para facilitar esta tarea, el Gobierno ha puesto hoy a disposición de la Mesa de esta Cámara y de su presidente el informe elaborado por el Consejo de Estado sobre la reforma del Senado, solicitado al alto órgano consultivo en la pasada legislatura por el Gobierno de la nación. Mi deseo es que la ecuación «a mayor peso específico del Senado mayor calidad y mejor funcionamiento de nuestro Estado constitucional» pudiéramos seguir formulándola en esta legislatura. Sin duda no habría mejor modo de colmar este deseo —que estimo compartido por todas sus señorías— que encontrar entre todos —y todos somos conscientes de la complejidad política y jurídica del empeño— una fórmula para convertir el Senado en una genuina Cámara de representación territorial a la altura del modelo de Estado que se ha fraguado en nuestro país después de treinta años de muy fértil democracia.

Permítanme entonces que concluya esta intervención animándolos a acometer con ilusión y sentido del Estado esta tarea junto a todas las demás que tienen atribuidas, a las decisivas facultades constitucionales que el Senado tiene en nuestro sistema, y permítanme que ofrezca de nuevo en esta legislatura la actitud del Gobierno y el compromiso del Gobierno de colaboración, de diálogo, y la disponibilidad para responder políticamente de manera intensa en esta Cámara, aunque los debates a veces sean tan largos.

Muchas gracias (Aplausos, con los señores senadores del Grupo Parlamentario Socialista puestos en pie.)