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Se nos avecina huelga de jueces y magistrados; si no hay acuerdo de última hora, estaremos ante una de los hechos más controvertidos de los últimos años. Entienden los constitucionalistas que la justicia, por ser uno de los tres pilares sobre los que se asienta nuestro sistema democrático, tiene vetado el ejercicio del derecho de huelga.

Sin entrar a analizar la legalidad o no de la huelga de la judicatura, entiendo que es más importante detenerse a analizar la razón o razones que han llevado a nuestros jueces a plantearse adoptar una medida de presión tan grave como la de la huelga y que no es otra que la del colapso absoluto de nuestros juzgados y la falta de medios personales y materiales para realizar eficazmente su trabajo.

Que los juzgados y tribunales de nuestro país están colapsados los sabemos todos desde hace muchísimos años; el problema está en que cuando ese colapso se enquista y alcanza las dimensiones actuales se produce el quebrando de uno de los más fundamentales derechos recogidos por nuestra Constitución: el derecho de acceso a la Justicia y a un juicio justo. Cuando la justicia es lenta y tardía deja de ser Justicia. Cuando los Jueces de nuestro país se ven en la obligación de tener que trabajar a destajo, bajo la presión de tener que resolver o dictar un número determinado de sentencias diarias pueden acabar dictándose resoluciones precipitadas o no suficientemente fundamentadas que perjudiquen a los justiciables.

Lo más sorprendente de todo es que tanto las reivindicaciones de los jueces como las promesas del gobierno vayan únicamente encaminadas a la mayor dotación económica de los Juzgados. Creo firmemente que si el incremento de medios de los Juzgados no va acompañado de medidas tendentes a disuadir a los ciudadanos y los profesionales de la Justicia de acudir, a las primeras de cambio, a los tribunales y evitar la excesiva judicialización de la resolución de los conflictos, no se va a solucionar el problema.

Deberían, a mi juicio, estudiarse medidas o iniciativas tales como los incentivos o beneficios fiscales a la resolucion extra judicial de los conflictos, la potenciacion del arbitraje en todos los ámbitos y la intensificación de esfuerzos en promocionar profesiones y especializaciones tales como las de los mediadores; medidas todas ellas que se están aplicando en otros países de nuestro entorno con buenos resultados.