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Crisis alimentaria. Hambre para unos, negocio para otros (Gladys Martínez López – Diagonal)

La Conferencia de Alto Nivel sobre la Seguridad Alimentaria, celebrada en Roma entre el 3 y el 5 de junio, convocada por la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y en la que participaron el Banco Mundial, el FMI, la OMC y representantes de 183 países, se cerró con un estrepitoso fracaso y sin soluciones para garantizar el derecho a la alimentación. Mientras 862 millones de personas pasan hambre en el mundo, las poblaciones de los países en desarrollo gastan entre el 60% y 80% de sus recursos en alimentación y la ONU anuncia que otros cien millones de personas van a sumarse a las masas de los que ya no pueden comer debido al alza del precio de los productos básicos.

Los efectos de las políticas neoliberales que han desregulado los mercados de los países en desarrollo, desprotegidos frente a los productos subvencionados del Norte, los monopolios que controlan la cadena de producción y distribución de alimentos, la especulación y los efectos de los biocombustibles se han obviado en la declaración final, que sí pide la liberalización del comercio agrícola.

“La declaración final no llenará ningún plato. Las recomendaciones de más liberalización provocarán más violaciones del derecho a la alimentación”, declaró una de las participantes en el foro paralelo Terra Preta, que reunió a las organización de la sociedad civil. Desde Vía Campesina se apunta a que la principal causa de la crisis son las políticas neoliberales del Banco Mundial, el FMI y la OMC, que obligan a los países en desarrollo a eliminar sus inversiones en agricultura y los aranceles aduaneros y a abrir sus mercados a los productos subvencionados de los países ricos, y que “socavaron las producciones nacionales de alimentos y obligaron a los campesinos a producir cultivos comerciales para compañías multinacionales y a comprar sus alimentos de las mismas compañías en el mercado mundial”.

De hecho, a la par que la crisis se agrava, las multinacionales del agronegocio, encabezadas por Cargill, ADM y Bunge, los tres gigantes que controlan un 80% de la comercialización de cereales a nivel mundial, han multiplicado sus beneficios este año. En el primer trimestre de 2008, los beneficios netos de Cargill han alcanzado los mil millones de dólares, 86% más que en el mismo período del año anterior, ADM ha obtenido 1.150 millones de beneficios, un 55% más, y Bunge ha incrementado en un 189% sus beneficios. A la vez, Monsanto, la mayor multinacional de semillas y agrotóxicos, ha obtenido 2.230 millones de dólares de beneficios.

Las organizaciones de la sociedad civil advierten de que el problema no es la falta de alimentos, pues la producción mundial de grano estimada para 2007/2008 ha aumentado un 4,7% en comparación con 2006/2007, sino la especulación, propiciada por el control de la cadena de producción y comercialización de alimentos por oligopolios. “Los vendedores mantienen sus reservas alejadas del mercado para estimular las subidas del precio, creando enormes beneficios”, explican desde Vía Campesina. De hecho, en enero, mientras subía el precio de la soja en Indonesia, Cargill Indonesia mantenía 13.000 toneladas de soja en sus almacenes, a la espera de que los precios alcanzaran un récord debido a la escasez.

- Especulación.

Además, como explica la investigadora Silvia Ribeiro, “los grandes fondos de inversión especulativa trasladaron millonarias sumas de dinero a controlar los productos agrícolas en el mercado internacional. Se estima que estos fondos controlan el 60% del trigo y altos porcentajes de otros granos básicos. Estos alimentos se han convertido en un objeto más de especulación bursátil, cuyo precio se modifica en función de los jaloneos especulativos, no de los mercados locales o las necesidades de la gente”.

Todo esto, sumado a la desviación de millones de toneladas de grano para la producción de biocombustibles, al alza del precio del petróleo, que encarece los costes de producción y transporte de alimentos, y al cambio climático, está en la base de la crisis. Según Álex Guillamón, de la organización Entrepueblos, la solución está en “promover la soberanía alimentaria y el desarrollo rural y en invertir en la capacidad productiva y en la capacidad del campesinado de cada país para abastecer a su población, además de regular a nivel jurídico el derecho a la alimentación”. Mientras, el Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria ha declarado el Estado de Emergencia de los Pueblos, por el que propone que pueblos y gobiernos suspendan las medidas legislativas y los acuerdos que pongan en peligro el derecho a los alimentos y la soberanía alimentaria.

(fuente: Diagonal, 12 de junio de 2008, pág. 4)